SEMANA DE AI 1999

CRÓNICA DEL COMERCIO DEL TERROR

ÁFRICA

Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street, Londres

Reino Unido

http://www.amnesty.org

Octubre de 1999

Índice AI: ACT 31/02/99/s

INTRODUCCIÓN

Esperamos que la lectura de esta crónica cause indignación, pero, sobre todo, que incite a actuar. Escuchen la voz de los pueblos de África. Contribuyan a romper las cadenas de la represión.

Desarmar a los homicidas

Hace cinco años se cometió un genocidio en Ruanda. Se intentó exterminar a todo un grupo étnico, el tutsi, y parte de otro, el hutu. Hombres, mujeres, niños y ancianos desarmados e indefensos fueron perseguidos sin piedad, a menudo por vecinos y conocidos. Concentrados en aldeas como rebaños humanos, acorralados en modernos hospitales o atrapados en tranquilas iglesias, fueron torturados, asesinados y mutilados. Murieron un millón de personas mientras el mundo se limitaba a cruzarse de brazos.

Pero no. No fue exactamente así. Muchos individuos y empresas, así como algunos gobiernos, ayudaron a los responsables de las matanzas. Antes de que comenzaran los homicidios, el gobierno hutu de Ruanda estuvo años acumulando armas y material de seguridad procedente de muchos países. Su mortífero arsenal de fusiles de asalto, granadas y machetes fue a parar directamente a las manos de los asesinos, muchos de los cuales habían recibido formación militar con instructores franceses. En pleno genocidio y a pesar incluso de un embargo impuesto por las Naciones Unidas, siguieron llegando armas en grandes cantidades. Según informes, en los arsenales de los autores de las matanzas aparecieron posteriormente armas procedentes de Francia, China, Bélgica, Corea del Sur, Israel y Sudáfrica.

Sin embargo, ninguno de los individuos y empresas que fomentaron el genocidio (entre ellas Mil-Tec, que tiene su sede en el Reino Unido) ha sido puesto jamás a disposición judicial. Ni uno solo. Algunos de los gobiernos que suministraron armas contribuyeron a impedirlo obstaculizando el trabajo de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas, establecida en 1995 para averiguar cómo llegó el armamento a las manos de los homicidas. Se dejó que los traficantes de armas desarrollaran impunemente su perniciosa actividad, que ahora es un floreciente negocio.

Las armas a Ruanda han vuelto a llegar, país asolado por una nueva guerra civil entre los rebeldes hutus y las fuerzas del actual gobierno tutsi. En 1997 y 1998, ambos bandos secuestraron y asesinaron a millares de personas, y las sangrientas matanzas se han extendido ya a la República Democrática del Congo, donde también han perdido la vida miles de personas a causa de su origen étnico o sus presuntas ideas políticas mientras traficantes de armas y gobiernos extranjeros equipan a los responsables.

En otras partes de África, países como Angola, Burundi, Eritrea, Etiopía, Liberia, República del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán y Uganda se han convertido en espantoso testimonio de la destrucción que causan la abundancia y el uso indebido del material y el entrenamiento militar y de seguridad.

Debido al escaso control de las exportaciones, incluso en países teóricamente en paz las fuerzas del gobierno consiguen con facilidad armas portátiles (como pistolas, fusiles de asalto, metralletas y minas terrestres) y servicios y material de seguridad que utilizan para detener arbitrariamente, maltratar, torturar o asesinar a cualquier persona a la que consideren una amenaza. En toda África, la represión del Estado y el comercio de armas y de material de seguridad están inextricablemente unidos, y clara prueba de ello son, por ejemplo, las porras eléctricas que se suministran a los torturadores de Angola, el gas lacrimógeno y los cañones de agua que se utilizan contra los defensores de la democracia en Kenia o el entrenamiento militar que están recibiendo las fuerzas de seguridad togolesas.

La mayoría de estos países —como casi todos los del mundo, en realidad— han recibido armas o material y entrenamiento militar y de seguridad de un selecto grupo de Estados entre los que se encuentran Alemania, Bulgaria, China, Estados Unidos, Francia, Israel, Reino Unido, Rumania, Rusia, Sudáfrica y Ucrania. Es una tristísima ironía que formen parte de este grupo los cinco miembros permanentes el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, los Estados especialmente encargados de mantener la paz y la seguridad en todo el mundo. Y más irónico aún resulta que algunos de estos poderosos países nieguen ahora el asilo a los refugiados africanos que huyen de violaciones de derechos humanos.

Los gobiernos, empresas e individuos que han suministrado servicios y material mortífero a fuerzas responsables de violaciones de derechos humanos o que han consentido tal suministro son eslabones de una cadena de represión que se extiende desde los campos de exterminio de la República Democrática del Congo y Ruanda, las cámaras de tortura de Angola, las playas de Togo o las calles de Kenia hasta los tranquilos núcleos comerciales de Inglaterra y Francia, los centros industriales de Rusia y las aseadas aulas y salones de actos de las academias militares estadounidenses.

A lo largo de esta cadena, los cargamentos de granadas y fusiles de asalto que salían precintados de Israel y Albania llegaban al aeropuerto de Goma, Zaire (ahora República Democrática del Congo), donde los recogían los autores de las matanzas. Y a lo largo de esa cadena se ingresaba el pago en los bancos siguiendo circuitos clandestinos e indirectos formados por empresas falsas y cuentas en países extranjeros.

Con frecuencia es una cadena compleja, pero se puede romper. Se debe romper.

Amnistía Internacional se ha propuesto descubrir los eslabones, desvelan qué empresas ponen armas en manos de autores de abusos contra los derechos humanos y qué gobiernos lo consienten. Pretendemos romper estas redes señalando a los fabricantes, exportadores e intermediarios de armas, así como a quienes las reciben y cometen con ellas abusos contra los derechos humanos.

Para conseguirlo necesitamos su ayuda. En esta crónica, además de exponer algunos de los terribles crímenes cometidos en todo el continente africano por fuerzas gubernamentales y por grupos rebeldes, ofrecemos información útil para intentar poner fin a los abusos contra los derechos humanos y detener las matanzas. ¿Qué hay que hacer? Impedir el suministro de armas y servicios a quienes cometen homicidios y tortura; garantizar que el gobierno del propio país no permitirá jamás la transferencia de material, armamento, personal o entrenamiento militar, de seguridad o policial a nadie que pueda utilizarlo para cometer abusos contra los derechos humanos, y poner en evidencia a los traficantes de armas y los intermediarios, a los fabricantes y los instructores, a todos los que obtienen beneficios de la represión de otros. Hay que actuar ya.

«Los soldados llegaron y empezaron a incendiar, asaltar y saquear. Nos quemaron la casa, así que huimos [...] A mi madre la mataron [...] Tenía 65 años y no pudo escapar cuando llegaron los hombres armados, así que se escondió en una zanja. Entonces uno de ellos le disparó en la cabeza [...] Nadie se atreve a señalar a los asesinos porque tienen la fuerza de las armas»

Testimonio anónimo de Ruanda, 1998

FOTOGRAFÍAS:

Parte superior: Destrucción en Malí de millares de armas recogidas al final de un conflicto que duró seis años, marzo de 1996.

Arriba: Miembros de las milicias liberianas, abril de 1996.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO:

La matanza de una nación

- En la República Democrática del Congo se están cometiendo terribles abusos contra los derechos humanos mientras el gobierno y las fuerzas rebeldes combaten por el control del país.

- Cada bando está formado por laberínticas alianzas regionales que cuales se sirven de armas y técnicas proporcionadas por empresas y gobiernos de todo el mundo para matar a millares de civiles congoleses.

- Millares de niños han sido utilizados como soldados. Según informes, algunos sólo tenían siete años.

Sufrimientos sin límites

De repente, una sonora voz anuncia a gritos por la radio un mensaje urgente del gobierno.

Tras la correspondiente fanfarria, comienza el mensaje: «Todo el mundo debe llevar un machete, una lanza, una flecha, una azada, picos, rastrillos, clavos, porras [...] planchas, alambre de espinos, piedras».

Después, el locutor explica para qué: «Para matar a los tutsis ruandeses que hay en la actualidad en el ditrito de Ituri, queridos oyentes».

Este anuncio lo hizo una autoridad del gobierno de la República Democrática del Congo hace poco más de un año, en agosto de 1998, al iniciarse un periodo de conflicto armado en el que los abusos contra los derechos humanos cometidos por ambos los bandos han puesto en peligro la vida de millones de civiles.

El 2 de agosto de 1998, grupos armados congoleses, apoyados por tropas gubernamentales de Ruanda, Uganda y Burundi, lanzaron una ofensiva para tomar el poder en la República Democrática del Congo. El presidente congolés, Laurent-Désiré Kabila, ha utilizado desde entonces todos los medios a su alcance para responder al ataque.

La coalición formada por el presidente Kabila para sofocar la rebelión se compone de los sectores de las fuerzas armadas congolesas que le son todavía leales y de tropas de Angola, Chad, Namibia, Zimbabue y, según informes, Sudán, así como de grupos armados de oposición de Burundi, Ruanda y Uganda.

De acuerdo con los informes recibidos, estos gobiernos y grupos armados de oposición reciben armas y técnicas militares procedentes de países tan dispares como Estados Unidos y Corea del Norte.

De ahí, por ejemplo, que el ciudadano congolés que escuchase, incrédulo, el mensaje del gobierno en su aparato de radio pueda morir en un tiroteo entre soldados del gobierno ruandés entrenados por Estados Unidos y miembros de la milicia interahamwe de Ruanda, que tomó parte en el genocidio de 1994.

O podría matarlo un soldado de Burundi al utilizar sus armas procedentes de Bulgaria para vengarse del ataque de un soldado del gobierno de Angola contra uno de sus camaradas de la oposición armada angoleña.

La situación sería ridícula si no fuera tan sobrecogedora. Los ciudadanos de la República Democrática del Congo, uno de los países más pobres de la tierra, se han visto arrastrados a una guerra que no desean porque los Estados circundantes quieren entretenerse con sus juegos de geopolítica.

Atacados por todos los bandos, desde que estalló el conflicto han muerto millares de civiles y muchos otros han «desaparecido» o han sido secuestrados, torturados o sometidos a abusos sexuales.

La abundancia de armas recibidas por todas las facciones enfrentadas en el conflicto ha exacerbado el clima de violencia, paranoia e impunidad. Quienes han suministrado armas lo han hecho a sabiendas de que estas transferencias probablemente iban a contribuir a que se cometieran más abusos contra los derechos humanos.

No hay mejor ejemplo del caos y del enorme sufrimiento humano que causa la afluencia incontrolada de soldados y armas de la región y de todo el mundo.

La situación podría empeorar aún más. En noviembre de 1998, la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas informó de que la situación en la región de los Grandes Lagos iba camino de convertirse rápidamente en una catástrofe de consecuencias incalculables, y requería medidas urgentes, exhaustivas y decisivas por parte de la comunidad internacional».

La misma comisión dijo también que no se podía descartar el peligro de que se repitiera una tragedia comparable al genocidio de Ruanda de 1994, pero a escala subregional. Hay que aplicar YA medidas de control de los movimientos de tropas armadas y material militar y de seguridad. En el apartado «Actúen ya» de estas páginas encontrarán información sobre cómo prestar ayuda, y si necesitan más argumentos, echen un vistazo a los demás artículos, donde se exponen con más detalle los terribles abusos contra los derechos cometidos por todas las partes en el conflicto y se explica hasta qué punto la comunidad internacional está implicada en ellos.

Las fuerzas del gobierno fomentan las matanzas de civiles

El gobierno de la República Democrática del Congo continuó haciendo propaganda a lo largo de agosto de 1998.

La radio y la televisión mostraban a representantes del gobierno que instaban a los ciudadanos a matar a la población tutsi local. Decían: «Saltemos sobre la gente de nariz larga, alta y delgada que quiere dominarnos [...] Despertemos, tomenos conciencia de nuestro destino para vencer al enemigo».

El 12 de agosto de 1998, el gobierno declaró en un boletín radiofónico: «A partir de hoy toda la población está militarizada [...] Hay que localizar a los enemigos y matarlos sin piedad. La victoria está asegurada».

La estrategia de las autoridades de la República Democrática del Congo consistía simplemente en fomentar el odio y el temor popular al grupo étnico tutsi, al que relacionaban con la fuerzas invasoras de Ruanda, Uganda y Burundi. Proporcionaban armas a los civiles y les instaban a defender la «patria» contra el enemigo, al que calificaban de «virus» y de «mosquito asqueroso que hay que aplastar con determinación y resolución».

No hay que subestimar la resonancia de estos llamamientos. Cuando los combatientes de la Unión Congolesa para la Democracia (Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD), la coalición de los grupos de oposición, se aproximaron a la capital, Kinshasa, hacia el 26 de agosto de 1998, las autoridades animaron a la población civil a buscar a los «rebeldes» escondidos en la ciudad. Según informes, además de a la gente que parecía tutsi, también se persiguió a los enfermos metales y a quien llevaba ropa deportiva o tenía barro rojo en los zapatos (inexistente en Kinshasa).

Al día siguiente se vivieron en la capital terribles escenas de crueldad y muerte. Numerosas personas sospechosas de ser combatientes rebeldes fueron quemadas vivas; las rociaban con gasolina o les ponían un neumático ardiendo alrededor del cuello. A un joven que fue agredido por un grupo de gente, le partieron el cráneo en dos a machetazos; luego quemaron el cadáver en mitad de la calle.

En el río Congo, los pescadores locales vieron pasar flotando cadáveres carbonizados; también aparecieron muchos en el río Ndjili. De los distritos de Kintambo y Masina de Kinshasa llegaron informes sobre personas acusadas de ser rebeldes que fueron quemadas vivas.

Se desconoce el número de víctimas de esta carnicería, pero Amnistía Internacional ha documentado posteriormente varias denuncias sobre la existencia de fosas comunes con centenares de cadáveres cerca de Kinshasa.

También se ha atacado a miembros de otros grupos étnicos, como los ngbandi, los ngbaka y los ngombe. Según informes, en enero de 1999, por ejemplo, las fuerzas del gobierno mataron a varios centenares de civiles desarmados en Zongo, en Libenge y en los alrededores de estas dos localidades de la provincia de Equateur.

Por otro lado, las fuerzas gubernamentales han detenido a centenares de tutsis y de miembros de otros grupos étnicos acusados de apoyar a los rebeldes. La mayoría de estas personas no habían participado en los combates. Aunque en julio de 1999 varios centenares de ellas habían sido puestas ya en libertad y reasentadas en otros países, otras viven todavía con el temor diario de sufrir nuevas represalias de las fuerzas del gobierno o de grupos de civiles incitados a atacarlas.

Amnistía Internacional ha recibido también información según la cual, en agosto de 1998, al menos 100 mujeres, entre ellas muchas muchachas, fueron violadas por miembros de las fuerzas del gobierno en Kinshasa y sus alrededores. Asimismo, se han recibido constantes denuncias sobre violaciones y asesinatos de mujeres durante su traslado a centros de detención por las fuerzas gubernamentales.

Las fuerzas rebeldes han matado a millares de personas y utilizan la violación como arma de guerra

En el curso de los combates contra las fuerzas del presidente Kabila, la RCD ha cometido atrocidades tan espantosas como las perpetradas por las tropas del gobierno y sus aliados, y aparentemente en mayor escala.

