[Fecha de embargo: 20 de marzo de 2003]Público

Amnistía Internacional

República Democrática del Congo

Al borde del abismo: el agravamiento de la crisis humanitaria y de derechos humanos de Ituri

Marzo de 2003			Resumen
Índice AI: AFR 62/006/2003/s

La región de Ituri, en el nordeste de la República Democrática del Congo, sufre una de las crisis humanitarias y de derechos humanos más graves del mundo. Se calcula que, desde mediados de 1999, el conflicto armado de la región ha causado la muerte de 50.000 personas y convertido a más de 500.000 en desplazados.

La crisis se debe en gran medida a la devastadora violencia que estalló en junio de 1999 entre miembros de los grupos étnicos hema y lendu. Este conflicto ha sido manipulado y exacerbado por líderes de grupos políticos armados que luchan por el control de la región y que han utilizado el origen étnico para reclutar combatientes, a veces por la fuerza, y obtener poder económico y político. Por su parte, las fuerzas gubernamentales ugandesas presentes en la región han cometido numerosas violaciones de derechos humanos e incumplido su obligación de proteger a los civiles. Las constantes fluctuaciones del apoyo militar y político ugandés a los grupos políticos armados que luchan en la región han agravado la inseguridad y aumentado considerablemente la inestabilidad de la situación.

La magnitud de la tragedia de Ituri es terrible, pero Amnistía Internacional cree que la situación podría empeorar aún más y que podría hacerlo bruscamente. El conflicto, al que progresivamente se han visto arrastrados cada vez más grupos étnicos, se está extendiendo. En la región actúan incontables milicias y grupos paramilitares integrados por civiles en función de su origen étnico y que han perpetrado numerosos homicidios ilegítimos en gran escala –pogromos étnicos de hecho– de civiles de otras etnias. La supremacía política en la región está ahora íntimamente ligada al apoyo a uno de los grupos étnicos o a una combinación de ellos y a sus milicias, lo que provoca a su vez el temor y la oposición de las demás comunidades. Han aumentado la apología del odio y los llamamientos extremistas en favor de pueblos y ciudades étnicamente puros. Según informes, los gobiernos de Uganda, Ruanda y la República Democrática del Congo son responsables de transferencias de armas a los grupos armados de Ituri y de proporcionarles adiestramiento; asimismo, tanto Ruanda como la República Democrática del Congo han introducido recientemente tropas en la región.

Los grupos políticos armados y las milicias han cometido también actos generalizados de tortura y malos tratos, secuestros, detenciones arbitrarias, detenciones ilegítimas y otros abusos, casi siempre basándose en la identidad étnica. Las mismas fuerzas han utilizado a niños soldados. Los combatientes han obstaculizado la entrega de ayuda humanitaria a los grupos étnicos considerados «rivales», lo que ha provocado la muerte de incontables civiles en situación de extrema necesidad. Los trabajadores de las organizaciones humanitarias han sido también víctimas de abusos contra los derechos humanos.

En octubre de 2002, Amnistía Internacional publicó una carta abierta al Consejo de Seguridad de la onuen la que expresaba su preocupación por la gravedad de la situación en Ituri. En ella, la organización instaba al Consejo a que adoptara medidas urgentes para contribuir a poner fin a los abusos contra los derechos humanos en Ituri, recomendando en particular que la fuerza de vigilancia del alto el fuego de las Naciones Unidas presente en el país, la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (monuc), recibiera los recursos humanos y materiales, así como el apoyo político, necesarios para cumplir su función de proteger a los civiles que sufren la amenaza inminente de la violencia física.

El Consejo de Seguridad decidió posteriormente reforzar la presencia de la monucen la República Democrática del Congo incrementado el número de efectivos a 8.700. Además, pidió al secretario general de la onuque aumentase también las fuerzas de la monuc en Ituri si estimaba que lo permitía la situación de la seguridad. Sin embargo, en febrero de 2003 no se había reforzado de forma significativa el contingente de la monuc en la región.

Amnistía Internacional está convencida de que, para impedir que se produzca en Ituri un desastre incontrolable desde el punto de vista de los derechos humanos, es necesario que la comunidad internacional se dé cuenta de la urgencia de la situación. Este informe documenta algunos de los graves abusos contra los derechos humanos cometidos últimamente en la región y concluye con una serie de recomendaciones que la organización considera que contribuirán a atenuar y resolver la crisis. Si no se emprende una acción decisiva, no se prevé un final a la tragedia que sufre la población civil congolesa en Ituri.

Este informe resume un documento titulado República Democrática del Congo: Al borde del abismo: el agravamiento de la crisis humanitaria y de derechos humanos de Ituri (Índice AI: AFR 62/006/2003/s), publicado por Amnistía Internacional en marzo de 2003. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento completo. Pueden encontrar amplia documentación sobre éste y otros asuntos en el sitio web de Amnistía Internacional <http://www.amnesty.org> (en inglés), así como recibir comunicados de prensa por correo electrónico en <http://web.amnesty.org/ai.nsf/news>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org>.

SESCRETARIADOSINTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCISÓN DE EDITORIAL AMNISTIA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

[Fecha de embargo: 20 de marzo de 2003]

Público

Amnistía Internacional

República Democrática del Congo

Al borde del abismo: el agravamiento de la crisis humanitaria y de derechos humanos de Ituri

ÍNDICE

Introducción 1

La explotación de las riquezas de Ituri 2

El conflicto entre las etnias hema y lendu 3

Principales protagonistas 5

Uganda, el poder en la sombra de Ituri 5

Los grupos políticos armados 7

Otros protagonistas: los gobiernos de Ruanda y la República Democrática del Congo 8

El marco jurídico internacional: obligaciones de las fuerzas combatientes 9

Sembrar la discordia: violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales ugandesas 11

La vertiginosa crisis de derechos humanos de Ituri: homicidios y otros abusos graves cometidos por los grupos políticos armados 12

Homicidios ilegítimos de civiles en gran escala 12

Dungu: homicidios ilegítimos cometidos por fuerzas de la UCD-ML, la UCD-N y el MLC 12

Bunia: homicidios ilegítimos cometidos por fuerzas de la UPC, las milicias étnicas y los grupos paramilitares civiles 13

Nyankunde: homicidios cometidos por la milicia de etnia ngiti 14

Mambasa: homicidios ilegítimos y otros abusos graves contra los derechos humanos cometidos por el MLC y la UCD-N 15

Otros homicidios ilegítimos, actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos recientemente por grupos políticos armados 16

Hacer callar a los testigos: intimidaciones a activistas locales de los derechos humanos 18

La obstrucción de la operaciones humanitarias, un arma de guerra 18

Niños soldados 19

La respuesta internacional a la crisis 20

Conclusión 21

Recomendaciones 22

Al Consejo de Seguridad de la ONU 22

Al gobierno y el ejército de Uganda 23

A los gobiernos de Ruanda y la República Democrática del Congo 24

A los líderes de los grupos políticos armados y las milicias de Ituri 24

Apéndice: Mapa de Ituri 25

República Democrática del Congo

Al borde del abismo: el agravamiento de la crisis humanitaria y de derechos humanos de Ituri

Introducción

La región de Ituri, en el nordeste de la República Democrática del Congo, sufre una de las crisis humanitarias y de derechos humanos más graves del mundo. Se calcula que desde mediados de 1999, el conflicto armado de la región ha causado la muerte de 50.000 personas y convertido a más de 500.000 en desplazados.(1)

La crisis se debe en gran medida a la devastadora violencia que estalló en junio de 1999 entre miembros de los grupos étnicos hema y lendu. Este conflicto ha sido manipulado y exacerbado por líderes de grupos políticos armados que luchan por el control de la región y que han utilizado el origen étnico para reclutar combatientes, a veces por la fuerza, y obtener poder económico y político. Por su parte, las fuerzas gubernamentales ugandesas presentes en la región han cometido numerosas violaciones de derechos humanos e incumplido su obligación de proteger a los civiles. Las constantes fluctuaciones del apoyo militar y político ugandés a los grupos políticos armados que luchan en la región han agravado la inseguridad y aumentado considerablemente la inestabilidad de la situación.

La magnitud de la tragedia de Ituri es terrible, pero Amnistía Internacional cree que la situación podría empeorar aún más y que podría hacerlo bruscamente. El conflicto, al que progresivamente se han visto arrastrados cada vez más grupos étnicos, se está extendiendo. En la región actúan incontables milicias y grupos paramilitares integrados por civiles en función de su origen étnico y que han perpetrado numerosos homicidios ilegítimos en gran escala –pogromos étnicos de hecho– de civiles de otras etnias. La supremacía política en la región está ahora íntimamente ligada al apoyo a uno de los grupos étnicos o a una combinación de ellos y a sus milicias, lo que provoca a su vez el temor y la oposición de las demás comunidades. Han aumentado la apología del odio y los llamamientos extremistas a favor de pueblos y ciudades étnicamente puros. Según informes, los gobiernos de Uganda, Ruanda y la República Democrática del Congo son responsables de transferencias de armas a los grupos armados de Ituri y de proporcionarles adiestramiento, y tanto Ruanda como la República Democrática del Congo han introducido recientemente tropas en la región.

Los grupos políticos armados y las milicias han cometido también actos generalizados de tortura y malos tratos, secuestros, detenciones arbitrarias, detenciones ilegítimas y otros abusos, casi siempre basándose en la identidad étnica. Las mismas fuerzas han utilizado a niños soldados. Los combatientes han obstaculizado la entrega de ayuda humanitaria a los grupos étnicos considerados «rivales», lo que ha provocado la muerte de incontables civiles en situación de extrema necesidad. Los trabajadores de las organizaciones humanitarias han sido también víctimas de abusos contra los derechos humanos.

En octubre de 2002, Amnistía Internacional publicó una carta abierta al Consejo de Seguridad de la onuen la que expresaba su preocupación por la gravedad de la situación en Ituri. En ella, la organización instaba al Consejo a que adoptara medidas urgentes para contribuir a poner fin a los abusos contra los derechos humanos en Ituri, recomendando en particular que la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (monuc) (2) recibiera los recursos humanos y materiales, así como el apoyo político, necesarios para cumplir su mandato de proteger a los civiles que sufren la amenaza inminente de la violencia física.

El Consejo de Seguridad decidió posteriormente reforzar la presencia de la monucen la República Democrática del Congo incrementado el número de efectivos a 8.700. Además, pidió al secretario general de la onuque aumentase las fuerzas de la monuc en Ituri si estimaba que lo permitía la situación de la seguridad. Sin embargo, en febrero de 2003 no se había reforzado de forma significativa el contingente de la monuc en la región.

Amnistía Internacional está convencida de que, para impedir que se produzca en Ituri un desastre incontrolable desde el punto de vista de los derechos humanos, es necesario que la comunidad internacional se dé cuenta de la urgencia de la situación. Este informe documenta algunos de los graves abusos contra los derechos humanos cometidos últimamente en la región y concluye con una serie de recomendaciones que la organización considera que contribuirán a atenuar y resolver la crisis. Si no se emprende una acción decisiva, no se prevé un final a la tragedia que sufre la población civil congolesa en Ituri.

