ASENTAMIENTOS PRECARIOS

LOS DERECHOS HUMANOS VIVEN AQUÍ

DERECHOS HUMANOS =

MENOS POBREZA

AMNISTÍA INTERNACIONAL

En el mundo, más de 200.000 comunidades pueden definirse como asentamientos precarios. Reciben nombres diferentes –bidonvilles, favelas, guetos, bustees, villas miseria, barrios populares, asentamientos informales o simplemente asentamientos precarios– y son el hogar de más de 1.000 millones de personas en todos los continentes. Estos barrios comparten características comunes: viviendas inadecuadas, condiciones de salubridad y alcantarillado insuficientes, suministro de agua y electricidad deficiente o inexistente, hacinamiento y elevados índices de violencia. Muchos de ellos son considerados “ilegales” o “informales”. Las personas que viven en ellos rara vez gozan de seguridad de tenencia, con lo que corren un riesgo constante de desalojo forzoso. Sin embargo, estos vecindarios también son, al igual que todas las comunidades urbanas, lugares donde sus habitantes viven, trabajan, comen, duermen y crían a sus hijos.

El número de personas que viven en asentamientos precarios está creciendo de forma alarmante en todo el mundo. Entre las razones que explican este crecimiento se encuentran la desinversión en el medio rural, los conflictos armados, los desastres naturales, el cambio climático, la denegación del derecho a la tierra y a la propiedad, los desalojos forzosos masivos y la pérdida de la vivienda debido a la apropiación de tierras por parte de empresas y proyectos comerciales. Según algunas previsiones, unos 2.000 millones de personas vivirán en asentamientos precarios en 2030. Debido a la inexistencia de viviendas a precios asequibles, las personas que migran a las ciudades no tienen otra alternativa. Si la pobreza es la peor crisis de derechos humanos del mundo, los asentamientos precarios son su manifestación más visible.

ESCENARIO DE MÚLTIPLES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Las personas que viven en asentamientos precarios sufren una carencia evidente de bienes y recursos. No sólo se les niega el derecho a una vivienda adecuada, sino que se les excluye de servicios básicos como agua potable, saneamiento, salud y educación. También se enfrentan a elevados niveles de inseguridad debido a la constante amenaza de violencia por parte de la policía y de las bandas de delincuentes, y a que pueden ser víctimas de desalojos forzosos sin notificación previa o recibiendo aviso con muy poca antelación. Habitualmente se los discrimina en el acceso a la justicia y se trata a comunidades enteras como si sus miembros fueran todos delincuentes.

Las personas que viven en los asentamientos precarios por lo general no tienen voz en los procesos y decisiones que afectan a sus vidas. No se les consulta ni se les permite participar en los procesos de toma de decisiones para mejorar sus viviendas o para preparar un alojamiento alternativo en caso de que se prevea su desalojo forzoso.

Foto de la portada: Un niño va en busca de agua, caminando sobre un conducto de agua municipal que atraviesa el mayor barrio marginal de Mumbai (Bombay), Dharavi, una ingente mezcla de pobreza y espíritu empresarial, India, 2008. © Mark Henley/PANOS

Una mujer con un bebé pasa delante de un policía brasileño que patrulla en Rocinha, uno de los barrios de favelas más grandes de Brasil, durante una operación policial en Río de Janeiro, 31 de octubre de 2005. © Particular

Lejos de ser una lacra exclusiva de los países en vías de desarrollo, encontramos problemas similares de pobreza, inseguridad, exclusión y falta de voz en ciudades europeas y en sus alrededores, en barrios pobres de Estados Unidos y en reservas indígenas de Canadá y Australia.

En Italia, las personas de etnia romaní no tienen acceso al sistema público de salud y a otros servicios sociales porque el Estado no ha autorizado sus viviendas. Los estereotipos negativos y la discriminación también han sido el motivo de desalojos forzosos y destrucción de campamentos de comunidades romaníes. En Eslovaquia, los asentamientos de romaníes carecen de servicios públicos como escuelas, centros de salud, hospitales, bibliotecas o lavanderías, y no existe ningún tipo de transporte público. Estas comunidades están excluidas del resto de la población, lo cual no hace sino incrementar las carencias que padecen.