El 24 de agosto de 1998, para vengar la muerte de unos 30 miembros de la RCD y de las fuerzas armadas ruandesas, los rebeldes mataron a más de 850 civiles desarmados en la parroquia católica de Kasika y sus alrededores, en la provincia de Kivu Meridional. A un jefe tradicional local le arrancaron el corazón después de matarlo con un cuchillo. A una mujer embarazada le abrieron el vientre. A los niños, los mataron asiéndolos por los pies y estampándoles la cabeza contra una pared o un árbol. A muchos los arrojaron a las letrinas.

Según informes, durante estos ataques los combatientes de la RCD abrieron fuego contra la muchedumbre congregada en el mercado más importante de Kilungutwe. Casi 200 personas cayeron bajo la lluvia de balas.

Un hombre de 32 años que sobrevivió a la matanza contó así lo que ocurrió a continuación: «Después de matar a todos los que estaban en el mercado, nos dijeron que nos reagrupáramos. En la casa donde yo estaba éramos 54 personas. Nos mataban de dos en dos. Nos hacían desnudarnos a la entrada, y con la ropa nos ataban los brazos y nos vendaban los ojos. Así mataron a más de 200 personas».

El superviviente de la matanza de Kilungutwe añadió: «En la cárcel donde yo estaba, a un muchacho que empezó a llorar porque quería que le dijeran qué habíamos hecho, lo estrangularon delante de todos nosotros. Es un milagro que yo esté vivo. Además, me pregunto si estoy vivo».

Los informes que se siguen recibiendo revelan que, a finales de 1998 y principios de 1999, la RCD y sus aliados mataron a centenares de civiles. De acuerdo con los datos disponibles, en los primeros días del año, por ejemplo, las fuerzas de la RCD mataron a más de un millar de civiles desarmados en Makobola, localidad próxima a Uvira, provincia de Kivu Meridional. Amnistía Internacional ha recibido también una lista de 109 civiles desarmados que la RCD mató el 17 de marzo de 1999 en Burhinyi, localidad del territorio de Mwenga, provincia de Kivu Meridional. También se han recibido informes sobre muchas otras matanzas, en su mayoría de congoleses del grupo étnico hutu, cometidas por la RCD y el ejército ruandés en la provincia de Kivu Septentrional.

La RCD y sus aliados han capturado a mujeres para someterlas a actos de violencia sexual y han utilizado la violación como arma de guerra. Inmediatamente después de conquistar la localidad de Bukavu, un jefe militar de la RCD ordenó a sus hombres que buscaran a las mujeres del lugar y las violaran. Se tiene constancia de que se produjeron decenas de casos de violación, incluido el de una niña de 14 años de la que abusaron cuatro soldados.

Avivar las llamas del conflicto

A pesar de los numerosos datos que indican de forma abrumadora que ambos bandos están cometiendo abusos masivos contra los derechos humanos, tanto las fuerzas del gobierno como los rebeldes han recibido nuevos envíos de armas, material, entrenamiento y personal para continuar sus operaciones de tortura y asesinato.

Valgan los siguientes ejemplos para mostrar la variedad del raudal de armas, material de seguridad y personal que continúa llegando a la región de los Grandes Lagos. El gran número de Estados implicados en el conflicto y la magnitud de su participación, la complejidad de los circuitos que sigue el suministro legal e ilegal de armas y el secreto con que se llevan a cabo estos tratos y los movimientos de tropas hacen imposible un análisis exhaustivo.

Las fuerzas del gobierno

Se han recibido numerosos informes sobre la participación de aviones de Zimbabue, de Angola o de ambos países en bombardeos indiscriminados de populosos distritos de Kinshasa y otras ciudades. De acuerdo con tales informes, en enero de 1999, por ejemplo, un avión zimbabuense bombardeó de manera indiscriminada la ciudad de Kisangani.

En vista de estos sucesos, Amnistía Internacional considera motivo de preocupación la información publicada en la prensa de Zimbabue sobre la modernización de las fuerzas aéreas del país, que han adquirido sofisticados aviones de combate F7 de China y helicópteros de ataque de la Federación Rusa. La información aparecida en los medios de comunicación ha revelado también que Zimbabue cerró un acuerdo de muchos millones de dólares con la empresa suiza, Aerotech SA, para recibir 56 bombas racimo BL 755 de fabricación británica. El gobierno suizo negó posteriormente a la empresa el permiso de exportación, aparentemente por temor a que las bombas se utilizaran en la República Democrática del Congo.

Asimismo, la prensa ha indicado que miembros de las fuerzas armadas de Angola y Zimbabue han formado a millares de soldados del ejército de la República Democrática del Congo. De acuerdo con los datos disponibles, el gobierno congolés tiene intención de recurrir a los militares zimbabuenses y angoleños para formar a un máximo de 25.000 hombres en total. Estas fuerzas del gobierno congolés se han visto reforzadas también con tropas de Zimbabue y de Angola.

Las fuerzas rebeldes

Ruanda, Uganda y Burundi han suministrado tropas y pertrechos a las fuerzas de oposición de la República Democrática del Congo y continúan haciéndolo. Según fuentes locales, desde estos tres países han llegado casi a diario soldados y material por tierra y por aire.

- Uganda

A la luz de estas importantes transferencias de armas, la información llegada posteriormente según la cual Uganda ha adquirido más armas resulta especialmente preocupante. La prensa ha denunciado que, en enero de 1999, atracó en el puerto de Dar es Salaam, Tanzania, un barco norcoreano con un inmenso cargamento de material militar con destino a Uganda. Según informes, el alijo incluía «6 tanques blindados, 5.000 misiles antitanque, 5.000 misiles antiaéreos, 5.000 ametralladoras automáticas, 1.000 lanzagranadas [y] 2.000 cajas de munición».

En diciembre de 1998, los medios de comunicación informaron de que Uganda había recibido 62 carros de combate de Ucrania a través de Dar es Salaam. De acuerdo con esa información, la transferencia la había gestionado un traficante de armas israelí. Aunque en la región septentrional de Uganda se está desarrollando también un conflicto armado interno, es posible que todo ese armamento o parte de él estuviera destinado a la República Democrática del Congo.

En julio de 1999, el periódico ugandés The New Visioninformó de que millares de combatientes rebeldes de las República Democrática del Congo estaban recibiendo adiestramiento de instructores ugandeses. Antes de esta transferencia, había habido numerosos informes según los cuales fuerzas especiales estadounidenses habían instruido durante 1997 a sus equivalentes ugandesas en el contexto de un programa del gobierno de Estados Unidos de respuesta a las crisis en África.

- Ruanda

Se calcula que en la República Democrática del Congo hay ya al menos 10.000 soldados ruandeses combatiendo. Aunque muchos se han alistado en el Ejercito Patriótico Ruandés voluntariamente, ha habido también gran número de levas masivas de hombres y niños a los que se ha obligado a recibir entrenamiento militar para combatir en el conflicto. También se ha obligado a luchar en la República Democrática del Congo a presos de Ruanda.

En algunos casos, el entrenamiento se lleva a cabo en el campo de instrucción militar de Gabiro, en el este de Ruanda. Según fuentes ruandesas, algunos instructores eran expertos militares estadounidenses, si bien no está claro si tenían alguna relación con el gobierno de su país.

De todos modos, Estados Unidos sigue siendo un estrecho aliado militar y económico del gobierno ruandés. Las autoridades estadounidenses proporcionaron entrenamiento militar al Ejército Patriótico Ruandés entre 1996 y 1998, periodo en que este grupo cometió graves violaciones de derechos humanos en la República Democrática del Congo y en Ruanda. Estados Unidos raras veces ha condenado la conducta del Ejército Patriótico Ruandés en relación con los derechos humanos.

Tras el estallido de la guerra en la República Democrática del Congo en agosto de 1998, el gobierno estadounidense declaró que había retirado todo su personal militar de Ruanda. Sin embargo. Amnistía Internacional ha continuado recibiendo con posterioridad a esa fecha informes sobre la presencia de personal estadounidense en Ruanda y en el este de la República Democrática del Congo.

-Bulgaria

Bulgaria es desde hace muchos años un importante proveedor de armas y material de seguridad para los autores de abusos contra los derechos humanos de la región de los Grandes Lagos. Muchos de los protagonistas del actual conflicto de la República Democrática del Congo han sido buenos clientes suyos, como demuestran los siguientes datos:

- Bulgaria ayudó a armar a las fuerzas del gobierno de Burundi durante el embargo de armas impuesto en la región desde agosto de 1996 hasta enero de 1999. Según un funcionario de las Naciones Unidas y un piloto procedente de Bélgica entrevistados por la organización Human Rights Watchen agosto de 1996, tanto el gobierno como los rebeldes hutus de Burundi recibían armas en vuelos procedentes de Bulgaria. En febrero de 1998, un avión que volaba de Bulgaria a Bujumbura, Burundi, fue retenido en Lagos, Nigeria, al descubrirse armas a bordo de él.

- Según informes, el ministro de Defensa búlgaro organizó en 1998 la venta de tanques a Uganda. Un portavoz del gobierno confirmó en diciembre de 1998 que el organismo búlgaro encargado de conceder los permisos de exportación había autorizado la venta de «tanques de tipo bastante antiguo» a Uganda, así como a Etiopía.

- A principios de 1995 se transportaron armas para las fuerzas ruandesas presuntamente responsables del genocidio de 1994 desde Bulgaria hasta el aeropuerto de Goma, República Democrática del Congo (entonces Zaire). Esta transferencia constituyó una violación manifiesta del embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas.

Bulgaria ha adquirido fama de ser un paraíso para los agentes de transferencias de armas, por la laxitud de sus medidas de control de la exportación de armas y por las violaciones de los embargos de armas de las Naciones Unidas que cometen algunos de sus ciudadanos. El peligro de que ahora se estén utilizando armas y material militar suministrados por Bulgaria para cometer violaciones de derechos humanos en la República Democrática del Congo es real.

Niños de siete años utilizados como soldados

«No me interesa ir al colegio He combatido y he matado a mucha gente. Soy soldado, así que esa es toda la experiencia que necesito». Musimbi, soldado de las fuerzas del presidente Kabila desde los 13 años (información de la Coalición para Impedir el Empleo de Niños como Soldados / Reuters, 9 de febrero de 1999).]

El gobierno y las fuerzas rebeldes de la República Democrática del Congo, junto con sus aliados de Burundi, Ruanda y, según informes, Uganda, están utilizando a gran número de menores como soldados. El presidente Kabila reclutó a millares de niños cuando lanzó su operación militar contra el anterior gobierno de Mobutu. Según informes, en agosto de 1998 la radio nacional emitió un comunicado oficial en el que se pedía a los muchachos de entre 12 y 20 años que se alistaran en las fuerzas armadas. Desde entonces, el reclutamiento de niños ha aumentado. Según informes, algunos soldados tienen sólo siete años. En julio de 1999, el gobierno de la República Democrática del Congo comunicó a Amnistía Internacional que había dejado de reclutar a niños y que no permitía que los que estaban ya en el ejército entraran en combate. Sin embargo, en agosto de 1999 la organización todavía no había podido confirmarlo.

Según los informes, en agosto de 1998 el ejército rebelde volvió a reclutar a unos 600 niños que habían sido soldados. Todos ellos participaban en un programa experimental de rehabilitación de UNICEF y permanecían internos en centros temporales donde asistían a clase y aprendían un oficio antes de reunirse de nuevo con su familia. Aunque los líderes de la RCD han dicho que iban a dejar de reclutar a menores de edad, todavía hay niños participando en el conflicto. Las fuerzas armadas ruandesas también han hecho en su país levas forzosas de niños para llevarlos a combatir a la República Democrática del Congo.

El derecho internacional humanitario y de derechos humanos prohíbe el reclutamiento y la participación en las hostilidades de menores de 15 años. Amnistía Internacional y muchas otras organizaciones no gubernamentales están presionando para que se eleve esa edad hasta los 18 años mediante la aprobación de un Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Amnistía Internacional se opone a la transferencia de armas, material, personal o entrenamiento militar cuando existen razones para pensar que puede fomentar la participación de menores de 18 años en las hostilidades.

ACTÚEN YA

La afluencia de armas y de recursos y personal militar a la República Democrática del Congo ha contribuido a causar la muerte de millares de civiles. La comunidad internacional debe tomar medidas para poner fin a las matanzas.

Escriban a Estados Unidos.

Envíen cartas a Madeleine Albright, secretaria de Estado de EE.UU.:

- explicando los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con la República Democrática del Congo.

- pidiendo al gobierno de EE.UU. que aclare la relación que existe entre el apoyo y la formación que el ejército estadounidense prestó a miembros del Ejército Patriótico Ruandés en 1996 y al ejército ugandés en 1997 y las operaciones de estas dos fuerzas en la República Democrática del Congo;

- pidiendo al gobierno de EE.UU que aclare la función exacta que desempeñaba el personal militar estadounidense presente, según informes, en Ruanda en 1998;

- pidiendo al gobierno de EE.UU. que explique qué medidas aplica para vigilar y evaluar el entrenamiento militar, de seguridad y policial que imparte a fin de que no sirva para cometer abusos contra los derechos humanos;

- pidiendo al gobierno de EE.UU. que, en cumplimiento de la enmienda Leahy (sección 570 de la Ley de Autorización de Operaciones en el Extranjero de Estados Unidos), garantice que no se presta ayuda estadounidense de ningún tipo a unidades de las fuerzas de seguridad que hayan cometido abusos graves contra los derechos humanos.

Dirección: Secretary of State Madeleine Albright,

State Department, 2201 C Street North West,

Washington DC 20520,

Estados Unidos

Escriban a Bulgaria.

Envíen cartas a Petar Stoyanov, presidente de Bulgaria:

- explicando los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con los derechos humanos en la República Democrática del Congo;

- exponiendo las preocupaciones de Amnistía Internacional relativas a las transferencias de material militar, de seguridad y policial realizadas desde Bulgaria a responsables de abusos contra los derechos humanos en la región de los Grandes Lagos;

- pidiendo al gobierno búlgaro que impida toda transferencia de material militar, de seguridad o policial que pueda servir para cometer abusos contra los derechos humanos en la República Democrática del Congo, y preguntando cómo va a hacerlo.

Dirección: Petar Stoyanov, President of Bulgaria,

Dondukov 2, 1123 Sofia,

Bulgaria

Escriban a Zimbabue, Ruanda y Uganda.

Envíen cartas a las autoridades gubernamentales que se indican a continuación:

- explicando los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con los derechos humanos en la República Democrática del Congo;

- pidiendo al gobierno que declare públicamente que no tolerará las violaciones de derechos humanos cometidas por sus combatientes;

- pidiendo al gobierno que investigue las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de su país y que ponga a los responsables a disposición judicial;.

- pidiendo al gobierno que ordene a todos los combatientes que respeten el derecho internacional humanitario y de derechos humanos y que interrumpa todo suministro de armas y servicios militares que puedan ser utilizados por las partes en el conflicto para cometer violaciones de derechos humanos.

