Acciones Urgentes	Público Diciembre de 2003 Índice AI: ACT 60/009/2003/s
en Detalle

Irene Khan en el lugar en el que se recuerda a las víctimas © AI

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ACCIONES URGENTES EN DETALLE

En el boletín Acciones Urgentes en Detalle analizamos en profundidad algunas de las historias personales que han sido objeto de Acciones Urgentes de AI.

En la presente edición, recogemos los testimonios de una monja budista del Tíbet, de un preso de conciencia sirio y de un ciudadano canadiense que estuvo condenado a muerte en Arabia Saudí. Analizamos asimismo la traumática experiencia que viven las familias de mujeres y niñas asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez y las actuación de las redes de AU en favor de los «desaparecidos» en Nepal.

En próximas ediciones del boletín Acciones Urgentes en Detalle se incluirá un artículo que podrá transmitirse al público general.

ÉXICO

Las familias reclaman justicia

para sus seres queridos

Cuando la encontramos, el cuerpo de mi hija hablaba de todo lo que le habían hecho.

Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, 2002.

El 21 de febrero de 2001, Lilia Alejandra García, de 17 años de edad y empleada en una maquiladora (fábrica), fue hallada muerta cerca de Ciudad Juárez. La habían estrangulado, y después habían envuelto su cadáver en una manta y se habían deshecho de él. En los últimos 10 años, más de 370 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua. Al menos 137 de las víctimas habían sido agredidas sexualmente antes de su muerte. Según las autoridades, más de 70 jóvenes siguen desaparecidas, aunque las organizaciones locales de mujeres creen que esta cifra podría ser muy superior.

Marcela Viviana Rayas, de 16 años de edad, fue hallada muerta en un lugar solitario cerca de la ciudad de Chihuahua. Sus familiares habían denunciado su desaparición el 16 de marzo de 2003. Era la octava joven desaparecida en la ciudad de Chihuahua desde diciembre de 2002. El 17 de febrero de 2003 se hallaron los cadáveres semidesnudos de Esmeralda Juárez, Juana Sandoval Reyna y Violeta Mabel Alvidrez, de 16, 17 y 18 años respectivamente, próximos entre sí entre montañas de basura en un vertedero de la ciudad de Chihuahua (véase la AU 36/03, AMR 41/005/2003, del 7 de febrero de 2003 y sus actualizaciones).

Marcela Viviana Rayas © Particular

Al igual que la mayoría de las víctimas, eran mujeres jóvenes o adolescentes con escasos recursos económicos. También han sido asesinadas estudiantes, empleadas en las fábricas o maquiladoras (plantas de montaje establecidas por empresas multinacionales) y trabajadoras tanto en actividades legales como en el sector de la economía sumergida. Apenas empezaban a vivir. En palabras de sus madres, hermanas, profesores y amigos «querían salir adelante». El lugar marginado que ocupaban en la sociedad ha supuesto que sus muertes hayan tenido poca repercusión fuera de su círculo familiar.

En agosto de 2003, Amnistía Internacional presentó el informe México. Muertes Intolerables: 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua (AMR 41/026/2003), centrado en el alarmante cuadro de violencia de que son objeto las mujeres y niñas de corta edad en el país y en el incumplimiento por parte de las autoridades mexicanas de su deber de proteger a algunos de los miembros más vulnerables de la sociedad mexicana. La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, presentó el citado informe a las autoridades mexicanas, a los familiares de las víctimas y a los medios de comunicación nacionales e internacionales en el curso de una visita realizada al país del 9 al 14 de agosto de 2003.

El informe se presentó simultáneamente en Ciudad Juárez y Ciudad de México. Contenía tres mensajes dirigidos expresamente a las autoridades, incluido el presidente Vicente Fox, a saber: 1) la necesidad de una intervención decisiva por parte de las autoridades federales a fin de garantizar la administración de justicia en el estado de Chihuahua; 2) la necesidad de implantar un mecanismo judicial independiente para la supervisión de aquellas causas en las cuales los presuntos delincuentes han denunciado infracciones de las debidas garantías procesales y de su derecho a recibir un juicio justo (por ejemplo, alegando torturas); y 3) la necesidad de que se reconozca públicamente la legitimidad y la dignidad de la lucha por que se haga justicia emprendida por las familias de las víctimas y los activistas de los derechos humanos que defienden su causa.

Tras la publicación del citado informe y debido a la gran presión ejercida por la comunidad internacional, las autoridades federales anunciaron una serie de medidas potencialmente importantes. Entre éstas cabe mencionar la creación de una Fiscalía Mixta de investigación, integrada por miembros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y del servicio de procuración de justicia del estado de Chihuahua con el cometido de investigar los asesinatos cometidos en Ciudad Juárez. Además, se ha previsto la designación de un comisario encargado de coordinar la participación del gobierno federal en las tareas de esclarecimiento de los asesinatos y secuestros. Aunque Amnistía Internacional acoge con satisfacción estas iniciativas, hará un seguimiento de su eficacia.

