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30 de septiembre de 1998

DECLARACIÓN PÚBLICA

LESOTHO

Es necesario desmilitarizar la respuesta a la crisis y respetar los derechos humanos

Además de sufrir privaciones materiales, muchas comunidades de Lesotho se encuentran en un estado de tensión y miedo desde el estallido masivo de violencia provocado por la intervención de tropas sudafricanas y botsuanas el 22 de septiembre de 1998.

Las tropas extranjeras han hecho en varias ocasiones un uso excesivo de la fuerza, calificable de trato cruel, inhumano y degradante, contra civiles participantes en saqueos de comercios en Maseru. Amnistía Internacional ha recibido también informes no confirmados según los cuales soldados de la Fuerza Nacional de Defensa Sudafricana han violado a mujeres cerca del cuartel de Makoanyane. La comisión de este tipo de actos por las fuerzas de intervención constituye una violación grave del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos. Los responsables deben ser retirados de Lesotho y puestos a disposición judicial.

Se han recibido también informes que atribuyen a miembros del Servicio de Policía Montada de Lesotho la muerte a tiros de un civil desarmado que se dirigía a pie a los pueblos desde Maseru cargado de artículos obtenidos en saqueos. Al parecer, el 24 de septiembre la policía también disparó e hirió a cuatro partidarios de la oposición y causó heridas mortales a otro, la señora Nthakoana Ramaqele, cerca de Teyateyaneng. Según informes, el hijo de esta última quedó detenido.

Amnistía Internacional ha recibido informes sobre homicidios, actos de intimidación e incendios de viviendas cometidos por jóvenes armados contra partidarios del partido en el poder, el Congreso de Demócratas de Lesotho, en Maseru y los pueblos de alrededor. Según informes, en un campo situado al norte de la Maseru se han encontrado cadáveres de seguidores de partidos de oposición, y se teme que, con la propagación a otras partes del país de la violencia política, los incendios premeditados y los saqueos que sufre Maseru, esta pauta de homicidios arbitrarios encuentre una réplica en el otro bando.

Las organizaciones humanitarias tienen muchas dificultades para determinar el número total de muertes que se han producido entre la población civil. Varios millares de civiles han huido del país, algunos por temor a las represalias de adversarios políticos.

La postura de los líderes políticos pareció endurecerse tras la llegada de las tropas extranjeras. A Amnistía Internacional le preocupa que el clima de recriminación existente fomente implícitamente los actos de violencia entre los partidarios de uno y otro bando político. La organización ha sido informada de que existe el temor de que se estén elaborando listas negras. Dado que el ambiente está cada vez más polarizado, cabe la posibilidad de que se incluya también en esas listas a los miembros de las organizaciones que desarrollan actividades de mediación y vigilancia.

Se teme, asimismo, que se produzca una oleada de detenciones arbitrarias, entre otras razones porque en ciertas declaraciones de autoridades del gobierno del Congreso de Demócratas de Lesoto se ha tachado de «delictivas» a las actividades de toda la oposición política. En este contexto, la participación de los oficiales rehabilitados de la Fuerza de Defensa de Lesotho en las operaciones de «limpieza» emprendidas junto con las tropas extranjeras y la inclusión de autoridades del gobierno del Congreso de Demócratas de Lesotho, pero no de grupos de oposición, en el comité militar multinacional establecido el 23 de septiembre para restablecer el orden público crearán el peligro de que estas operaciones sean consideradas instrumentos de represión política del gobierno restaurado del Congreso de Demócratas de Lesotho o utilizadas como tales por éste..

Tras la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Cruz Roja de Lesotho, alrededor de 150 soldados que habían sido recluidos por las fuerzas extranjeras en los cuarteles de Maseru de la Fuerza de Defensa de Lesotho fueron puestos en libertad a lo largo del fin de semana del 26 y el 27 de septiembre, aparentemente sin condiciones.

Su liberación parece haber reducido ciertas tensiones y podría haber servido de estímulo a algunos de los centenares de soldados de la Fuerza de Defensa de Lesotho que se presentaron en su base antes de que acabara el plazo el 28 de septiembre. No obstante, algunos de los soldados todavía en libertad podrían necesitar atención médica, y el comité militar multinacional debe garantizar que los que están a sus órdenes recurrirán lo menos posible a la fuerza para arrestarlos.

En el momento de la puesta en libertad de los soldados se entregó a la policía a 16 civiles. Amnistía Internacional no dispone de información sobre el lugar donde puedan estar recluidos ahora ni sabe tampoco si han sido acusados o no de algún delito. La organización insta a las tropas extranjeras y a las de Lesotho, así como a las autoridades policiales, a cumplir las obligaciones y las normas internacionales de derechos humanos mientras se restablece el orden.

Amnistía Internacional cree que todo civil o militar arrestado debe ser puesto bajo la custodia de autoridades debidamente constituidas, que garanticen que el detenido será acusado con prontitud de algún delito tipificado en el Código Penal, tendrá de inmediato pleno acceso a asistencia letrada, a atención médica independiente y a su familia y será sometido sin demora a un juicio justo. Nadie debe ser condenado a muerte en tal juicio.

Amnistía Internacional ha expresado públicamente y con frecuencia su preocupación por la larga pauta existente en Lesotho de detenciones arbitrarias y de malos tratos y torturas infligidos a personas bajo la custodia de la policía, a veces con consecuencias mortales. Asimismo, ha habido largas demoras e impedimentos en la realización de investigaciones y la celebración de juicios. Estas deficiencias han afectado a los derechos de los acusados y puesto de manifiesto, además, la falta de voluntad o de capacidad del Estado para garantizar que los autores de violaciones de derechos humanos son llevados a los tribunales.

Al concluir la crisis constitucional y política de Lesotho en septiembre de 1994, los presidentes de Botsuana, Sudáfrica y Zimbabue; el entonces primer ministro, doctor Ntsu Mokhehle, y Su Majestad el Rey Letsie III firmaron un «memorándum de acuerdo» en el que los tres presidentes se comprometieron a desempeñar la función de «garantes» de las medidas y procedimientos acordados por el primer ministro y el rey.

En la actual crisis, Amnistía Internacional insta a los gobiernos de Sudáfrica y Botsuana, así como a los de otros países miembros de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, al rey Letsie III, al gobierno restaurado del primer ministro Pakalitha Mosisili y a los líderes de los partidos políticos de oposición, a que recuerden y apliquen los aspectos del acuerdo de 1994 en que se trataba el asunto de la rendición de cuentas por parte de las fuerzas de seguridad y a que creen un ambiente en el que se respeten los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión y de asociación.

Contactos de prensa: Amanda Barnes y Richard Bunting (tel. 0171 814 6238/6239/6240, o 0421 398984 fuera del horario de oficina; página Web: http://www.amnesty.org.uk; correo electrónico: press@amnesty.org.uk; disponible RDSI)