Ituri es uno de los epicentros del conflicto que asuela la República Democrática del Congo desde 1998, en el que las fuerzas de los gobiernos de Ruanda, Uganda y Burundi, junto con grupos políticos armados que reciben su apoyo, luchan contra el gobierno de la República Democrática del Congo (apoyada por Zimbabue, Angola y Namibia) y contra otros grupos armados, así como entre ellas mismas a veces. Se cree que ya han perdido la vida en el conflicto unos tres millones de congoleses, a causa directamente de la violencia o debido a la desnutrición y las enfermedades provocadas por el desplazamiento de la población y la destrucción de los servicios de salud y humanitarios. Los habitantes de las partes del norte y el nordeste del país, incluida Ituri, que están bajo control de los gobiernos y grupos políticos armados opuestos al gobierno de la República Democrática del Congo son los que más sufrido hasta ahora.

La explotación de las riquezas de Ituri

La provincia de Ituri, situada en el nordeste de la República Democrática del Congo y limítrofe de Uganda, se compone de cinco territorios (territoires): --Aru, Djugu, Irumu, Mahagi y Mambasa--, y su capital es Bunia. Tiene alrededor de cuatro millones y medio de habitantes, pertenecientes a diversos grupos étnicos, como los clanes hendu (y su subclán meridional, los ngiti), hema (y su subclán septentrional, los gegere), bira, alur, ndo okeo, mambissa, nyali y nande.

Ituri es una zona de considerable riqueza natural, con tierras de labranza que pueden llegar a ser muy productivas; yacimientos de oro, diamantes y otros minerales preciosos (como petróleo en la cuenca del lago Alberto), y un importante comercio con Uganda, con los lucrativos derechos de aduana que comporta. La competencia entre las fuerzas combatientes por el control de estos recursos ha sido un importante factor determinante -si no el principal- de la evolución y la prolongación de la crisis de Ituri. Así, el conflicto se ha centrado en especial en los centros de población más lucrativos y con más recursos, como las localidades fronterizas de Aru y Mahagique -importantes fuentes de ingresos provenientes de los derechos de aduana-, y en zonas con minas de oro, como Mongbwalu y Mabanga.

En junio de 2000, la ONU creó un grupo de expertos(3) para investigar la explotación ilegal de los recursos naturales de la República Democrática del Congo por las fuerzas extranjeras y congolesas participantes en el conflicto. En su informe de 2002, el último de los tres presentados al Consejo de Seguridad de la ONU, el Grupo de Expertos señaló la existencia de una «red de poder» formada por oficiales de alta graduación del ejército ugandés, empresarios y líderes de grupos políticos armados congoleses, cuyo objetivo ha sido «ejercer un control monopólico de los principales recursos naturales de la zona, el comercio transfronterizo y los ingresos fiscales a los fines de enriquecer a los miembros de la red».(4) El ejército ugandés, conocido como Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (FDPU), y los grupos políticos armados aliados con él son calificados en el informe de «brazo de coerción de facto de la red», que se vale de «la intimidación, la amenaza y el uso de la fuerza»(5) para mantener y aumentar su control económico sobre la zona. Se afirma, asimismo, en el informe que, las FDPU «siguen provocando conflictos étnicos [...], como en el pasado, y saben muy bien que la inestabilidad que reina en Ituri exigirá la presencia continuada de un mínimo de sus efectivos».(6)

La propia Amnistía Internacional ha encontrado en sus investigaciones indicios de graves abusos contra los derechos humanos cometidos por las partes contendientes y directamente relacionados con la explotación económica de las regiones orientales de la República Democrática del Congo, incluida Ituri. La organización publicará en breve un informe en el que se documentan estos abusos. Asimismo, en octubre de 2002 publicó uno en el que documentaba homicidios ilegítimos de civiles y otra graves violaciones de derechos humanos cometidas las fuerzas de seguridad congolesas en los yacimientos diamantíferos de Mbuji-Mayi(7).

El conflicto entre las etnias hema y lendu

La tensión entre los hema, cuya actividad principal es el pastoreo, y los lendu, dedicados sobre todo a la agricultura, existe desde hace décadas y en ocasiones ha estallado de manera violenta.(8) El gobierno colonial acentuó la división y la desigualdad entre ambas comunidades, así como entre los demás grupos étnicos de la región. Cuando se marcharon los belgas, una élite hema se constituyó en la clase terrateniente y empresarial, así como en núcleo administrativo, lo que proporcionó a esta comunidad mayor acceso a la riqueza, la educación y el poder político. Reflejo de ello es hoy la preponderancia hema en los cargos de influencia de Ituri. No obstante, a pesar de estas diferencias, ambas comunidades coexistían en general pacíficamente, sobre todo en las zonas rurales, que eran las más pobres, y los matrimonios mixtos eran comunes.

En mayo y junio de 1999, estallaron disputas entre terratenientes hema y pequeños agricultores lendu, y la situación degeneró en un conflicto entre ambas comunidades que se ha cobrado ya la vida de millares de civiles. Los líderes políticos y militares de la región han fomentado despiadadamente el conflicto para aprovecharse política, territorial y comercialmente de él.

Civiles lendu heridos en el hospital de Rwankole, Bunia, tras haber sido atacados

por milicias y grupos paramilitares hema, Bunia, enero de 2001. © Privado

Entre junio de 1999 y principios de 2000, durante las primeras etapas de los combates, que estuvieron centrados en el territorio de Djugu, las milicias hema, apoyadas a menudo por las FDPU, que les suministraban armas, ocuparon rápidamente las tierras altas. Las comunidades lendu fueron expulsadas de las zonas en que habitaban tradicionalmente, sobre todo de las situadas a lo largo de las principales carreteras que comunicaban con Uganda. Sin embargo, a medida que se ha ido prolongando el conflicto, los lendu se han beneficiado de alianzas con otras comunidades étnicas y grupos políticos armados. Tanto los hema como los lendu, incitados por sus líderes al odio étnico, han adoptado actitudes cada vez más extremistas. La violencia ha sido extraordinariamente brutal y se ha caracterizado por los homicidios en gran escala con armas blancas, como machetes, hachas, lanzas y arcos y flechas, y los incendios de pueblos enteros, con el consiguiente desplazamiento de sus habitantes.

El conflicto ha ido cobrando y perdiendo intensidad de una manera que refleja claramente la agitación política imperante en Ituri. Las conversaciones de paz y reconciliación mantenidas regularmente entre ambos grupos se han revelado positivas y prometedoras, pero no se han llevado a término debido al incumplimiento de lo acordado y a las diputas entre los líderes políticos y militares de Ituri. El conflicto se ha extendido mientras tanto a territorios relativamente intactos hasta ahora y poco a poco se han visto envueltos en él otros grupos étnicos, en particular los bira y los alur(9). El odio étnico ha afectado también a civiles congoleses llegados a Ituri de otras zonas, en especial a los nande, que, originarios tradicionalmente de la provincia de Kivu Septentrional y creadores en Bunia de una comunidad económicamente muy próspera, son objetivo específico de las milicias y los grupos paramilitares hema por su presunta relación con la Unión Congolesa para la Democracia-Movimiento de Liberación (UCD-ML),(10) grupo político armado, dirigido por Mbusa Nyamwisi, de etnia nande, que se ha mostrado cada vez más partidario de la comunidad lendu, aliándose incluso con ella.

Las FDPU han participado directamente en el conflicto y ha cometido numerosas violaciones de derechos humanos a lo largo de él. Antes de su reciente antagonismo con los líderes políticos hema, en general se pensaba que apoyaban y defendían los intereses de esta comunidad. Se han recibido informes sobre participación de unidades de las FDPU en ataques contra comunidades civiles de étnia, principal, aunque no exclusivamente, lendu (si bien, algunas unidades de las FDPU han defendido pueblos lendu, lo que al menos en una ocasión parece haber causado un enfrentamiento directo con unidades contrarias de las FDPU). Asimismo, hay informes sobre soldados de las FDPU que han vendido armas a ambos grupos étnicos y adiestrado a milicias, principalmente hema, y a niños soldados. Al parecer algunos comandantes de las FDPU han aceptado pagos de empresarios de etnia, principal, pero no exclusivamente, hema a cambio de ofrecerles la protección de sus soldados.

Principales protagonistas

Uganda, el poder en la sombra de Ituri

par A lo largo de su intervención militar en Ituri, Uganda ha afirmado estar actuando en favor de la paz y la reconciliación en la región, y de vez en cuando las FDPU se han interpuesto entre fuerzas enfrentadas para poner fin a los combates. No obstante, las FDPU han hecho notar periódicamente su presencia en Ituri cometiendo infracciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las reiteradas fluctuaciones del apoyo político ugandés a los grupos armados de Ituri han sido también uno de los principales factores determinantes de la crisis.(11)

Ituri está bajo el control efectivo del ejército ugandés desde su llegada a la región en agosto de 1998, al comienzo del actual conflicto de la República Democrática del Congo. No obstante, aunque tiene el control militar, Uganda no ha asumido directamente el control administrativo ni político, sino que es más bien un poder en la sombra, que ejerce su influencia en los distintos grupos armados que compiten por la supremacía política en la provincia.

Todos los grupos políticos armados que combaten actualmente en Ituri están subordinados de una forma u otra al gobierno ugandés. Según informes, todos han recibido adiestramiento militar y armas de Uganda y dependido de la presencia militar de las FDPU para conservar su poder. Sin embargo, el sostén político y militar que presta Uganda a estos grupos ha resultado ambiguo y variable. En ocasiones, las FDPU han intervenido en Ituri para apoyar a un grupo armado congolés contra otro y casi de inmediato han cambiado de bando.

Estableciendo una modalidad de gobierno por poderes que se ha mantenido desde entonces, en junio de 1999 las autoridades militares ugandesas nombraron a un gobernador hema, Adele Lotsove, quien en seguida dictó un decreto por el que se creaba la nueva provincia de «Kibali-Ituri», llamada ahora comúnmente «Ituri», separada de la provincia de Orientale. Sucesivos grupos políticos armados, cada uno de los cuales se ha beneficiado del patrocino militar ugandés y, en ultima instancia, recibido su poder de él, han afirmado desde entonces gobernar Ituri. Uno tras otro, cada uno de ellos se ha disuelto como consecuencia de luchas intestinas y de la retirada del apoyo ugandés en beneficio de una facción o un grupo político armado rival.

Subordinados a la autoridad de Uganda sobre lo asuntos de Ituri, los líderes enfrentados de los grupos políticos armados o de sus facciones han sido convocados periódicamente en Kampala, capital de Uganda, por los dirigentes políticos ugandeses para dirimir sus diferencias. En general, estos intentos de medicación no han sido fructíferos.

Debido a esta situación, en Ituri ha habido un vacío político y un estado de inseguridad casi permanentes, que han fomentado el arraigo de la violencia y de los abusos sistemáticos contra los derechos humanos en la región, así como la interrupción constante de la afluencia de ayuda humanitaria y la destrucción de las riquezas y la infraestructura.