Pese al avance que algunas de estas medidas pueden suponer, las autoridades no se han comprometido a estudiar los casos de mujeres secuestradas y asesinadas. Norma Ledesma, cuya hija Paloma Escobar Ledesma fue hallada muerta en mayo de 2002, es una de las personas que han denunciado esta situación y así, en la conferencia de prensa ofrecida en Ciudad de México con motivo de la presentación del informe citado supra, señalaba: «No nos han contado más que mentiras, eso es todo [...]. No representamos nada para las autoridades».¹

Paloma Escobar Ledesma © Particular

Otras familias no están en absoluto satisfechas con la respuesta de las autoridades a su problema, especialmente con la reacción de las autoridades del estado de Chihuahua. Sus críticas han provocado que estas familias sean objeto de una campaña de intimidación y difamación. Es el caso, por ejemplo, de Evangelina Arce, cuya hija Silvia Arce desapareció en Chihuahua en 1998, y Marisela Ortiz miembro de la ONG Nuestras Hijas de Regreso a Casa, quienes fueron objeto de amenazas e intimidación en octubre de 2003 (véanse la AU 123/03, AMR 41/019/2003, del 6 de mayo de 2003 y la AU 322/03, AMR 41/049/2003, del 10 de noviembre de 2003).

Así pues, con el apoyo de la comunidad internacional, incluidos miles de miembros de Amnistía Internacional, las familias de las víctimas y diversas ONG prosiguen su lucha en pos de la justicia movilizándose en los planos nacional e internacional. El 20 de octubre de 2003, familiares de las víctimas y diversas ONG, entre las que se encontraba Amnistía Internacional, participaron en una conferencia titulada La situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: el derecho a no ser objeto de violencia y discriminación, organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ella se hizo hincapié en que los secuestros y homicidios de mujeres y jóvenes en Ciudad Juárez y Chihuahua no han cesado: el pasado septiembre se halló un cadáver al que se practicó la prueba de ADN confirmándose que se trataba de Diana Yasmín García Medrano, de 18 años de edad (véase la acción emitida por la WARN el 6 de junio de 2003); además, sigue preocupando la seguridad de la estudiante Judith Urías, de 14 años, que fue vista por última vez el 9 de marzo en la ciudad de Chihuahua.

A lo anterior hay que añadir que las autoridades no han aclarado los procedimientos seguidos para abordar estos casos y que las denuncias de torturas realizadas por los presuntos autores de estos delitos, que alegan haber sido torturados para confesar su autoría, siguen minando la credibilidad del sistema de justicia del estado de Chihuahua. Miguel David Mesa, primo de una joven desaparecida llamada Neyra Azucena Cervantes, fue detenido en Chihuahua en mayo de 2003. Según los informes, la detención fue ilegal y el detenido fue torturado para obligarlo a confesarse autor del asesinato. En agosto, Amnistía Internacional recibió noticias sobre otros dos casos de presuntas torturas a detenidos. Cynthia Kicker y su esposo, Ulises Perzabal, fueron acusados del secuestro y asesinato de Marcela Viviana Rayas. En este caso, pese a la insistencia de las autoridades, sigue habiendo dudas sobre la identidad del cadáver hallado el 28 de mayo de 2003 en Chihuahua. No se ha practicado aún una prueba de ADN para confirmar si el cadáver hallado es el de Marcela Viviana Rayas.

No merecemos este trato ni este dolor que sentimos todos los días, sólo estoy pidiendo que busquen a mi hija y que se haga justicia.

Eva Arce, madre de Silvia Arce.

Las familias de víctimas de secuestros y asesinatos a menudo se sienten solas ante la pasividad de las autoridades, que no se toman en serio la preocupación suscitada por la ausencia de sus seres queridos. Las Acciones Urgentes y la solidaridad que demuestran a través de ellas personas de todo el mundo contribuyen sobremanera a ejercer presión sobre las autoridades y a transmitir a las familias de las víctimas la idea de que no están solas. Todavía queda mucho por hacer para acabar con la discriminación y la violencia contra las mujeres y las jóvenes en Ciudad Juárez y Chihuahua. La lucha en pos de la justicia para las víctimas y sus familias continúa. Cada carta de llamamiento pone de manifiesto nuestro empeño por acabar con la violencia existente y el dolor que provoca a quienes han perdido a un ser querido.

Si desean mostrar su solidaridad con las mujeres y las jóvenes de Ciudad Juárez y Chihuahua, visiten: http://web.amnesty.org/pages/mex-251103-action-esl

ARABIA SAUDÍ
Ciudadanos extranjeros denuncian haber sido torturados bajo custodia

«Pasé el mes siguiente, todos los santos días, aterrorizado; aterrorizado de que me mataran a golpes y del dolor constante, hasta que llegó el momento en que la idea de ser decapitado me pareció buena», declaraciones del ex detenido William Sampson a la cadena CBC News.

