Amnistía Internacional

AMÉRICA

PONIENDO LOS DERECHOS HUMANOS

EN EL ORDEN DEL DíA

LAS PREOCUPACIONES DE AMNISTíA INTERNACIONALEN LAS AMÉRICAS

Abril del 2001

Índice AI: AMR 01/001/2001/s

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

Ñ

AMÉRICA

PONIENDO LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ORDEN DEL DíA

LAS PREOCUPACIONES DE AMNISTíA INTERNACIONALEN LAS AMÉRICAS

Entre el 20 y el 22 de abril de 2001 se llevará a cabo la Tercera Cumbre de las Américas en la ciudad de Quebec, Canadá. De esta manera se continúa una serie de encuentros de presidentes y primeros ministros del continente, iniciados en la última decada con la Cumbre efectuada en Miami (1994), a la que siguió la realizada en Santiago de Chile (1998). El propósito general de estos encuentros, segun se ha anunciado, es discutir temas comunes y buscar soluciones a problemas compartidos por los países americanos.

Los asuntos a tratar en esta próxima oportunidad son en su mayoría de índole económica y comercial, añadiendose el tema del Fortalecimiento de la Democracia , el cual es, sin duda, de permanente relevancia para el continente. Con respecto a ello Amnistía Internacional considera indispensable remarcar que no es posible la democracia cuando no existe respeto efectivo a los derechos humanos. Sin éstos, la propia idea de democracia se convierte en formula puramente nominal e inverosimil, ya que la finalidad de toda organización democrática es hacer factible, precisamente, el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.

El carácter esencial de estos derechos es reconocido universalmente, y por cierto también a través de numerosos instrumentos de alcance continental como la propia Carta Constitutiva de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde se enfatiza que entre los principios que ella asume está el respeto a los derechos fundamentales. Más aún, en los documentos básicos de las Cumbres de las Americas ya efectuadas se insiste en la importancia de la promoción y protección de los derechos humanos, asumiéndolos como una preocupación primordial para los gobiernos de la región. Debe advertirse que es ya hoy criterio generalizado que las estrategias economicas o comerciales, cualesquiera que ellas fuesen, son aceptables en la medida en que no impidan el respeto a los derechos fundamentales. Por consiguiente, Amnistía Internacional plantea que la problemática de los derechos humanos, como base de toda democracia, es la que debe tener primera prioridad por sobre los aspectos meramente económicos y comerciales, en la Cumbre de las Américas próxima a realizarse.

A pesar de numerosas garantías gubernamentales, Amnistía Internacional sigue denunciando y haciendo campañas sobre las graves violaciones de los derechos humanos que se cometen en toda la región. Dentro de éstas, se incluyen pésimas condiciones carcelarias, abusos policiales, amenazas de muerte, asesinatos políticos, el sometimiento de los solicitantes de asilo a malos tratos, amenazas y hostigamiento dirigidos a los defensores de derechos humanos, la persistencia del uso de la pena capital. Durante el año en curso en el que Amnistía Internacional viene llevando a cabo una Campaña contra la Tortura a escala mundial, la organización va poniendo de relieve la realidad descarnada que muestran los fenómenos de tortura y los malos tratos: agresiones sexuales, brutalidad policial, uso excesivo de la fuerza, el sometimiento de menores, mujeres y otros presos a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sigue ocurriendo en la región que el acceso a la justicia y las garantías judiciales resultan frecuentemente imposibilitados, las situaciones de extrema pobreza evidencian la denegación de esenciales derechos económicos, sociales y culturales, y la impunidad sigue estando presente a través de actitudes omisivas que se respaldan, en no pocas ocasiones, en normas sobre amnistía, indultos y la derivación de asuntos propios de los tribunales civiles hacia los tribunales militares.

A pesar de las medidas adoptadas por los gobiernos civiles para proteger los derechos civiles y políticos, a pesar de las nuevas leyes, Constituciones y enmiendas constitucionales que se han establecido con la declarada intención de reforzar la protección legal de los derechos humanos al más alto nivel, a pesar de todo esto, todavía existe un abismo enorme entre las declaraciones oficiales y mejoras concretas en cuanto a la situación de los derechos humanos en las Américas.

En este contexto, la importancia de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos (la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos) es innegable como complemento y apoyo para superar no pocas situaciones de debilidad en las instituciones de números países americanos. Amnistía Internacional considera necesario y llama a que los países del Continente adopten medidas para reforzar el efectivo cumplimiento de todas las decisiones de dichos órganos, otorgándoles mayores recursos económicos y humanos.