Las mujeres son especialmente vulnerables en los asentamientos precarios. En Brasil, las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional han descrito las dificultades a las que se enfrentan cuando intentan denunciar a la policía violencia en el ámbito familiar u otras formas de violencia. En los lugares donde no hay servicios sanitarios, las mujeres tienen que caminar hasta zonas alejadas o esperar hasta la noche para tener la intimidad necesaria para hacer sus necesidades fisiológicas, lo que aumenta el riesgo de sufrir agresiones o acoso sexual.

Las personas que atestan los asentamientos precarios sufren violaciones de derechos humanos muy diversas, ligadas indisolublemente entre sí y todas ellas inaceptables. La Campaña Exige Dignidad trabaja a nivel mundial para poner fin a los abusos contra los derechos humanos que marcan y limitan la vida de las personas, destruyen sus sueños y esperanzas y las mantienen sumidas en la pobreza.

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Maria Sebastião António, de 31 años y madre de tres hijos, vive en Banga Wé, cerca de Luanda, en Angola. En varias ocasiones las autoridades han intentado desalojar a su familia y a más de 500 personas de sus hogares con motivo de la construcción del complejo de viviendas Nova Vida. Ésta es su historia.

He vivido toda mi vida en Banga Wé. Aquí nací. Entre 2004 y 2006 hubo demoliciones. Ni siquiera se nos avisaba. Nos pillaban por sorpresa. Íbamos a trabajar todos los días sin saber si al regresar nuestros hogares seguirían en pie.

Yo tenía una casa hecha de bloques [de hormigón] que fue destruida en las demoliciones de noviembre de 2005. En ese momento estaba embarazada de mi hijo más pequeño. Demolieron la casa de bloques pero no tocaron las planchas de zinc que servían de tejado, así que las utilizamos para construir una casa de zinc […]. Seis días después volvieron para destruir las casas de zinc también […] Me llevaron a la comisaría porque me opuse a las demoliciones y allí me amenazaron. Un agente me dijo: “La policía no pega en la calle, sino en la esquadra [comisaría]”. Afortunadamente otro agente impidió que me pegara.

Antes de las elecciones de 2008, el director del proyecto de viviendas Nova Vida convocó una reunión y nos comunicó que nos trasladarían a unas viviendas nuevas en Zango III, pero desde entonces no ha pasado nada. No tenemos agua. No dejan que nuestros hijos estudien. En la escuela Nova Vida ni siquiera nos permiten inscribirlos. El resto de las escuelas están demasiado lejos. Lo peor es que todavía no hay solución a este problema.

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“Si tienes pistola no estás seguro porque los hombres malos atacan a las personas que saben que están armadas. Si no tienes pistola tampoco estás seguro porque cualquiera puede venir y matarte, incluida la policía. Y aunque no hagas nada tampoco estás seguro, porque si alguien cercano a ti le hizo algo a las bandas y no pueden encontrarlo, entonces irán a por ti.”

Mujer de una comunidad “bastión”, Kingston, Jamaica, octubre de 2007

DENEGACIÓN DE SEGURIDAD: DESALOJOS FORZOSOS

En las áreas que reciben el calificativo de “asentamientos precarios”, por lo general no se cumplen las condiciones que el derecho internacional de los derechos humanos estima exigibles para considerar una vivienda adecuada. A pesar de ello, muchos gobiernos no adoptan ni siquiera las medidas mínimas e inmediatas necesarias para garantizar el derecho de las personas a una vivienda adecuada. En su lugar, se dedican a expulsar a las personas de sus hogares sin respetar el debido proceso legal ni las garantías establecidas en las normas internacionales, y sin ofrecer alternativas adecuadas.

Los desalojos forzosos constituyen una violación de los derechos humanos que los gobiernos están obligados a prohibir e impedir. Las personas que viven en asentamientos precarios la sufren de forma cotidiana y viven bajo su amenaza constante. Los gobiernos cada vez recurren con mayor frecuencia a los desalojos forzosos masivos. Numerosos asentamientos precarios son demolidos para dejar espacio al desarrollo urbano, como ocurre en Angola y Camboya, para proyectos de embellecimiento de las ciudades, o durante los preparativos con motivo de eventos internacionales, como las Olimpiadas en Pekín. En estos casos, como afirma el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU - Hábitat): “Las víctimas de los desalojos son siempre los pobres; los grupos de población más pudientes casi nunca sufren desalojos forzosos y jamás desalojos masivos”.