Las fluctuaciones del apoyo ugandés podrían ser el resultado de una ambivalencia deliberada o «estratégica» de las autoridades ugandesas con respecto a los grupos armados congoleses a los que prestan apoyo. Al menos en parte, podrían tener su origen en la explotación comercial de los recursos naturales de la República Democrática del Congo por los poderes militares y empresariales ugandeses, explotación que se ve facilitada la ausencia en la región de una autoridad central autóctona viable. Según el Grupo de Expertos de la ONU, las FDPU «han creado condiciones que requieren la presencia de militares y su participación continua en las operaciones comerciales».(12)

Una de las últimas manifestaciones de esta ambivalencia estratégica fue la acción emprendida por FDPU en apoyo del grupo armado hema Unión de Patriotas Congoleses (Union des patriotes congolais, UPC), cuando éste arrebató Bunia a la UCD-ML, que anteriormente había sido aliada de las FDPU, en agosto de 2002. En enero de 2003, sin embargo, las FDPU estaban reforzando su guarnición de Bunia para controlar a la PUC, cuyos líderes se habían vuelto ahora leales a Ruanda y sus aliados, la Unión Congolesa para la Democracia-Goma, UCD-Goma (Rassemblement congolais pour la démocratie - Goma). Se recibieron también informes no confirmados según los cuales las FDPU estaban apoyando a la UCD-ML y a las milicias lendu en sus ataques a los campos de instrucción de la UPC próximos a Fataki. El 14 de febrero, aparentemente con el consentimiento político de Uganda, una facción prougandesa de la UPC se convirtió en un nuevo grupo, el Frente para la Integración y la Paz en Ituri (Front pour l’intégration et la paix en Ituri, FIPI).

A comienzos de 2003, tras un acuerdo de paz con el gobierno de la República Democrática del Congo firmado en Luanda, Angola, en septiembre de 2002, la presencia de las FDPU en Ituri, que constaba anteriormente de varios batallones, se había reducido de manera considerable y con tenía ya más que de unos 2.000 soldados.(13) En virtud de este acuerdo, Uganda y la República Democrática del Congo decidieron establecer, con ayuda de la MONUC, un organismo conjunto, el Comité de Pacificación de Ituri. Se dieron de plazo 20 días, pero todavía no lo han hecho. El Comité reunirá a los líderes de los grupos armados y a representantes de la sociedad civil de Ituri, así como a delegados de los dos gobiernos, con objeto de dirimir las diferencias y establecer en la región una autoridad administrativa aceptable para todas las partes.

El 11 de febrero de 2003, los dos gobiernos revisaron en Dar-es-Salaam, Tanzania, el calendario de aplicación del acuerdo de Luanda y fijaron en el 25 de febrero la nueva fecha para el establecimiento del Comité de Pacificación de Ituri. El gobierno ugandés se comprometió a retirar las tropas que tenía aún desplegadas en Ituri antes del 20 de marzo 2003, fecha en que el Comité ya habría realizado su trabajo. Sin embargo, tras emitir la UPC un comunicado en el que ponía en tela de juicio la buena fe de Uganda, la República Democrática del Congo y la MONUC y parecía negarse a permitir la participación en el Comité de Pacificación de personas de la zona bajo su control, se aplazó un alto el fuego acordado para el 19 de febrero y que debía preceder al establecimiento del Comité. La postura de la UPC, que amenazaba con menoscabar la creación del Comité, fue, al menos en parte, una reacción a la formación del FIPI.

Uganda sigue siendo esencial en la búsqueda de una solución a la crisis de Ituri y es, por ausencia de otras, la única fuerza que está actualmente en condiciones de garantizar la seguridad y la protección de la población civil de la provincia. En septiembre de 2002, el secretario general de la ONU manifestó: «Dada la volatilidad de la situación [en Ituri], las funciones de seguridad debería ejercerla la Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda (FDPU) de manera imparcial, hasta el momento en que pueda ser reemplazada por una fuerza que representa una autoridad legítima y aceptable para las comunidades de Ituri».(14)

Los grupos políticos armados

Cinco grupos políticos armados se disputan el control de Ituri. Uganda los ha respaldado a todos: unas veces a unos y otras a otros, y a menudo a todos a la vez.

La Unión Congolesa para la Democracia-Movimiento de Liberación (Rassemblement congolais pour la démocratie – Mouvement de libération, UCD-ML), dirigida por Mbusa Nyamwisi. Fue fundada en Kisangani (en ese momento se llamaba UCD-ML/Kisangani) en mayo de 1999 por Ernest Wamba dia Wamba, quien acababa de ser privado de la presidencia de la UCD original, opuesta al gobierno de la República Democrática del Congo y respaldada por Ruanda y Uganda. La UCD-ML se fue de Kisangani tras combatir con las fuerzas ruandesas y ugandesas por el control de la ciudad en agosto de 1999, e instaló su cuartel general en Bunia con el apoyo de las FDPU(15). Desde entonces ha habido en el seno de la UCD-ML una sucesión de luchas por el poder, con nuevas divisiones que han exacerbado el conflicto étnico de Ituri. Ernest Wamba dia Wamba fue desbancado posteriormente por sus dos adjuntos, Mbusa Nyamwisi y John Tibasima Ateenyi.(16) Las FDPU adiestraron y armaron a milicias reclutadas y utilizadas por Nyamwisi y Tibasima en sucesivos intentos de derrocar a Wamba.

Hasta sufrir una serie de reveses militares recientes, la UCD-ML afirmó ser la autoridad política y administrativa de Ituri y del norte de la provincia de Kivu Septentrional. Tenía su cuartel general en Bunia y contaba con el apoyo militar de las FDPU. Fue expulsada de esta ciudad en agosto de 2002, y ahora tiene su base en Beni, Kivu Septentrional, la provincia natal de Mbusa Nyamwisi. Al igual que otros grupos políticos de la región, la UCD-ML se ha identificado cada vez más con determinadas comunidades étnicas y ha ido granjeándose su apoyo; en su caso, esta asociación ha sido con los nande y los lendu/ngiti. La UCD-ML y su brazo armado, el Ejército del Pueblo Congolés (Armée du peuple congolais, APC), han cometido numerosos abusos contra los derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos de civiles.(17) En septiembre de 2002, el APC atacó, junto con la milicia ngiti aliada con él, la localidad de Nyankunde y, según informes, se mantuvo al margen mientras sus aliados mataban a centenares de civiles.

El Movimiento por la Liberación del Congo (Mouvement pour la libération du Congo, MLC), dirigido por Jean-Pierre Bemba. Tiene su cuartel general en Gbadolite, en el noroeste de la República Democrática del Congo, y controla gran parte del norte del país. Aliado con la UCD-N (véase infra), a finales de 2002 avanzó sobre las posiciones de la UCD-ML en Ituri. Según informes, últimamente ha estrechado sus relación con la UPC.

La Unión Congolesa para la Democracia-Nacional (Rassemblement congolais pour la démocratie – National, UCD-N), dirigida por Roger Lumbala. Tiene su base en Bafwasende, zona diamantífera de la provincia Orientale. Al igual que la UCD-ML, es una rama de la UCD original. Hasta su reciente alianza con el MLC y su oposición a la UCD-ML, tuvo un papel relativamente secundario en el conflicto de la República Democrática del Congo.

Tanto el MLC con la UCD-N han sido acusados recientemente de cometer abusos contra los derechos humanos, como homicidios ilegítimos y violaciones y otros actos de tortura, en su avance contra la UCD-ML.

La Unión de Patriotas Congoleses (Union des Patriotes Congolais, UPC), dirigida por Thomas Lubanga, ex ministro de Defensa por la UCD-ML. Formada en abril de 2002, se nutre casi exclusivamente de miembros del grupo étnico hema. En agosto de 2002, apoyada por las FDPU, expulsó a la UCD-ML de Bunia y posteriormente le arrebató las importantes ciudades de Mahagi y Aru. Tras la victoria, la UPC, la milicia hema y los grupos paramilitares cometieron numerosos homicidios deliberados y arbitrarios de civiles. A continuación, la UPC trató de hacer ver, por medio del Frente Popular para la Reconciliación Popular (Front pour la réconciliation populaire, FRP), que la composición étnica de su administración era más amplia, pero lo cierto es que sigue estando estrechamente relacionada con la milicia extremista y los intereses económicos hema.

Posteriormente se produjeron divisiones internas en la UPC, donde, según informes, había una facción partidaria de una alianza con Ruanda y otra que prefería aliarse con Uganda. Esta última se convirtió en un nuevo grupo político armado, el Frente por la Integración y la Paz en Ituri (Front pour l’intégration et la paix en Ituri, FIPI), dirigido por Gegere Chief Kawa Mandro Panga. Su formación se anunció en el hotel Speke de Kampala, Uganda, el 14 de febrero de 2003. Esta última división en el seno de la UPC amenazó con desencadenar una nueva sangría capaz intensificar la violencia étnica.

Aparte de estos grupos políticos importantes hay otras facciones armadas y milicias en Ituri. La milicia hema está ya estrechamente relacionada con la UPC (o el FIPI), mientras que la milicia lendu/ngiti se alía cada vez más con la UCD-ML. Otros grupos, como los mayi mayi congoleses y los grupos ugandeses de oposición, como el Ejército Nacional para la Liberación de Uganda (National Army for the Liberation of Uganda, ENLU), también se han aliado a veces, según informes, con la UCD-ML, las fuerzas lendu o ambas. De acuerdo con la información recibida, también hay presencia en Ituri de grupos armados hutus ruandeses, como la milicia interahamwe, algunos miembros de la cual participaron presuntamente en el genocidio de Ruanda de 1994.

Otros protagonistas: los gobiernos de Ruanda y la República Democrática del Congo

Desde principios de 2002, la UCD-ML ha buscado un mayor acercamiento al gobierno de la República Democrática del Congo, su antiguo enemigo, y, según informes, ha recibido armas de Kinshasa. Las autoridades del gobierno de la República Democrática del Congo han visitado Ituri para consolidar estar relación y demostrar que ejercen ya en la región una influencia que les había sido negada desde 1998. Estos contactos han suscitado la oposición vehemente de los líderes hema, que han expresado su deseo de conseguir la autonomía para Ituri. En agosto de 2002, el ministro de Derechos Humanos de la República Democrática del Congo, Ntumba Luaba, fue secuestrado por la milicia hema durante su visita a la provincia y estuvo tres días cautivo.(18) Más recientemente, el gobierno de la República Democrática del Congo ha desplegado tropas en la región de Beni para apoyar a la UCD-ML. Sostiene que ha enviado militares allí para «empezar a integrar a la UCD-ML en el ejército nacional congolés».(19) Otras fuentes han indicado que las fuerzas del gobierno de la República Democrática del Congo en Beni ascienden a cuatro batallones.