Es también importante destacar como aspecto esencial y componente básico del sistema de protección de los derechos humanos, a los defensores de los derechos humanos. Debe tenerse presente que la mayoría de veces, el accionar de los mismos es el elemento que promueve y hace factible la actuación de los mecanismos nacionales e internacionales de protección. La trascendencia de las tareas de los defensores es ya universalmente aceptada a través de la ''Declaración sobre el Derecho sobre el derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente reconocidos'' de la ONU, y en consonancia con ello, se ha procedido a la designación de una Representante Especial que, por encargo del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, tiene el cometido de vigilar la aplicación de la Declaración.

A su vez, la Asamblea General de la OEA, últimamente y durante dos años consecutivos, ha dictado resoluciones sobre el tema encomiando el papel de los defensores y deplorando los actos que impiden o dificultan sus tareas. Debido a los esfuerzos que hacen para apoyar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y para denunciar los abusos cometidos por agentes del Estado, los defensores de los derechos humanos en muchos países americanos enfrentan persecución constante. Algunos de ellos han ''desparecido'', a otros se los han asesinado por protestar contra la violencia del Estado, otros han sido encarcelados por reclamar los derechos de los presos. Los defensores de los derechos humanos desempeñan un papel vital al responzabilizar a los Estados con respeto a las garantías que éstos deben ofrecer y a sus obligaciones esenciales ante las personas y la colectividad. Su vigilancia y dedicación constantes frecuentemente constituyen la única defensa contra la injusticia y el abuso del poder.

Amnistía Internacional considera que las evidencias concretas y el reconocimiento general del papel de los defensores, hacen ahora imprescindible que se les brinde el apoyo necesario, a través de medidas que protejan y faciliten efectivamente su trabajo.

Teniendo presente todo lo indicado, Amnistía Internacional en forma expresa insta a los Estados y autoridades participantes en la Tercera Cumbre de las Americas a dar primera prioridad a los asuntos propios de la problemática de los Derechos Humanos, por sobre aspectos o consideraciones meramente comerciales o economicas; en congruencia con ello, igualmente les insta a apoyar el fortalecimiento del sistema interamericano de proteccion de los derechos humanos y asimismo, en este marco, les insta a respaldar y proteger las actividades que desempeñan los defensores de los derechos humanos en todo el continente.

3600

Los jefes de Estado y los gobiernos representados en este Cumbre de las Américas tienen la responsabilidad de cumplir con las normas y los tratados internacionales que han firmado o ratificado, así como la responsabilidad de garantizar el pleno respeto de los derechos de las personas. Mientras se sigan cometiendo violaciones de los derechos humanos, Amnistía Internacional seguirá buscando la determinación de los responsables y pidiendo justicia para todos.

El documento adjunto da un resumen de las preocupaciones de Amnistía Internacional en las Américas durante el año 2000. La organización ha publicado informes sobre muchos de los países mencionados en el documento, cuyas temas incluyen, entre otros, la pena de muerte, la brutalidad policial, los derechos de los pueblos indígenas, el sometimiento a tortura o malos tratos, incluyendo de mujeres, niños, lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, amenazas de muerte, asesinatos políticos y presos de consciencia.

LAS PREOCUPACIONES DE AMNISTíA INTERNACIONALEN LAS AMÉRICAS

ARGENTINA

Se recibieron informes constantes de violencia ejercida por la policRa provincial. Segdn los informes, m<s de 80 personas murieron a manos de la policRa en circunstancias que sugieren que se hizo un uso excesivo o desproporcionado de la fuerza. Se recibieron informes de tortura y malos tratos por parte de la policRa contra detenidos y presuntos delincuentes. Aunque se presentaron cargos contra algunos agentes, se desconocRa el resultado de la mayorRa de las denuncias.

Durante el aZo continuaron las investigaciones y los procedimientos judiciales iniciados en Italia, EspaZa y Alemania en relaci\n con las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar (de 1976 a 1983). En varios paRses se presentaron solicitudes de extradici\n contra ex miembros de las fuerzas armadas argentinas. En Argentina, las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar est<n amparadas por la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida.

Varios miembros del Movimiento Todos por la Patria que cumplRan condenas de entre 20 aZos de prisi\n y cadena perpetua impuestas en aZos anteriores organizaron dos huelgas de hambre en mayo y septiembre para protestar porque el gobierno argentino no habRa puesto en pr<ctica las recomendaciones formuladas en 1997 por la Comisi\n Interamericana de Derechos Humanos respecto al derecho de apelaci\n de los presos. Estos reclusos, entre los que se encontraba el preso de conciencia fray Antonio PuigjanJ, fueron juzgados en virtud de la Ley de Defensa de la Democracia, que niega el derecho de apelaci\n. Aunque se presentaron al Congreso dos proyectos de ley que modificaban esta legislaci\n, al terminar el aZo ninguno de los dos habRa sido sometido a debate parlamentario. En diciembre, los presos abandonaron la huelga de hambre cuando un decreto presidencial redujo la condena de cadena perpetua de 11 de ellos.