Un desalojo forzosoconsiste en hacer salir contra su voluntad a personas de los hogares o las tierras que ocupan sin ofrecerles protección legal y otras salvaguardias. No todo desalojo llevado a cabo por la fuerza es un desalojo forzoso: con las salvaguardias adecuadas, un desalojo legal en el que se hace uso de la fuerza no viola la prohibición de llevar a cabo desalojos forzosos.

Los desalojos forzosos con frecuencia van acompañados del uso de fuerza excesiva por parte de la policía u otros agentes. Otras violaciones de derechos humanos documentadas en el curso de desalojos forzosos son violaciones, arrestos y detenciones arbitrarios, torturas y homicidios ilegales.

Los efectos de los desalojos forzosos son catastróficos, especialmente para las personas que sufren este abuso repetidamente. A menudo las víctimas de los desalojos pierden sus pertenencias, las redes sociales y el acceso al trabajo y a la educación, entre otros servicios. Las personas pueden quedar sin hogar o verse condenadas a vivir en peores condiciones que las que soportaban hasta entonces. Las mujeres sufren desproporcionadamente debido a la discriminación de género generalizada en los derechos a la propiedad.

DENEGACIÓN DEL ACCESO A SERVICIOS Y RECURSOS

Debido a que los asentamientos precarios se consideran fuera de la legalidad, con frecuencia quienes viven en ellos no disfrutan de las mismas protecciones y servicios públicos que el resto de los ciudadanos y que exige el derecho internacional de los derechos humanos. Numerosas personas que viven en asentamientos precarios alquilan sus hogares a propietarios de terrenos o promotores privados. Algunas pagan rentas desproporcionadamente elevadas por viviendas inadecuadas y en las que se hacinan un número excesivo de personas debido a que la legislación en materia de alquiler a menudo no se aplica en zonas que las autoridades consideran como “no regularizadas”.

Se calcula que entre el 30 y el 50 por ciento de los residentes en áreas urbanas de los países en desarrollo carecen de documentos legales que garanticen su seguridad de tenencia, según un informe realizado por ONU-Hábitat que cubre el periodo 2006/2007. Esta ausencia de documentación y reconocimiento formal de domicilio no sólo incrementa el riesgo de ser víctimas de un desalojo forzoso, sino que también restringe el acceso a créditos, servicios públicos y empleo formal.

Los habitantes de los asentamientos precarios con frecuencia viven en áreas urbanas –o en sus alrededores– que cuentan con buen acceso a servicios de salud, educación y de otro tipo. Estos servicios, sin embargo, no se distribuyen de un modo uniforme: los habitantes de los asentamientos precarios tienen un acceso mucho menor a ellos que los residentes en otras áreas, a pesar de su proximidad a los proveedores de servicios. A consecuencia de ello, los índices de desnutrición y de mortalidad infantil entre los habitantes de los asentamientos precarios con frecuencia son comparables a los de la población de las áreas rurales, según ONU-Hábitat.

La falta de reconocimiento formal de los asentamientos precarios también excluye a sus residentes de los procesos de planificación y presupuestación en relación con futuros servicios.

En contra de lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos, muchos Estados no asignan prioridad a las personas más vulnerables cuando se trata de asignar recursos. Los Estados también deben dar prioridad a la realización de los derechos humanos, proporcionando educación básica gratuita, asistencia de salud esencial, así como el acceso a servicios de agua potable para uso doméstico y a un nivel básico de alimentos necesario para prevenir el hambre. La prestación de estos servicios es una cuestión de derechos humanos, que los gobiernos deben garantizar sin discriminación de ninguna clase.