Ruanda también tiene cada vez más participación en la crisis de Ituri. Se cree que hay ciudadanos ruandeses relacionados, según informes, con el ejército de su país desempeñando importantes cargos en el mando militar y de seguridad de la UPC. De acuerdo con la información recibida, Ruanda ha suministrado, además, armas a la UPC y proporcionado expertos militares para adiestrar a la milicia hema. El 6 de enero de 2003, la UCD-Goma, el grupo político armado respaldado por Ruanda que intenta actualmente conservar el control de Kivu Septentrional y Meridional, anunció una alianza con la UPC. Los informes recibidos en enero y febrero de 2003 indicaban que había fuerzas del gobierno ruandés en Ituri y que estaban reforzando a la UPC en Fataki y Mongbwalu. El gobierno ruandés lo ha negado y sostiene que retiró sus fuerzas de la República Democrática del Congo antes de octubre de 2002 en virtud de un acuerdo que había firmado con el gobierno congolés el 30 de julio de 2002 en Pretoria, Sudáfrica. Sin embargo, algunos informes continúan denunciado la presencia de tropas del gobierno ruandés en varias zonas del este de la República Democrática del Congo.

En febrero de 2003, la UCD-Goma había reforzado también sus fuerzas en torno a Kanyabayonga, Kivu Septentrional, donde la zona bajo su control se une a la controlada por la UCD-ML, y, según informes, las FDPU estaban desplegando tropas a lo largo de la frontera de Uganda con Ituri, cerca de Mahagi, si bien las autoridades de Uganda lo negaban. Estos hechos amenazaban con exacerbar y ampliar el conflicto armado en Ituri.

El marco jurídico internacional: obligaciones de las fuerzas combatientes

El este y el nordeste de la República Democrática del Congo son escenario de un conflicto armado internacional y de varios conflictos internos. La conducta de los combatientes en ambos tipos de conflicto está regulada por una serie de convenios internacionales que forman parte del derecho internacional humanitario. Los abusos contra los derechos humanos documentados en este informe contravienen disposicones de las normas regionales e internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que el gobierno de Uganda y los grupos políticos armados activos en Ituri están obligados a respetar.

En los conflictos armados internos, todas las partes están obligadas a respetar el artículo común 3 de los Convenios de Ginebra de 1949, que hace extensiva la protección a las «personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa». Este artículo dispone que, «en todas las circunstancias», tales personas han de ser «tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo». Asimismo, prohíbe «en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:

a)

los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;

b) la toma de rehenes;

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. (Amnistía Internacional, de conformidad con su oposición a la pena de muerte en cualquiera de sus formas, se opone a las ejecuciones en todas las circunstancias, tanto si las llevan a cabo los gobiernos como grupos armados.

Según el artículo 14 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), de 1977, las fuerzas combatientes tienen también prohibido «atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego».

Uganda debe respetar igualmente el cuarto Convenio de Ginebra, que gobierna la protección de los civiles en tiempo de guerra y se aplica «en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las Altas Partes Contratantes». Su artículo 27 dispone: «Las personas protegidas(20)... Siempre serán tratadas con humanidad y protegidas especialmente contra cualquier acto de violencia o de intimidación». En el artículo 146 se impone a la Altas Partes Contratantes la obligación de determinar las debidas sanciones penales que se han de imponer a la personas que cometan u orden cometer «infracciones graves» del Convenio, y en el 147 se indica que constituyen tales infracciones «el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal, el hecho de forzar a una persona protegida a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarla de su derecho a ser juzgada legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio, la toma de rehenes, la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario».

El artículo 146 dispone además: «Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ella cargos suficientes».

Uganda ha ratificado los cuatro Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales. Está también obligada a cumplir otras normas internacionales de derechos humanos en las que es Parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a torturas son derechos intangibles, que se deben proteger siempre. Los gobiernos no pueden aducir circunstancias extraordinarias de ningún tipo, ni siquiera un estado de guerra o de emergencia, para justificar la violación de estos derechos. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que Uganda también ha ratificado, prevé igualmente estos derechos y no permite a los Estados incumplir las obligaciones que han contraído.

Sembrar la discordia: violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales ugandesas

A lo largo de su intervención en Ituri, las FDPU han perpetrado graves violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios deliberados y arbitrarios de civiles desarmados y ejecuciones extrajudiciales. Su conducta ha sido uno de los principales factores determinantes del caos y la violencia en que se ha sumido Ituri, pues ha generado inseguridad por todas partes, ha animado a cometer abusos similares de poder a los grupos políticos armados que han contado con su apoyo y ha sembrado la discordia entre los grupos étnicos.

-23 Uno de los casos más graves de que se tiene noticia ocurrió en febrero en 2002, cuando una unidad de las FDPU cometió un sucesión de homicidios de civiles y arrasó varios pueblos en los alrededores de Gety, territorio de Irumu. En concreto, mató deliberada y arbitrariamente a seis civiles lendu desarmados en Kagoro el 11 de febrero, hasta 65 civiles lendu en Chakurundu es mismo día y 9 civiles lendu, que al parecer habían intentado impedir que los soldados de la unidad se llevaran su ganado, en Mukiro el 14 de febrero. Según algunos informes, la unidad se había presentado a las poblaciones locales como parte de una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU. Como represalia, al parecer, por estos homicidios, el 15 de febrero la milicia lendu lanzó ataques contra civiles hema en Boga, territorio de Irumu, matando, según informes, a 15 personas.

De acuerdo con los informes recibidos, el 16 de febrero, en la ciudad de Gety, la misma unidad de las FDPU golpeó, ató y enterró vivo a Corneille Mateso Atdidhu Ayamaya, tesorero, lendu, de la colectividad (collectivité) de Walendu-Bindi. Una persona que vio lo ocurrido desde un escondite lo desenterró, todavía vivo. Los informes indican que otros civiles lendu de Gety también fueron torturados o maltratados.

El 11 de mayo de 2002, un alto cargo de la UCD-ML, Richard Bokalala Elanga, administrador del territorio de Djugu, fue muerto a tiros, según informes, por soldados de las FDPU en Tchomya, territorio de Djugu. Es posible que su homicidio guardara relación con la creciente tensión entre la élite política hema, a la sazón apoyada por las FDPU, y la UCD-ML. Esta tensión degeneró en agosto de 2002 en combates por el control de Bunia entre la UPC, apoyada por las FDPU, y la UCD-ML. En el curso de los combates murieron, según informes, varios civiles a causa de disparos efectuados indiscriminadamente por las FDPU, que utilizaron incluso tanques, al asaltar un distrito de Bunia donde se encontraban diversos altos cargos de la UCD-ML.

Además de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales ugandesas, ha habido situaciones en las que, a pesar de tener un firme control sobre la zona, las FDPU no han protegido a los civiles por no intervenir o por haberlo hecho con retraso para impedir que grupos políticos armados, milicias o grupos paramilitares civiles cometieran homicidios y otros abusos contra los derechos humanos. Una de estas situaciones se produjo en Bunia el 19 de enero de 2001(21) y, nuevamente, en agosto de 2002, cuando las FDPU no detuvieron el homicidio de centenares de civiles por tales fuerzas.

Miembros de milicia ngiti (con fetiches) capturados

por las FDPU. Su captura se produjo después de

que atacaran Bunia en enero de 2001 y, al parecer,

fueron ejecutados sumariamente por las FDPU o por

la UCD-ML . © Privado

La vertiginosa crisis de derechos humanos de Ituri: homicidios y otros abusos graves cometidos por los grupos políticos armados

Los grupos políticos armados y las milicias étnicas ha cometido en Ituri graves abusos contra los derechos humanos y graves infracciones del derecho internacional humanitario. Hubo indignadas protestas nacionales e internacionales tras abusos como el homicidio de seis trabajadores del Comité Internacional de la Cruz Roja en abril de 2001 o, más recientemente, el asesinato del gobernador de la UPC Joseph Eneko(22) y el secuestro de ministro de Derechos Humanos de la República Democrática del Congo, Ntumba Luaba. Sin embargo, los presuntos autores de estos y muchos otros abusos contra los derechos humanos no han comparecido ante la justicia a pesar de haber sido identificados públicamente. Quienes cometen y ordenan cometer estos delitos obtienen de la impunidad poder, riqueza y ánimo para volver a hacerlo, con lo que se refuerza la espiral de ilegalidad y violencia en Ituri.

Homicidios ilegítimos de civiles en gran escala

Los grupos políticos armados y las milicias han cometido homicidios deliberados y arbitrarios de civiles desarmados en escala masiva, violando así el artículo común 3 de los Convenios de Ginebra. Tales homicidios, perpetrados a menudo en razón de la identidad étnica, se han convertido en una característica de la crisis de Ituri y son cada vez más recurrentes. Los casos expuestos a continuación son algunos de los más terribles ocurridos recientemente. No constituyen una lista exhaustiva, pues, según informes, en los últimos meses se han cometido otras matanzas, en las que han perdido la vida centenares de civiles, en Bogoro, Blukwa, Mabanga, Mongbwalu y otras partes, y esta situación continúa. En febrero de 2003 se recibieron casi a diario informes sobre combates librados en la región entre la UPC y fuerzas lendu. El día 7, se supo que la milicia lendu había matado ilegítimamente a decenas de civiles desarmados en el pueblo de Kakhwa, situado a 40 kilómetros de Bunia. El 25, la misma milicia atacó, según informes, Bogoro, pueblo de mayoría hema y base de la UPC , situado unos 15 kilómetros al sur de Bunia, en el territorio de Irumu. Los informes indicaban que los atacantes habían expulsado a la UPC del pueblo y habían matado ilegítimamente a un número no confirmado de civiles.(23)

Dungu: homicidios ilegítimos cometidos por fuerzas de la UCD-ML, la UCD-N y el MLC

En agosto de 2002, en Dungu, localidad del distrito de Haut-Uélé, en la provincia de Orientale, adyacente a Ituri, decenas de civiles fueron víctimas de homicidio ilegítimo en el curso de combates entre la UCD-ML, por un lado, y la UCD-N y el MLC, por el otro. Según informes, los grupos armados no hicieron nada para distinguir entre civiles y combatientes; a muchas de la víctimas les dispararon por la espalda, al parecer deliberadamente, cuando huían. La mayoría eran mujeres y niños y entre ellas se encontraban: Germaine Amisi, de 22 años; Lidi Mentho Gento, de 14; Henrietta Kiseka, de 10; Adele Lubenga, de 31; Toto Mande, de 18, y Lucie Biraheka, de 77. Centenares de personas más se vieron desplazadas y buscaron refugio en los bosques circundantes, donde su situación sin abrigo ni alimentos, empeoró aún más.

Bunia: homicidios ilegítimos cometidos por fuerzas de la UPC, las milicias étnicas y los grupos paramilitares civiles

El 6 de agosto de 2002, la UPC atacó a las fuerzas de la UCD-ML en Bunia. Los combates concluyeron con la retirada de la UCD-ML a Beni tras bombardear la UPC y las FDPU, el 9 de agosto, las residencias del gobernador de Ituri, Jean-Pierre Molondo, y de otras autoridades de la UCD-ML con artillería pesada. Según informes, en el curso de los combates librados por el control de esta zona residencial, conocida como sous-région,murieron unos 50 civiles. Algunos de los informes indicaban que los soldados de las FDPU y la UPC habían matado deliberadamente a civiles desarmados, incluidas mujeres y niños, en el distrito.

