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Amnistía Internacional

Sudán/China

Llamamiento de Amnistía Internacional

al gobierno chino con ocasión de la Cumbre Chino-Africana para el Desarrollo

y la Cooperación

Sudán/China

Llamamiento de Amnistía Internacional al gobierno chino

con ocasión de la Cumbre Chino-Africana para el Desarrollo

y la Cooperación

Con ocasión de la Cumbre Chino-Africana para el Desarrollo y la Cooperación, que se celebra en Pekín del 1 al 6 de noviembre de 2006, Amnistía Internacional pide al gobierno chino que garantice que, en las inversiones y actividades comerciales futuras tanto en Sudán como en el resto de África, China dará una importancia primordial a la protección de los derechos humanos de la población africana.

Resulta especialmente preocupante la situación en Sudán, un país devastado por violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas el desplazamiento forzado. Sudán es un país en el que China ha comerciado con armas y ha invertido en recursos petroleros sin tener suficientemente en cuenta los derechos humanos de la población. En muchos aspectos, la relación económica de China con Sudán ha afectado negativamente a la situación de los derechos humanos en este país.

Amnistía Internacional manifestó su satisfacción por el compromiso formulado por China en mayo de 2006 según el cual, si resultaba elegida para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ayudaría a "reforzar los esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo". En particular, Amnistía Internacional cree que el principio de no injerencia en los asuntos internos de otro país no debe servir como excusa para guardar silencio cuando ese Estado viola los derechos de su población. Los beneficios económicos de China no deben basarse en el homicidio y el desplazamiento de africanos y africanas.

Violaciones de derechos humanos derivadas del comercio de armas de China a Sudán

Los envíos de armas de China a Sudán desde la década de 1990 han incluido munición, tanques, helicópteros y aviones de combate. El gobierno de Sudán y las milicias a las que éste ha respaldado han utilizado ese tipo de armas para cometer violaciones masivas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos durante los conflictos armados del sur de Sudán y Darfur. Entre esas violaciones hay ataques directos e indiscriminados contra personas y bienes civiles, que han causado muertes y el desplazamiento forzado en masa de centenares de miles de personas. Se han utilizado los aviones y helicópteros para lanzar bombardeos aéreos contra pueblos, para efectuar reconocimientos antes de los ataques y para apoyar a las tropas de tierra en el conflicto armado del sur de Sudán hasta 2002 y en la guerra de Darfur desde 2003 hasta la fecha. También se han utilizado para trasladar tropas y armas a zonas de conflicto.

En la década de 1990, China, según los informes, vendió aparatos aéreos, incluidos helicópteros, a Sudán. En 1996 se dijo que China había suministrado helicópteros Z-6, fabricados por Industrias Aéreas Changhe y concebidos para el transporte de tropas. En 2001, la empresa de fabricación de motores Harbin Dongan reparó motores de helicópteros Mi-8 para diversos gobiernos, incluidos los de Pakistán y Sudán. Los helicópteros Mi-8 se utilizan habitualmente para el transporte de tropas, pero algunas de sus variantes también llevan una serie de sistemas de armamento. Aunque los helicópteros de transporte no pueden llevar cohetes y misiles, se han utilizado para transportar tropas a zonas en las que están librándose combates o en las que se han cometido atrocidades contra civiles.

China también ha vendido al gobierno sudanés camiones militares fabricados por la empresa china Dong Feng. Esta empresa fabrica una gama de vehículos militares, y los exporta bajo el nombre de Dongfeng Aeolus. Su serie EQ2081/2100 de camiones militares ha sido, según los informes, un popular vehículo de transporte de las fuerzas armadas chinas.

En Sudán, en agosto de 2005, el Grupo de Expertos de la ONU sobre Sudán establecido en virtud de la Resolución 1591 (2005) del Consejo de Seguridad, que estaba investigando violaciones del embargo internacional de armas a todas las partes del conflicto de Darfur, documentó un cargamento de camiones militares verdes Dongfeng en Port Sudán: "También se observó en octubre un tipo similar de camiones verdes nuevos en los cuarteles de Darfur de las fuerzas armadas del Sudán".

El gobierno chino enumera tres principios en su política relativa a las transferencias internacionales de armas: las exportaciones deben aumentar la capacidad legítima de autodefensa de los países receptores; no deben perjudicar la paz, la seguridad y la estabilidad regionales ni internacionales; y no deben interferir en los asuntos internos de los países receptores. China controla todas las exportaciones de artículos militares convencionales, incluidas las armas pequeñas, de acuerdo con su Reglamento sobre Control de Exportaciones de Productos Militares. Además, ha establecido un sistema de control de usuario final para impedir que se transfieran armas a puntos conflictivos o regiones delicadas.

