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República Democrática del Congo: Escalada de represión contra los opositores

Las actividades de opositores políticos pacíficos, periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas sindicales están siendo duramente reprimidas por el gobierno de la República Democrática del Congo, según afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy por la organización.

«Al tratar sistemáticamente de silenciar a sus críticos, el gobierno está negando al pueblo congolés la oportunidad de colaborar para conseguir poner fin al conflicto armado, los abusos contra los derechos humanos y el constante saqueo al que las elites políticas, económicas y militares nacionales y extranjeras someten a los recursos del país», afirma Amnistía Internacional.

El informe, basado en parte en la visita que delegados de la organización hicieron al país en agosto de 1999, se centra en las violaciones de los derechos a la libertad de expresión y de asociación perpetrados desde que algunas facciones del ejército nacional, las Fuerzas Armadas Congolesas (Forces armées congolaises, FAC), apoyadas por los ejércitos de Burundi, Ruanda y Uganda, iniciaron una ofensiva militar en agosto de 1998 para derrocar al presidente Laurent-Désire Kabila.

«Aunque el conflicto armado ha agravado la situación, el gobierno está utilizando la guerra contra los grupos armados de oposición y las fuerzas armadas extranjeras como pretexto para someter a los congoleses a una represión injustificada, a pesar de que la mayoría de las víctimas son contrarias a la insurgencia», ha añadido la organización de derechos humanos.

«La mayor parte de las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad se producen en zonas alejadas del conflicto armado y se iniciaron mucho antes de que éste estallara en agosto de 1998.»

Cualquier forma de disidencia, real o sospechada, es duramente reprimida por las fuerzas de seguridad mediante la intimidación, el hostigamiento o el encarcelamiento. La mayoría de las personas a quienes se considera críticas al gobierno están recluidas sin cargos ni juicio, y algunas han sido juzgadas y condenadas, a menudo por el Tribunal del Orden Militar (Cour d’ordre militaire, COM), a largas penas de prisión. Son habituales las palizas y torturas a los detenidos, incluida la violación.

A Amnistía Internacional le preocupa mucho que el presidente no haya impedido que buena parte de las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo —entre ellas la Agencia Nacional de Información y la Detección Militar de Actividades Antipatrióticas—, que dependen directamente de él y no están legalmente facultadas para practicar detenciones, hayan cometido violaciones de derechos humanos.

La represión de periodistas ha aumentado radicalmente desde agosto de 1998. Decenas de ellos han sido detenidos por escribir artículos o publicar periódicos en los que se critica al gobierno. Clovis Kadda, director del diario L'Alarme, fue detenido el 22 de septiembre de 1999 por el ejército y, según los informes, brutalmente golpeado, llegando a recibir 57 latigazos, por ser familiar de un jefe de la oposición armada.

Otros periodistas que trabajan en este periódico también han sido perseguidos, entre ellos su redactor jefe, Bonsange Yema, que ha tenido que esconderse por temor a volver a ser detenido, y cuyos familiares han sido torturados para que revelaran su paradero.

El gobierno también ha utilizado el Tribunal del Orden Militar para castigar a algunos periodistas y conseguir que otros se autocensuren por temor a las consecuencias. Thierry Kyalumba, redactor jefe del diario La Vision, fue juzgado por este tribunal y condenado a cuatro años de cárcel por el mero hecho de publicar un artículo en el que se desmentían unas declaraciones de las autoridades que daban por muerto a un dirigente de la oposición.

«El uso de tribunales militares, cuyas decisiones no pueden recurrirse y cuyos magistrados, militares también, son designados por el presidente, es una prueba más de que existe una campaña orquestada por el gobierno para suprimir todos los signos de disidencia.»

Destacados simpatizantes o líderes políticos de la oposición también han sido perseguidos por las fuerzas de seguridad. A menudo se les ha prohibido viajar por el interior del país y salir al extranjero o se les han confiscado los pasaportes.

Stéphane Ibanga y Mutua Ngwefa fueron detenidos el 17 de mayo de 1999 en Kinshasa, junto con otras cinco personas, acusados de apoyar al opositor Partido Unificado Lumumbista (PALU). Trasladados a un centro de detención, estuvieron recluidos en diminutas y sucias celdas y sometidos a un régimen diario de palizas propinadas con culatas de fusiles y cinturones. Tras ser puestos en libertad dos semanas más tarde, sin que se hubiera presentado cargo alguno contra ellos, Stéphane Ibanga afirmó que lo habían torturado tan brutalmente que en el momento de su liberación no podía andar y tuvo que salir del centro de detención arrastrándose. Al menos otros 76 miembros del PALU fueron detenidos en julio.

Aunque en diciembre fueron puestos en libertad unos 156 miembros del PALU y otros detenidos por motivos políticos, a Amnistía Internacional le siguen preocupando los que quedan bajo custodia y las restricciones a las actividades políticas pacíficas que siguen vigentes.

Los defensores de los derechos humanos, entre ellos los sindicalistas, también han sido víctimas de amenazas de muerte, violencia, intimidación y detenciones. La Agencia Nacional de Información detuvo el 5 de noviembre de 1998 durante varios días a 13 miembros del sindicato estudiantil de la Universidad de Lubumbashi. En ese tiempo, según los informes, fueron torturados tan brutalmente que una mujer llamada Manuunga abortó a consecuencia de haber sido violada.

«A su llegada al poder en mayo de 1997, el presidente Kabila prometió poner fin a treinta y dos años de dictadura y violaciones de derechos humanos. Lo que en realidad se ha producido, sin embargo, ha sido un mayor deterioro, deliberado y sistemático, de los derechos humanos fundamentales», ha manifestado Amnistía Internacional.

La organización pide al gobierno que ponga fin a su brutal represión de la libertad de expresión y asociación y se asegure de que los miembros de las fuerzas de seguridad que cometen violaciones de derechos humanos son puestos en manos de la justicia.

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Si desean más información o recibir ejemplares del informe titulado DRC: Government terrorises critics, llamen a la Oficina de Prensa de Amnistía Internacional en Londres (Reino Unido), teléfono +44 171 413 5566, o visiten nuestro sitio web en http://www.amnesty.org. Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http//www.edai.org/centro/.