AMNISTÍA INTERNACIONAL
Declaración pública

Índice AI: AFR 32/004/2009
27 de abril de 2009

Kenia: El gobierno debe respetar y proteger los derechos de todas las personas

Amnistía Internacional ha manifestado hoy, 27 de abril de 2009, que es inaceptable que la policía keniana no se ocupe activamente de hacer cumplir la ley y mantener el orden ante la actual situación de violencia entre grupos parapoliciales comunitarios armados y miembros del grupo Mungiki, que sólo en las tres últimas semanas ha causado la muerte de hasta 45 personas.

Según información publicada en un semanario local el 21 de abril, un representante de la policía ha dicho que ésta apoya las actividades de los grupos parapoliciales comunitarios y que es reacia a impedir las operaciones ilegales de los miembros del grupo Mungiki porque “cuando la policía actúa, la acusan de ejecuciones extrajudiciales”.

Durante las tres últimas semanas se han formado en el distrito de Kiringaya grupos parapoliciales con el pretexto de brindar protección o seguridad a la comunidad contra las operaciones de miembros del grupo Mungiki que obligan a los habitantes de la zona a pagar una cuota a cambio de protección.

Amnistía Internacional hace hincapié en que el Estado tiene la obligación de respetar y proteger el derecho a la vida de todas las personas bajo su jurisdicción.

El gobierno keniano no debe eludir su deber de respetar y proteger la vida apoyando explícita o tácitamente la actividades de grupos parapoliciales. Si el Estado permite que tales grupos u otros similares realicen funciones de seguridad o mantenimiento de la ley, todo abuso que cometan al hacerlo, incluidas ejecuciones extrajudiciales u otros homicidios ilegítimos de presuntos delincuentes, serán violaciones de derechos humanos de las que deberá responsabilizarse él. Las autoridades kenianas no pueden eludir sus obligaciones dejando que grupos parapoliciales cometan homicidios ilegítimos.

Supone, asimismo, un incumplimiento de su deber que la policía manifieste que no hará nada porque, cuando interviene, se la acusa de cometer ejecuciones extrajudiciales. Es obligación del Estado prestar, por medio de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, la debida protección y seguridad contra la delincuencia violenta. Al hacerlo, la policía debe utilizar la fuerza sólo de manera proporcionada y cuando sea estrictamente necesario para el cumplimiento de su deber. El gobierno debe garantizar que la policía o cualquier otro organismo con funciones de mantenimiento de la ley cumplen con las obligaciones internacionales de Kenia con respecto a los derechos humanos. Matar deliberadamente a un presunto delincuente en vez de detenerlo es una ejecución extrajudicial.

Como ha manifestado el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias tras su visita a Kenia de febrero de 2009, todos los gobiernos tienen que ocuparse de los delincuentes, y uno de sus deberes principales es proteger a sus ciudadanos de tales personas; pero, la respuesta debida a la delincuencia no consiste en pegar al sospechoso un tiro en la nuca, sino en investigarlo, detenerlo y juzgarlo de acuerdo con la ley.

Amnistía Internacional pide a las autoridades kenianas que garanticen la realización de investigaciones independientes e imparciales sobre todos estos homicidios, con independencia de que hayan sido cometidos por presuntos miembros del grupo Mungiki, por miembros de grupos parapoliciales o por la policía. Los presuntos responsables deben ser detenidos y sometidos a un juicio justo, en el que no se recurra a la pena de muerte, y las familias de las víctimas deben recibir una reparación.

Amnistía Internacional pide también a las autoridades kenianas que investiguen la participación de la policía y el personal de seguridad pertinente en las declaraciones de apoyo a las operaciones de los grupos parapoliciales que cometen homicidios de miembros del grupo Mungiki.

Información complementaria

• Amnistía Internacional, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia y otras organizaciones kenianas de derechos humanos ha documentado el homicidio ilegal, incluida la ejecución extrajudicial, de centenares de presuntos miembros del grupo Mungiki a manos de la fuerzas de seguridad de Kenia en los tres últimos años.

• El grupo Mungiki desarrolla sus actividades principalmente en Nairobi y en algunas partes de centro de Kenia. Sus miembros dicen que se guían por creencias morales y religiosas tradicionales, y el grupo afirma participar en el mantenimiento del orden y en la administración de la industria del transporte público en algunas partes de Kenia. Algunos presuntos miembros del grupo han exigido el pago de cuotas a cambio de “protección” a propietarios de vehículos de servicio público y se han visto implicados en homicidios y en agresiones a ciudadanos. Los líderes del grupo han manifestado públicamente que éste cuenta con el apoyo tácito de destacadas autoridades del actual y el anterior gobierno, pero hasta ahora no han dado el nombre de ninguna de ellas.

• Las normas internaciones disponen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no deben utilizar armas de fuego excepto para defenderse o para defender a otras personas contra una amenaza inminente de morir o resultar heridos de gravedad, para impedir delitos particularmente graves que entrañen una amenaza grave a la vida o para impedir la huida de una persona que represente tal peligro y oponga resistencia a su autoridad, y sólo si medios menos extremos no son suficientes para conseguir estos objetivos. Los gobiernos deben garantizar que el uso arbitrario o indebido de la fuerza y de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley está tipificado como delito y se castiga en consecuencia.

• El presidente declaró públicamente el 22 de abril que los autores de homicidios serán castigados. Asimismo, la policía ha anunciado que, a fecha de 24 de abril, había detenido a más de 60 personas sospechosas de participar en los homicidios y que estas personas van a ser acusadas formalmente de delitos relacionadas con la violencia y los homicidios. Sin embargo, resulta muy preocupante que tras la promesa del presidente y las detenciones, los homicidios hayan continuado.

FIN/