Direcciones: His Excellency, The Hon Robert Mugabe,

Office of the President,

Private Bag 7700, Causeway,

Harare,

Zimbabue

Major General Paul Kagame,

Vice-President and Minister of Defence,

Ministry of Defence,

BP 23 Kigali,

Ruanda

President Yoweri K. Museveni,

Office of the President,

Parliament Buildings

PO Box 7168,

Kampala,

Uganda

Pies de foto

Soldados rebeldes esperan órdenes en Goma para patrullar por las calles, octubre de 1998

Un soldado rebelde de 14 años camina de la mano de un compañero en Kindu, localidad del este de la República Democrática del Congo. © AP/ Brennan Linsley

¿QUIÉN LUCHA CONTRA QUIÉN Y QUIÉN ESTÁ AYUDANDO?

I) Fuerzas aliadas con el gobierno de la República Democrática del Congo (antes Zaire)

Entre las fuerzas leales al presidente de la República Democrática del Congo, Laurent Kabila, figuran:

• Algunos sectores de las Fuerzas Armadas Congolesas

• Tropas del gobierno de Zimbabue (hasta 10.000 hombres)

• Tropas del gobierno de Angola (alrededor de 2.000 hombres)

• Tropas de los gobiernos de Chad, Namibia y, según informes, Sudán

• Grupos armados de oposición de Ruanda, Burundi y Uganda

• Varios grupos armados congoleses, incluido el conocido como mayi-mayi

Estas tropas reciben ayuda de:

.

• Aviones de Zimbabue y de Angola, que se han utilizado para bombardear a civiles

• Miembros de las fuerzas armadas de Angola y Zimbabue, que, según informes, han adiestrado a millares de soldados de las fuerzas leales a Kabila

• Trescientos expertos militares norcoreanos, que, según informes, llegaron a la República Democrática del Congo en junio de 1999

II) Fuerzas de la oposición o «rebeldes»

Para combatir contra las fuerzas del gobierno de la República Democrática del Congo, la oposición civil y militar formó una coalición conocida como Unión Congolesa para la Democracia (Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD). Entre los grupos de oposición que integran la coalición o la apoyan figuran:

• Sectores disidentes de las Fuerzas Armadas Congolesas

• Tropas del gobierno de Burundi, armadas con ayuda de Bulgaria.

• Tropas del gobierno de Ruanda (al menos 10.000 hombres). Algunas tropas gubernamentales ruandesas han sido adiestradas por personal militar estadounidense

• Tropas del gobierno de Uganda (hasta 10.000 hombres), que, según los medios de comunicación, han recibido pertrechos de Ucrania y Bulgaria

• Según informes, el grupo armado de oposición angoleño UNITA

Los soldados de la RCD reciben también:

• Adiestramiento de las fuerzas armadas de Ruanda y, según informes, de Uganda

La realidad de Togo

• La ayuda militar francesa financia la represión de los civiles.

• Las fuerzas de seguridad asesinaron a centenares de personas antes y después de las elecciones presidenciales de junio de 1998.

• El gobierno de Togo tacha las acusaciones de Amnistía Internacional de «montón de mentiras».

• Un miembro de Amnistía Internacional torturado cuenta su terrible experiencia.

Togo: Es hora de rendir cuentas

Los primeros que vieron los cadáveres fueron los pescadores de Benín y de Togo.

Uno de ellos contó a los investigadores de Amnistía Internacional que «a ocho kilómetros de la playa de Ague [localidad de Benín] había centenares de cadáveres flotando en el mar». Otro entró más en detalle y explicó: «Al recoger la redes, encontré un cadáver entre el pescado. Algunos cadáveres estaban esposados y otros llevaban uniforme».

Otras personas declararon que algunos cadáveres tenían heridas de bala o estaban esposados, y una dijo a los investigadores de Amnistía Internacional que había visto un brazalete —distintivo de la oposición togolesa— en uno de ellos.

Las conclusiones de Amnistía Internacional se vieron confirmadas en julio de 1999, con la publicación de un informe de la Liga Beninesa de Derechos Humanos en el que se afirmaba que a lo largo de la costa de Benín se habían visto al menos 100 cadáveres flotando en el mar.

Todas las personas entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que poco antes de empezar a aparecer los cadáveres hubo un movimiento poco corriente de aviones y helicópteros, que a veces volaban a muy poca altura en dirección al mar. Varios ex miembros de un regimiento togolés de paracaidistas que habían buscado refugio en Benín reconocieron el sonido característico de los aviones Buffalo de fabricación canadiense.

En Togo sólo poseen helicópteros y aviones Buffalo las fuerzas de seguridad.

En otras palabras, las fuerzas armadas y la policía paramilitar togolesas están sembrando el terror entre las personas a quienes deberían proteger. Este hecho ha quedado patente con especial brutalidad en los periodos electorales, cuando las autoridades han percibido un deseo de cambio entre la población. Durante las elecciones presidenciales de junio de 1998 fueron ejecutadas extrajudicialmente centenares de personas.

Las fuerzas de seguridad llevan años cometiendo asesinatos y «desapariciones» con total impunidad. Las detenciones arbitrarias, seguidas de tortura, malos tratos y muerte, son habituales. Decenas de civiles y militares han estado detenidos durante meses, e incluso años, sin cargos ni juicio. La mayoría de las personas detenidas en los últimos cuatros años han sido recluidas únicamente por ser presuntos «rebeldes» o miembros de un partido de oposición.

Las fuerzas de seguridad han hecho siempre uso de la tortura en Togo, pero, durante la última década, esta práctica se ha vuelto habitual. Una persona, miembro de un partido de oposición, que estuvo detenida contó a Amnistía Internacional:

Al llegar a la gendarmería empezaron a golpearme por todo el cuerpo con las culatas de los fusiles y con cables y porras. Me hicieron preguntas sobre mi partido y me acusaron de ser un traficante de armas [...] Me pegaron con porras y con las hebillas de los cinturones [...] en cierto momento me caí y me costó levantarme. Nadie me ayudó a ponerme de pie; continuaron golpeándome para que me pusiera otra vez sobre la mesa por mí mismo [...] al día siguiente, a las cuatro de la madrugada, la policía me sirvió un ''café cargado'' [es decir, lo despertaron a golpes de porra]».

Si desean más información sobre la situación de los derechos humanos en Togo, consulten el informe Togo: Rule of terror (Índice AI: AFR 57/01/99), publicado por Amnistía Internacional en mayo de 1999.

Los francos franceses financian el terror

En vez de proteger a los ciudadanos, las fuerzas de seguridad de Togo se dedican a crear un clima de terror que está menoscabando la frágil estructura de la sociedad togolesa. ¿Pero quién está detrás de las fuerzas de seguridad?

Togo continúa recibiendo una importante ayuda militar de Francia, su antigua metrópoli. En virtud de un acuerdo de defensa, puede solicitar en cualquier momento la intervención francesa para responder a una invasión externa, y aunque los detalles del acuerdo no se han hecho nunca públicos, según informes, también prevé la intervención de Francia en caso de agitación interna.

El hermetismo que rodea la cooperación militar francesa con Togo hace que resulte difícil analizar la situación con detalle. No obstante, la información recibida por Amnistía Internacional indica que la ayuda militar francesa, en particular la relacionada con el suministro de material y entrenamiento militar, se ha utilizado para reprimir a la población civil de Togo. Son ejemplos de ello los siguientes datos:

- En agosto de 1998, las fuerzas de seguridad atacaron con cohetes y armas ligeras las casas de Jean Pierre Fabre, Gnassingbé Amah y otros líderes de la oposición. Al analizar algunos de los proyectiles encontrados posteriormente se descubrió que habían sido fabricados por la empresa francesa Société Française de Munitions.

- Francia entrega a Togo cinco millones de francos al año en ayuda directa para el mantenimiento de material. Asimismo, ha reparado y reformado los aviones Buffalo de las fuerzas aéreas togolesas, aeronaves de fabricación canadiense concebidas y utilizadas para el lanzamiento en paracaídas de tropas y pertrechos. Son las que se emplearon, según informes, para arrojar cadáveres al mar en las costas de Togo y Benín (véase derecha).

- Francia tiene una presencia permanente de 28 asesores militares, entre los que hay instructores, un piloto y mecánicos. Asimismo, ha adiestrado a miembros de las fuerzas togolesas. Se desconoce qué procedimientos utiliza — si es que emplea alguno— para seleccionar a las personas que van a recibir formación atendiendo a su historial en derechos humanos o para supervisar sus actividades una vez acabada la formación.

- En abril de 1998, Francia condecoró con la Orden de Mérito Nacional a un oficial de alta graduación de la gendarmería togolesa acusado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Togo de haber ordenado someter a tortura a cuatro personas en agosto de 1990. Otros oficiales presuntamente responsables de tortura o malos tratos han recibido adiestramiento en Francia.

Un oficial del ejército mauritano acusado de tortura recibía adiestramiento en Francia

En julio de 1999, Ely Ould Dha, oficial del ejército mauritano, fue detenido en Francia por la presunta tortura de dos ciudadanos de Mauritania a comienzos de los años noventa. En el momento de su detención asistía a un curso impartido por el ejército francés en una academia militar de Montpellier.

Esta detención pone seriamente en duda el rigor de los procedimientos utilizados por las fuerzas francesas para seleccionar a personal militar extranjero atendiendo a su historial en derechos humanos.

El gobierno togolés responde a un informe de Amnistía Internacional censurando los medios de comunicación y encarcelando a defensores de los derechos humanos

El 5 de mayo de 1999, Amnistía Internacional publicó un informe titulado Togo: Rule of terror.Las autoridades togolesas reaccionaron con furia, calificando el informe de «montón de mentiras» y anunciaron su intención de actuar judicialmente contra la organización. El gobierno prohibió de inmediato a los medios de comunicación locales publicar extractos del informe. El 21 de mayo de 1999 impidió la entrada en Togo a una delegación de Amnistía Internacional encabezada por su secretario general, Pierre Sané.

Una de las medidas de represión consiguientes fue la detención de cuatro defensores de los derechos humanos, uno de los cuales, Nadjombe Antoine Koffi, era miembro de la Sección Togolesa de Amnistía Internacional. Aunque los cuatro quedaron en libertad bajo fianza, se presentaron cargos contra ellos por «atacar la credibilidad y la seguridad del Estado difundiendo información falsa y utilizando documentos falsos». Otros defensores de los derechos humanos se vieron obligados a ocultarse por temor a ser detenidos. Amnistía Internacional ha pedido una investigación independiente sobre las detenciones.

Diario de una víctima de la tortura

Ameen Ayodele es miembro de la Sección Nigeriana de Amnistía Internacional, donde coordina un Grupo local en la isla de Lagos y forma parte del Comité de Trabajo sobre Refugiados y Ayuda Humanitaria.

El miércoles 19 de mayo de 1999 llegó a Togo en su camino de regreso a Nigeria, tras un viaje a Accra, Ghana. En el puesto fronterizo de Aflao, entre Ghana y Togo, mostró a los guardias su carnet de miembro de Amnistía Internacional para identificarse, porque le habían robado todos los demás documentos, incluido el pasaporte. Fue detenido en el acto como sospechoso de ser «un espía» de Amnistía Internacional.

«Vinieron dos policías y me dijeron que los siguiera. Me llevaron a una habitación, y luego llegó un intérprete. Me dieron una paliza terrible y me dijeron que confesara el nombre de mi contacto en Togo. Al cabo de una media hora, me dejaron diez minutos solo, aguantando el dolor de la tortura [...] Me dijeron que me quitara toda la ropa y me metieron en una celda completamente desnudo».

Ameen pasó los nueve días siguientes en una celda aislada, desnudo y sin comida. Lo golpearon y torturaron todos los días, ya que las autoridades togolesas continuaron interrogándolo para conocer su relación con Amnistía Internacional en Togo. Pero no era un espía. No tenía ninguna información que darles.

Ameen ha autorizado a Amnistía Internacional para reproducir algunos extractos de su diario.

Jueves 20 de mayo de 1999

Me han despertado muy temprano... sobre las tres de la madrugada. Me han dicho que fuera un minuto al retrete, y he ido. Al regresar, dos agentes de policía me han agredido y golpeado. Me han dicho que a eso lo llaman el «té matinal». Me han devuelto a la celda todavía desnudo. No me han dado comida ni agua.

Viernes 21 de mayo de 1999

Me han dado el «té matinal» como de costumbre, y, como de costumbre, nada de comer ni de beber. Por la tarde han venido a buscarme dos hombres vestidos de civil y me han llevado a una habitación donde comenzaron otra sesión de interrogatorio. He repetido lo que le dije al jefe de policía. Entonces me han preguntado si en Nigeria soy de la oposición y sobre el panfleto que repartía. He repetido que no tengo ningún panfleto para repartir. [Uno de los hombres] se ha enfadado; ha sacado su arma, me la ha puesto en la boca y me ha amenazado con disparar si no le decía el nombre de la persona con la que estoy en contacto en Togo. Me he mantenido firme y le he dicho que no conozco a nadie en Togo. Entonces le ha dicho a su subordinado que lo que tenían que hacer era darme un tiro. El otro ha respondido que era mejor hacerlo de noche. Luego me ha dicho que tenía hasta la noche para salvar la vida y que, si no le decía el nombre, seguro que no vería el día de mañana. Me han devuelto a la celda.

Sábado 22 de mayo de 1999

Han vuelto a primera hora de la mañana, antes del «té matinal». Les acompañaba un agente de policía armado con un rifle. Me han llevado a la playa que hay al lado del puesto fronterizo. Me han dicho que les diera el nombre y que me dejarían marchar. Si no, me dispararían y me arrojarían al mar. No he querido contestar. Sé que mi respuesta no les hará cambiar de opinión. En ese momento no me importaba nada las consecuencias, así que no he perdido el aplomo y he seguido rezando. He cerrado los ojos esperando oír el disparo. Pero no ha sonado. En vez de eso he sentido las manos de los guardias arrastrándome a la celda.

- El jueves 27 de mayo, a las tres de la tarde, Ameen quedó en libertad. Le dieron una hora para salir de Togo.

Actúen ya

¿Les ha impresionado? A nosotros sí. Por eso les pedimos que hagan algo. Escriban tres cartas: una al gobierno francés, otra al gobierno de Togo y la tercera a la Société Française de Munitions, la empresa francesa fabricante de los proyectiles utilizados por las fuerzas de seguridad togolesas en el ataque que lanzaron contra casas de líderes de la oposición en agosto de 1998.

1. Cartas al gobierno francés:

Escriban al primer ministro de Francia una carta, similar a la incluida a continuación a modo de ejemplo, para expresar su preocupación ante la asistencia militar que presta Francia a Togo. ¡Pónganla hoy mismo en el correo!

Dirección: Monsieur Lionel Jospin

Premier Ministre

Hôtel Matignon

57, rue de Varenne

75007 Paris, Francia

Señor Primer Ministro:

Le escribo para expresarle mi más honda preocupación por el suministro de material militar y de seguridad, apoyo logístico y entrenamiento que recibe Togo de Francia.

El gobierno del presidente Eyadéma es responsable de centenares de ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», detenciones arbitrarias y actos de tortura contra detenidos. La información recibida por Amnistía Internacional indica que el material militar y seguridad, apoyo logístico y entrenamiento que Francia le suministra se ha utilizado para facilitar la comisión de tales violaciones de derechos humanos. En particular, considero motivo de preocupación lo siguiente:

- Según testigos, las fuerzas de seguridad togolesas han empleado los aviones Buffalo de fabricación canadiense y cuyo mantenimiento se realiza en Francia para arrojar cadáveres al mar en las costas de Togo y Benín.

- Los datos existentes indican que los proyectiles encontrados en agosto de 1998 tras un ataque del ejército contra las casas de líderes de la oposición fueron fabricados por la empresa francesa Société Française de Munitions.