En febrero de 2001, el ciudadano canadiense William Sampson, los británicos Alexander Mitchell, James Patrick Lee, James Cottle y Les Walker, y el belga Raf Schyvens, fueron obligados a aparecer en la televisión saudí «confesándose» autores de un atentado con bombas perpetrado en Riad en noviembre de 2000. Con posterioridad, los hombres se retractaron de sus confesiones, asegurando que les habían sido extraídas mediante torturas. Un sexto hombre, Peter Brandon, que no apareció en televisión, fue también hallado culpable y condenado en un juicio celebrado en secreto que distó mucho de cumplir las normas internacionales de justicia procesal.

El 8 de agosto de 2003, William Sampson y Alexander Mitchell, que habían sido condenados a muerte, fueron liberados de la prisión al Ha’ir en Arabia Saudí tras concederles el indulto el rey Fahd bin ‘Abdul ‘Aziz Al Saud. Ese mismo día, recibieron también el indulto y quedaron en libertad Raf Schyvens, James Patrick Lee, James Cottle, Les Walker y Peter Brandon, que habían sido condenados a largas penas de prisión que oscilaban entre los 8 y los 18 años. En declaraciones de la embajada de Arabia Saudí en Londres a la prensa en relación con la liberación de los detenidos se comunicaba que el rey Fahd había ordenado: «la condena que cumplen estos presos ha de ser rebajada; así, se considerará suficiente castigo el tiempo que han pasado ya en prisión y pondrán quedar en libertad».

Tras su liberación, algunos de los hombres hablaron a la prensa internacional sobre su experiencia y las torturas a las que habían sido sometidos. Según ha publicado el periódico británico The Guardian, Alexander Mitchell narró lo siguiente: «Me tuvieron despierto durante nueve días, encadenado a la puerta de mi celda para que no pudiera dormirme ni sentarme. Por la noche me cubrían la cabeza y me llevaban encadenado a un piso superior, a una de las salas de interrogatorio donde las palizas se intensificaban hasta constituir torturas. Las palizas empezaban con puñetazos, patadas, escupitajos y concluían propinándome golpes con palos. [Mis captores] me golpeaban las plantas de los pies con el mango de un hacha».

En una entrevista concedida a la cadena de noticias canadiense CBC News, William Sampson afirmó: «Me colgaron cabeza abajo y me golpearon en los costados, los pies y el escroto. El dolor que causa es increíble. Sentía como si todo mi cuerpo estuviese a punto de explotar […] en algunas partes del cuerpo uno siente como si le hubiesen prendido fuego, de lo inflamadas y doloridas que están. Para asegurarse de mantenerme controlado me obligaban a observar cómo golpeaban a Sandi Mitchell. Eso sigue inquietándome. Es algo que sigue costándome recordar sin alterarme».

Durante el tiempo que estos presos permanecieron cautivos, numerosas organizaciones entre las que se encontraba Amnistía Internacional se movilizaron en su nombre (véase la AU 35/01, MDE 23/002/2001, del 6 de febrero de 2001 y sus actualizaciones).

Varios hombres, entre ellos Sandi Mitchell y William Sampson, se han puesto en contacto con Amnistía Internacional tras su liberación y han dado las gracias a cuantos trabajaron en su caso por su ayuda y su apoyo.

SIRIA
Un ex preso de conciencia visita Amnistía Internacional

«Vengo de un país en el que se violan los derechos humanos fundamentales, en el que se tortura a los presos políticos hasta matarlos, en el que se practican detenciones arbitrarias, en el que hay centenares de presos políticos que no han sido juzgados...»

Riad al-Turk muestra la AU emitida

Riad al-Turk, de 73 años, ex primer secretario del Comité Político del Partido Comunista de Siria, ha sido preso de conciencia gran parte de su vida adulta y estuvo recluido en régimen de incomunicación durante casi 18 años. Su encarcelamiento, su tortura y su precario estado de salud fueron objeto de numerosas Acciones Urgentes de Amnistía Internacional a lo largo de los años. El pasado septiembre visitó las oficinas de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, donde fue entrevistado por miembros de AI.

La experiencia de Riad al-Turk en cuestión de cárceles y métodos de tortura en Siria abarca medio siglo. Apenas tenía 22 años la primera vez que lo detuvieron, allá por el año 1952, por pertenecer al Partido Comunista. Lo mantuvieron recluido durante varios meses y lo torturaron.

«La tortura —dice— fue suave comparada con la que sufrí más tarde [...]. Entonces las fuerzas de seguridad sólo usaban dos habitaciones del palacio [...]. Ahora hay castillos, mazmorras con capacidad para un número ilimitado de presos».

En 1960, durante el auge del movimiento nacionalista árabe encabezado por el presidente egipcio Gamal ‘Abd al-Nasser, volvieron a detenerlo, torturarlo y encarcelarlo, esta vez por oponerse a la unidad de Siria y Egipto. «Las fuerzas de seguridad egipcias introdujeron métodos de tortura mucho peores —afirma—. La falaqa (golpes en las plantas de los pies), por ejemplo [...] y se produjeron muertes bajo custodia a consecuencia de ello».