BAHAMAS

En contra de lo establecido por las normas internacionales, numerosos solicitantes de asilo fueron detenidos y devueltos a HaitR y Cuba. Se cre\ una Divisi\n de Denuncias en la Real Fuerza de PolicRa de las Bahamas y se adopt\ un nuevo c\digo de conducta policial. Sin embargo, se siguieron recibiendo informes de detenci\n arbitraria y uso injustificado de la fuerza por parte de la policRa..

Segdn cifras oficiales, al concluir el aZo habRa 25 presos condenados a muerte. Un condenado fue ejecutado por ahorcamiento.

Desde la prisi\n de Fox Hill se recibieron informes constantes de brutalidad y de condiciones de reclusi\n que no cumplRan las normas internacionales relativas al trato de los reclusos. TambiJn se inform\ de varias muertes durante el 2000.

BELICE

Siguieron recibiJndose informes de tortura y de uso excesivo de la fuerza por parte de la policRa. Varias organizaciones de derechos humanos, abogados y periodistas denunciaron que la tortura y los malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad eran una pr<ctica generalizada de la que, en muchos casos, no se informaba a causa del temor de las vRctimas a sufrir represalias.

Segdn los informes, las condiciones de reclusi\n en el Centro de Rehabilitaci\n de Hattieville, principal instituci\n penal de Belice, eran muy precarias. Entre los motivos principales de preocupaci\n se encontraban la escasa salubridad, la falta de agua y de instalaciones higiJnicas, y la ausencia de lugares en los que los presos pudieran consultar de forma confidencial a sus abogados. La prisi\n se hallaba en condiciones de hacinamiento extremo, pues albergaba a m<s del doble de los 500 reclusos para los que habRa sido proyectada. Se recibieron informes sobre palizas de unos presos a otros.

Dos personas fueron condenadas a muerte, pero no hubo ejecuciones.. El <mbito de la ley en virtud de la cual se pueden imponer castigos corporales se ampli\ en dos ocasiones.

BOLIVIA

Se recibieron informes de violaciones de derechos humanos en el departamento de Cochabamba durante el estado de sitio. Se denunciaron violaciones de derechos humanos en la regi\n de El Chapare.

Se recibieron informes que indicaban que varias personas, incluidos algunos menores, fueron detenidas en el departamento de La Paz y torturadas para que incriminaran a dirigentes sindicales o comunitarios. No se inici\ ninguna investigaci\n sobre estos incidentes.

Varios periodistas y activistas de derechos humanos a quienes se consideraba detractores del gobierno o que habRan criticado pdblicamente la actuaci\n de las autoridades en Cochabamba sufrieron amenazas e intimidaciones..

Las condiciones de reclusi\n en las prisiones y en los centros de detenci\n preventiva distaban mucho de cumplir las normas mRnimas internacionales, y en la mayorRa de los casos constituRan trato cruel, inhumano o degradante.

BRASIL

Continu\ el uso sistem<tico de la tortura y los malos tratos en comisarRas, prisiones y centros de detenci\n de menores. Las condiciones de reclusi\n de presos comunes y menores detenidos constituRan malos tratos. Los defensores de la reforma agraria y los pueblos indRgenas implicados en conflictos de tierras fueron vRctimas de acoso, agresiones y homicidios a manos tanto de la policRa militar como de pistoleros contratados por los hacendados locales que actuaban con la aparente aquiescencia de la policRa y las autoridades.

Hubo un constante deterioro del sistema de detención de menores.

A los informes de torturas generalizadas, malos tratos, intimidaci\n y muertes bajo custodia se sum\ el uso excesivo de la fuerza por parte de policRas militares y guardias de prisiones durante motines y disturbios.

Los *escuadrones de la muerte+, que actuaban con la participaci\n o la connivencia de la policRa, mantuvieron sus actividades en una serie de estados como Acre, BahRa, Espirito Santo, Goi<s, RRo de Janeiro y Rio Grande do Norte.

Los defensores de los derechos humanos siguieron siendo vRctimas de acoso, amenazas de muerte, difamaci\n pdblica y homicidios. Aquellos que trabajaban en zonas rurales estaban especialmente expuestos a los ataques de hombres armados contratados por los hacendados que, en muchos casos, actuaban con la aquiescencia de la policRa.

Muchos indRgenas resultaron heridos a consecuencia del uso excesivo de la fuerza empleado por la policRa militar durante manifestaciones pdblicas.

CANAD;

Se recibieron informes espor<dicos sobre uso de fuerza excesiva por parte de agentes de policRa. Al menos dos personas se enfrentaban a una posible extradici\n a Estados Unidos, donde podRan ser condenadas a la pena de muerte.