Pese a ello, existen indicios de que se utilizaron armas exportadas desde China en los desplazamientos de población del estado de Unity en 1998-2000, y de que estas armas siguen avivando el conflicto de Darfur, que ahora se está extendiendo a Chad.

Amnistía Internacional pide a China que aplique la prohibición de transferir armas a todas las partes del conflicto de Darfur establecida en la Resolución 1591 (2005) del Consejo de Seguridad, y que no autorice transferencias internacionales de armas a lugares en las que vayan a ser o puedan ser utilizadas para cometer violaciones del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos.

La despoblación del estado de Unity, 1998-2000

La Chinese National Petroleum Corporation (CNPC), empresa estatal, lleva invirtiendo en petróleo en Sudán desde diciembre de 1996 como parte de la Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC).Desde1998, China ha invertido más de 3.000 millones de dólares estadounidenses en la explotación de yacimientos petrolíferos y en la construcción de un oleoducto de 1.500 kilómetros, una refinería y un puerto. La CNPC es uno de los principales titulares de concesiones de petróleo de Sudán, y tiene la participación más alta (40%) en GNPOC, que explotó los bloques 1 y 2 (los yacimientos petrolíferos de Heglig y Unity), y tiene una concesión sobre el yacimiento más productivo, el bloque 4. En julio de 2006, China comenzó las extracciones de los bloques 3 y 7 (en la cuenca de Melut, en el norte del estado de Alto Nilo, sur de Sudán), que, según estimaciones, producirán unos 200.820 barriles al día.

Las primeras explotaciones de los yacimientos petrolíferos de los bloques 1 y 2, en el estado de Unity, sur de Sudán, en la época en que China era miembro de este consorcio, estuvieron acompañadas de desplazamientos forzados masivos y homicidios de la población civil que vivía en la zona. Aviones sudaneses bombardeaban los pueblos, y las milicias del sur, respaldadas por las fuerzas armadas de Sudán, los atacaban, matando a sus habitantes y destruyendo casas, hasta que la zona quedó despoblada, en un claro intento de despejar la zona para la explotación y extracción petrolera. La población de la zona huyó a otras localidades del área o estableció asentamientos de personas desplazadas en torno a Jartum, la capital, al norte de Sudán.

El gobierno chino ayudó a construir la carretera de tierra, diseñada para que no se inunde en la temporada de lluvias, utilizada por el ejército sudanés y sus milicias aliadas para lanzar ataques contra la población civil, y suministró armas tales como helicópteros al gobierno de Sudán. Además, la CNPC se benefició directamente de la "seguridad" proporcionada por el ejército sudanés contra los grupos rebeldes en los campos de petróleo: las mismas fuerzas responsables de los desplazamientos masivos de civiles de esos campos.

Los desplazamientos forzados llevados a cabo por tropas del ejército sudanés y milicias respaldadas por el gobierno en el estado de Unity constituyen una violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Un gobierno que sea responsable de desplazamientos internos en gran escala de su propia población, o los apruebe, está violando las obligaciones contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, que exige a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas que promuevan "el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos" (artículos 55 y 56). Los derechos de las personas desplazadas incluyen el conjunto completo de derechos consagrados en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

El gobierno chino, según la información de que dispone Amnistía Internacional, nunca se ha pronunciado contra el desplazamiento forzado de civiles en el estado de Unity. En los yacimientos petrolíferos de Melut se destruyó, según los informes, un centenar de pueblos, muchos de ellos entre 1999 y 2002. Según indican los informes, miles de personas fueron desplazadas a la fuerza.(1)

Amnistía Internacional pide al gobierno chino que condene públicamente las violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles en el contexto de los conflictos armados de Sudán, y que manifieste categóricamente que se opone al desplazamiento forzado y a los desalojos forzados en las zonas en las que opera.

La inversión de la CNPC en los yacimientos petrolíferos de Kordofán y Darfur

China tiene la concesión del bloque 6, que va desde el estado de Kordofán Occidental hasta los estados de Darfur Septentrional y Darfur Meridional, y ha incrementado la producción de este bloque, cuyas instalaciones están en su mayoría en Kordofán pero que explota el yacimiento de Darfur, de 10.000 barriles en 2005 a 40.000 barriles diarios en julio de 2006.