Durante los combates y después de ellos, las milicias étnicas y los grupos paramilitares civiles recorrieron la ciudad, matando a quien les parecían miembros de grupos étnicos «rivales». Según informes, murieron alrededor de 110 civiles. A muchos de ellos los mataron a machetazos y su cadáveres fueron arrojados a fosas comunes que se descubrieron posteriormente por toda la ciudad. Según los informes, la mayoría de las víctimas eran de las comunidades lendu, bira y nande, y entre ellas había mujeres y niños. La milicia lendu cometió también, de acuerdo con los informes, varios homicidios de civiles desarmados en el distrito de Mudzi-pela y en otros barrios de etnia predominantemente hema. Millares de civiles huyeron de Bunia, y otros, en su mayoría lendu, se ocultaron en la misma ciudad. Según los informes, las FDPU participaron en saqueos de comercios y otros locales nande.

Entre las víctimas se encontraban: Ukumu Ngure, periodista de etnia alur que trabajaba en una emisora de radio de Bunia, Radio CANDIP, y a quien mataron el 8 de agosto en el barrio de Mudzi-pela; Madame Candy, peluquera de 27 años, originaria de la provincia de Katanga, en el sudeste de la República Democrática del Congo, que estaba embarazada cuando murió; el reverendo Basimaki Byabasaija, ministro de la iglesia anglicana, y Mbuna, ex diputado de etnia ngiti, a quien mataron en su casa de Bunia el 10 de agosto debido, aparentemente, a su identidad étnica.

Las milicias hema también establecieron controles de carretera en torno a Bunia y mataron o propinaron palizas a miembros de grupos étnicos considerados enemigos. El 14 de agosto, el agente de policía Guillaume Millifue capturado en Iga Barrière, a unos 20 kilómetros de Bunia, por milicianos hema, que lo sacaron de un vehículo. Se ignora la suerte que ha corrido.

Según informes, fuera de Bunia, la milicia lendu y las fuerzas de la UCD-ML atacaron pueblos hema y cometieron varios homicidios ilegítimos de civiles en lugares como Komandam, donde el 20 de agosto murieron a manos de los milicianos decenas de civiles. El 16 de agosto, la milicia lendu cortó el suministro de agua de Bunia, agravando así la difícil situación humanitaria de la población civil de la ciudad.

Nyankunde: homicidios cometidos por la milicia de etnia ngiti

El 5 de septiembre de 2002 por la mañana, miembros de la milicia ngiti y soldados del APC atacaron la ciudad de Nyankunde, situada a unos 45 kilómetros de Bunia, en la colectividad(24)de Andisoma, territorio de Irumu. Es posible que lo hicieran como represalia por un ataque realizado por la UPC contra el pueblo ngiti de Songolo el 31 de agosto.

Nyankunde contenía un importante centro médico y hospital misionero, el Centre Médical Evangélique,que atendía a la población de kilómetros a la redonda. Las fuerzas de la UPC habían tomado posiciones en la ciudad tras la salida de los soldados ugandeses en agosto de 2002, pero fueron expulsadas tras un breve tiroteo.

Poco después, la milicia ngiti, armada con machetes, cuchillos, hachas y armas de fuego entró en la ciudad y comenzó a matar a los civiles que le parecían de etnia hema o bira. Según informes, hubo centenares de víctimas, la mayoría de las cuales murieron degolladas o a machetazos; asimismo, a los pacientes del hospital, entre los que había niños y madres que estaban amamantando a sus hijos, los sacaron de la cama y los mataron, y lo mismo les ocurrió a varios miembros del personal médico. Los cadáveres estuvieron varios días allí tirados, descomponiéndose, hasta que la milicia ngiti los arrojó a zanjas e intentó quemarlos.

Entre las víctimas se encontraban, según informes: el pastor Salomon Isereve, capellán del hospital; la hermanaEstelle Buma; el enfermero Kabagambe;Mugisa; una mujer adulta llamada Habibu; la niña de 10 años Marie Pepe Singay 10 miembros de su familia, y una mujer conocida como Betty. Según los informes, a un niño de cuatro años,hijo de una mujer llamada Kavira, lo mataron a machetazos cuando salía por la puerta posterior de su casa huyendo de la milicia.

Al día siguiente, la milicia ngiti reunió a los presuntos hema y bira que habían sobrevivido a este primer ataque y los encerró sin comida ni agua en un edificio del centro de la misión. Según informes, algunas de estas personas, entre las que había niños de muy corta edad, murieron de hambre, deshidratación o enfermedad con el paso de los días; la milicia entró entonces en la improvisada prisión para recoger los cadáveres y arrojarlos a letrinas.

El 6 de septiembre, miembros de la milicia ngiti encontraron a diversos miembros del personal médico y a pacientes atrincherados en la sala de cuidados intensivos del hospital. Según informes, mataron allí mismo a algunas de estas personas, por ser hema, y a las demás las llevaron a rastras al edificio utilizado como prisión. Hasta 120 personas había aún recluidas, según informes, en este edificio cuando otros sobrevivientes de la matanza, a los que habían agrupado en otra parte de la misión, consiguieron escapar al amparo de la lluvia el 12 de septiembre. Los huidos, que eran más de un millar, caminaron durante 10 días hasta llegar a Oicha, otro hospital misionero, situado a 150 kilómetros de allí. Se ignora la suerte que corrieron los 120 civiles encarcelados.

El administrador de la colectividad de Andisoma, de etnia bira, fue detenido por soldados de la UPC, que lo mataron posteriormente en Bunia (véase infra).

Mambasa: homicidios ilegítimos y otros abusos graves contra los derechos humanos cometidos por el MLC y la UCD-N

A finales de diciembre de 2002 comenzaron a llegar informes sobre homicidios ilegítimos de civiles cometidos por fuerzas del MLC y la UCD-N en Mambasa, localidad situada 120 kilómetros al oeste de Bunia, y en otras poblaciones de Ituri entre octubre y diciembre en su avance sobre Beni, plaza fuerte de la UCD-ML. Los informes indicaban que los combatientes habían cometido homicidios en gran escala y habían comido u obligado a los prisioneros a comer partes de los cadáveres de algunas de las víctimas.(25)

A partir del 31 de diciembre, un equipo de la MONUC desplegado en la región para investigar estos informes entrevistó a más de 500 víctimas y testigos desplazados de los alrededores de Mambasa y entre los que había 29 niños no acompañados, algunos de los cuales habían presenciado el homicidio de sus familiares. Los testimonios recogidos corroboraron los informes, por lo que el 15 de enero de 2003 la MONUC declaró públicamente que había llegado a la conclusión de que las fuerzas del MLC y la UCD-N, así como algunos elementos de la UPC, habían cometido «saqueos y violaciones sistemáticas, así como ejecuciones sumarias y secuestros», durante una operación llamada «borrar el encerado» (effacer le tableau) y dirigida contra comunidades civiles locales.(26) La MONUC señaló que los perpetradores habían atacado en especial a la comunidad nande de Mambasa, así como a miembros del grupo étnico twa(27) y de otras poblaciones de pueblos situados entre Mambasa y Beni. El 9 de enero reveló que había encontrado tres fosas comunes en la zona de Mambasa.

Las conclusiones preliminares de la investigación de la MONUC (que continuaba aún en febrero) revelaron que había habido 117 casos de ejecución sumaria, la mayoría de ellos entre el 24 y el 29 de octubre, y 65 de violación, algunos de ellos de menores, así como casos de tortura y detención ilegal. Algunas de las víctimas habían sido «ejecutadas, mutiladas y utilizadas en prácticas caníbales».(28) El informe preliminar de la MONUC, que no se ha hecho público, se envió al Consejo de Seguridad de la ONU, cuyos miembros condenaron «en los términos más rotundos» estas «matanzas y violaciones sistemáticas de derechos humanos» y pidieron al líder del MLC, Jean-Pierre Bemba, que hiciera rendir cuentas a los responsables.(29)

Otras fuentes informaron de que entre la víctimas de homicidio ilegítimo se encontraban Mama Fuaubey su nieto, Nyongolo, y una mujer llamada Salama, junto con su hijo, Kebe, y su hija, Espola. Al parecer, habían muerto a manos de fuerzas del MLC en un campamento twa del pueblo de Some, situado a unos 25 kilómetros de Mambasa. De acuerdo también con los informes, en otro campamento twa, situado en Matodi, a unos 35 kilómetros de Mambasa por la carretera de Beni, mataron a dos mujeres y a dos niños de la familia Salambongoy se comieron algunas partes de sus cuerpos, y en Badisende, localidad situada a 40 kilómetros de Mambasa, los combatientes del MLC obligaron a una mujer nande, Apoline, a cocinar y comer partes del cadáver de su esposo, también nande, al que habían matado. Amnistía Internacional recibió también informes según los cuales las fuerzas del MLC y la UCD-N habían violado y sometido a otras torturas sexuales a mujeres y a una niña de 12 años, a veces delante de sus esposos o de otros miembros de su familias, en los alrededores de Mambasa.(30)

Los combates librados por el MLC y la UCD-N contra la UCD-ML a finales de 2002 desplazaron, según informes, a unas 180.000 personas. Según los observadores la propia Mambasa, que tenía normalmente alrededor de 30.000 habitantes, parecía una ciudad casi fantasma.

Ante la condena nacional e internacional de estos abusos, el líder del MLC, Jean-Pierre Bemba, anunció posteriormente la detención de uno de sus jefes militares –el teniente coronel Freddy Ngalimo, quien, según informes, está acusado de la ejecución sumaria de cuatro civiles en Mambasa en octubre de 2002— y de varios soldados más. El 18 de febrero comenzó en Gbadolite el juicio ante un tribunal militar de 20 miembros del MLC acusados de haber cometido «extorsión, violación, asesinato, saqueo y desacato»(31) en la región de Mambasa. No obstante, al igual que todos lo grupos políticos armados de la República Democrática del Congo, el MLC no se ha mostrado dispuesto en ocasiones anteriores a tomar medidas disciplinarias contra los combatientes sospechosos de cometer abusos contra los derechos humanos ni los ha retirado de su cargo ni de situaciones en las que podían cometer nuevos abusos.

Otros homicidios ilegítimos, actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos recientemente por grupos políticos armados

Los grupos políticos armados han cometido homicidios ilegítimos, actos de tortura o malos tratos y otros abusos contra los derechos humanos, contraviniendo así el artículo común 3 de los Convenios de Ginebra.

El actual gobierno de la UPC en Bunia y otras ciudades no se diferencia apenas del de la UCD-ML, que cometió numerosos abusos contra los derechos humanos durante el tiempo que estuvo en poder en Bunia y continúa cometiéndolos en otras partes de las provincias de Ituri y Kivu Septentrional. Los abusos cometidos por las fueras de la UPC y la UCD-ML han cobrado una dimensión étnica cada vez más acusada y ahora es habitual que vayan asociados a una creciente incitación a la desconfianza y el odio étnicos. Según fuentes locales, el 18 de noviembre de 2002, por ejemplo, en una manifestación convocada por la UPC, Thomas Lubanga afirmóp que el grupo étnico nande en particular tenía «ambiciones contrarias a los habitantes de Ituri»; asimismo, en una emisora de radio local se advirtió que quienes no asistieran a la manifestación tendrían que dar explicaciones a las fuerzas de seguridad de la UPC. También se ha informado de llamamientos aún más radicales al odio étnico en reuniones comunitarias celebradas en toda la región.