Escuela primaria de Mashimoni Squatters en el asentamiento precario de Kibera, Nairobi, Kenia. Con 528.000 residentes, según el censo realizado en 1999, Kibera es el “asentamiento informal” más grande de Nairobi, con sus nueve “pueblos” comprimidos entre el centro de la ciudad y los suburbios ricos de Karen, Lang’ata y Lavington, reservados en la época colonial a los europeos. © Crispin Hughes/PANOS

La tendencia global hacia la privatización de los servicios públicos entraña el riesgo de que los gobiernos renuncien a gran parte de su responsabilidad en la supervisión de la provisión de educación, salud y agua. La falta de regulación de los mercados puede significar que las empresas del sector privado carezcan de incentivos para dar servicio a las comunidades con un nivel bajo de ingresos.

En Nairobi, Kenia, el Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos (COHRE) destacó que aunque el 55 por ciento de la población de la ciudad vivía en asentamientos informales, estos residentes quedaban excluidos de los procesos de planificación y presupuestación a nivel municipal. Aunque varias conducciones de agua atraviesan Kibera, un asentamiento precario de gran extensión situado al suroeste del centro de Nairobi, sus habitantes se ven obligados a comprar agua a comerciantes que les cobran un precio entre 3 y 30 veces superior al normal.

La ubicación de muchos asentamientos precarios en áreas de riesgo para la salud o contaminadas, la falta de vivienda duradera y el acceso inadecuado a agua potable y saneamiento son factores que contribuyen a incrementar el riesgo de enfermedad. La ausencia de saneamiento adecuado, por ejemplo, hace que muchas personas tengan que utilizar “letrinas colgantes” (tenderetes hechos de madera o trapos, a menudo suspendidos sobre cursos de agua abiertos o fosos de lodo) o “retretes volantes” (pequeñas bolsas de plástico que usan los residentes para deshacerse de sus excreciones).

La ausencia de servicios de asistencia médica básica y secundaria en muchos asentamientos precarios, los traslados y su coste, así como la exclusión de toda persona que carezca de documentos en regla, obstaculizan el acceso a los cuidados de salud. Sólo entre el 10 y el 20 por ciento de las mujeres que viven en los asentamientos precarios de Kenia, Malí, Ruanda y Uganda son atendidas durante el parto por personal médico cualificado, mientras que el porcentaje se eleva al 68-86 por ciento en zonas urbanas no marginales, según el informe Estado de la Población Mundial 2007del Fondo de Población de la ONU.

De un modo similar, la ausencia de centros de educación primaria y secundaria en los asentamientos precarios o en sus cercanías, los costes asociados a la educación y la negativa a admitir a niños cuya vivienda no sea oficial restringen gravemente el acceso a la educación.

La ausencia de documentación oficial no sólo hace vulnerables los hogares de las personas. También puede afectar negativamente a su capacidad para acceder al sistema público de distribución de alimentos, así como a las prestaciones de seguridad social y de otro tipo. Con frecuencia, a las personas que viven en asentamientos precarios y carecen de documentos oficiales también se les niega el derecho a participar en la vida pública a través del voto.

A primera hora de la mañana del 24 de enero de 2009, unos 250 efectivos de las fuerzas de seguridad de Camboya y trabajadores encargados de la demolición utilizaron gas lacrimógeno y amenazaron con emplear la violencia para desalojar de sus hogares a cientos de familias de la comunidad de Dey Kraham, en el centro de Phnom Penh. A las seis de la mañana entraron en acción las excavadoras e hicieron desaparecer el asentamiento. Trabajadores de derechos humanos informaron de que 152 familias que vivían de forma permanente en el lugar y hasta 250 residentes temporales perdieron sus hogares. Algunas personas ni siquiera tuvieron tiempo de sacar sus pertenencias de las casas.

En un principio las autoridades de Phnom Penh proporcionaron alojamiento a menos de 30 familias en un lugar designado para su reubicación, en la comuna de Cham Chao, distrito de Dangkor, a unos 16 kilómetros del centro de la ciudad. Cuando llegaron, las familias se encontraron con que el lugar carecía de agua potable, electricidad, saneamiento y servicios básicos. La mayoría de las estructuras se encontraban en construcción y no tenían tejado.

La empresa que al parecer había comprado los terrenos de Dey Kraham retiró las ofertas de indemnización que había hecho con anterioridad.