- En abril de 1998, Francia condecoró con la Orden de Mérito Nacional a un oficial de alta graduación de la gendarmería togolesa que había sido acusado de ordenar torturas. Otros oficiales presuntamente responsables de torturas o malos tratos han recibido asimismo adiestramiento en Francia.

Le ruego encarecidamente que denuncie públicamente las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad togolesas y ordene la suspensión de todas las transferencias de material militar, de seguridad y policial, apoyo logístico y entrenamiento que puedan contribuir a que se cometan nuevas violaciones de derechos humanos en Togo.

2. Cartas al gobierno togolés:

Escriban al presidente:

- Expresando honda preocupación por la situación de los derechos humanos en Togo, destacando en particular los informes sobre ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos cometidos con total impunidad por las fuerzas de seguridad. Llamen también la atención sobre la detención, persecución y tortura de defensores de los derechos humanos en Togo;

- instando al gobierno togolés a poner fin de inmediato a las violaciones de derechos humanos;

- pidiendo que se establezca una comisión internacional independiente, imparcial y competente para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en Togo.

Dirección: Son Excellence Monsieur le Général Gnassingbé Eyadéma

Président de la République

Palais Présidentiel

Avenue de la Marina

Lomé, Togo

3. Cartas a la Société Française de Munitions:

Escriban:

- expresando preocupación por el elevado número de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad togolesas;

- manifestando que el examen de las balas encontradas tras un ataque lanzado contra casas de líderes de la oposición en agosto de 1998 indica que fueron fabricadas por la Société Française de Munitions, y pidiendo a la empresa información sobre todas las transferencias de munición que haya hecho a Togo desde 1992 y sobre cualquier contrato que tenga pendiente;

- pidiendo a la empresa que deje de hacer transferencias de munición y material militar o de seguridad a Togo que puedan contribuir a que se cometan nuevas violaciones de derechos humanos.

Dirección: Société Française de Munitions

150 Avenue de Verdun

92130 Issy-les-Moulineaux

Francia

PIES DE FOTO

El presidente francés, Jacques Chirac, recibe a su homólogo togolés, general Gnassingbé Eyadéma, en marzo de 1998. Durante una visita que realizó a Togo en julio de 1999, Chirac, en vez de denunciar públicamente las violaciones de derechos humanos, manifestó que «el último informe de Amnistía Internacional probablemente fue el resultado de una manipulación».

Según testigos, para arrojar al mar los cadáveres encontrados en las costas de Togo y Benín se utilizaron aparatos parecidos a este avión de transporte Buffalo DHC-5.

El secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, con uno de los proyectiles utilizados en el ataque lanzado por el ejército togolés contra casas de líderes de la oposición en agosto de 1998. Estos proyectiles fueron fabricados por la empresa francesa Société Française de Munitions. © AI

Ameen Ayodele, miembro de la Sección Nigeriana de Amnistía Internacional detenido y torturado en Togo en mayo de 1999. © AI

Las minas terrestres: asesinos ocultos

- Un cuarto de millón de personas, en su mayoría civiles, viven con lesiones causadas por minas terrestres.

- En 1997, 122 países firmaron un tratado por el que se prohibían las minas terrestres. Los principales fabricantes de este tipo de armas, entre los que figuraban China, la Federación Rusa y Estados Unidos, decidieron no seguir el ejemplo.

- En Senegal y en Angola se utilizan todavía minas terrestres en los combates entre el gobierno y las fuerzas de la oposición. Como de costumbre, los civiles son las principales víctimas.

- En este texto, el término «minas terrestres» designa las minas terrestres antipersonas.

Cuando la paz no existe

Las minas terrestres son armas ciegas. No distinguen entre la pisada de un soldado y la de una anciana o un niño que están recogiendo leña. No reconocen el fin de las hostilidades, y mucho después de haber cesado los combates continúan destruyendo la vida de los hijos y los nietos de los soldados que las colocaron.

Las minas terrestres tienen por objeto mutilar a la víctima, y causan mutilaciones espantosas. Normalmente, a las personas que sobreviven al estallido hay que amputarles algún miembro. Después tienen que permanecer mucho tiempo hospitalizadas y seguir un largo proceso de rehabilitación.

Actualmente hay al menos un cuarto de millón de hombres, mujeres y niños mutilados incapacitados por la explosión de una mina. Y cada año la minas terrestres se cobran millares de nuevas víctimas.

Entre las regiones del mundo devastadas por las minas terrestres se encuentran Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Chechenia, Irak y Nicaragua. Angola, Eritrea, Etiopía, Mozambique, Senegal, Somalia y Sudán son sólo algunos de los países africanos que padecen esta plaga mortal.

En todo el mundo hay sembradas más de 60 millones de minas terrestres. Es sumamente difícil calcular la cantidad exacta, ya que la mayoría se colocaron al azar, sin guardar registro de su ubicación, a fin de aterrorizar y desmoralizar a la población local. Hay minas en todas partes: en el campo, en las calles de una ciudad, a la orilla de un río, en pozos, a la entrada de un colegio, en huertos, alrededor de un pueblo, en carreteras utilizadas por refugiados.

Las minas terrestres pueden dejar inservibles grandes extensiones de tierra de labranza y causar la destrucción medioambiental y económica. En muchas regiones, los refugiados que regresan a su país, devastado por la guerra, se enfrentan a este obstáculo para rehacer su vida.

Para la mayoría de la gente que vive en zonas afectadas por las minas, la simple sospecha de que un lugar está minado es razón suficiente para abandonarlo. En 1996, por ejemplo, 10.000 personas, la población entera de un pueblo de Mozambique, abandonaron sus hogares por temor a que la zona estuviera plagada de minas terrestres. Se recurrió a la organización Ayuda Popular Noruega, especializada en la retirada de minas, para que limpiara la zona, y al cabo de tres meses de trabajo se encontraron cuatro minas. Sólo cuatro minas habían impedido el acceso a las tierras y causado la emigración de 10.000 personas.

Aunque nunca se siembren más minas, las que ya están emplazadas continuarán mutilando y matando durante años. Estas páginas muestran sus devastadores efectos.

«No más minas»: una campaña internacional

En octubre de 1992, diversas organizaciones no gubernamentales, hartas de la destrucción causada por las minas y de la inacción de los gobiernos, unieron sus fuerzas para emprender la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres.

En la actualidad pertenecen a esta red más de 1.300 organizaciones no gubernamentales de más de 75 países, que trabajan a escala local, nacional e internacional para lograr la prohibición de las minas terrestres. En 1997, la campaña y su coordinadora, Jody Williams, recibieron el Premio Nobel de la Paz.

Un importante objetivo de la Campaña para la Prohibición de las Minas Terrestres, en la que colabora un grupo de gobiernos encabezados por Canadá, era el establecimiento de un tratado para prohibir el uso, la producción, el almacenamiento, la venta, la transferencia y la exportación de minas terrestres.

La campaña tuvo un gran éxito. En 1997, 122 países firmaron la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonas y sobre su Destrucción (Tratado sobre la Prohibición de las Minas), que entró en vigor el 1 de marzo de 1999. El 9 de agosto de 1999, el tratado había sido firmado ya por 135 Estados, y contaba con la ratificación, adhesión o aprobación de 84.

Amnistía Internacional, que apoyó la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, insta ahora a todos los gobiernos del mundo a que:

- Firmen, ratifiquen y apliquen el Tratado sobre la Prohibición de las Minas de 1997 y vigilen su aplicación.

- Prohíban el uso, producción, almacenamiento, venta, transferencia o exportación de minas terrestres.

- Proporcionen recursos para programas comunitarios de retirada de minas y sensibilización sobre este problema y presten ayuda y asistencia a las víctimas de las minas terrestres.

Actúen ya

Escriban a su gobierno para:

- poniendo de relieve las preocupaciones de Amnistía Internacional en relación con la persistencia de la producción, almacenamiento y uso de minas antipersonas;

- si su gobierno no ha firmado o ratificado el Tratado sobre la Prohibición de las Minas de 1997, instándolo a que lo haga;

- si su gobierno ha ratificado el Tratado, preguntándole cómo va a garantizar la plena aplicación de sus disposiciones;

- pidiendo que exponga la cuestión de las minas antipersonas a otros gobiernos en toda ocasión en que proceda hacerlo y que los anime a firmar, ratificar y aplicar plenamente el Tratado;

- pidiendo que proporcione recursos para emprender programas de retirada de minas y preste ayuda y asistencia a las víctimas de las minas antipersonas.

Estados Unidos: ¿un caso de hipocresía en las altas esferas?

Estados Unidos ha sido uno de los mayores exportadores de minas terrestres. Según la organización Human Rights Watch, entre 1969 y 1992 exportó al menos 4,4 millones de minas terrestres a 32 países como mínimo. De acuerdo con la información disponible, se han utilizado minas terrestresestadounidenses en Angola, Eritrea, Etiopía, Malawi, Mozambique, Ruanda, Somalia y Zambia.

Sin embargo, en 1992 las autoridades estadounidenses prohibieron la exportación de minas terrestres, y en 1994 el presidente Bill Clinton se convirtió en uno de los primeros líderes del mundo que pidieron la «eliminación definitiva» de las minas terrestres.

Hubo otras señales positivas en 1996, cuando el presidente Clinton dijo que Estados Unidos iba a «encabezar un esfuerzo mundial» para prohibir las minas terrestres y alcanzar «lo antes posible un acuerdo mundial para poner fin al uso de minas terrestres antipersonas».

Sin embargo, en diciembre de 1997, Estados Unidos no quiso contribuir a hacer realidad estos bellos principios firmando el Tratado sobre la Prohibición de las Minas.

Más recientemente, el gobierno estadounidense ha indicado que no firmará el Tratado hasta el año 2006 y que, incluso entonces, sólo lo hará si se han encontrado alternativas adecuadas a las minas terrestres. Asimismo, aunque mantiene la prohibición de la exportación de minas terrestres, se ha negado a anunciar una suspensión o una prohibición de la producción.

Actúen ya

Escriban al presidente Bill Clinton para pedir que Estados Unidos firme y ratifique el Tratado sobre la Prohibición de las Minas. Pueden basar su carta en el ejemplo que se ofrece más abajo

Dirección: President Bill Clinton

The White House

Office of the President

1600 Pennsylvania Avenue

Washington DC 20500

Estados Unidos

Señor Presidente:

Hace tres años se comprometió personalmente a poner a Estados Unidos a la cabeza de «un esfuerzo mundial» para prohibir las minas terrestres y alcanzar «lo antes posible un acuerdo mundial para poner fin a [su] uso».

En diciembre de 1997, 122 países se pusieron de acuerdo para firmar el Tratado sobre la Prohibición de las Minas, que prohíbe el empleo, almacenamiento, producción, venta y transferencia de minas terrestres antipersonas.

Estados Unidos no estaba entre ellos.

¿Podría explicarme cómo se compagina esta ausencia con sus nobles sentimientos?

Le ruego que haga todo lo que esté en su mano para que Estados Unidos firme, ratifique y aplique plenamente el Tratado sobre la Prohibición de las Minas en la primera oportunidad.

Atentamente,

xx

Angola: La historia de Fernanda Cuokine

La mujer gritaba pidiendo socorro en medio de un vasto campo minado. Oían su voz, pero no podían verla. Al caer la noche, seguía allí, herida, oculta por una vegetación de un metro de altura.

Corría el mes de abril de 1998, y dos miembros del Grupo Asesor sobre Minas —organización no gubernamental de ayuda humanitaria que se dedica a desactivar minas en todas partes del mundo— habían respondido a un pedido de ayuda recibido de Luena, en Angola.

Al llegar, vieron a un grupo de personas al borde de un campo minado. Todos los lugareños sabían de su existencia, pero el perímetro no estaba bien señalizado. Lo habían sembrado las fuerzas cubanas que habían cooperado con el gobierno hasta finales de los años ochenta. La gente daba voces hacia el monte. Una niña gritaba angustiada: «¡Mamá! ¡Mamá!».

Esa tarde, Fernanda, su madre, había ido al campo a recoger leña. Conocía bien el peligro: un año antes había ido con una amiga suya a recoger leña al mismo lugar, y la otra mujer había pisado una mina que le había arrancado una pierna. Pero, pese a su avanzada gravidez, Fernanda no tenía más remedio. Necesitaba la leña.

El equipo del Grupo Asesor sobre Minas penetró en el monte, hablando constantemente con Fernanda para mantenerla despierta. En la oscuridad, habría sido imposible localizarla sin guiarse por su voz. Avanzando lentamente y con cuidado hacia donde estaba Fernanda, se encontraron con cinco minas. No llegaron a ella hasta la medianoche. Llevaba ocho horas desangrándose. Había perdido la parte inferior de la pierna derecha.

Tuvieron que despejar el terreno en torno a Fernanda para cerciorarse de que no corrían riesgo al ponerla en una camilla y sacarla del campo para trasladarla al hospital central de Luena. Tal vez su embarazo, que hacía que su cuerpo produjera más sangre, la mantuvo viva durante esas ocho horas interminables.

Poco después de ingresar en el hospital, Fernanda perdió el bebé.

Seis semanas después del accidente, su esposo, que era soldado, la abandonó para buscar otra mujer. Al mes siguiente se casó, aunque siguió visitando a Fernanda en el hospital. En noviembre, cuando éste recogía leña en la misma zona minada cercana al aeropuerto, pisó una mina. Murió tres días después.

Fuente: Mines Advisory Group Annual Report 1999

Una tragedia que no acaba

De los 34 países que han exportado minas antipersonas en el pasado, todos —excepto Irak— han declarado oficialmente al menos que ya no exportan minas terrestres. Y, aunque es posible que algunos estén violando este compromiso, los investigadores aún no han detectado ningún embarque importante de minas terrestres desde comienzos de 1998.

Pero el mundo sigue lleno de minas. Por cada mina enterrada, hay otra que espera.

Se calcula que hay unos 250 millones de minas terrestres almacenadas en los arsenales de 108 países. El mayor volumen de reservas se encuentra, entre otros países, en China (110 millones), la Federación Rusa (60 a 70 millones), Bielorrusia (decenas de millones) y Estados Unidos de América (11 millones), Estados todos ellos que se han negado a firmar el Tratado sobre Prohibición de Minas.

Estas minas deben ser destruídas antes de que alguien pueda enterrarlas en los campos del mundo.

Senegal: un dolor sin fin

En los mercados de Casamancia, si usted se molesta en comparar precios, puede adquirir una mina terrestre por apenas tres dólares estadounidenses.

Barato, si se considera el largo camino que recorrió para llegar a usted. Probablemente comenzó su vida en China, Bulgaria o Rusia, y llegó a Senegal atravesando Gambia o Guinea Bissau. Para comprarla, usted probablemente tendrá que competir con miembros de bandas armadas o salteadores de caminos que colocan minas para cubrir sus pasos o amedrentar a los habitantes locales.

Lo mejor sería conseguir la ayuda de algún lugareño, para quien las minas serán algo por demás familiar. Durante los últimos años, decenas y posiblemente centenas de personas han muerto en la provincia senegalesa de Casamancia como consecuencia de la explosión de minas. Un número aún más elevado ha sufrido heridas. Muchas minas las ha colocado un grupo de oposición armado, el Movimiento de las Fuerzas Democráticas de la Casamancia, pero el ejército también ha minado numerosas zonas.