A medida que la UPC fue consolidando su control sobre Bunia tras la retirada de la UCD-ML a principios de agosto de 2002, se intensificó su campaña de intimidación y violencia contra los habitantes que no eran de etnia hema y contra los hema sospechosos de oponerse a la UPC. Debido a esta violencia orquestada han huido de la ciudad muchos más civiles. En particular han sido víctimas de homicidio o detención ilegal los miembros destacados de la comunidad de Bunia, los individuos de etnia hema sospechosos de disidencia y los representantes de otras comunidades étnicas.

Johnson Adriko, ex vicepresidente de la UPC y ex teniente de alcalde de Bunia, se encuentra en paradero desconocido desde que asistió a una reunión organizada por la UPC en Bunia el 29 de septiembre de 2002. Se cree que ha sido víctima de homicidio ilegítimo a manos de soldados de la UPC. Según informes, había discutido con la dirección del grupo y criticado el dominio hema de los principales cargos de éste; asimismo, había sido acusado por miembros de la UPC de dar refugio a civiles lendu en agosto de 2002 y de propugnar la reconciliación con esta comunidad étnica.

Bulamuzi Bin Mangilio, jefe de la colectividad (chef de collectivité) de Andisoma, territorio de Irumu, que había sido detenido por la UPC, murió en Bunia a manos de individuos armados pertenecientes, se cree, a este grupo político, el 5 de septiembre de 2002, poco después de haber sido puesto en libertad. Era de etnia bira y había sido detenido ese mismo día cerca de Nyankunde por fuerzas de la UPC que se retiraban del ataque ngiti y del APC a la ciudad. Lo habían llevado a Bunia donde, según informes, soldados de la UPC lo habían torturado tras acusarlo, al parecer, de colaborar con los atacantes ngiti. Quedó en libertad hacia las seis de la tarde, pero lo mataron de un tiro cuando se regresaba a su casa, en la ciudad. Según los informes, 20 minutos más tarde soldados de la UPC se llevaron el cadáver y se deshicieron de él en algún lugar desconocido.

El 12 de noviembre, Jacques Kabasele, presidente del tribunal superior (Tribunal de grande instance) de Bunia fue detenido por la UPC y estuvo recluido sin cargos durante más de tres semanas en la Dirección General de Migración (Direction Générale des Migrations, DGM), los servicios de información y seguridad de la policía, en Bunia. Según informes, lo acusaron de colaborar con la UCD-ML o con el gobierno de Kinshasa.

También se detuvo por presunta colaboración o relación con la UCD-ML a muchas otras personas, que fueron recluidas en la Dirección General de Migración o en el Departamento 2 (Bureau 2), los servicios de información militar, de Bunia. Una de ellas fue John Loango, inspector de Hacienda detenido el 12 de noviembre y recluido durante tres semanas antes de quedar en libertad sin cargos, aparentemente por haber visitado hacía poco Beni, donde la UCD-ML tienen su cuartel general.

En otras zonas que han caído bajo el control de la UPC se han cometido abusos similares contra los derechos humanos, como el homicidio de Abbé Bwanalonga, sacerdote católico a quien, según informes, los soldados de la UPC mataron el 24 de noviembre de 2002, en Mongbwalu, parroquia en la que llevaba ya varios años. Los informes indicaban que las fuerzas de la UPC lo habían detenido el 20 de noviembre, poco después de apoderarse de la ciudad. Se cree que lo mataron por ser de origen étnico ngiti y miembro destacado de la comunidad.

En Aru, varias personas fueron detenidas arbitrariamente por orden del jefe militar de la UPC y estuvieron recluidas en condiciones inhumanas en un contenedor de metal, donde, según los informes, fueron también sometidas a torturas y malos tratos. Aunque estaban acusadas de colaborar con fuerzas contrarias a la UPC, algunas de ellas eran funcionarios de aduanas y de otros organismos públicos relacionados con la recaudación de impuestos en la zona, y las dejaron el libertad tras pagar una «multa».

Según informes, la milicia lendu también ha cometido homicidios ilegítimos, en ocasiones de combatientes capturados, lo que constituye una infracción del artículo común 3 de los Convenios de Ginebra. El 4 de octubre de 2002, en Mongbwal, capturó, junto con el APC, con el que había tomado la ciudad, al soldado Pierre Ukila Wathum. Según informes, a pesar de haber pedido un dirigente del APC que se trasladara al prisionero a Beni, la milicia lendu lo mató y lo descuartizo públicamente. Los informes indican que los milicianos utilizaron los genitales como fetiches y asaron públicamente el resto el cuerpo, que se comieron en cuencos de chikwange, pan tradicional congolés de mandioca fermentada.

Hacer callar a los testigos: intimidaciones a activistas locales de los derechos humanos

Los grupos políticos armados parecen tener un gran temor a que las noticias de los abusos cometidos en Ituri lleguen al mundo exterior. Para evitarlo, han perpetrado también abusos contra los activistas congoleses de derechos humanos.

El 3 de septiembre de 2002, unos soldados de la UCD-ML detuvieron en Aru a Honoré Musoko, abogado y presidente de Justice Plus,organización de derechos humanos con sede en Bunia, cuando, recién llegado en barco de Uganda, se disponía a tomar un avión para Bunia. Lo trasladaron a su base militar de «Mont Hawa», en el territorio de Aru, donde estuvo recluido durante cuatro días, acusado de hacer declaraciones hostiles sobre la UCD-ML y de colaborar con sus oponentes. Sin embargo, el verdadero motivo de su detención parece guardar relación con una entrevista que concedió a la emisora de radio Voice of Americasobre el deterioro de la situación política y de los derechos humanos en la región de Ituri. El 7 de septiembre fue puesto en libertad y conducido por un jefe militar de la UCD-ML a la frontera ugandesa. Honoré Musoko no ha vuelto a la región desde entonces.

Más recientemente, Justice Plusha estado en el punto de mira de la UPC. El 5 de febrero de 2003, tras conceder de nuevo Honoré Musoko una entrevista a una emisora de radio internacional sobre la situación de los derechos humanos en Ituri, la UPC asaltó la oficinas de Bunia de la organización. Al no encontrar allí a ninguno de sus miembros, fue a las oficinas de Bunia Business Communications, dentro de comunicaciones propiedad de Honoré Musoko, donde detuvieron a dos trabajadores y confiscaron un teléfono de comunicación por satélite y material informático. Los detenidos quedaron posteriormente en libertad sin cargos. Otros miembros de Justice Plusse han ocultado.

Ya había ocurrido un suceso similar el 12 de noviembre 2002, cuando la UPC detuvo a otro empleado de Bunia Business Communications, Henri Bura, quien estuvo recluido en la Dirección General de Migración, acusado de estar en contacto con los «enemigos» de la UMP, y, según informes, fue torturado hasta que «confesó». Lo dejaron en libertad tras pagar una suma a sus captores.

La obstrucción de la operaciones humanitarias, un arma de guerra

Las fuerzas contendientes han sometido también a abusos contra los derechos humanos a miembros de ONG internacionales humanitarias que trabajan en la región. Tales abusos ponen revelan la existencia de una situación de intimidación que tiene por objeto impedir el envío de ayuda humanitaria a miembros de grupos étnicos «rivales». El hostigamiento deliberado a que someten los combatientes a las organizaciones de ayuda humanitaria y a sus trabajadores ha sido causa de incontables muertes de civiles en Ituri.

La intimidación y la violencia de que son objeto los trabajadores humanitarios es una deplorable característica del conflicto entre los grupos étnicos hema y lendu desde hace ya tiempo, pues persiste desde antes de que la UPC tomara Bunia. Tanto la milicia lendu y como la hema han amenazado al personal de las organizaciones humanitarias y obstaculizado sus actividades. Los líderes de los grupos étnicos han difundido a menudo propaganda dirigida a convencer a sus respectivas comunidades de que las ONG están favoreciendo a los grupos étnicos «rivales» con la ayuda humanitaria e incluso suministrando armas a las comunidades «enemigas». Asimismo, las fuerzas combatientes han confiscado material de ONG humanitarias internacionales.

El caso más brutal tuvo lugar el 26 de abril de 2001, cuando seis miembros del personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (dos expatriados y cuatro congoleses) fueron asesinados en una emboscada, al parecer cuidadosamente planeada, que les tendieron en un pueblo lendu abandonado de una carretera de la zona situada al sur de Fataki, plaza fuerte hema del territorio de Djugu. Jamás se ha podido identificar a los organizadores y ni a los autores de estos homicidios, tras los cuales todas las ONG humanitarias internacionales presentes en Ituri suspendieron sus operaciones durante varias semanas.

La UPC ha cometido últimamente una larga serie de abusos contra trabajadores humanitarios. A finales de noviembre mantuvo detenidos en Bunia durante un breve periodo a miembros expatriados y congoleses del personal de cuatro ONG humanitarias internacionales. Algunas de estas detenciones guardaban relación con la negativa de las ONG a hacer envíos de alimentos y medicinas a los combatientes de la UPC. Asimismo, la UPC ha obstaculizado el suministro de ayuda humanitaria por carretera desde Uganda y no ha permitido los envíos por vía aérea a Bunia, incluso de material humanitario, si no se han hecho con Mbau Air, compañía aérea relacionada con ella.

El 23 de noviembre, la UPC expulsó de Bunia al representante de la OCHA, aparentemente por haber protestado contra la primera de estas detenciones. Anteriormente ya habían sido retirados de Bunia otros miembros del personal de la ONU, incluidos un representante anterior de la OCHA y un delegado de la MONUC, debido a presiones similares de líderes hema y a acusaciones de favoritismo formuladas contra ellos.

Las UPC y la milicia hema han hecho también intentos concertados de impedir que la ayuda humanitaria llegue a otros grupos étnicos. El 4 de abril, en Dhebu, las fuerzas de la UPC destruyeron un centro de asistencia creado con objeto de mejorar la alimentación de niños menores de 5 años con graves problemas de desnutrición. Este ataqué condenó a una «muerte segura», como dijo un observador, al menos a 250 niños. El personal del centro s vio obligado a huir.

Las amenazas a ONG humanitarias han continuado. El 22 de enero de 2003, varias personas que aseguraban representar a la comunidad lendu de Kpandroma, plaza fuerte de la milicia Lendu en el norte de Ituri, hicieron un comunicado en el que denunciaban falta de imparcial en la distribución de la ayuda humanitaria en beneficio de la comunidad hema y amenazaban con utilizar las mismas estrategias que ella para obligar a los trabajadores humanitarios a ayudar también a su comunidad.(32)

Niños soldados

Todos los grupos políticos armados y milicias congoleses participantes en el conflicto de Ituri han utilizado a niños soldados, a veces de tan sólo 10 años. Sus líderes no han tenido inconveniente en enviarlos a los combates. Por otro lado, se cree que muchos de estos niños han sido adiestrados por militares ugandeses y ruandeses.

