AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AFR 54/149/2004 (Público)

Servicio de Noticias: 296/2004

19 de noviembre de 2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR541492004

Sudán: Información para la reunión que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrará en Nairobi los días 18 y 19 de noviembre de 2004

En este año el Consejo de Seguridad ya ha adoptado dos resoluciones amenazando con actuar. El conflicto armado se está extendiendo en Darfur y el Consejo debe como mínimo imponer un embargo de armas como señal de que no acepta el deterioro de la situación.

Como señaló el secretario general de las Naciones Unidas en su declaración del 18 de noviembre: “Cuando se están cometiendo crímenes a tal escala, y un Estado soberano parece no ser capaz de proteger a sus ciudadanos o no estar dispuesto a hacerlo, una grave responsabilidad recae sobre la comunidad internacional y concretamente sobre este Consejo”.

El gobierno de Sudán no ha cumplido lo que se le exigía en anteriores resoluciones. A pesar de la Resolución 1556, los yanyawid no han sido disueltos y los responsables del homicidio de civiles siguen disfrutando de impunidad.

Los miembros del Consejo de Seguridad saben que la policía sudanesa ha atacado, intimidado y recientemente incluso matado a desplazados en campos. La noche del 9 al 10 de noviembre, la policía atacó a los desplazados en el campo de al Jeer, cerca de Nyala, utilizando gases lacrimógenos, efectuando disparos, demoliendo refugios y golpeando y deteniendo a los residentes. Y todo ello en presencia del personal de las Naciones Unidas, de la Comisión del Alto el Fuego de la Unión Africana y de periodistas, y cuando faltaban pocas horas para la visita del representante especial del secretario general, Jan Pronk. El hecho de que se produzca un ataque semejante contra civiles ante la mirada de la ONU y de la UA demuestra que al gobierno no le importan las críticas internacionales y menos aún sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

Si bien Amnistía Internacional señala los avances hacia la paz que se han producido en Abuja y Naivasha, a la organización le preocupa que en Sudán y en todo el mundo la paz ha sido con demasiada frecuencia un intermedio entre dos guerras. En el norte, el oeste y el sur hay peligro de que todos los bandos aprovechen la oportunidad para rearmarse. Las normas internacionales de derechos humanos disponen que no se deben facilitar armas a un país que probablemente las utilice para cometer abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, el largo historial de ataques contra la población civil y de desplazamientos forzados no ha disuadido a muchos países de seguir exacerbando estas atrocidades con armas. Los grupos armados también han cometido abusos contra los derechos humanos y siguen rearmándose. La Resolución 1564 disponía un embargo de armas sólo a las entidades no gubernamentales, incluidos los yanyawid, a quienes arma y apoya el gobierno. En esta reunión, el Consejo de Seguridad debe ampliar este embargo a todos los bandos del conflicto, incluido el gobierno, hasta que se dispongan salvaguardias para proteger a la población civil. Dicho embargo debe ir acompañado de un mecanismo de observación de las Naciones Unidas dotado de los recursos necesarios, con un Grupo de Expertos que informe periódicamente al Consejo de Seguridad y un Comité de Sanciones establecido por el Consejo de Seguridad. El Grupo de Expertos debe llevar a cabo investigaciones internacionales y vigilar regularmente los principales puertos de entrada a Sudán para contribuir a garantizar que se respeta el embargo.

El incumplimiento de anteriores acuerdos para poner fin al conflicto también nos ha demostrado que, para que la paz sea duradera, los derechos humanos para todos deben ocupar un lugar central en cualquier proceso de paz.

El proceso de paz de Naivasha ofrece una esperanza para el pueblo de Sudán, pero hasta ahora la paz sólo ha existido entre los dirigentes del gobierno y los del ELPS, sin que haya llegado a la sociedad civil ni a diversas zonas de Sudán. La crisis de Darfur ha mostrado los peligros de esta situación. Los que se veían marginados y sin libertad para expresar sus opiniones se alzaron en armas. En respuesta, el gobierno sudanés, que en marzo de 2002 se había comprometido a respetar la prohibición de atacar a la población civil y a objetivos civiles, hizo total caso omiso a este compromiso en otra zona del país.

La paz no será sólida hasta que llegue a los todos los habitantes de todas las regiones de Sudán. Aunque Amnistía Internacional acoge con satisfacción la lista de derechos humanos del protocolo de Naivasha sobre reparto del poder, pedimos al Consejo de Seguridad que se asegure de que los derechos humanos no son sólo algo que está escrito en un acuerdo, sino que se aplican. Para que los acuerdos signifiquen algo es necesario introducir en ellos un calendario claro y unos criterios objetivos de la aplicación real de estos derechos.

El derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, el derecho a la libertad de expresión y de asociación y el derecho de las mujeres, de los diferentes grupos étnicos y de las diferentes religiones a no sufrir discriminación son esenciales. Es lo menos que se merecen las miles de víctimas del sur, de Darfur y de otras zonas de Sudán

Es preciso que se reconozca la importancia primordial de los derechos humanos, y el Consejo de Seguridad tiene la especial obligación de actuar en favor de aquellos cuyos derechos son violados.

Esto sucede más que en ningún otro lugar en Darfur, donde se está agotando el tiempo para los desplazados. No hay seguridad de que se queden otro año en campos viviendo con miedo y cada vez con más desesperación.

Un embargo de armas obligatorio a todos los bandos del conflicto dejará claro al gobierno sudanés que el Consejo de Seguridad puede tomar medidas firmes si siguen cometiéndose graves violaciones de derechos humanos.