AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AFR 25/016/2007 (Público)

Servicio de Noticias 130/07

9 de julio de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR250162007

Etiopía: El fiscal pide la pena de muerte para los presos de conciencia

Como respuesta a las actuaciones judiciales del 9 de julio de 2007 en Etiopía, en las que el fiscal ha pedido la pena de muerte para los 38 acusados de un juicio político que ha durado 14 meses, Amnistía Internacional ha expresado su estupor y ha pedido al tribunal que rechace la petición del fiscal.

El tribunal dijo a los acusados que presentaran sus alegatos de atenuación de la pena en el plazo de tres días. Está previsto que se dicte sentencia el 16 de julio.

Dos mujeres, varios periodistas, un destacado defensor de los derechos humanos y varios dirigentes del partido de oposición Coalición por la Unidad y la Democracia (CUD) integran este grupo de 38 acusados que permanecen en prisión desde noviembre de 2005. Durante la exposición de los argumentos jurídicos de la acusación, ellos se habían negado a presentar argumentos de defensa alegando que no esperaban ser sometidos a un juicio justo. Cuando los jueces resolvieron que los argumentos de la acusación tenían fundamento, estudiaron la posibilidad de presentar una defensa. Sin embargo, los informes recibidos indican que, el 11 de junio, los jueces interrumpieron la presentación de solicitudes relacionadas con la preparación de una defensa y los declararon culpables de los cargos.

Estas 38 personas habían sido declaradas culpables de "ultraje a la Constitución" y de "perjudicar la capacidad defensiva del Estado", y cinco de ellas, además, de "dirigir, preparar o incitar a la oposición armada". Con anterioridad habían sido absueltas de los cargos de "traición" y "tentativa de genocidio", aunque el fiscal había recurrido esta decisión judicial anterior.

Amnistía Internacional manifestó que consideraba escandaloso que los acusados se enfrentaran ahora a la posibilidad de ser ejecutados. A tenor de la información de que dispone la organización de derechos humanos, la mayoría de ellos –si no todos– son presos de conciencia, encarcelados por sostener opiniones no violentas sin haber recurrido a la violencia ni propugnado su uso. Amnistía Internacional ha solicitado su excarcelación incondicional.

Según varios informes sin confirmar, el gobierno etíope está estudiando la posibilidad de poner en libertad con ciertas condiciones a estas 38 personas, así como a otros miembros de la CUD que continúan procesados, en los próximos días.

Durante los meses que ha durado el juicio, diversas fuentes han informado de que los dirigentes de la CUD encarcelados han participado en comunicaciones privadas con representantes del gobierno a través de un mediador etíope.

Según informes no oficiales, podría habérseles concedido un "indulto" y haber sido liberados a cambio de firmar una declaración, junto con otros miembros de la CUD que siguen procesados, en la que al parecer admiten tener parte de responsabilidad en la violencia desatada durante las manifestaciones de junio y noviembre de 2005, tras unas controvertidas elecciones. En el curso de aquellas protestas, 193 manifestantes murieron por disparos por las fuerzas de seguridad y seis agentes de policía perdieron la vida a manos de manifestantes.

Un representante del gobierno ha manifestado que semejante indulto sólo podría concederse a través de un proceso de indulto o amnistía presidencial al término del juicio.

Está previsto que otros diez acusados en el mismo proceso que han presentado argumentos en su defensa comparezcan ante el tribunal el 12 de julio. Entre ellos se encuentran los activistas de la sociedad civil Daniel Bekele y Netsanet Demissie, ambos considerados presos de conciencia.

Otro juicio diferente contra miembros de la CUD, entre ellos Kifle Tigeneh, parlamentario electo por la Coalición, ha sido aplazado hasta el 29 de octubre. Los acusados de este juicio también se enfrentan a la posibilidad de ser condenados a muerte.

Amnistía Internacional ha asistido al juicio para observar si se ajusta a las normas internacionales reconocidas sobre juicios con las debidas garantías. También está observando este juicio la Unión Europea. Amnistía Internacional tiene previsto asistir a la vista de determinación de la sentencia y a la exposición de argumentos de la defensa.

Información complementaria

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, por considerar que constituye una violación del derecho a la vida y una pena cruel, inhumana y degradante en grado máximo. La pena de muerte legitima un acto irreversible de violencia por parte del Estado, y es inevitable que se cobre vidas inocentes. Por eso, Amnistía Internacional reclama la abolición incondicional de esta pena en todo el mundo.

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