Índice AI: AFR 55/006/2002/s (Público)

Servicio de Noticias 224/02

4 de diciembre de 2002

Suazilandia: La subversión del estado de derecho pone en grave peligro la protección de los derechos humanos y amenaza el proceso de reforma de la Constitución

El desprecio flagrante y deliberado del estado de derecho por parte del gobierno de Suazilandia y sus intentos de minar la independencia del poder judicial ponen en peligro la protección a largo plazo de los derechos humanos en el país.

Amnistía Internacional cree que la independencia del poder judicial es el elemento fundamental de cualquier sistema de justicia accesible.

La organización ha declarado: «Al negarse a cumplir las recientes resoluciones del Tribunal de Apelación, el tribunal de más alta instancia del país, el gobierno de Suazilandia está incumpliendo una vez más sus obligaciones legales como Estado Parte en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Está socavando el derecho a acceder a un resarcimiento efectivo, derecho del que deberían gozar todos los ciudadanos de Suazilandia».

La declaración pública realizada por el primer ministro Sibusiso Dlamini el 27 de noviembre (en la que dijo que el gobierno y sus departamentos no cumplirían dos recientes resoluciones del Tribunal de Apelación) tuvo un efecto inmediato en los apelantes que se habían dirigido originalmente a los tribunales para hacer valer sus derechos.

La dimisión, como protesta, de todos los jueces del Tribunal de Apelación el 30 de noviembre y la creciente alarma entre otros miembros de la comunidad judicial y legal y las organizaciones de la sociedad civil deben alertar al gobierno respecto a las peligrosas consecuencias a largo plazo que sus actos tendrán en la integridad de la administración de justicia.

La crisis que se está desarrollando se produce en un momento en el que el proceso de reforma constitucional ha llegado a un punto crítico. El Comité de Redacción Constitucional, nombrado por el rey Mswati III hace casi un año, ha completado la redacción de una nueva Constitución y está esperando instrucciones para entregarla al rey, quien se espera que la haga pública.

Los recientes actos del gobierno, encabezado por el rey, no son coherentes con la conducta de un gobierno que se supone que está comprometido a elaborar una Constitución nueva y duradera que proteja los derechos humanos. También existe el peligro de que se mine seriamente la confianza de la población en el proceso de reforma constitucional, así como la credibilidad de dicho proceso.

El desprecio por el estado de derecho mostrado por el gobierno en su postura respecto a las resoluciones del Tribunal de Apelación ha quedado también de manifiesto mediante las presiones que el gobierno ha ejercido en los últimos dos meses sobre la actuación de los jueces del Tribunal Superior y el fiscal general. También resulta reveladora la negativa de las más altas autoridades policiales a cumplir las resoluciones del Tribunal de Apelación.

Estos actos por parte de agentes del Estado han negado a individuos y comunidades vulnerables el acceso a un resarcimiento efectivo y a la plena aplicación de sus derechos humanos internacionalmente aceptados.

Entre los casos recientes en los que el gobierno ha interferido en el proceso judicial o se ha negado a aceptar resoluciones judiciales se encuentran casos que afectan al derecho a la libertad y el acceso de las personas detenidas al proceso legal, al derecho a la libertad e igualdad de las mujeres y al derecho al acceso a los derechos económicos y sociales para los hombres, mujeres y niños desalojados de la zona de Macetjeni.

El gobierno está obligado, en virtud de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y como miembro de las Naciones Unidas, a promover y proteger los derechos humanos. Las autoridades no deben contribuir a crear un clima de impunidad y desprecio de la ley.

Documento público

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