Las principales víctimas han sido civiles. Las cifras oficiales muestran que durante 1997, de 29 personas muertas como consecuencia de la explosión de minas, 19 eran civiles. Según las mismas cifras, ese año los heridos por minas fueron 92, de los cuales 87 sufrieron mutilaciones o tuvieron que someterse a la amputación de algún miembro.

Una organización local de derechos humanos, la Conferencia Africana para la Defensa de los Derechos Humanos, ha informado de que en la Casamancia bastante más de la mitad de las víctimas de minas terrestres son menores de 18 años. La organización también sostiene que unos 200 pueblos han desaparecido como resultado de la presencia de minas, dado que la gente ya no puede seguir cultivando su tierra ni tiene acceso a los arrozales.

El conflicto armado en Senegal, que lleva 15 años afligiendo al país, se intensificó en agosto de 1997, cuando 25 soldados senegaleses murieron en una emboscada. La escalada de las hostilidades conllevó un aumento proporcional del emplazamiento de minas. El ejército desató una nueva ofensiva contra los rebeldes, perpetrando, al mismo tiempo, graves violaciones de derechos humanos contra la población civil. El Movimiento respondió acrecentando sus ataques, colocó más minas sin guardar registro de su ubicación, y sigue enterrando minas, especialmente en las fronteras con Gambia y Guinea Bissau.

Senegal ha firmado y ratificado el Tratado sobre Prohibición de Minas. No obstante, y pese a las declaraciones oficiales en sentido contrario, el ejército senegalés sigue usando minas antipersonas, por ejemplo como «protección» en torno a sus campamentos militares. Tanto el ejército como los rebeldes han admitido extraoficialmente que colocan minas terrestres.

La noche del 27 de febrero de 1998, unos miembros del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de la Casamancia atacaron la localidad de Kaguitt. Después de la operación, las fuerzas rebeldes se retiraron sembrando minas en torno a la localidad. Al día siguiente, una niña llamada Moussou Keba Djiba pisó sin darse cuenta un montón de tierra. La mina enterrada bajo su pie se detonó, cobrándose su vida. El mismo día, en el mismo lugar, otra mina le arrancó una pierna a un niño llamado Sane.

Actúen ya

Escriban al presidente senegalés Abdou Diouf:

- destacando los motivos de preocupación de Amnistía Internacional por las muertes y mutilaciones de personas causadas por la explosión de minas terrestres en Senegal, y señalando que el emplazamiento de minas por el ejército senegalés constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Senegal en virtud del Tratado sobre Prohibición de Minas;

- instando al gobierno a poner fin de inmediato al emplazamiento de minas antipersonas; a destruir todas las existencias de minas; a impedir que se transfieran y vendan minas dentro y desde Senegal; y a investigar las muertes y lesiones resultantes de la explosión de minas y pedir cuentas de sus actos a los responsables.

+ Son Excellence Monsieur Abdou Diouf

Président de la République

La Présidence

Avenue Roume, BP 168

Dakar, Senegal

Escriban al dirigente del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de la Casamancia, Augustin Diamacoune:

- subrayando el hecho de que la mayoría de las minas antipersonas emplazadas en Senegal han sido colocadas por las fuerzas del Movimiento;

- exhortando al Movimiento a poner fin de inmediato al emplazamiento de minas debido al peligro de que causen muerte o incapacitación; a destruir todas las existencias de minas que se hallen en su poder; y a impedir que se trasfieran y vendan minas dentro de las zonas que están bajo su control.

+ Monsieur l'Abbé Augustin Diamacoune Senghor

Secrétaire général du mfdc

Diocèse de Ziguinchor

Ziguinchor, Senegal

Angola: más conflicto, más minas

Más de tres décadas de conflicto interno casi ininterrumpido han dejado en Angola el triste legado de uno de los problemas más graves del mundo en materia de zonas minadas.

El conflicto ha pasado por las fases de la lucha anticolonial y los enfrentamientos propios de la guerra fría y actualmente se vincula cada vez más estrechamente con la lucha armada que azota a toda la zona central de África. Según los informes, en el pasado fueron las fuerzas portuguesas, cubanas y sudafricanas las que sembraron minas antipersonas en el país; hoy, sin embargo, la responsabilidad principal del emplazamiento de minas corresponde a las fuerzas armadas de Angola y a la oposición armada, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (unita).

Según los informes recibidos, pese a haber firmado el Tratado sobre Prohibición de Minas en diciembre de 1997, el gobierno angoleño ha continuado colocando minas. Los informes indican que también la unitalo sigue haciendo. En octubre de 1998, la onuse pronunció oficialmente al respecto, manifestando que la labor humanitaria en Angola se veía obstaculizada por la presencia de minas recién emplazadas.

El 2 de diciembre de 1998, cuatro organizaciones no gubernamentales activas en Angola publicaron una carta abierta, dirigida al gobierno angoleño y a la unita, en la que hacían un llamamiento a las dos partes en conflicto para que se abstuvieran de usar minas terrestres y señalaban que, desde junio de 1998, sólo en la provincia de Moxico, 66 personas habían muerto o resultado incapacitadas como consecuencia de la explosión de minas antipersonas.

Ese mismo mes, el frágil proceso de paz iniciado entre el gobierno angoleño y la unitaacabó de desmoronarse, y Angola se sumió en su cuarta guerra. En febrero de 1999 la onudecidió no extender el mandato de su misión de mantenimiento de la paz en Angola. Una vez más, las minas antipersonas desempeñan un papel importante en el conflicto. Aun antes de la reanudación de las hostilidades, quedaban aproximadamente seis millones de minas enterradas. Las minas se colocaban principalmente para destruir las infraestructuras y, en consecuencia, las zonas minadas se concentran cerca de caminos, vías férreas, puentes y servicios públicos como escuelas, iglesias, puntos de abastecimiento de agua y clínicas.

Angola tiene uno de los índices de lesiones por la explosión de minas terrestres más elevados del mundo. En una población de unos nueve millones de personas, hay entre 70.000 y 100.000 personas con miembros amputados, en su gran mayoría víctimas de las minas.

Actúen ya

Escriban al presidente angoleño, José Eduardo dos Santos:

- destacando la preocupación de Amnistía Internacional por las muertes y mutilaciones causadas por la explosión de minas antipersonas en Angola;

- instando al gobierno a poner fin de inmediato al emplazamiento de minas terrestres; a destruir todas las existencias de minas; a impedir la transferencia y venta de minas dentro y desde Angola; y a investigar las muertes y lesiones causadas por la explosión de minas y hacer que los responsables comparezcan ante la justicia.

+ Sua Excelência José Eduardo dos Santos

Presidente da República

Gabinete da Presidência da República

Palácio do Povo

Luanda, Angola

Escriban a Isaac Wambambe, jefe de la unitaen Lisboa:

- subrayando el hecho de que, según los informes recibidos, tanto las fuerzas de la unitacomo el ejército angoleño han colocado minas;

- instando a la unitaa que ponga fin de inmediato al emplazamiento de minas antipersonas, dado el peligro de que causen muerte e incapacitación; a que destruya todas las existencias de minas; y a que impida la transferencia y venta de minas dentro de las zonas que controla.

+ Exmo. Sr. Isaac Wambambe

Rua Rodrigo da Fonseca 82, – 2a esq

1200 Lisboa, Portugal

Una cita con la muerte

Esta imagen aparece en la página de noviembre y diciembre del almanaque de 1999 de Pakistan Ordnance Factories(fábrica de armamento). Centro izquierda, una mina terrestre.

En marzo de 1997, el gobierno de Pakistán declaró que impondría un embargo a la exportación de minas antipersonas. Sin embargo, el folleto de diciembre de 1998 de Pakistan Ordnance Factoriesincluía dos modelos de minas terrestres, uno de los cuales se describía como «un arma antipersonas que proyecta una granada que alcanza cierta altura antes de detonarse, lo que produce la fragmentación deseada».

FOTOS

Diversas minas antipersonas y otras piezas de artillería descubiertas por los equipos humanitarios que limpian zonas minadas.

Fuente: Mines Advisory Group Annual Report 1999

Un miembro del Grupo Asesor sobre Minas despeja el terreno en torno a una mina antipersonas rumana Mai-75 en la provincia de Moxico (Angola) © Sean Sutton/MAG

La proliferación de las armas de electrochoque

- Se cuenta con pruebas de que un número creciente de países africanos usan armas de electrochoque para controlar tanto a la población penitenciaria como a los ciudadanos comunes.

- Estas armas infligen un dolor atroz y su uso puede causar lesiones psicológicas irreversibles.

- En 1996, en Sudáfrica, 16 personas murieron cuando se usaron porras de electrochoque para controlar a una multitud.

- Las armas de electrochoque fabricadas en Estados Unidos de América y en Sudáfrica no sólo se han usado en esos países: también se han exportado a todas las regiones del mundo.

«Dejen los palos... las porras eléctricas no dejan cicatrices.»

«Roberto», profesor universitario de 50 años, sintió cómo amainaban los palos cuando el oficial zaireño ordenó a sus hombres que se detuvieran.

No lo hizo porque los hombres se hubieran descontrolado. Tampoco porque lo hubiera embargado una repentina oleada de compasión. Lo hizo porque, de sus propios labios: «va a dejar cicatrices y Amnistía Internacional se va a quejar».

Ordenó a sus hombres que dejaran los palos y usaran la porra eléctrica.

Posteriormente, durante una entrevista, «Roberto» continuó la historia. «Me aplicaron la porra eléctrica en la nuca y en los órganos genitales. Fue tan doloroso que, incluso ahora, al hablar, me resulta difícil mantener la cabeza quieta, porque me duele mucho la nuca.»

«Este tipo de arma... podría llamarlo algo verdaderamente horrible —inmoral—, porque esa gente que la fabrica para torturar, no la prueba en su propio cuerpo y no sabe cuánto dolor causa. Fabrican cosas que hacen sufrir a la gente únicamente para ganar dinero. Es muy triste.»

«Roberto» (usar su verdadero nombre podría poner en peligro su vida) fue detenido y torturado en Zaire, hoy la República Democrática del Congo, en 1991. Pero incluso a finales de los años noventa, pese a los tratados y convenciones internacionales, países como Estados Unidos de América —que se proclaman orgullosamente paladines de los derechos humanos— siguen sin hacer nada para impedir el abuso de las armas de electrochoque modernas de alto voltaje y alta frecuencia. Lejos de ello, Estados Unidos incluso las ha exportado a países donde se ha practicado la tortura mediante descargas eléctricas.

Un número cada vez más elevado de países emplea armas de electrochoque para infligir torturas y malos tratos. Durante la década de los noventa, se ha descubierto esta práctica en prisiones, centros de detención y comisarías de policía de más de 60 países. Muchos de éstos son países africanos, como Chad, la República del Congo, la República Democrática del Congo, Etiopía, Kenia, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Zambia y Zimbabue.

A Amnistía Internacional le consta que en al menos 20 países de distintas regiones del mundo se usan armas portátiles de electrochoque, concebidas y comercializadas específicamente para ser empleadas contra seres humanos. No obstante, la cifra real es probablemente más elevada, ya que la utilización de estas armas puede resultar muy difícil de detectar.

Los torturadores suelen preferir los métodos de electrochoque porque no dejan huellas permanentes en los cuerpos de sus víctimas, lo que impedirá que se prueben sus crímenes. Los efectos inmediatos de la tortura con descargas eléctricas varían, pero pueden incluir dolor agudo, pérdida del control muscular, náusea, convulsiones, pérdida del conocimiento y emisión involuntaria de orina y heces. Otros efectos documentados son rigidez muscular y pérdida a largo plazo de la dentadura y del cabello, así como un impacto psicológico devastador que puede dar lugar a impotencia y depresión crónica.

Las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional muestran que durante los años noventa, más de 120 empresas activas en 22 países han fabricado, vendido, comercializado, publicitado armas de electrochoque o gestionado su obtención.

Como dice «Roberto», estos «comerciantes» diseminan por todo el mundo los medios para torturar y maltratar a los seres humanos «únicamente para ganar dinero».

Los efectos de este tráfico sin restricciones son sobrecogedores, como muestran las historias que contamos en estas páginas.

Angola: la policía se declara «instrumento de represif3n»

En enero de 1995, treinta agentes de la Policía de Intervención Rápida de Angola, enmascarados y armados de porras eléctricas, ametralladoras y gases lacrimógenos, irrumpieron en la habitación en que se reunía un grupo de miembros de la organización política pacifista Comité de Ciudadanos de Cabinda.

Los agentes detuvieron y esposaron a 27 de los presentes y los condujeron a la jefatura de policía de la ciudad de Cabinda. Allí los hicieron tenderse en el suelo y les dieron una paliza. A algunos les aplicaron descargas con porras eléctricas y a otros les colocaron las puntas de sus bayonetas en el cuello.

Según informes, el jefe dijo a las víctimas que en todo el mundo la policía era un «instrumento de represión». Empleando una metáfora tomada de las reglas del fútbol, les advirtió de que esa vez les habían mostrado la tarjeta amarilla, pero que la próxima vez usarían la tarjeta roja.

Sudáfrica: dieciséis muertos tras una estampida causada por porras eléctricas

El 31 de julio de 1996, 16 viajeros murieron y otros 80 resultaron gravemente heridos durante una estampida producida en la estación ferroviaria de Tembisa, en Johannesburgo (Sudáfrica). Un comité nombrado por el gobierno investigó la tragedia y concluyó, en un informe hecho público en agosto de 1996: «La causa directa y más inmediata del desastre ocurrido en la estación de Tembisa el 31 de julio de 1996 fue el uso impropio y reiterado de porras eléctricas por los guardias de seguridad privados para espolear y asustar a los viajeros [...] de una manera cruel e inhumana».

El informe añadía que «los guardias de seguridad privados usaron las porras eléctricas con el propósito de controlar a la multitud cuando, de hecho, es patente que las porras no son un instrumento adecuado para tal fin». El comité pidió que se prohibiera el uso de porras eléctricas hasta que los resultados de investigaciones médicas fiables e independientes confirmaran que el empleo de estos instrumentos no sometería a una persona a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

El 31 de octubre de 1996, tras la publicación del informe del comité, unos guardias de seguridad de la Universidad del Cabo Occidental fueron acusados de usar una porra eléctrica portátil contra una multitud de estudiantes que aguardaban turno para inscribirse. Un testigo presencial describió cómo «apuntaron un artefacto oscuro de aspecto sospechoso contra una estudiante. El dispositivo emitió un sonido como el que se produce cuando hay un cortocircuito eléctrico, y la estudiante cayó, gritando, entre sus compañeros [... ] Cuando se volvió a abrir la puerta, usaron la misma táctica».

Una investigación interna descubrió que, antes del incidente, los Servicios de Protección del Campus habían requisado diez porras paralizantes de electrochoque a una empresa sudafricana. Posteriormente, las porras fueron retiradas del uso en el recinto universitario.

Además de denunciarse en su territorio casos de malos tratos y tortura mediante descargas eléctricas, Sudáfrica puede jactarse de exportar material de electrochoque a otros países. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, en Sudáfrica no se prohíbe la posesión y transferencia de armas de electrochoque.

