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AMNISTÍA INTERNACIONAL
COMUNICADO DE PRENSA
Índice AI: AFR 54/045/2003/s (Público)
Servicio de Noticias 150/03
20 de junio de 2003
Sudán: La sociedad civil y los partidos políticos sudaneses deben poder hablar libremente sobre la paz
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno y a las fuerzas de seguridad sudanesas que dejen inmediatamente de hostigar, recluir en régimen de incomunicación e impedir a los activistas de la sociedad civil sudanesa que sometan a debate cuestiones relacionadas con las conversaciones de paz sobre Sudán.
En unos momentos en que el gobierno sudanés y el Movimiento de Liberación Popular de Sudán están negociando un acuerdo de paz para acabar con la guerra civil, todos los sudaneses deben ser libres de participar en los debates relacionados con su propio futuro. La constante represión del derecho a la libertad de reunión y de expresión y el acoso a activistas de la sociedad civil y a opositores políticos son señales inequívocas de que el gobierno sudanés pretende negar a la sociedad civil del norte del país su derecho a prepararse para una paz duraderaha manifestado Amnistía Internacional.
En el último mes, el gobierno y las fuerzas de seguridad sudanesas han interrumpido por medios violentos varias reuniones sobre el proceso de paz celebradas por activistas políticos y grupos de la sociedad civil.
El 19 de junio, unos 30 agentes de seguridad armados efectuaron una incursión en el domicilio de Ghazi Suleiman, presidente de Grupo Sudanés de Derechos Humanos en Jartum y detuvieron al menos a 36 personas entre activistas políticos y representantes de la sociedad civil, además de confiscar algunos documentos. Se habían congregado allí para debatir la Declaración de El Cairodel 24 de mayo, declaración conjunta de la oposición política del norte y el Movimiento de Liberación Popular de Sudán en relación con el proceso de paz y la situación de la capital nacional de Sudán en un futuro acuerdo. Fueron conducidos a la jefatura de la seguridad nacional en Jartum Norte, donde facilitaron a los agentes su nombre, dirección y número de teléfono. Al cabo de dos horas quedaron en libertad. Ghazi Suleiman fue interrogado hasta la una de la madrugada y posteriormente liberado, según informes después de recibir un trato brusco y de que le pidieran que dejara de organizar reuniones y actividades de índole política.
El 16 de junio, Elhadi Tangur, uno de los representantes del Estado del Nilo Azul, fue detenido en Jartum por varios agentes de seguridad vestidos de civil. Según informes, está recluido en régimen de incomunicación en la jefatura de las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia y ha pedido su excarcelación inmediata e incondicional. Fue detenido tras una reunión que mantuvo junto a otros miembros de la comunidad del Nilo Azul con el general Lazarus Sumbeiyo, enviado especial del gobierno keniano para Sudán y principal mediador en las conversaciones de paz sobre este país. El general Sumbeiyo se encontraba en Jartum para conversar con miembros del gobierno sobre los asuntos que paralizaban el proceso de paz.
El 2 de junio, las fuerzas de seguridad nacionales detuvieron a 38 mujeres de la Asociación de Mujeres de las montañas Nuba en Jartum cuando se dirigían a Kauda, en las montañas Nuba, para asistir a una conferencia sobre paz y desarrollo. Permanecieron detenidas hasta el día siguiente y al menos una tiene que seguir presentándose periódicamente ante la policía. Les fueron confiscados efectos personales, y desde entonces las autoridades han clausurado las sedes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que organizaban la reunión.
Los periódicos también han sido objeto de censura, recibiendo instrucciones sobre lo que pueden o no pueden publicar en relación las conversaciones de paz. Los redactores que han desobedecido esta censura en la práctica sobre esta clase de artículos han sufrido detenciones durante breves periodos y han sido interrogados por las fuerzas de seguridad.
Si no se respetan los derechos humanos fundamentales de todos los sudaneses tanto en la legislación como en la práctica, la paz no tendrá significado alguno para ellos. Los mediadores internacionales del proceso de paz deben presionar con carácter urgente al gobierno sudanés para que deje de conculcar los derechos de quienes intentan debatir abiertamente los asuntos relacionados con la paz ha pedido Amnistía Internacional.
Información general
En julio de 2002, el gobierno sudanés y el Movimiento/Ejército de Liberación Popular de Sudán (M/ELPS) firmaron el Protocolo de Machakos en Kenia. Este protocolo prometía una futuro acuerdo de paz y el fin de la guerra civil en el país, que ha durado varias décadas. Se firmó bajo los auspicios de la Autoridad Intergubernamental de Desarrollo, agrupación regional de gobiernos presidida por el general keniano Sumbeiyo y mediadores internacionales de Estados Unidos, el Reino Unido y Noruega. Ambas partes han firmado desde entonces una tregua y han celebrado reuniones para resolver los asuntos polémicos. La última ronda de conversaciones, celebrada en mayo de 2003, se estancó al tratar la situación de la capital de Sudán en el acuerdo final, así como cuestiones relativas al reparto de poderes y la seguridad.
La sociedad civil y la oposición política no están incluidas en los acuerdos de paz. Aunque el Movimiento de Liberación Popular de Sudán asegura que realiza consultas con la sociedad civil del sur del país, la cual ha celebrado reuniones y hecho propuestas para contribuir al proceso, parece ser que ahora el gobierno de Sudán está bloqueando las iniciativas de la sociedad civil del norte para intervenir en las conversaciones de paz.
Aunque el Protocolo de Machakos menciona que los derechos humanos deben estar garantizados en un futuro acuerdo de paz, hasta la fecha las negociaciones se han centrado en cuestiones relativas al reparto de poderes, las fronteras y la seguridad. Amnistía Internacional ha pedido a ambas partes del conflicto y a los mediadores de las conversaciones de paz que aborden de manera global los asuntos relacionados con los derechos humanos en sus debates y sitúen los derechos humanos de todos los sudaneses en el núcleo de cualquier futuro acuerdo.
Documento público
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