Su periodo más largo de encarcelamiento fue el que comenzó en octubre de 1980, cuando lo detuvieron por ser miembro del Comité Político del Partido Comunista de Siria y por su vehemente oposición a la presencia de Siria en el Líbano. Volvieron a torturarlo y de nuevo los métodos fueron más duros que las veces anteriores. Pasó la mayor parte de los 18 años siguientes recluido en solitario, su salud se deterioró gravemente, y contrajo diabetes y problemas cardiacos y renales.

¿Cómo logró sobrevivir? «Tienes que olvidarte del mundo exterior —dice—, y encontrar formas de matar el tiempo para que no sea el tiempo el que te mate». Sin libros, sin pluma y sin papel, recurrió a las piedrecitas que encontraba en la sopa de lentejas, que le servían a diario. Las coleccionaba para formar en el suelo dibujos cada vez más complejos y artísticos. También inventó ejercicios físicos para sus dos metros cuadrados de celda.

Su esposa, Asmah al-Feisal, que es médico y estuvo encarcelada durante 20 meses entre 1980 y 1982, le dijo a Amnistía Internacional: «Pasamos 13 años sin verlo, sin ni siquiera saber con certeza dónde estaba». En cualquier caso, no dejó de recopilar todos los documentos que se escribieron en apoyo a su esposo mientras éste estuvo en prisión.

Riad al-Turk se benefició de una amnistía decretada en 1998, cuando tenía 68 años. Dos años después, el nuevo presidente, Bashar al-Asad, pareció levantar la tapa de la represión. Fomentó el debate político, puso en libertad a presos políticos y prometió reformas. Durante lo que pasó a conocerse como «la primavera de Damasco», miles de personas, entre ellas Riad al-Turk, participaron por todo el país en animados foros políticos. Fue entonces cuando se reanudaron las detenciones políticas. Riad al-Turk fue detenido en septiembre de 2001 y posteriormente condenado a dos años de prisión, pena de la que cumplió 15 meses.

Las angustiosas vivencias de Riad al-Turk no han mermado su actividad ni su rebeldía. Sigue decidido, dice él, a «luchar por la libertad, la justicia y la democracia».

«La humanidad necesita hoy a Amnistía Internacional más que en cualquier otro momento de su historia, porque las violaciones de derechos humanos no son sólo cosa de regímenes autoritarios», comunicó Riad al-Turk a AI. Además, habló con gratitud de la solidaridad que le mostraron los miembros de Amnistía Internacional a él y a otros presos de las cárceles sirias: «El apoyo de Amnistía Internacional fue como una vela que alumbró la oscuridad de la celda y dejó una chispa viva y nítida en nuestras almas».

Riad al-Turk nunca vio ninguna de las Acciones Urgentes escritas a su favor pero ha manifestado: «Me gustaría dar las gracias a Amnistía Internacional por el trabajo realizado a mi favor y por su labor a lo largo de los años en pro de la liberación de todas las personas recluidas en cárceles de Siria, especialmente de quienes se encuentran gravemente enfermas».

Información extraída de un artículo publicado en La Revista (The Wire) (Número 64.
diciembre 2003 - enero 2004), cuyo texto íntegro pueden consultar en la siguiente dirección:

http://www.amnistiainternacional.org/revista/rev64/articulo12.html.

FEDERACIÓN RUSA

La Red de AU actúa para conseguir «Justicia para todos»

A lo largo del año pasado, cientos de miles de activistas, entre quienes había miembros de la Red de AU, participaron en la campaña mundial de AI contra las peores violaciones de derechos humanos cometidas en la Federación Rusa.

Un menor sostiene una pancarta con el lema «Dad pasaportes a los niños
© Escuela de la Paz

Durante toda la campaña, los miembros de AI han trabajado para atraer la atención de la comunidad internacional sobre determinados cuadros de injusticia general y para alentar a las autoridades rusas a cumplir sus obligaciones internacionales. La actuación de AI se ha centrado en tres aspectos principales: las violaciones de derechos humanos de que son objeto las minorías étnicas y nacionales, la violencia contra las mujeres, y los derechos del niño. El conflicto actual en Chechenia también resultó ser otro aspecto de interés para la acción y la captación de apoyos.

En marzo de 2003, AI presentó el informe «Dokumenty!». Discriminación por motivos raciales en la Federación Rusa (Índice AI: EUR 46/001/2003). Tras la presentación se celebró una mesa redonda de debate en la que participaron AI y diversas ONG, tras la cual se envió un llamamiento conjunto al presidente Putin en nombre de ciudadanos de la antigua Unión Soviética a quienes se ha negado su derecho a la ciudadanía a través de prácticas y leyes discriminatorias. En el llamamiento conjunto se dejaba claro que AI estaba haciendo campaña sobre cuestiones de importancia primordial para la sociedad civil de la Federación Rusa.