En Darfur, el petróleo no parece haber sido un motivo para los desplazamientos forzados, la destrucción de pueblos, los homicidios y la violación de civiles. Sin embargo, allí el gobierno sudanés ha utilizado los mismos métodos que en el conflicto del sur: bombardeos con aviones y helicópteros suministrados por Rusia y China, y uso de milicias financiadas por el gobierno y respaldadas por el ejército sudanés para desplazar a la población civil. De esta manera, aunque despoblar las zonas ricas en petróleo para su explotación no haya sido el motivo principal de los ataques y desplazamientos masivos de civiles de Darfur, el área de la concesión de la CNCP ha sido escenario de algunas de las más atroces violaciones de derechos humanos.

La población de Darfur que ha sido víctima de estos abusos contra los derechos humanos pide una fuerza efectiva de mantenimiento de la paz que la proteja. Sin una protección efectiva, los más de dos millones de habitantes de Darfur desplazados en campos o localidades de Darfur u otros puntos de Sudán, o en campos de refugiados en Chad, sienten que no tienen futuro ni esperanza de regresar sin peligro a sus hogares. En grandes zonas de Darfur, especialmente en Darfur Occidental, las milicias yanyawid, respaldadas por el gobierno sudanés, han sido responsables de gran parte de los desplazamientos forzados. Las personas desplazadas están, de hecho, prisioneras en campos o poblaciones. Ya no confían en la fuerza de mantenimiento de la paz de la Unión Africana, que, sin fondos, material ni personal suficientes, no ha podido protegerlas.

En respuesta a una petición del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, el Consejo de Seguridad de la ONU, en su Resolución 1706, votó que se enviara a Darfur una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU para proteger a la población civil. El gobierno chino ha hecho numerosas declaraciones respaldando una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, pero insiste en que esa fuerza requiere el consentimiento de Sudán y no debe inmiscuirse en los asuntos internos de Sudán.

China tiene para con el pueblo de Darfur la responsabilidad de utilizar su posición para obtener el consentimiento de Sudán al despliegue de una fuerza efectiva de mantenimiento de la paz de la ONU. En su obtención de petróleo de Sudán, China debe asegurarse de que se protegen los derechos de las personas en las zonas en las que opera. No puede mantenerse al margen como un testigo silencioso.

Amnistía Internacional pide a China que manifieste públicamente que considera la protección de la población de Darfur una máxima prioridad, y que utilice su influencia sobre el gobierno de Sudán para lograr que éste dé su consentimiento al despliegue de una fuerza efectiva de mantenimiento de la paz de la ONU con un sólido mandato de proteger a la población civil.

La riqueza en petróleo no ayuda a financiar el desarrollo económico, social y cultural

Se cree que la producción total de petróleo de Sudán es de más de 400.000 barriles al día. Con el precio del barril actualmente en torno a los 60 dólares estadounidenses, esto se traduce en unos ingresos diarios estimados de al menos 24 millones de dólares.

Esta riqueza en petróleo todavía no ha beneficiado al pueblo de Sudán. La población sudanesa no disfruta plenamente de varios derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, a la educación y a un nivel de vida adecuado. Según el Banco Mundial, el índice medio de escolarización en la enseñanza primaria es de aproximadamente el 58 por ciento, con grandes variaciones geográficas que incluyen niveles inferiores al 20 por ciento en algunos estados. La mortalidad infantil sigue siendo alta: a finales de 2003, la media de mortalidad de menores de cinco años era de 63 por cada 1.000 menores, según el Informe sobre Desarrollo Humano de 2005 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Amnistía Internacional pide al gobierno chino que garantice que la cumbre chino-africana formula una declaración clara respecto a que la inversión, la cooperación y el desarrollo de la riqueza deben utilizarse para hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales de la población de Sudán.

Amnistía Internacional insta asimismo al gobierno chino a garantizar que las empresas chinas que invierten en Sudán cumplen con sus responsabilidades en relación con los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos pide que "las instituciones" desempeñen un papel a la hora de procurar el respeto universal de los derechos humanos. Como instituciones, todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en sus operaciones. El Borrador de Normas de la ONU sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos, adoptado por la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en 2003, proporciona la guía más detallada actualmente disponible sobre las responsabilidades y políticas de las empresas en materia de derechos humanos. Estas Normas establecen que los Estados tienen la responsabilidad primordial de garantizar el respeto de los derechos humanos, lo cual incluye garantizar que las empresas transnacionales y otras empresas comerciales respetan los derechos humanos.

Amnistía Internacional confía en que se celebre una conferencia fructífera en la que los derechos humanos de las personas de Sudán y de todo África ocupen un lugar destacado en el orden del día.

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(1) Véase Oil Development in Northern Upper Nile – a preliminary investigation by the European Coalition on Oil in Sudan, mayo de 2006, en www.ecosonline.org.