Una familia desalojada por la fuerza de su hogar en la calle 202 de Phnom Penh, capital de Camboya, a la entrada de su vivienda en Chambok Thom, uno de los muchos reasentamientos inadecuados cerca de la ciudad, febrero de 2008 © Amnistía Internacional

DENEGACIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA PROTECCIÓN

La percepción negativa de las personas que viven en los asentamientos precarios ha contribuido directamente a un grave deterioro de la seguridad pública en estas comunidades. Los habitantes de estos barrios tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia a manos de la policía y de las bandas de delincuentes. Cuando se facilita protección policial, con frecuencia es muy limitada. En asentamientos precarios de Brasil, Jamaica y Kenia, Amnistía Internacional ha documentado casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en el curso de sus operaciones, homicidios ilegales y en algunos casos ejecuciones extrajudiciales.

En Brasil, las incursiones policiales a gran escala en los barrios de favelashan ido acompañadas de registros indiscriminados y abusivos autorizados por órdenes judiciales colectivas que permiten a la policía actuar contra la comunidad en su conjunto. Las mujeres también han sido víctimas de abusos verbales, físicos y sexuales a manos de la policía. En Brasil y Jamaica hay testimonios de personas que afirman que la policía les faltó al respeto y mostró una actitud prejuiciosa, despectiva y discriminatoria debido a la percepción de que todos los miembros de la comunidad son delincuentes o cómplices de algún delito.

A menudo la incidencia de los delitos violentos es desproporcionadamente alta en los asentamientos precarios, debido a que el Estado no garantiza la seguridad pública. En 2006, por ejemplo, los datos oficiales relativos a la ciudad de São Paulo mostraban una acusada diferencia entre el índice de homicidios en el distrito pobre de Brasilândia (46,24 por cada 100.000) y el del barrio más acomodado de Vila Mariana (14,95 por cada 100.000).

Esta dejación de responsabilidad por parte del Estado y la falta de protección estatal para las comunidades marginales de Brasil y Jamaica ha permitido que las bandas de delincuentes y narcotraficantes se hayan hecho con el control de prácticamente todos los aspectos de la vida. Así, los residentes pueden verse obligados a permanecer en sus casas durante los toques de queda impuestos por las bandas o no pueden acudir a escuelas, lugares de trabajo o centros de salud cercanos, si están situados en el territorio de una banda rival. Además, si ellos o sus familiares contravienen las normas impuestas por estos grupos pueden ser castigados violentamente. Los residentes también pueden sufrir violencia o intimidación por parte de los “arrendadores” o sus agentes en relación con el pago de las rentas.

En varios casos, residentes de asentamientos precarios que intentaron denunciar delitos o presentar quejas sobre la conducta de funcionarios públicos han informado de que encontraron dificultades para que sus casos fuesen registrados, investigados o enjuiciados. En ocasiones puede negarse el acceso a un recurso efectivo y significativo, una de las obligaciones clave del Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Los recursos existentes también pueden ser inefectivos a la hora de proporcionar reparación a las víctimas, incluidas indemnización o rehabilitación.

“No aguantamos más perder amigos, familiares y niños por la violencia armada. Es urgente cambiar este escenario de muerte.”

Hércules Mendes, presidente de la asociación de vecinos de Caracol, Complexo de Penha (barrio marginado de favelas de Río de Janeiro azotado por la violencia policial y de las bandas de delincuentes), marzo de 2007

VOCES DESOÍDAS

Las personas que viven en asentamientos precarios forman parte de la ciudad en la misma medida que el resto, aunque a menudo se viola su derecho a participar en los procesos de planificación y presupuestación. La participación de estas comunidades es fundamental para abordar la discriminación que sufren y para garantizar su derecho a obtener recursos y servicios. Esta falta de reconocimiento formal y la discriminación abierta de que son víctimas significa que los habitantes de los asentamientos precarios no tienen voz en los foros donde se decide el desarrollo futuro de sus comunidades. Cuando se niega de esta manera la participación, la inseguridad aumenta y a menudo se generan modos de actuación policial discriminatorios y obstáculos para acceder a la justicia.