Los activistas de AI también abordaron la discriminación por motivos raciales en mayo de 2003, cuando pidieron que se investigara el ataque racista que tuvo lugar en dos pueblos del Territorio de Krasnodar durante el mes anterior. Una treintena de miembros de minorías étnicas resultaron heridos durante el ataque. Este tipo de ataques son frecuentes en la Federación Rusa, y en rara ocasión se lleva ante los tribunales a sus autores, lo que hace que las minorías étnicas se sientan vulnerables y desprotegidas.

A raíz de los llamamientos efectuados por AI se abrió una investigación sobre los ataques y se celebraron varios encuentros entre autoridades locales y regionales. Conforme a la información de que dispone AI, una autoridad regional del Territorio de Krasnodar manifestó: «Incluso niños londinenses han enviado faxes al gobernador». Los llamamientos también propiciaron que diversos medios de comunicación se hicieran eco de estos hechos, entre ellos distintos canales de la televisión federal y el destacado diario ruso Izvestiya, en el que se decía: «Las autoridades locales han ocultado el incidente hasta ayer, cuando AI denunció los hechos». La organización sigue movilizándose sobre este caso (véase EUR 46/064/2003).

Quienes trabajan a favor de los derechos de las minorías étnicas también han sido objeto de acoso e intimidación. A principios de agosto de 2003, las autoridades del Territorio de Krasnodar sometieron a grandes presiones a la ONG «Escuela de la Paz», que trabaja en favor de los derechos de las minorías étnicas, a fin de dejara de hacer campaña en favor de la minoría mesjetia. A miles de mesjetios se les están negando los derechos que les reconoce la ley —entre ellos el de poseer la ciudadanía rusa—, en contravención de la legislación federal. El cierre de la «Escuela de la Paz» fue solicitado por el Ministerio de Justicia de Krasnodar el 22 de julio, sobre la base de que ya no empleaba a tres miembros fundadores, como exige la ley.

AI emitió una Acción Urgente (véase EXTRA 39/03, EUR 46/069/2003, del 12 de agosto de 2003) expresando preocupación por este presunto acoso a una ONG. Tras diversos aplazamientos, la vista judicial final de esta causa se celebró a principios de diciembre de 2003 y en ella se decidió que la organización debía ser clausurada por infringir sus propios estatutos. Con todo, la ONG «Escuela de la Paz» ha recurrido contra esta decisión y además ha elevado una instancia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En una carta enviada a AI, Vadim Karastelev, director de la «Escuela de la Paz», expresaba su gratitud por el apoyo recibido de nuestra organización y de otras organizaciones de derechos humanos. Además manifestaba que, según algunos de sus contactos, el Ministerio de Justicia del Territorio de Krasnodar, que inició las actuaciones judiciales contra la «Escuela de la Paz», siente el peso de la presión internacional y ha admitido en privado haber incurrido en defectos de forma al intentar clausurar el centro (véase EXTRA 39/03, EUR 46/069/2003, del 12 de agosto de 2003). AI sigue movilizándose sobre este caso.

Otras ONG de la región y de toda la Federación Rusa están siendo sometidas a una presión similar para que cesen sus actividades de defensa de los derechos humanos, lo que parece constituir una tendencia preocupante. Durante 2003, la división local de la organización mesjetia «Vatan» fue obligada a cerrar, y lo mismo ocurrió con el Centro de Derechos Humanos de Krasnodar. También se ha amenazado con el cierre a la organización «Yuzhnaya Volna» (Ola del Sur).

Los participantes de la Red de Acción Urgente se unieron a la campaña de AI en favor de los derechos de los niños de la Federación Rusa al responder a una acción urgente (véase la AU 285/02, EUR 46/035/2002) emitida a favor de Andrei Osenchugov y Aleksei Shishkin, quienes habían sido acusados de un robo cometido cuando eran menores de 18 años. AI expresó su temor ante la posibilidad de que hubieran sido torturados bajo custodia y de que corriesen peligro de sufrir nuevos malos tratos.

En agosto de 2002, Andrei Osenchugov y Aleksei Shishkin fueron declarados culpables de robo y condenados a ocho años de prisión. No obstante, se produjo una novedad importante en relación con el caso, ya que la fiscalía regional de Nizhni Novgorod abrió una investigación criminal sobre las denuncias de tortura y malos tratos realizadas por los menores. Se ha aludido a la presión internacional como uno de los principales factores que contribuyó a que se abriera dicha investigación.

En septiembre de 2003 se emitió una nueva Acción Urgente (véase la AU 274/03, EUR 46/061/2003) tras tenerse noticia a través de Viktor Osenchugov, padre de Andrei Osenchugov, de que su hijo y Aleksei Shishkin habían recibido la visita en el correccional de menores de Arzamass de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley que les pidió que firmaran solicitudes oficiales para cerrar el archivo de las actuaciones penales sobre las presuntas torturas y malos tratos. Según se ha dicho, cuando los jóvenes se negaron a firmar el agente les comunicó que serían trasladados nuevamente al centro de prisión preventiva de Nizhni Novgorod donde los obligarían a desistir de sus pretensiones. AI no ha tenido noticia de que se haya vuelto a amenazar o acosar a ninguno de los dos jóvenes detenidos tras la emisión de la acción urgente.