Force Group es una empresa sudafricana que, según informes, ha comercializado escudos, pistolas y porras de electrochoque. Un anuncio publicitario de Force Group sobre el escudo de electrochoque manifiesta: «Cuando se oprime el interruptor, que está cómodamente al alcance del pulgar del usuario, el frente del escudo, entre las tiras de aluminio, se electrifica con una magnitud de hasta 50.000 voltios [...] Disparando pequeñas descargas de hasta 5 segundos, la unidad puede emitir varios miles de descargas».

Actúen ya

Debe controlarse estrictamente el comercio de armas de electrochoque. Deben prohibirse los cinturones paralizantes de electrochoque. Ustedes pueden ayudar:

1. Escriban a las empresas Stun Tech y Nova Products

- señalando los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con el empleo del cinturón de electrochoque;

- instando a Stun Tech y Nova Products a interrumpir de inmediato y de forma permanente la fabricación y distribución del cinturón paralizante de electrochoque por control remoto tanto en ee. uu.como en otros países;

- solicitando información sobre los suministros que han hecho en el pasado.

+ Chairperson

Stun Tech Inc, 23860 Miles Road

Suite C, Cleveland, Ohio 44128

Estados Unidos de América

+ Chairperson

Nova Products Inc

4861 Old Sparta Road

Cookeville, Tennessee, 38506

Estados Unidos de América

2. Escriban a Sudáfrica

Envíen cartas al secretario del Comité Parlamentario de Asuntos Exteriores, basándolas en el ejemplo que se ofrece más abajo.

+ The Committee Clerk

Portfolio Committee on Foreign Affairs

Parliament of South Africa

p oBox 15

Cape Town 8000

Sudáfrica

Estimado señor / Estimada señora:

Amnistía Internacional ha venido documentando desde 1990 el empleo de malos tratos y torturas mediante la aplicación de descargas eléctricas en más de sesenta países de todas partes del mundo. En aproximadamente veinte de estos países se han usado armas portátiles de electrochoque concebidas específicamente para su empleo contra seres humanos.

Entre los efectos inmediatos de la tortura mediante electrochoque se cuentan dolores agudos, pérdida del control muscular, náusea, convulsiones, pérdida del conocimiento, y micción y defecación involuntarias.

Las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional muestran que durante la presente década, más de 120 empresas activas en 22 países han fabricado, vendido, comercializado, publicitado armas de electrochoque o gestionado su obtención.

Entre estas empresas hay compañías sudafricanas como Force Group, que, según los informes recibidos, ha suministrado escudos, pistolas y porras de electrochoque.

En consecuencia, me permito solicitarle que señale estos motivos de preocupación a la atención de los miembros del Comité y les solicite que exhorten al gobierno de Sudáfrica a:

- prohibir de inmediato la transferencia de todas las armas de electrochoque por empresas sudafricanas a cualquier país donde estas armas puedan contribuir al uso de la tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes;

- suspender la promoción y transferencia de armas de electrochoque por empresas sudafricanas a todaslas agencias estatales encargadas de hacer cumplir la ley hasta que se haya llevado a cabo una investigación rigurosa, independiente e imparcial sobre el uso y los efectos de estas armas.

Reciba un atento saludo.

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La psicología del cinturón de electrochoque

«La electricidad habla todas las lenguas del mundo. No hace falta traducir. Todos tienen miedo de la electricidad, y con razón.» Dennis Kaufman, presidente de Stun-Tech.

Hay distintos tipos de armas de electrochoque: escudos, porras, pistolas y hasta pistolas «taser», armas con un dispositivo electrónico que dispara unos dardos que transmiten una descarga eléctrica al contacto con la piel o las vestiduras de la persona y permiten al usuario aplicar descargas a distancia. Una de las novedades más crueles en este tráfico cruel es el cinturón paralizante de electrochoque, fabricado por primera vez en ee. uu.

El cinturón paralizante es un arma que su propia víctima lleva puesta. El preso está en contacto con el cinturón durante todo el tiempo que se utiliza contra él, que pueden ser horas. Amnistía Internacional cree que el mero hecho de llevarlo puesto y el temor de que lo activen en cualquier momento, y la ansiedad y el sufrimiento mental ello causa, es en sí mismo un trato cruel, inhumano y degradante. Aunque sólo fuese por esta razón, el uso del cinturón debería prohibirse inmediatamente.

Una empresa estadounidense, Stun Tech, promociona su cinturón entre los agentes encargados de hacer cumplir la ley declarando que proporciona «control psicológico instantáneo [...] sobre presos con potencialmente problemáticos», y agrega: «Después de todo, si usted llevara en la cintura un artefacto que, con sólo apretar un botón que está en las manos de otra persona, pudiera hacerlo orinarse o defecar, ¿qué haría desde el punto de vista psicológico?»

Stun-Tech y otra empresa estadounidense, Nova Products, han fabricado cinturones de electrochoque que se usan en muchas zonas de ee. uu.Wendell Harrison, que recibió descargas eléctricas de un cinturón durante su juicio, celebrado en agosto de 1996, describió «un dolor insoportable, como si me hubieran introducido una larga aguja por la columna hasta la base del cráneo». Dos años después, Wendell Harrison seguía sufriendo pesadillas e insomnio como consecuencia del incidente.

La descarga la puede activar un agente de la ley usando un transmisor de control remoto a una distancia de hasta 90 metros. Al ser activado, el cinturón administra durante ocho segundos una descarga de 50.000 voltios, que entra en el cuerpo de la víctima a la altura del riñón izquierdo. La descarga incapacita a la víctima durante los primeros segundos y le causa un dolor agudo que va aumentando durante los ocho segundos.

En 1997 surgieron indicios de que se estaba sometiendo a prueba un cinturón de electrochoque de mando a distancia en Sudáfrica, un país donde existe un problema crónico de tortura y malos tratos a detenidos y presos. Informes recientes de autoridades penitenciarias sudafricanas han confirmado que en la prisión de máxima seguridad cmax, de Pretoria, se ha usado uno de estos cinturones durante el traslado de algunos presos.

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Un comerciante de armas británico demuestra el uso de una porra de electrochoque © Martyn Gregory Films

Hay que poner la mira en los agentes de transferencias de armas

- Los agentes de transferencias de armas negocian el suministro de material militar o de seguridad de un país a otro.

- Solamente en el Reino Unido, los agentes nacionales han sido vinculados a los conflictos que afectan a Ruanda, Sierra Leona y Eritrea.

- Todos los gobiernos —y en especial los de los Estados Miembros de la Unión Europea, donde se observa el mayor grado de actividad de estos agentes— deben adoptar medidas integrales destinadas a controlar la transferencia de armamento de un país a otro.

Hay que resquebrajar el poder de los agentes

El vendedor se inclina hacia adelante: «Tenemos varios modelos. El más popular es uno que no supera el tamaño de un par de paquetes de cigarrillos y produce descargas de 150.000 voltios. El problema con este tipo de arma es que uno tiene que estirar el brazo para hacer contacto con el enemigo. Por eso yo recomiendo la matraque[porra], que lleva dos electrodos en la punta. Es ideal para la policía antidisturbios o las guardias presidenciales.

Y continúa: «El año pasado suministramos estas porras a la guardia presidencial de un país centroafricano. Naturalmente, Bélgica es muy estricta, pero África y Latinoamérica nos permiten enviar las armas a un intermediario, y después las exportamos desde allí. Es el camino más fácil. Si nos mandan un fax con la cantidad que les interesa, les haré un buen precio».

La conversación suena tan natural que casi parece surreal pero, según el periódico flamenco De Morgen, ésas fueron las palabras exactas que usó en 1996 un vendedor de la empresa Belgian Business International, con sede en Bruselas.

Es un ejemplo de la transferencia de armas a través de terceros (el comercio de armamento o de material, personal o capacitación de seguridad en el que una empresa o un individuo con sede en un país organiza el suministro de estos bienes o servicios desde un segundo país para su uso en un tercer país). En la gran mayoría de las transacciones de armas a través de agentes, los artículos nunca entran en el territorio del país donde se negocian las transacciones.

Aunque algunos Estados como Alemania, Suiza y ee. uu.cuentan con disposiciones que controlan las actividades de los agentes de transferencias de armas, la gran mayoría no posee reglamentación alguna, lo que hace posible que los agentes ofrezcan sus servicios prácticamente sin trabas.

Es frecuente que el precio de este comercio sin regulación se mida en vidas humanas.

Por ejemplo, durante los últimos años han surgido pruebas contundentes de que las fuerzas armadas ruandesas acusadas de participar en el genocidio de 1994 recibieron armamento y munición de agentes que actuaban desde el Reino Unido, Francia e Italia.

Una serie de documentos sobre adquisiciones militares descubiertos en 1996 en el este de Zaire (ahora República Democrática del Congo) muestran que, en medio de la vorágine del genocidio, se enviaron secretamente a Zaire en aviones de la empresa Jetlease International (Bahamas) Ltd. remesas de armas procedentes de Albania e Israel. Desde Zaire, el camino para llegar a Ruanda fue corto y fácil. Posteriormente, se encontraron en un archivo militar secreto del gobierno ruandés en el exilio una serie de documentos que ponían de relieve el papel central que había desempeñado la empresa británica Mil-Tec en la negociación de estas transacciones.

Estos comerciantes contribuyeron a la carnicería humana de 1994, pero ninguno ha sido sometido a juicio.

Cuando asumió el poder en mayo de 1997, el gobierno laborista británico prometió poner fin a las transferencias de armas a Estados donde se las pudiera usar para «la represión interna o la agresión externa». Aunque el gobierno ha adoptado algunas medidas positivas importantes, el Reino Unido sigue careciendo de controles y mecanismos adecuados para impedir que las empresas británicas negocien transacciones de armas con quienquiera que deseen. Por el contrario, desde entonces se han producido más escándalos relacionados con agentes de transferencias británicos.

Por ejemplo, se ha vinculado a agentes británicos con remesas de armas a Eritrea, donde la población civil se ve cada véz más atrapada en la escalada del conflicto armado con Etiopía.

En el segundo semestre de 1998, en los muelles de Amberes (Bélgica), se confiscaron toneladas de material militar y 40 camiones que habían pertenecido al ejército alemán. Un portavoz del servicio de aduanas belga manifestó que entre el material había motores de repuesto para 80 tanques rusos T-54 y T-55, mirillas infrarrojas y equipo óptico térmico. Según informes, el material militar había sido adquirido en Alemania, reunido en los Países Bajos y trasladado por tren a Amberes para cargarlo en un buque. La carga, que había sido declarada oficialmente como una remesa de material de construcción y bombas de agua destinada a Eritrea, despertó las sospechas de las autoridades aduaneras belgas.

Según informes, la transacción la negoció una empresa radicada en el Reino Unido, JM Charlesworth, actuando con el nombre de Global Services Ltd. El 10 de febrero de 1999, el Consejo de Seguridad de la onuadoptó la Resolución Núm.1227, en la que se hacía un llamamiento a todos los Estados Miembros de la onupara que prohibieran la venta de armamento y munición a Etiopía y Eritrea.

La falta de restricciones con que actúan los agentes de transferencias británicos también fue patente en el caso de Sierra Leona. En mayo de 1997, el gobierno del presidente Ahmad Tejan Kabbah, que había sido elegido en las urnas, fue derrocado por un golpe de Estado militar que mereció la condena de la comunidad internacional. Al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que se hizo con el poder, se unió después la agrupación armada de oposición Frente Revolucionario Unido. Estas fuerzas rebeldes fueron las principales responsables de los graves abusos contra los derechos humanos perpetrados contra la población civil de Sierra Leona durante el conflicto armado interno. En octubre de 1997, la onuimpuso un embargo a la venta de armas a Sierra Leona.

En febrero de 1998, las fuerzas del Grupo de Verificación de la Cesación del Fuego (ecomog) de la Comunidad de Estados de África Occidental, desplegadas en virtud de un mandato confirmado por la comunidad internacional, apartaron del poder al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas y se reinstauró el gobierno anterior.

Según informes recibidos a principios de 1998, las fuerzas del ecomogrecibieron entrenamiento y asistencia logística y técnica de Sandline International, una empresa de consultoría militar con sede en el Reino Unido. Los informes indicaban que esta asistencia incluyó la negociación de una remesa de 30 toneladas de armamento (principalmente fusiles semiautomáticos AK 47) y munición procedentes de Bulgaria para su envío por Sky Air Cargo Services, otra empresa basada en suelo británico.

Aunque no era claro si el embargo impuesto por la onuse aplicaba sólo al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas o también al ecomog, el gobierno británico llevó a cabo una investigación oficial sobre una serie de alegaciones según las cuales algunas autoridades británicas habían tenido conocimiento de una posible violación del embargo por parte de Sandline International. La asistencia de Sandline International en una posible violación del embargo a la venta de armas, por más que los destinatarios fueran las fuerzas que apoyaban al gobierno, demostró una vez más la falta de controles efectivos sobre las actividades de los agentes de transferencias y transportistas de armas del Reino Unido.

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Es probable que estas transacciones sólo sean la punta del iceberg. Se desconoce el verdarero número de agentes de transferencias británicos así como el alcance de sus actividades. Y el Reino Unido no es la única nación que controla de forma insuficiente el tráfico armamentístico. Varios países con escasos controles, como Sudáfrica y Bulgaria, son conocidos centros de actividades intermediarias de transferencia y reembarque.

¿Cuántas transacciones se estarán llevando a cabo en secreto en estos mismos momentos? ¿Cuántas armas se estarán poniendo en manos de quienes conculcan los derechos humanos y no harán más que atizar los conflictos que enlutan al continente africano?

Actúen ya

El gobierno del Reino Unido está estudiando medidas para reformar los mecanismos de control de las exportaciones. Sin embargo, y pese a que se han formulado propuestas para prohibir la transferencia de armas durante los embargos oficiales impuestos por la onuy la Unión Europea, así como para prohibir todas las transferencias de material para la tortura, la gran mayoría de las transacciones eludirán el sistema. Un problema añadido es la ausencia de un marco temporal para aplicar siquiera estas limitadas medidas. Deben taparse firmemente todos los resquicios legales a fin de que no haya escapatoria para este tráfico inhumano.

Escriban a Robin Cook, ministro de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth:

- expresando el temor de que las actividades de los agentes de transferencias de armas con sede en el Reino Unido puedan estar socavando la política expresa del gobierno británico de no autorizar la transferencia de armas que serán usadas para cometer violaciones de derechos humanos en el contexto de situaciones de represión interna;

- acogiendo positivamente la propuesta de prohibir la negociación de transferencias de material para la tortura, pero subrayando que todas las transacciones realizadas mediante intermediarios deben estar sujetas a controles oficiales y solicitando que dichos controles sean implantados lo antes posible;

- pidiendo respuesta a sus cartas.

+ Robin Cook MP

Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs

Foreign & Commonwealth Office

Whitehall, London SW1A 2AH

Reino Unido

Los agentes europeos «suministraron armas al Congo»

A principios de octubre de 1997, la lucha armada entre facciones políticas en la República del Congo (Congo Brazzaville) alcanzó proporciones catastróficas. Los informes indican que al menos 5.000 civiles perdieron la vida y muchos más resultaron heridos durante ataques deliberados.

El equipo bélico de los agresores —en parte suministrado, según informes, por un comerciante de armas de Europa Occidental— incluía todo tipo de material, desde armas portátiles hasta helicópteros militares.