POR QUÉ ES NECESARIO ACTUAR

La escala de las violaciones de derechos humanos que sufren las personas que viven en asentamientos precarios es impresionante, tanto por el número de personas afectadas como por el efecto que en conjunto tienen en sus vidas. Los gobiernos no han abordado estos problemas ni en el ámbito nacional ni en el internacional. Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio se encuentra el de mejorar las vidas de 100 millones de personas que viven en asentamientos precarios antes de 2020. Sin embargo, este objetivo ignora las necesidades de los otros 1.300 millones que, según estimaciones conservadoras, habitarán en asentamientos precarios para entonces. Incluso si la población actual de los asentamientos precarios no crece al ritmo previsto, la comunidad internacional se ha comprometido a mejorar las vidas de sólo una de cada 10 personas cuya vivienda es insegura e inadecuada. Los 900 millones restantes seguirán sufriendo las violaciones de derechos humanos que acompañan a la vida en los asentamientos precarios.

Los asentamientos precarios son consecuencia de la negligencia y la discriminación de los gobiernos y otros agentes. Numerosas organizaciones comunitarias, así como ONG y agencias nacionales e internacionales han trabajado durante décadas para garantizar que los gobiernos responden individual y colectivamente a los retos que supone mejorar las vidas de los habitantes de los asentamientos precarios. Amnistía Internacional, a través de la campaña Exige Dignidad, se une a estas organizaciones para abordar las violaciones de derechos humanos que sufren las personas que viven en asentamientos precarios, una de las manifestaciones más claras de que las violaciones de derechos humanos son al mismo tiempo causa y consecuencia de la pobreza.

La protección de los derechos humanos debe estar en el centro de los esfuerzos para erradicar la pobreza. Este documento pone de manifiesto no sólo cómo se priva a las personas que viven en los asentamientos precarios de recursos básicos, sino también la inseguridad que padecen, cómo se las excluye del acceso a los servicios y procesos y cómo son ignoradas por los que están en el poder. Mediante el enfoque de derechos humanos el debate sobre la pobreza deja de estar centrado en aquello de lo que la gente carece (recursos) para centrarse en aquello que ya tiene (dignidad y derechos humanos). También exige a los gobiernos y a otros agentes que en los planteamientos que adopten en relación con la pobreza y los asentamientos precarios respeten el derecho internacional y la dignidad humana básica.

EXIGE DIGNIDAD

• ACCIÓN INMEDIATA

• Poner fin a los desalojos forzosos

Los gobiernos deben tomar todas las medidas necesarias para prohibir e impedir los desalojos forzosos, promulgando leyes y adoptando políticas conformes al derecho internacional de los derechos humanos.

• Garantizar a las personas que viven en los asentamientos precarios el acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos

Los gobiernos deben luchar contra la discriminación directa e indirecta de las personas que viven en asentamientos precarios. Las leyes y disposiciones que tengan un efecto discriminatorio deben revisarse, reformarse o derogarse. Los gobiernos deben garantizar a las personas que viven en asentamientos precarios el acceso en condiciones de igualdad a servicios de agua, saneamiento, asistencia médica, vivienda y educación, así como una actuación policial justa y efectiva.

• Permitir y garantizar la participación activa de las personas que viven en los asentamientos precarios en todos los planes y proyectos dirigidos a mejorar su situación.

Los gobiernos deben poner fin a la represión contra los habitantes de los asentamientos precarios y las personas que trabajan con ellos. Deben adoptar medidas efectivas y eliminar los obstáculos existentes de modo que se garantice su participación activa en los procesos de mejora, planificación y presupuestación que afecten a sus vidas directa o indirectamente. Las iniciativas que persigan la mejora de la situación de estas personas, así como los programas y políticas de vivienda que se adopten deben ser acordes con las normas internacionales de derechos humanos, en especial las relacionadas con el derecho a una vivienda adecuada.

DEMANDDIGNITY.AMNESTY.ORG

Amnistía Internacional es un movimiento global integrado por 2,2 millones de personas de más de 150 países y territorios que trabajan para poner fin a abusos graves de los derechos humanos.

La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional es independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. La financiación del movimiento se sustenta, en gran medida, en la generosidad de aquellas personas que contribuyen en todo el mundo con sus cuotas de afiliación o sus donaciones.

DERECHOS HUMANOS=MENOS POBREZA

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

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Reino Unido

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Mayo de 2009

Índice: ACT 35/004/2009