Muchas gracias a todos los miembros de la Red de AU que efectuaron llamamientos y ayudaron así a cambiar la situación en la Federación Rusa. Encontrarán más información y oportunidades de actuar en el sitio web de la organización: www.amnesty.org/russia.

NEPAL
Las Acciones Urgentes combaten el fenómeno de la «desaparición»

El 27 de agosto de 2003 se puso fin al acuerdo de alto el fuego entre el gobierno de Nepal y el Partido Comunista de Nepal (Maoísta). La reanudación del conflicto conllevó un alarmante incremento de las violaciones de derechos humanos, una ingente cantidad de detenciones y reclusiones arbitrarias y numerosas «desapariciones». Miembros de las fuerzas de seguridad sin uniformar, de quienes se sospecha que pertenecen al ejército, han tomado bajo su custodia a ciudadanos para «interrogarlos», prometiendo liberarlos «en breve». Pero la gran mayoría de estos detenidos han «desaparecido» acto seguido. Cuando sus familiares tratan de buscarlos, el ejército niega tenerlos bajo su custodia. Con todo, en alguna ocasión las familias han tenido noticia del lugar donde se hallan recluidos sus familiares a través de fuentes extraoficiales, lo que al menos les hace abrigar esperanzas de que sus seres queridos siguen vivos.

Ahora bien, pese al elevado número de detenciones practicadas, se empieza a ver que se producen liberaciones, y hay indicios de que la Red de AU de AI está contribuyendo de forma significativa a ello. Desde que se puso fin al acuerdo de alto el fuego, AI ha emitido acciones urgentes en favor de 110 individuos en Nepal, abordando 105 casos de «desapariciones» y otros 5 de torturas. Hasta la fecha, 24 de estos individuos han quedado en libertad.

Muchos de los liberados han denunciado haber recibido amenazas de miembros de las fuerzas de seguridad para que no contaran a nadie lo que les había sucedido bajo custodia. Así, muchos de ellos se han negado a hablar al temer por sus vidas, lo cual es comprensible. No obstante, otros pocos sí lo han hecho y han denunciado torturas diversas, como golpes propinados con cañas de bambú, patadas e intentos de ahogarlos en el agua. Un hombre denunció que estuvo varios días sin poder andar tras recibir una paliza especialmente dura.

Con todo, la Red de AU ha salvado a personas de sufrir esta suerte. Un individuo contó a AI que tras la emisión de una acción urgente sobre su «desaparición» cesaron las torturas a las que era sometido. Y no sólo eso, sino que la actitud del personal de las fuerzas de seguridad hacia él cambió y quedó en libertad al poco tiempo. En otro caso, un diplomático extranjero envió personalmente un mensaje de correo electrónico a AI dando las gracias a la Red de AU por su intervención en favor de una persona que había sido torturada durante una detención anterior, e indicando que habían contribuido a evitar que un hombre inocente fuese torturado por segunda vez.

La Red de AU sigue emitiendo acciones urgentes a un ritmo vertiginoso, pero la presión en Nepal sigue aumentando y otras instancias empiezan a percatarse de la situación. El 12 de noviembre de 2003, varios altos funcionarios de la ONU, entre quienes se hallaba el relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura (procedimiento especial creado por la Comisión de Derechos Humanos), Theo van Boven, realizaron una declaración en la que expresaban su profunda preocupación por los informes según los cuales decenas de personas se encuentran detenidas en secreto en Nepal y corren peligro de sufrir tortura y otros malos tratos. Haciendo alusión a las acciones urgentes de Amnistía Internacional, la declaración mencionaba: «En los últimos 12 meses, expertos han dirigido 31 llamamientos urgentes, en su mayoría conjuntamente, a las autoridades nepalíes en relación con la presunta detención de 56 personas en lugares desconocidos».

En relación con lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nepal hizo un llamamiento a los representantes de los mecanismos temáticos creados por la ONU para vigilar la situación de los derechos humanos, entre ellos al relator especial sobre la cuestión de la tortura y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. AI ha respaldado este llamamiento emitiendo su propio comunicado de prensa, así como un comunicado de prensa conjunto con la Asociación para la Prevención de la Tortura, Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura.

Gracias a los miembros de la Red de Acción Urgente se está logrando cambiar las cosas. Cuantos escribieron una carta o un fax a las autoridades nepalíes merecen que se les felicite por su gran esfuerzo. Con todo, la lucha por acabar con las torturas y las «desapariciones» en Nepal continúa. Por ello, les pedimos que sigan escribiendo llamamientos para continuar salvando vidas.

Si desean más información sobre esta cuestión, tal vez les interese leer el artículo publicado en: http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,3604,1065692,00.html.