Según los informes recibidos, una serie de documentos encontrados en las oficinas del gobierno derrocado mostraron que, entre junio y septiembre de 1997, Rudolph Wollenhaupt, agente alemán de transferencias de armas, había suministrado material militar por un valor de varios millones de dólares estadounidenses a las fuerzas del presidente Pascal Lissouba. Al parecer, Wollenhaupt actuaba desde Sudáfrica, donde había obtenido parte del material a través de varias empresas registradas en distintos países y haciendo uso de cuentas bancarias en Bélgica, Francia y el Reino Unido.

Aunque el objetivo final debe ser un sistema de control riguroso y restrictivo de las actividades de los agentes de transferencias en el plano internacional, se puede dar un importante paso inicial imponiendo controles a las actividades de los agentes radicados en Europa. Este continente, debido a sus excelentes redes internacionales de finanzas y comunicaciones y a su proximidad a grandes reservas de armamento, munición y otro material militar y de seguridad barato, se ha convertido en el centro del comercio internacional de armas por intermediarios. Un control eficaz podría hacer mucho para detener el flujo de armamento que ha transformado a África en una zona de crisis para los derechos humanos.

Actúen ya

Los gobiernos europeos están tratando de combatir la lacra de los agentes de transferencias de armas. Escriban a las autoridades de Finlandia, Estado que actualmente ocupa la presidencia de la Unión Europea, exhortándolas a implantar medidas integrales encaminadas a controlar este tráfico que siega vidas.

En sus cartas a Tarja Halonen, ministra de Asuntos Exteriores finlandesa, destaquen la falta de control sobre las actividades de los agentes de transferencias de armas en Europa. Acojan con satisfacción los esfuerzos que ha hecho la Unión Europea para abordar el problema. Exhorten al gobierno de Finlandia a que ejerza presión en el marco de la Unión Europea para que ésta incluya en sus medidas de control los siguientes elementos:

- los controles deben aplicarse a todas las personas que portan pasaporte de la Unión Europea con independencia de su lugar de residencia, así como a todas las empresas o individuos residentes o registrados en la Unión Europea;

- la compra, venta y comercialización de todoslos bienes y servicios militares, de seguridad y policiales, así como la organización de estas transferencias, deben ser controladas por los Estados Miembros de la Unión Europea; y debe prohibirse las actividades de intermediación relativas a la venta de minas terrestres y de material para la tortura y para la aplicación de la pena de muerte;

- todos los Estados Miembros de la Unión Europea deben compilar una lista de agentes de transferencias «registrados» y todos los nombrados en la lista deben publicar sus cuentas auditadas relativas al comercio de armamento. Debe someterse a juicio a todos los agentes que violen las leyes que regulan la exportación de armas y a los que proporcionen información engañosa deliberadamente, y se les debe prohibir que continúen trabajando en la negociación de ventas de armamento;

- cada transacción en la que participen agentes de transferencias de armas de la Unión Europea debe ser sometida a la misma vigilancia estrecha que se impone a la exportación de armas de la Unión Europea y se debe obligar a los agentes a obtener licencias de exportación;

- la Unión Europea debe tratar de conseguir que cualquier sistema de control que implante en su ámbito sea adoptado también en el ámbito internacional, a fin de asegurar que los agentes no trasladan su residencia a otro país para eludir los controles de la Unión Europea.

+ Ms Tarja Halonen, Minister of Foreign Affairs

Ministry of Foreign Affairs

Merikasarmi, POB 176

00161 Helsinki, Finlandia

PIES DE FOTO

Una carta de la empresa británica Mil-Tec confirma sus transacciones con el ex gobierno ruandés.

© Massimo Alberizzi / Corriere della Sera

Según informes, en junio de 1997 una empresa sudafricana negoció la transferencia de cuatro helicópteros militares Puma, similares a los que muestra la foto, a las fuerzas de Pascal Lissouba, entonces presidente del Congo (Brazzaville) © Alexander Joe / AFP

Control de multitudes y armas «no letales»

- Cada vez es más frecuente el abuso de material antidisturbios como cañones de agua, balas de plástico y de caucho, agentes químicos como los que se usan en los pulverizadores de pimienta y gases CS o lacrimógenos.

- Se puede seguir la pista de muchas de estar armas «no letales» y de control de multitudes hasta llegar a su origen en Europa, continente donde también se las ha empleado.

Una larga estela de lágrimas:

De Europa a Kenia

De modo creciente, la policía y las unidades de seguridad de los países africanos lanzan gases lacrimógenos y otras sustancias químicas adentro de edificios y otros lugares cerrados de los que resulta difícil salir, ya sea por motivos físicos —puertas y ventanas bloqueadas por la multitud o por barricadas— o por el temor a ser víctima de palizas, detención o «desaparición» una vez fuera. El uso de gases lacrimógenos en este tipo de circunstancias, ha desembocado, una y otra vez, en graves lesiones y muertes.

El 7 de julio de 1997, los miembros de la policía paramilitar de Kenia que tomaron por asalto la catedral anglicana de All Saints, en Nairobi, arrojaron cartuchos de gas lacrimógeno y a continuación penetraron en el recinto blandiendo sus porras. Muchas decenas de partidarios pacíficos de la reforma política que se cobijaban dentro de la catedral resultaron heridos, entre ellos un parlamentario de la oposición de avanzada edad.

Ese mismo año, los investigadores de Amnistía Internacional recogieron cartuchos de gas lacrimógeno y balas de plástico usados contra manifestantes pacíficos en Kenia. La pista de los cartuchos los llevó a los fabricantes, la empresa Pains-Wessex, del Reino Unido; las balas de plástico resultaron fabricadas por otra empresa británica, Haley & Weller. Ambas son subsidiarias de Chemring Plc.

Los miembros de Amnistía Internacional se pusieron en acción, ejerciendo presión sobre el gobierno del Reino Unido y sobre las empresas involucradas para que pusieran fin a la comercialización de material usado para la represión. Posteriormente, el gobierno británico declaró que, por motivos relacionados con la protección de los derechos humanos, había rechazado solicitudes de licencias por un valor de 1,5 millones de libras esterlinas para la exportación de material antidisturbios —como porras y gas lacrimógeno— destinado a la policía de Kenia.

Sin embargo, la policía keniana no ha cesado de cometer violaciones de derechos humanos, y ha vuelto a abusar de los gases lacrimógenos.

El 10 de junio de 1999, unos investigadores de Amnistía Internacional presenciaron una manifestación pacífica de unas 2.000 personas, encabezada por grupos religiosos y de derechos humanos, que pedía un cambio democrático pacífico en Kenia. A una distancia de casi cien metros del edificio del Parlamento, los que iban al frente de la manifestación se vieron obligados a detenerse ante una muralla de agentes de policía armados con porras y escudos antidisturbios. Los manifestantes se sentaron en el suelo y comenzaron a cantar himnos religiosos.

No habían pasado diez minutos cuando apareció un contingente de la policía montada que cargó contra la multitud, seguido de agentes a pie que golpearon con palos a los presentes. Éstos reaccionaron con indignación, y algunos arrojaron piedras.

La policía procedió a lanzar gases lacrimógenos contra los manifestantes y en los jardines de una iglesia donde algunos se habían refugiado. En el lapso de una hora, la policía arrojó 100 cartuchos de gas lacrimógeno. También se oyó una serie de disparos —según algunos, fuego real— y se lanzaron al menos dos granadas.

Posteriormente, la policía avanzó con cañones de agua que dispararon una combinación de agua y gases lacrimógenos —y, según se afirmó, también un agente irritante y una tintura— contra una multitud que no tenía a donde escapar. A las 9 de la noche, la policía había despejado las calles.

Mediante las declaraciones de los testigos presenciales y los restos de cartuchos que se hallaron en la escena, Amnistía Internacional pudo nuevamente dar con el nombre del fabricante del gas lacrimógeno: esta vez se trataba de Nobel Sécurité, una empresa con sede en Francia. Algunos informes de prensa afirmaron que los cañones de agua llegaron a Kenia desde Sudáfrica, y otros informes mencionaban también a Israel y Francia.

Parecería, pues, que cuando el gobierno del Reino Unido rechazó las licencias de exportación, las autoridades kenianas recurrieron a una empresa francesa para obtener el material necesario para estos brutales actos de «control de multitudes».

Es un ejemplo especialmente claro del hecho de que el comercio de armamento y seguridad, como la naturaleza, llena rápidamente los vacíos. Cuando un país interrumpe las exportaciones de material de seguridad a los perpetradores de violaciones de derechos humanos, otro tomará su lugar, ignorando alegremente la secuela de abusos.

Para asegurar que la negativa de algunos países a proporcionar este material a los perpetradores de violaciones de derechos humanos no se vea socavada por la actitud de los países a quienes poco les importa a quién venden su material, es necesario instituir controles rigurosos de estas transferencias en el ámbito nacional e internacional.

Actúen ya

Pónganse en acción para impedir que el gobierno de Kenia reciba los medios de reprimir a sus ciudadanos.

1. Suministro de gas lacrimógeno

Escriban al presidente de Nobel Sécurité :

- destacando los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en Kenia y citando, en especial, casos de abuso del gas lacrimógeno por parte de las fuerzas de seguridad;

- señalando que los investigadores de Amnistía Internacional han identificado a Nobel Sécurité como fabricante de los cartuchos de gas lacrimógeno usados contra manifestantes kenianos el 10 de junio de 1999;

- solicitando detalles del material antidisturbios fabricado por Nobel Sécurité y de cualquier venta de este material que hayan hecho a Kenia;

- exhortando a Nobel Sécurité a cesar de exportar este tipo de material a Kenia hasta que se hayan implantado medidas eficaces para impedir su abuso.

+ Nobel Sécurité (Group SNPE)

12 Quai Henri IV

75181 Paris Cedex 4

Francia

2. Suministro de cañones de agua

Amnistía Internacional aún no ha podido comprobar la identidad de los proveedores de cañones de agua a Kenia. No obstante, se han recibido informes según los cuales participaron en estas transacciones algunas empresas de Francia e Israel.

Escriban a los gobiernos de Francia e Israel:

- destacando los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en Kenia y citando, en especial, el reciente caso de abuso de cañones de agua y gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad;

- expresando su preocupación por los informes de prensa según los cuales algunas empresas de Francia e Israel han participado en el suministro de cañones de agua a Kenia;

- preguntando si las autoridades han otorgado licencias de exportación para este tipo de equipo o si tienen conocimiento de negociaciones o transferencias de este equipo con destino a Kenia.

+ Monsieur Lionel Jospin

Premier Ministre

Hôtel Matignon

57, rue de Varenne

75007 Paris, Francia

+ Ehud Barak

Prime Minister

Office of the Prime Minister

3 Kaplan Street, Hakirya

Jerusalem 91007, Israel

«En medio de la confusión, cuando estamos ciegos por el gas, convulsionados por el gas, viene la policía y arrecian los golpes. Creemos que nuestro sistema no justifica el uso de gases lacrimógenos. No merecemos ese trato. La gente tiene derecho a manifestarse pacíficamente.» Janai Robert Orina, activista estudiantil keniano, 1997

Zambia

«Los vamos a gasear hasta que caigan muertos»

En julio de 1997, la policía de Zambia empleó gases lacrimógenos para dispersar una marcha de protesta pacífica que se dirigía al centro de la ciudad de Lusaka. Un elevado número de manifestantes, muchos de ellos mujeres con niños de corta edad, se refugiaron en Freedom House, edificio ocupado por el Partido Unido para la Independencia Nacional.

La policía sitió el edificio durante unas doce horas. Después, sin previo aviso, lanzó cartuchos de gas lacrimógeno hacia adentro del edificio para obligar a la gente a salir a la calle, donde los agentes los golpearon brutalmente con porras.

Rabbison Chongo, funcionario del Partido Unido para la Independencia Nacional, manifestó:

«Nunca había visto tantos gases lacrimógenos... en el vestíbulo, no se podía ver a más de un metro y medio. Había tanto gas que el aire no podía entrar en los pulmones, no podías respirar.»

Melania Chipungu, que también se hallaba en el edificio ese día, dijo que no sabía qué era peor, si asfixiarse adentro o aguantar los golpes afuera.

«En esta oficina, el humo era horrible. Traté de lavarme la cara. Quería subir al primer piso. No podía ver nada delante de mi... no podía ver porque era como si tuviera pimienta en los ojos. Seguí la pared para salir y subir las escaleras. Entonces alguien me agarró. Una mano tiraba de mí. Era la policía. Empezaron a darme golpes. Tres agentes, me pegaban con porras, porras de madera: un palo con un asa a un costado. Me rasgaron la falda y me echaron dentro de una camioneta. Cuando miré para afuera, lo que vi fueron armas de fuego. La policía arremetía con armas de fuego. Abrían la puerta [de Freedom House] y arrojaban gas lacrimógeno; después la volvían a cerrar.»

Melian Sebente Akuffo, otra funcionaria del Partido Unido para la Independencia Nacional, llamó por teléfono a las autoridades policiales para rogarles que interrumpieran el lanzamiento de gases lacrimógenos. Posteriormente dijo a Amnistía Internacional que la policía le había respondido: «Vamos a gasearlos hasta que caigan muertos. Y a los que salgan les vamos a romper el pescuezo.»

Actúen ya

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han encontrado pruebas de que los cartuchos de gas lacrimógeno usados por la policía zambesa fueron fabricados por Pains-Wessex, filial británica de Chemring Plc.

Escriban al presidente de Chemring:

- destacando los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con el abuso de los gases lacrimógenos en lugares cerrados en Zambia;

- pidiendo detalles del material antidisturbios que fabrica y vende Pains-Wessex y de cualquier venta de este material a Zambia;

- exhortando a la empresa a asegurar que no transfiere gas lacrimógeno a Zambia mientras haya motivos fundados para creer que se usará para cometer violaciones de derechos humanos.

+ Chairperson

Chemring Ltd (Group Plc)

Alchem Works, Fratton Trading Estate

Portsmouth, Hampshire PO4 8SX

Reino Unido

Ni siquiera Michael Johnson puede correr más rápido que Cochrane

Entre las técnicas más modernas de control de multitudes figura un mecanismo que despliega una valla de alambre de cuchillas afiladas que pueden penetrar en la carne humana. Este alambre de cuchillas está comercializado por empresas francesas, sudafricanas y británicas. Según una de ellas, Cochrane (que actúa en Birmingham, Reino Unido, y en Sudáfrica), una barrera móvil puede desplegar 200 metros de alambre de cuchillas en un lapso de quince a veinte segundos, permitiendo la rápida «captura» de manifestantes.

Cochrane ha reconocido que ha suministrado este sistema a Zaire, un país en el que la policía ha hecho un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados y pacíficos. Cochrane también ha hecho publicidad de un alambre de cuchillas que puede administrar descargas eléctricas de 5.000 a 7.000 voltios (electrocoil). Las empresas están diseñando y comercializando continuamente este tipo de productos, desentendiéndose del hecho de que no se han implantado aún directrices adecuadas para asegurar que no se los emplea para cometer violaciones de derechos humanos.