Aunque las unidades de protección de menores adscritas a la MONUC y a las ONG locales e internacionales han hecho considerables esfuerzos para rescatar a niños soldados, a veces con la cooperación de los grupos políticos soldados, muchos de los niños rescatados son «reciclados» posteriormente para integrarlos en las milicias locales o los grupos políticos armados contendientes. Asimismo, sin posibilidad de encontrar otros medios de vida, muchos vuelven a alistarse a instancias de los caudillos locales. Se cree que había niños soldados entre los soldados que resultaron muertos en junio de 2002 durante un ataque de la UCD-ML y la milicia Lendu a un campo de instrucción militar de la UPC situado en Mandro, cerca de Bunia, y en el que, según informes, murieron también varios civiles.

De acuerdo con la información disponible, la UPC ha ordenado también a las comunidades locales que le proporcionen niños y niñas, además de jóvenes, para utilizarlos como soldados o como criados. El 7 de febrero de 2003, el líder de la UPC, Thomas Lubanga, ordenó, según informes, que cada familia de la zona controlada por su grupo ayudara a mantener la guerra con una vaca, dinero o un hijo.(33)

La respuesta internacional a la crisis

Sólo hay una pequeña presencia de la ONU en Ituri: un equipo de observación militar de la MONUC y un representante de la OCHA, ambos en Bunia. Aunque los sucesivos representantes de la OCHA han participado de manera considerable en los esfuerzos por lograr la reconciliación entre los grupos étnicos hema y lendu, su presencia no ha sido suficiente para impedir los ataques contra civiles en la región. Como ya dijimos, algunos miembros del personal de la ONU se han visto obligados a abandonar la región como consecuencia de las acusaciones de favoritismo vertidas contra ellos por líderes políticos o comunitarios. Debido a la inseguridad persistente aún en la región, a principios de 2003 el equipo de la MONUC no tenía ya actividades más allá de Bunia.

La ONU y otros sectores de la comunidad internacional llevan ya algún tiempo reconociendo la intensificación de la crisis de Ituri. Han pedido reiteradamente a los combatientes que pongan fin a las hostilidades y se contengan, y han organizado o patrocinado también varios intentos de resolver el conflicto. En septiembre de 2002, el secretario general de la ONU, manifestó en un informe especial sobre la MONUC que la situación era «explosiva» y que la respuesta de la MONUC consistiría en promover «la obligación de rendir cuentas por parte de las autoridades de facto y [adoptar] medidas de fomento de la confianza entre las comunidades».(34) Entre tales medidas figuraba la intención de reforzar el contingente de la ONU en Buni e instalar allí un transmisor de la emisora civil de radio de la MONUC (Radio Okapi) para contrarrestar los efectos de la incitación al odio y la violencia. La MONUC ha participado también en el establecimiento de un comité conjunto de pacificación, integrado por representantes de los gobiernos de la República Democrática del Congo y de Uganda. Como ya dijimos, el secretario general instó, además, al ejército ugandés a continuar encargándose de la seguridad en la región.

El 4 de diciembre de 2002, tras formular el secretario general de la ONU sus recomendaciones, el Consejo de Seguridad acordó, en su Resolución 1445, aumentar a 8.700 el número máximo de efectivos de la MONUC en República Democrática del Congo.(35) En esa Resolución, el Consejo de Seguridad «[e]xpresa su profunda preocupación por la intensificación de la violencia contra grupos étnicos en la región de Ituri, condena toda esa violencia o incitación a la violencia, pide a todas las partes que tomen inmediatamente medidas para calmar esas tensiones, garantizar la protección de los civiles y poner fin a las violaciones de los derechos humanos [...] y pide al Secretario General que aumente la presencia de la MONUC estacionada en

la zona, si determina que la situación de la seguridad lo permite». Sobre esta última petición, hay que señalar que aún no se aumentado de manera considerable el número de efectivos de la MONUC en Ituri.

Conclusión

Amnistía Internacional cree que la comunidad internacional debe hacer algo para evitar que la intensificación de la violencia y el odio étnicos degenere en una tragedia para los derechos humanos en Ituri. A juicio de la organización, es preciso tomar con urgencia medidas para poner fin a los abusos contra los derechos humanos que las distintas fuerzas armadas de la región están perpetrando en gran escala y promover la reconciliación entre las comunidades de Ituri.

Amnistía Internacional acoge con beneplácito la iniciativas anunciadas por el secretario general de la ONU para mejorar la situación en Ituri, entre las que destaca el uso de una radio civil de la ONU para contrarrestar los efectos de la propaganda y apología del odio en la región y el apoyo a los esfuerzos de reconciliación entre las comunidades étnicas de Ituri. Asimismo, la organización ve con satisfacción la prontitud con que la MONUC ha abierto investigaciones tras los recientes abusos contra los derechos humanos cometidos en Mambasa y sus alrededores y espera que esta medida sirva de modelo a la repuesta que se dé a futuras denuncias de abusos graves contra los derechos humanos en la República Democrática del Congo.

No obstante, estas medidas quizá no basten por sí solas para mitigar la crisis de Ituri. De acuerdo con su carta de octubre de 2002 al Consejo de Seguridad de la ONU, Amnistía Internacional continúa recomendando que se dote con urgencia a la MONUC de los medios materiales y humanos necesarios para que, contando también con el apoyo político preciso, cumpla su función de proteger a los civiles bajo amenaza inminente de violencia física en la República Democrática del Congo, incluido Ituri.

Amnistía Internacional cree también que quienes hayan cometido u ordenado cometer abusos graves contra los derechos humanos en Ituri o en otras partes de la República Democrática del Congo deben comparecer anta la justicia. La organización reitera, por tanto, su llamamiento a que el Consejo de Seguridad de la ONU establezca una comisión que se encargue de investigar exhaustivamente las violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos cometidas en toda la República Democrática del Congo. Se debe pedir a la MONUC que facilite y garantice la seguridad de los miembros de la comisión a fin de que la investigación pueda llevarse a cabo en todo el país, incluido Ituri. La comisión ha tener también atribuciones para entrevistar a testigos y a presuntos autores de abusos en países que tengan fuerzas u otro tipo de personal en la República Democrática del Congo. En su cometido ha de figurar también la formulación de recomendaciones sobre medidas para hacer comparecer ante la justicia, incluso ante tribunales nacionales competentes, independientes e imparciales, a los autores de graves abusos contra los derechos humanos.

Por otro lado, las autoridades ugandesas deben tomar de inmediato medidas para garantizar que las FDPU respetan las disposiciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos relativas a la protección de los civiles y de los combatientes que dejan de tomar parte en las hostilidades. El gobierno ugandés debe también emprender investigaciones nacionales competentes, independientes e imparciales, en colaboración con la MONUC y con toda comisión internacional de investigación que se establezca, sobre los presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos en Ituri, incluidos los atribuidos a miembros de las FDPU, y hacer comparecer a los presuntos autores ante la justicia.

Recomendaciones

Al Consejo de Seguridad de la ONU

· Insistir en que todas las partes en el conflicto respeten el derecho internacional humanitario para garantizar la protección de la población civil y permitir y facilitar el envío sin trabas de ayuda humanitaria.

· Aumentar con urgencia la presencia de la MONUC en la región de Ituri para que desempeñe su función de proteger a los civiles bajo amenaza inminente de violencia física. Tal despliegue contribuirá también considerablemente a crear las condiciones necesarias para el envío sin trabas de la ayuda humanitaria que con tanta urgencia se necesita en la región.

· Establecer una comisión internacional de investigación, formada por expertos, para examinar las violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos cometidas en la República Democrática del Congo, incluidas los perpetradas a partir de agosto de 1998 y las perpetrados en Ituri. Tal comisión ha de estar dotada de los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y tomar la medidas consiguientes, como poner a disposición judicial a los autores de las violaciones. Se debe pedir a la MONUC que facilite y garantice la seguridad de los miembros de la comisión.

· Continuar y ampliar la investigaciones de la MONUC y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre presuntos abusos cometidos en la región, prestando para ello todo el apoyo material y político necesario. Los resultados de estas investigaciones deben de hacerse públicos.

· Pedir a los gobiernos y grupos armados participantes en el conflicto de la República Democrática del Congo que asuman el compromiso de facilitar tales investigaciones y colaborar en ellas, así como de someter a juicio a los presuntos autores de abusos identificados en las investigaciones.

· Instar a que se ponga a disposición judicial, incluso en los países a los que pertenecen o que los apoyan, a los combatientes y líderes o jefes militares que, según las investigaciones, hayan cometido, ordenado cometer o consentido que se cometan abusos contra los derechos humanos.

· Pedir que los Estados miembros de la ONU impidan la transferencia, a todas las entidades no gubernamentales con fuerzas armadas den Ituri, de material, armamento, personal y formación militares, de seguridad y policiales si cabe la posibilidad de que sean utilizados para cometer abusos contra los derechos humanos. Tal prohibición, aplicable también al apoyo logístico y económico, debe mantenerse hasta que quepa demostrar de manera razonable que lo transferido no se utiliza para cometer abusos contra los derechos humanos ni violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos.

· Apoyar las iniciativas de fomento de la justicia, la reconciliación y los derechos humanos en Ituri. En particular, la MONUC y otros organismos de la ONU no deben escatimar esfuerzos para apoyar, promover y proteger el trabajo de los activistas y las organizaciones independientes de derechos humanos en Ituri.

· Impartir formación sobre las normas internacionales de derechos humanos y la aplicación de la ley a la policía civil y al personal judicial, tras todo acuerdo a que pueda llegarse sobre el establecimiento de una nueva administración en Ituri y el despliegue de una policía civil congolesa en la región.

Al gobierno y el ejército de Uganda

· Informar claramente a las FDPU de su deber de respetar las normas mínimas de conducta humana proclamadas en el derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Esta información ha de complementarse con formación en derecho internacional humanitario y normas internacionales de derechos humanos.

· Garantizar que se respetan en todas las circunstancias las disposiciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos relativas a la protección de los civiles y a la necesidad de dispensar un trato humano a los combatientes que han dejado de tomar parte en las hostilidades.

· Informar a todos los miembros de las FDPU que tienen el derecho y el deber de no acatar las órdenes que puedan ser causa de abusos contra los derechos humanos.

· Ordenar a las FDPU que permitan y faciliten el envío sin trabas de asistencia humanitaria a todas las zonas bajo su control y que permitan y faciliten el acceso pleno a estas zonas de los organismos internacionales humanitarios y de derechos humanos.

· Cumplir la obligación que tiene Uganda, en virtud del artículo 146 del cuarto Convenio de Ginebra, de «buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves [del Convenio] y [...] hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad».