TÍBET
Mi vida en la prisión de Drapchi

Ngawang Sangdrol, de 13 años de edad, formaba parte del grupo de jóvenes monjas budistas del convento de Garu que se unió a una manifestación pacífica en pro de la independencia para el Tíbet celebrada en agosto de 1990. En dicha ocasión, la policía china rodeó a los manifestantes y les golpeó con palos y barras de hierro. Ngawang nos ha contado sobre esta experiencia: «No les importaba que fueras un niño o un adulto [...]. Nos ataron del cuello con una cuerda , con las manos atadas a la espalda, y luego comenzaron a propinarnos patadas y golpes, no sólo a mí sino a todo el mundo». También utilizaron porras eléctricas contra los manifestantes.

Ngawang Sangdrol
muestra la AU sobre su caso ©AI

Ngawang Sangdrol quedó en libertad nueve meses después de su detención, pero volvieron a detenerla en 1992 por participar en otra manifestación pacífica y la condenaron a una pena de tres años en la prisión de Drapchi. Las condiciones de reclusión no eran demasiado malas al principio, según nos ha contado, pero fueron empeorando después de 1994. En el centro se aplicaba una disciplina férrea, según ha descrito: «En las celdas, por ejemplo, teníamos que hacer las camas prácticamente como si estuviéramos en el ejército, y seguidamente entraban para ver si había el menor fallo. Luego echaban todo al suelo y cuando ibas a recogerlo empezaban a darte patadas».

En el centro también se realizaban ejercicios de instrucción militar, en los que se obligaba a los reclusos a marchar al paso o a permanecer inmóviles de pie al sol durante horas. «Un ejercicio que teníamos que hacer consistía en permanecer de pie en la plaza y mirar al sol. Nos colocaban dos periódicos bajo las axilas, otro entre las piernas y a veces sobre la cabeza libros y en alguna ocasión un pequeño cubo con agua». Los guardias se aproximaban a los presos por detrás y les daban patadas o intentaban que se moviesen. «En cuanto uno se movía, comenzaban a golpearle, así que había que intentar a toda costa no moverse y no dejar caer los periódicos». Algunos presos se desmayaban, pero todo aquel que intentaba ayudarles recibía golpes.

Todos los presos eran obligados a trabajar. A Ngawang Sangdrol le asignaron labores en el invernadero. «En verano hacía un calor insoportable en el invernadero, pero no nos permitían quejarnos, ni mostrar nuestro disgusto al no querer matar los insectos». Las otras tareas realizadas en la prisión consistían en hilar lana y tejer jerséis. A las presas que no lograban concluir su tarea se las privaba de visitas familiares por lo que se veían obligadas a trabajar de noche para terminar las labores diarias asignadas.

En 1993, 14 de los monjas recluidas en la prisión de Drapchi grabaron en secreto canciones tibetanas en una cinta que sacaron a escondidas de la prisión. Cuando las autoridades lo descubrieron, ampliaron sus condenas. La condena impuesta a Ngawang Sangdrol fue ampliada en seis años. A otra monja, Phuntsog Nyidrol, le ampliaron su condena otros ocho años.

En 1996, se amplió nuevamente la condena impuesta a Ngawang. La monja se había negado a ponerse en pie en muestra de respeto a una autoridad china. Así nos lo ha explicado: «No se nos permitía mostrar respeto hacia el Lama, así que ¿por qué habríamos de hacerlo a las autoridades chinas?». Como castigo, la obligaron a permanecer de pie en el exterior, bajo la nieve, donde comenzó a pedir a gritos la independencia para el Tíbet. La recluyeron en régimen de aislamiento durante seis meses en una celda estrecha infestada de ratas, donde casi murió de hambre y le añadieron ochos años más de condena.

En la prisión de Drapchi había presos «comunes» y presos políticos. La mayoría de los presos comunes trataban de evitar a los presos políticos, si bien algunos se mostraban compasivos con ellos cuando los guardias de prisión no les veían. Sin embargo, fueron los presos comunes quienes en mayo de 1998 protagonizaron las mayores manifestaciones pro independentistas en Drapchi al izarse la bandera china el 1 de mayo.

Ngawang Sangdrol observó los hechos desde una ventana: «De repente, los presos comenzaron a reivindicar a gritos la independencia del Tíbet. No sólo gritaban los presos políticos, también lo hacían los presos convictos de delitos. Todos coreaban a voces las mismas consignas, cosas como “¡Independencia para el Tíbet!”, “No icen la bandera china en nuestra tierra”, “¡Larga vida a Su Santidad!” [refiriéndose al Dalai Lama]. La policía empezó a golpear a los presos con palos; acto seguido llegaron soldados y abrieron fuego contra los presos. Después, ya no pude ver lo que sucedió porque nos apartaron de las ventanas, pero pude oír claramente disparos y gritos. En la otra unidad había monjas y pude ver como se las llevaban a rastras asiéndolas del pelo. A los monjes, que eran presos políticos, los golpearon con porras de hierro en la cabeza».