PIES DE FOTO

Cartuchos de gas lacrimógeno fabricados en Francia, usados para dispersar una manifestación en Nairobi el 10 de junio de 1999. © AI

Cañón de agua usado por la policía de Kenia para dispersar a manifestantes en Nairobi el 10 de junio de 1999. © AI

La policía keniana arroja gas lacrimógeno y golpea a manifestantes pacíficos en la catedral anglicana de Nairobi, julio de 1997. © Alexander Joe/AFP

Esta granada de gas lacrimógeno fabricada en el Reino Unido fue encontrada el 30 de julio de 1997 en el edificio donde tiene sus oficinas el partido de la oposición, Partido Unido para la Independencia Nacional, en el centro de la ciudad de Lusaka (Zambia). La policía arrojó gases lacrimógenos adentro del edificio para obligar a los manifestantes pacíficos a salir a la calle, donde los sometieron a palizas. © AI

Michael Johnson es uno de los hombres más veloces del mundo. Puede correr 200 metros en 19.32 segundos, pero no podría escapar al avance de la barrera móvil que fabrica Cochrane. © Reuters / Jacques Munch

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Por qué hace campaña Amnistía Internacional sobre el tráfico de armas y material de seguridad?

La misión de Amnistía Internacional es trabajar para poner fin a algunos de los peores abusos que se cometen en el mundo contra los derechos humanos, como la tortura, las «desapariciones», los homicidios indiscriminados y las ejecuciones extrajudiciales.

Hay pruebas contundentes de que ciertas transferencias de bienes o servicios militares, de seguridad o policiales a países donde se cometen abusos contra los derechos humanos pueden contribuir a estos abusos e incluso agravarlos. Por esta razón hacen falta controles rigurosos del comercio de armamento y seguridad a fin de garantizar que no se llevan a cabo estas transferencias. Amnistía Internacional no adopta postura alguna sobre el comercio de armas en sí mismo, ni sobre embargos, boicoteos u otras sanciones relacionadas con dicho comercio.

¿Qué debo decir en mis cartas?

Cuando escriban a cualquier persona mencionada en este periódico, tengan en cuenta lo siguiente:

1. Redacten las cartas cortésmente.

2. Sigan cuidadosamente las recomendaciones formuladas en los artículos. No hagan acusaciones generalizadas sobre las actividades de una empresa ni le imputen complicidad directa en violaciones de derechos humanos.

3. Envíen copia de cualquier respuesta que reciban de empresas o gobiernos a la dirección que aparece en la contraportada. Esto nos ayudará a desarrollar futuras estrategias de acción y captación de apoyos.

¿Dónde están las diferencias?

(El gobierno del Reino Unido no parece capaz de encontrarlas. )

Con frecuencia, los informes que publican los gobiernos sobre las armas cuya exportación han autorizado distan de ser transparentes. En el Reino Unido, por ejemplo, los miembros del Parlamento que solicitan detalles de la venta de armamento a Estados donde se violan los derechos humanos reciben una lista en la que sólo se menciona la categoríade las armas que consiguieron licencias. Estas categorías son tan amplias que, por ejemplo, no se puede saber si se otorgó una licencia para exportar una caja de 100 cartuchos de gas lacrimógeno o para un único neumático a prueba de balas.

¿Cómo me puedo poner en contacto con Amnistía Internacional en África?

Los miembros de Amnistía Internacional en África son muy activos y su número va en aumento. Si desean comunicarse con ellos, pónganse en contacto con la oficina de Amnistía Internacional en su propio país.

BENÍN

AI Benin, BP 01 3536, Cotonou, República de Benín

CÔTE D'IVOIRE

AI Côte d'Ivoire, 04 BP 895, Abidjan 04 , Costa de Marfil

GAMBIA

AI Gambia, PO Box 1935, Banjul, Gambia

GHANA

AI Ghana, Private Mail Bag, Kokomlemle, Accra - North, Ghana

MALÍ

AI Mali, BP E 3885 Bamako, Malí

NIGERIA

AI Nigeria, PMB 3061, Suru Lere, Lagos, Nigeria

SENEGAL

AI Senegal, BP 21910, Dakar, Senegal

SIERRA LEONE

AI Sierra Leone, PMB 1021, Freetown, Sierra Leona

SOUTH AFRICA

AI South Africa, PO Box 29083 Sunnyside 0132, Pretoria, Gauteng, Sudáfrica

TANZANIA

AI Tanzania, PO Box 4331, Dar es Salaam, Tanzania

ZAMBIA

AI Zambian Groups National Secretariat,

Private Bag 3, Kitwe Main PO, Kitwe, Zambia

SI SU PAÍS NO APARECE EN LA LISTA, PÓNGANSE EN CONTACTO CON:

Para África Occidental y Central:

Development Field Office, c/o AI Senegal

BP 21910 35A Boulevard du Général de Gaulle

Allée du Centenaire, Dakar, Senegal

Para África Oriental y del Sur:

PO Box 29083, Sunnyside 0132

Gauteng, Sudáfrica

Para erradicar la lacra del tráfico de armas portátiles

Se calcula que hay en el mundo aproximadamente 500 millones de armas portátiles como pistolas, metralletas, minas terrestres y granadas. Se usan en la gran mayoría de los conflictos armados, y el precio lo pagan, en cantidad abrumadora, las poblaciones civiles. El 90 por ciento de las personas que han perdido la vida como consecuencia de conflictos armados desde 1990 no eran combatientes. En estas páginas documentamos los efectos sobrecogedores que han tenido estas armas en África y pedimos su ayuda para luchar contra esta devastadora lacra.

El 11 de mayo de 1999, Amnistía Internacional se unió a más de 200 organizaciones de derechos humanos, organismo para el desarrollo, organizaciones de vigilancia del control de armamento, grupos eclesiales, agrupaciones populares de mujeres y asociaciones médicas para lanzar la Red Internacionl de Acción sobre Armas Portátiles (IANSA). La Red trata de combatir la lacra mundial de la proliferación sin restricciones de las armas portátiles y el abuso de éstas tanto desde el punto de vista del suministro —ejerciendo presión para que se implanten controles rigurosos de la exportación de armamento en los Estados que lo fabrican— como desde el punto de vista de la demanda —usando iniciativas sobre educación en derechos humanos, operaciones de destrucción de armas y planes de desmovilización de ex combatientes—.

Si desean más información sobre la Red o participar en ella, visiten su sitio web en la dirección http://www.IANSA.org

PARA UN MUNDO MÁS SEGURO

Las principales recomendaciones de Amnistía Internacional para reforzar los controles sobre la exportación de armas

Todas las leyes sobre control de la exportación de armamento, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, deben:

1. Prohibir la transferencia de material, personal o capacitación militar, de seguridad o policial a menos queconste que la transferencia no contribuirá a que se cometan abusos contra los derechos humanos.

2. Disponer que se proporcione a los órganos legislativos y a la opinión pública información clara, detallada, periódica y exhaustiva sobre todas las transferencias realizadas y previstas, tanto por empresas privadas como por organismos oficiales.

3. Asegurar que se destinan recursos suficientes para vigilar el uso final del material militar y de seguridad una vez que ha tenido lugar una transferencia. Todos los contratos de compraventa de armas deben incluir el requisito de que el cliente se comprometa a no usar jamás los bienes adquiridos para cometer abusos contra los derechos humanos. Si el cliente no cumple con este compromiso, deberá anularse el contrato e interrumpirse todo suministro de material, piezas de repuesto, capacitación y servicios de reparación.

4. Prohibir la fabricación, la exportación y el uso de material empleado exclusivamente para llevar a cabo ejecuciones o para infligir torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entre este material se incluyen los cinturones paralizantes de electrochoque, los grilletes, los grilletes con barras y las armas proscritas por el derecho internacional como las minas antipersonas.

5. Regular estrictamente las actividades de los agentes de transferencias de armas y de los transportistas que colaboran con ellos. Todos los agentes deben «registrarse» y sus actividades deben estar rigurosamente controladas. Todas las transacciones de este tipo deben obtener una licencia oficial otorgada por el Estado.

6. Controlar la fabricación en el extranjero (sistema mediante el cual una empresa autoriza a otra empresa radicada en el extranjero a fabricar sus productos). El empleo de estos acuerdos en lugar de las exportaciones directas es cada vez más frecuente y no está sometido a ningún control o, cuando lo está, los controles no son adecuados. Este tipo de acuerdos de fabricación deben recibir la sanción oficial del Estado.

Asegúrense de que su país no comercia con la represión

Los Estados y las empresas que fabrican armamento y material de seguridad, o que suministran personal o capacitación militar, deben asegurarse de que estos bienes y servicios no podrán caer en manos de fuerzas de seguridad o grupos armados de oposición que puedan usarlos para cometer abusos contra los derechos humanos. Su gobierno tiene el deber de aplicar los más rigurosos controles a este tipo de exportaciones.

Escriban a sus gobiernos hoy mismo:

- planteando los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con la falta de control sobre las transferencias de material militar, de seguridad y policial a entidades que cometen abusos contra los derechos humanos en todas partes de África, y citando los ejemplos que aparecen en estas páginas;

- pidiendo garantías de que su gobierno nunca autorizará la transferencia de estos bienes y servicios a países donde puedan facilitar la comisión de abusos contra los derechos humanos;

- solicitando información concreta sobre las leyes y reglamentos nacionales para el control de las exportaciones;

- exhortando a las autoridades a que incorporen a esas medidas las recomendaciones de Amnistía Internacional.

Insten a la Commonwealth a aplicar controles rigurosos sobre el comercio de armas

En junio de 1988, los líderes de la Unión Europea aprobaron el Código de Conducta en materia de Exportaciones de Armas. En virtud de este Código, todos los Estados Miembros se han comprometido a cumplir ocho criterios comunes —entre ellos, la defensa de los derechos humanos— para determinar si se deben conceder o denegar licencias de exportación de armamento.

El Código exige por primera vez que los países de la Unión Europea informen a los demás miembros cuando rechazan solicitudes de licencias de exportación y expliquen sus motivos. Además, si un país de la Unión Europea no autoriza una transacción relativa a armamento, cualquier Estado que durante los tres años siguientes desee llevar a cabo la misma transacción debe consultar al primero. El Código es un importante paso inicial hacia el control regional, pero es preciso reforzarlo.

Amnistía Internacional está tratando de cubrir todas las lagunas que tiene el Código de la Unión Europea y está ejerciendo presión en otros foros regionales y mundiales para que se adopten códigos de conducta o mecanismos de control enérgicos.

Uno de estos foros es la Commonwealth, agrupación de naciones de Europa, África, Asia y Oriente Medio con una población total de 1.700 millones de personas, ligadas por el uso de la lengua inglesa y un pasado colonial común.

Entre las naciones de la Commonwealth hay varias que fabrican y exportan armas, como el Reino Unido, Canadá y Sudáfrica, y varios Estados africanos que han importado material militar y de seguridad que se ha usado para cometer abusos contra los derechos humanos, como Kenia, Nigeria, Sierra Leona, Uganda, Zimbabue, y una nación que ha solicitado su ingreso recientemente, Ruanda.

El 19 de noviembre de 1999, los jefes de gobierno de todos los países de la Commonwealth se reunirán en Durban (Sudáfrica) para planificar las actividades conjuntas de los próximos dos años. Amnistía Internacional y varias organizaciones de derechos humanos y para el desarrollo están ejerciendo presión para que en esa reunión se trate la cuestión del control de las transferencias de armas, material, capacitación y personal militar, de seguridad y policial.

Aunque su país no sea miembro de la Commonwealth (si lo es, indiquen cuál), escriban cartas al secretario general Emeka Anyaoku:

- instándolo a que use sus buenos oficios para promover controles firmes entre los países de la Commonwealth a fin de asegurar que el armamento, material y capacitación militar, de seguridad o policial nunca caerán en manos de fuerzas militares, de seguridad o policiales o de grupos armados de oposición que puedan usarlos para cometer abusos contra los derechos humanos;

- solicitando que el comunicado final de la cumbre de Durban incluya una declaración en la que todos los miembros se comprometan a instituir y hacer cumplir leyes y prácticas rigurosas y exhaustivas para el control de las exportaciones, que se hagan eco de las recomendaciones de Amnistía Internacional.

+ Emeka Anyaoku

Commonwealth Secretary-General

The Commonwealth Secretariat

Marlborough House, Pall Mall

London SW1Y 5HX, Reino Unido

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El código de conducta de los Premios Nobel

Al parecer, cuando el Reino Unido detuvo la exportación de gas lacrimógeno a Kenia por motivos relacionados con la protección de los derechos humanos, una compañía francesa se encargó de los suministros.

Es un ejemplo más del hecho de que, aunque es absolutamente crítico que se efectúen rigurosos controles nacionales sobre el comercio de armas, la lucha para regular la industria armamentista y de seguridad no se puede ganar sólo en el plano nacional. Las acciones positivas de algunos Estados para detener el envío de armamento y material de seguridad a los que cometen abusos contra los derechos humanos no deben ser socavadas por las acciones de otras naciones que no tienen escrúpulo alguno para vender armas a quién se las pide.

Por eso es tan imperiosa la necesidad de instituir controles internacionales de la venta de armas. Controles que impidan que los Estados exporten bienes y servicios militares y de seguridad a los países que los usarán para cometer torturas, «desapariciones», asesinatos u otras violaciones graves de derechos humanos. Amnistía Internacional está trabajando con gobiernos, organizaciones de derechos humanos y organizaciones para el desarrollo con el fin de que se elaboren, desarrollen e implanten estos controles.

En especial, Amnistía Internacional, como organización galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ha armado sus esfuerzos con el doctor Óscar Arias, José Ramos-Hortas, Desmond Tutu, el Dalai Lama y otros Premios Nobel de la Paz a fin de elaborar y promover un código de conducta sobre transferencias de armas de escala y eficacia mundial.

«Los líderes locales, regionales y mundiales deben aceptar el hecho de que no se puede dejar que las leyes del libre mercado gobiernen el comercio internacional de armas. No debemos enriquecernos con el comercio de la muerte. Por el contrario, debemos comprender que los comerciantes de armamento son, con harta frecuencia, amigos de los dictadores y enemigos del pueblo. Ha llegado la hora de preferir las vidas humanas a las armas.»(1) Doctor Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz

¿Cómo puedo obtener más información?

Después de leer este periódico y participar en las acciones que se emprendan sobre este tema, esperamos que sigan interviniendo en este nuevo y poderoso ámbito de la labor de Amnistía Internacional. Si desean continuar trabajando, sugerimos dos maneras concretas de colaborar:

1. Únanse a nuestras redes de activistas

Amnistía Internacional está desarrollando una red de sus Grupos y estructuras locales de todo el mundo para participar en actividades de campaña y captación de apoyos sobre cuestiones relacionadas con el comercio de armamento y material de seguridad. Si pertenecen a un Grupo o estructura local de Amnistía Internacional y están interesados en formar parte de nuestra «Red de Acción Temática» sobre el comercio de armas y seguridad, pónganse en contacto con Amnistía Internacional en la dirección que aparece a la izquierda.

2. Desarrollen las estructuras para la acción existentes en sus propios países

Actualmente, veinte Secciones de Amnistía Internacional cuentan con coordinadores o Grupos que llevan a cabo tareas de investigación, acción y captación de apoyos sobre las transferencias de armas y seguridad en sus propios países. Averigüen si su Sección cuenta con uno de estos Grupos. De no ser así, es posible que deseen formar uno. Para más información, pónganse en contacto con la misma dirección que aparece a la izquierda.

FOTO.- Un grupo de galardonados con el Premio Nobel de la Paz presenta un Código Internacional de Conducta sobre Transferencias de Armas, 29 de mayo de 1997. Entre los presentes, el Dalai Lama (sentado).

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(1) Traducción de EDAI.