· Investigar sin demora y con imparcialidad los informes de abusos contra los derechos humanos cometidos en zonas bajo control de las FDPU, incluidos los perpetrados presuntamente por unidades de la FDPU, y garantizar que los responsables comparecen ante la justicia. Las investigaciones y los juicios han de realizarse siempre de acuerdo con las normas internacionales sobre justicia procesal, y jamas se debe imponer ni ejecutar la pena de muerte.

· Facilitar, cooperando plenamente en ellas, las investigaciones que realicen los organismos internacionales sobre los informes de abusos contra los derechos humanos en la República Democrática del Congo.

· Poner fin de inmediato a las transferencias de material, armamento, personal y formación militares, de seguridad y policiales a grupos políticos armados de la República Democrática del Congo que hayan cometido abusos contra los derechos humanos, y acabar también con todo apoyo logístico y económico a tales grupos.

· Poner fin al reclutamiento en las fuerzas armadas de menores de 18 años, como dispone la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño, y cooperar con la MONUC y demás organismos competentes en los programas de desarme, desmovilización y reintegración de los niños soldados.

A los gobiernos de Ruanda y la República Democrática del Congo

· Poner fin de inmediato a las transferencias de material, armamento, personal y formación militares, de seguridad y policiales a grupos políticos armados de la República Democrática del Congo que hayan cometido abusos contra los derechos humanos, y acabar también con todo apoyo logístico y económico a tales grupos.

· Poner fin al reclutamiento en las fuerzas armadas de menores de 18 años, como dispone la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño, y cooperar con la MONUC y demás organismos competentes en los programas de desarme, desmovilización y reintegración de los niños soldados.

· Facilitar, cooperando plenamente en ellas, las investigaciones sobre los informes de abusos contra los derechos humanos en la República Democrática del Congo. Garantizar que los responsables comparecen ante la justicia, de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos y sin imponer la pena de muerte.

A los líderes de los grupos políticos armados y las milicias de Ituri

· Todos los grupos armados deben poner fin de inmediato a los homicidios ilegítimos y demás abusos contra los derechos humanos de que son objeto los civiles y los combatientes que han dejado de tomar parte en las hostilidades.

· Todas las fuerzas deben poner fin de inmediato al hostigamiento y a los abusos contra los derechos humanos de que son objeto el personal de las ONG humanitarias y los activistas de derechos humanos y garantizar el acceso sin trabas y en condiciones de seguridad de los organismos humanitarios a todas las zonas bajo su control.

· Todos los grupos armados deben poner fin al reclutamiento en sus fuerzas de menores de 18 años y cooperar con la MONUC y demás organismos competentes en los programas de desarme, desmovilización y reintegración de niños soldados.

· Los líderes y jefes militares de los grupos políticos armados de Ituri deben:

o Comprometerse públicamente a salvaguardar los derechos humanos y garantizar que sus combatientes no cometen abusos contra ellos.

o Informar claramente y de inmediato a todos los combatientes, desde los niveles superiores de dirección y mando, de que los abusos contra los derechos humanos de los civiles no se tolerarán.

o Retirar a todo combatiente sospechoso de haber cometido abusos contra los derechos humanos de los cargos y situaciones en que pueda continuar cometiéndolos.

o Abstenerse de realizar actos o hacer declaraciones que inciten a la violencia o el odio étnicos.

o Permitir al acceso pleno y sin trabas de los organismos internacionales humanitarios y de derechos humanos a las zonas bajo su control.

o Cooperar plenamente, ordenando también a sus fuerzas que lo hagan, en las investigaciones que realicen sobre informes de abusos contra los derechos humanos los organismos de la ONU, cualquier comisión internacional de investigación que pueda formarse y otras organizaciones internacionales de derechos humanos.

Apéndice: Mapa de Ituri

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(1) No existen fuentes realmente fidedignas que permitan determinar el número de personas fallecidas a causa de la violencia en Ituri. En marzo de 2002, una organización de derechos humanos congolesa con sede en Ituri, Justice Plus, calculaba que el número de muertos (bajas directas e indirectas de los combates) era de 47.000. Otras fuentes humanitarias elevaron esta cifra a cerca de 58.000 en septiembre de 2002. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la onu (ocah) menciona 50.000 muertos y 500.000 desplazados en el informe sobre Ituri de su red regional integrada de información, de diciembre de 2002.

(2) La fuerza de vigilancia del alto el fuego enviada por las Naciones Unidas al país.

(3) Grupo de Expertos de las Naciones Unidas encargado de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la República Democrática del Congo.

(4) Informe del Grupo de Expertos, documento de la ONU S/2002/1146, 16 de octubre de 2002, párr. 97.

(5) Íbid, párr. 101.

(6) Íbid, párr. 14.

(7) República Democrática del Congo: Un gran negocio que se cobra vidas - El comercio de diamantes en las zonas de la RDC que controla el gobierno (Índice AI: AFR 62/017/2002/s).

(8) Al parecer, la comunidad hema tiene unos 150.000miembros, y la lendu, alrededor de 750.000.

(9) Últimamente el conflicto étnico se ha extendido también a Uganda, donde civiles alur atacaron a principios de febrero de 2003 a civiles lendu en el distrito de Nebbi, región del Nilo Occidental, causando 15 muertes y el desplazamiento de hasta 3.000 personas. Al parecer el ataque se llevó a cabo como represalia por la muerte de tres alur a manos de lendu el 7 de febrero.

(10) Rassemblement congolais pour la démocratie – Mouvement de libération.

(11) Encontrarán información general sobre este asunto en el informe de Human Rights Watch Uganda in Eastern República Democrática del Congo: Fueling Political and Ethnic Strife, de marzo de 2001.

(12) Informe del Grupo de Expertos de octubre de 2002, documento de la ONU S/2002/1146, párr. 122.

(13) Algunas fuentes de la región afirman que el número de soldados de las FDPU desplegados aún en Ituri es mucho mayor, de cerca de 5.000.

(14) Informe especial del secretario general de la ONU sobre la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, documento de la ONU S/2002/1005, 10 de septiembre de 2002.

(15) La otra gran facción de la UCD se convirtió en la UCD-Goma, que tenía su cuartel general en Goma, provincia de Kivu Septentrional, y estaba respaldada por Ruanda.

(16) Mbusa Nyamwisi y John Tibasima son del nordeste de la República Democrática del Congo (Mbusa Nyamwisi es nande, grupo étnico de Kivu Septentrional con gran poder económico, y John Tibasima Ateenyi, hema), mientras que Ernest Wamba dia Wamba procede de Bas-Congo, en el oeste de la República Democrática del Congo.

(17) Véase, por ejemplo, el informe de Amnistía Internacional Democratic Republic of Congo: Killing human decency (Índice AI: AFR 62/07/00), de mayo de 2000.

(18) Ntumba Luaba fue secuestrado el 29 de agosto por la milicia hema de la UPC, que lo retuvo durante tres días. Lo dejaron en libertad a cambio de la excarcelación de varios miembros de la UPC que habían sido detenidos en Kinshasa cuando participaban en las conversaciones de paz entre los grupos políticos armados de Ituri auspiciadas por el gobierno de la República Democrática del Congo. Ntumba Luaba había sido enviado a Ituri por su gobierno para mediar entre la UCD-ML y la UPC, que habían sostenido combates en Bunia y en otras partes a comienzos de agosto de 2002.

(19) Conferencia de prensa ofrecida por el ministro de Interior de la República Democrática del Congo, Theophile Mbemba, en Kinshasa el 1 de febrero de 2003.

(20) Son personas protegidas por este Convenio las que «en cualquier momento y de la manera que sea, estén, en caso de conflicto o de ocupación, en poder de una Parte en conflicto o de una Potencia ocupante de la cual no sean súbditas» (artículo 4).

(21) El 19 de enero de 2001, la milicia hema mató a unos 150 civiles, en su mayoría lendu. Los homicidios se cometieron como represalia por un ataque lanzado esa misma mañana por un grupo amado lendu contra las posiciones de las FDPU y contra zonas residenciales de la ciudad y en el que, según informes, los atacantes mataron al menos a 50 civiles. Tras rechazar el ataque, las FDPU no intervinieron con prontitud para impedir los posteriores homicidios de civiles en Bunia, a pesar de habérselo pedido reiteradamente los líderes comunitarios y los organismos internacionales humanitarios; no procedieron a restablecer el orden hasta la noche. Según los informes, tropas de las FDPU y la UCD-ML ejecutaron sumariamente a milicianos lendu capturados. Los homicidios de agosto de 2002 se describen más adelante.

(22) Joseph Eneko, gobernador de la UPC y ex gobernador de la UCD-ML en la región, resultó muerto el 21 de noviembre de 2002 al caer su convoy en una emboscada tendida por desconocidos cerca de Mahagi, a menos de 10 kilómetros de la frontera ugandesa, en el norte de Ituri. También murieron algunos de los miembros de su escolta. Según informes, Joseph Eneko había reñido con la dirección de la UPC. Ese mismo día habían estallado combates entre fuerzas de la UPC y la UCD-ML en la zona. Ambos grupos armados negaron ser responsables del homicidio.

(23) La UPC dijo que en Bogoro y sus inmediaciones habían muerto 467 civiles. En el momento de redactar el presente informe no se había confirmado esta cifra de manera independiente.

(24) Las colectividades (collectivités) son las unidades en que están divididos los territorios. A veces se las llama también chefferies.

(25) Algunos grupos étnicos de la región de los Grandes Lagos creen todavía en prácticas de brujería como comer o llevar encima partes del cuerpo de los enemigos a los que se matado, para adquirir protección y fuerza. No obstante, el uso manifiesto del canibalismo como arma de guerra es indicador del alto grado de brutalidad y embrutecimiento a que se ha llegado en Ituri.

(26) MONUC, comunicado de prensa núm. 03/2003, 15 de enero de 2003 [traducción no oficial].

(27) A los twa, llamados a veces «pigmeos» o «gente del bosque», se los conoce como mbote o mbute en Ituri. En toda la región de los Grandes Lagos, son un grupo étnico marginado y empobrecido.

(28) MONUC, comunicado de prensa núm. 03/2003, 15 de enero de 2003 [traducción no oficial].

(29) Declaración del presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, comunicado de prensa SC/7634/AFR/543, 15 de enero de 2003 [traducción no oficial].

(30) Desde entonces se ha publicado en la prensa el testimonio de algunos sobrevivientes y testigos. Véase, por ejemplo, en el periódico Le Monde, el artículo Actes de cannibalisme au Congo, del 27 de febrero de 2003.

(31) Entrevista realizada a Jean-Pierre Bemba por la red regional integrada de información de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la onu (ocah), 6 de febrero de 2003.

(32) «[...] la communauté Lendu se réserve les droits d’utiliser les mêmes stratégies pour contraindre les humanitaires à les aider aussi».

(33) Informe de la red regional integrada de información de la OCAH, 7 de febrero de 2003.

(34) Documento de la ONU S/2002/1005, 10 de septiembre de 2002.

(35) Documento de la ONU S/RES/1445 (2002). Anteriormente, el máximo número de efectivos de la MONUC autorizado era de 5.537, aunque el despliegue real no ha llegado a esa cifra.