Los hechos se repitieron tres días más tarde. «Ese día no había tantos presos políticos como tres días antes. Pero de nuevo los presos empezaron a gritar consignas y nosotras nos unimos desde las ventanas». La respuesta del personal del centro consistió nuevamente en golpear a los presos. «En mi unidad no entraron soldados sino guardias del centro que comenzaron a golpearnos. Utilizaron para ello barras metálicas y porras eléctricas. De repente los guardias se fijaron en mí y empezaron a pegarme sólo a mí, aunque había otra monja que me ayudó y me protegió la cabeza. La apartaron de mí a rastras y empezaron a propinarle una paliza». Desde que recibió esta paliza Ngwang Sangdrol sufre a menudo fuertes jaquecas.

La Red de Acción Urgente se movilizó el 24 de julio de 1998, cuando se emitió la AU 210/98, (ASA 17/25/98) a favor de los manifestantes. La organización manifestó entonces su temor de que se infligieran malos tratos a los manifestantes, especialmente durante los interrogatorios, y de que se restringiera su derecho a ejercer la libertad de expresión pacíficamente. Estos temores se confirmaron cuando tras las manifestaciones, Ngawang Sangdrol tuvo noticia del fallecimiento de seis monjas. Así lo explica: «Las autoridades chinas alegaron como causa de muerte el suicidio. No puedo afirmar con seguridad cuál fue el motivo de su muerte pero lo que sí puedo afirmar sin lugar a dudas es que el día de la manifestación oí un gran número de disparos».

Éstas no fueron las únicas muertes ocurridas en la prisión. «En mi unidad había tres monjas que murieron. Tras infligirles palizas diversas, una quedó en muy mal estado, pero no la eximieron de trabajar ni de realizar los ejercicios de instrucción como el resto de reclusos. Finalmente la dejaron en libertad debido a su estado de salud pero al poco tiempo falleció. Por lo general no nos permitían recibir tratamiento médico. Sólo te dejaban que te viera un médico cuando sabían que estabas a punto de morir. Las tres monjas en cuestión fueron liberadas pero murieron poco después».

Tras las manifestaciones de mayo de 1998, las condiciones de reclusión empeoraron. «No se nos permitió volver a salir de la celda, por lo que teníamos que dormir, trabajar, comer y hacer nuestras necesidades en la misma celda. Como retrete nos dieron un pequeño cubo que debíamos compartir 12 personas […]. El cubo solía estar lleno para el mediodía, por lo que tenías que aguantar tus necesidades hasta que se vaciaba por la noche. En cuanto al agua, nos daban una cantidad muy reducida que teníamos que utilizar para beber, lavarnos la cara y todo lo demás». A las presas se les privó de jabón y de compresas higiénicas, que antes habían podido comprar a las autoridades del centro penitenciario. Algunas presas intentaron robar agua, pero las pillaron y les dieron una paliza.

A consecuencia de la falta de jabón y agua la celda olía tan mal que los guardias dejaron de entrar en ella. Únicamente cuando llegaba una delegación de visita a la prisión se permitía a los presos asearse y limpiar la celda. «Se realizan un montón de preparativos cuando viene una delegación, durante dos días se obliga a los reclusos a lavarse y a limpiar la celda».

Ngawang Sangdrol cree que las visitas de delegaciones extranjeras pueden haber contribuido a mejorar las condiciones de reclusión, ya que se les suministra una alimentación adecuada y más agua.

El 15 de octubre de 2002, el director de la prisión comunicó a Ngawang Sangdrol que el gobierno estaba estudiando la posibilidad de liberarla para que recibiera tratamiento médico. Acto seguido le pidió que pusiera por escrito los síntomas de su enfermedad, y ella escribió que había tenido dolores tras ser golpeada en prisión. El director le pidió que volviera a redactar la carta, omitiendo la alusión a las palizas. «Lo hice, pero seguidamente me pidió que escribiese que el Tíbet pertenece a China. Yo le respondí que nunca escribiría tal cosa».

Ngawang Sangdrol quedó en libertad el 17 de octubre, poco antes de la visita del presidente de China, Jiang Zemin, a Estados Unidos. Fue obligada a presentarse ante funcionarios de la prisión una vez al mes, y estuvo vigilada en la casa de su hermana, donde se había ido a vivir, donde las autoridades realizaban visitas sorpresa a cualquier hora del día. Pidió volver a su monasterio, pero no se le permitió.

Finalmente, gracias a la intensa presión ejercida por la comunidad internacional movida por su honda preocupación por la salud de Ngawang Sangdrol, a finales de marzo de 2003 se permitió que la monja abandonase el Tíbet para recibir tratamiento médico en el extranjero. Ngawang Sangdrol ha visitado a grupos de apoyo y organizaciones en Europa y Estados Unidos a los que ha transmitido el siguiente mensaje:

«Gracias a todos ustedes ahora me encuentro fuera de prisión, pero sigue habiendo un gran número de personas en prisión ―no sólo en el Tíbet sino en todo el mundo― y espero que puedan contribuir de alguna manera a liberarlos a todos».

Información extraída de un artículo redactado por Rosa Leuci, coordinadora del trabajo de AI sobre el Tíbet, que se publicó en AMNESTY, la revista de la Sección Británica de Amnistía Internacional (edición de septiembre / octubre de 2003, número 121).