Se recibieron denuncias de abusos policiales reiterados en Saskatoon, Saskatchewan, contra aborRgenes de lo que se denomina Primera Naci\n. Algunos informes aseguraban que durante aZos los agentes de la policRa municipal de Saskatoon habRan mantenido la polRtica no oficial de abandonar a miembros ebrios o *conflictivos+ de esta comunidad indRgena lejos del ndcleo de poblaci\n de Saskatoon; con esta pr<ctica, durante los meses de invierno ponRan a estos hombres en grave peligro de morir de hipotermia.

Algunos solicitantes de asilo permanecieron detenidos durante periodos prolongados antes de ser expulsados del paRs. Las autoridades canadienses examinaban si se cumplRan los criterios generales para solicitar el asilo antes de examinar las pruebas de la necesidad de protecci\n en cada caso individual. A causa de ello, se declar\ que ciertos grupos de solicitantes de asilo no tenRan derecho a la condici\n de refugiados. Los solicitantes cuyo caso era rechazado por la Junta de Inmigraci\n y Refugiados no tenRan acceso a un verdadero procedimiento de revisi\n de los fundamentos de su caso. Al menos un refugiado corrRa peligro de ser devuelto a su paRs.

En mayo, la Corte Suprema de Canad< estudi\ las causas de Sebastian Burns y Atif Rafay, ciudadanos canadienses cuya extradici\n habRa sido solicitada por el estado de Washington (Estados Unidos) por cargos de asesinato punibles con la pena capital. En 1997, la Corte de Apelaciones de la Columbia Brit<nica habRa resuelto que la extradici\n de ciudadanos canadienses sin que se ofrecieran garantRas satisfactorias de que no serRan condenados a muerte violaba los derechos protegidos por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. El gobierno canadiense apel\ ante la Corte Suprema contra esta resolución que desde entonces ha falladoque Sebastian Burns y Atif Rafay no pueden ser extraditados a Estados Unidos a menos que existan las garantías necesarias de que no serán sometidos a la pena de muerte.

CHILE

Los debates polRticos y de derechos humanos mantenidos en el 2000 estuvieron dominados por el regreso a Chile de Augusto Pinochet, a quien el Reino Unido puso en libertad por motivos de salud.

Los miembros de la Mesa de Di<logo establecida en 1999 para abordar la cuesti\n de las *desapariciones+ ocurridas durante los aZos de gobierno militar, de 1973 a 1990, firmaron en junio una Declaraci\n. Esta iniciativa fue rechazada por algunos grupos de derechos humanos, entre los que se encontraban organizaciones de familiares de *desaparecidos+. La Declaraci\n reconocRa las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar. Entre otras cosas, manifestaba que las fuerzas armadas y el cuerpo de carabineros (la policRa uniformada) carecRan de informaci\n sobre los *desaparecidos+, y plasmaba el compromiso de ambos de cooperar para obtener dicha informaci\n. Fijaba un plazo de seis meses, que el presidente podRa ampliar otros seis meses m<s, para reunir la informaci\n, y pedRa que se aprobaran nuevas leyes para garantizar el anonimato de quienes facilitaran a las autoridades datos sobre el lugar donde se hallaban los restos de los *desaparecidos+. El Congreso Nacional aprob\ una nueva ley a este respecto que entr\ en vigor en julio.

En diciembre del 2000 el Senado aprob\ un proyecto de ley que abolRa la pena de muerte para los delitos comunes y ampliaba de 20 a 40 aZos el tiempo mRnimo que debRa permanecer encarcelado un condenado a cadena perpetua. Al terminar el aZo 2000 este proyecto de ley adn no se habRa convertido en ley.

Tres ex oficiales de alta graduaci\n fueron acusados en relaci\n con la *Caravana de la Muerte+. Durante el aZo se iniciaron tambiJn procedimientos legales contra m<s de 80 ex miembros de las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

Se recibieron informes constantes de tortura y malos tratos a presuntos delincuentes detenidos por miembros del cuerpo de carabineros. Algunas vRctimas necesitaron tratamiento hospitalario por las lesiones sufridas, y otras formularon denuncias oficiales.

20 COLOMBIA

La crisis de derechos humanos sigui\ agrav<ndose en medio de un conflicto armado cada vez m<s sangriento. Pocas zonas del paRs se vieron libres del conflicto armado, cada vez m<s extendido.La mayorRa de los asesinatos fueron cometidos por grupos paramilitares ilegales que actuaban con el apoyo, t<cito o activo, de las fuerzas armadas colombianas.

En el contexto del Plan Colombia, AmnistRa Internacional se opuso a este programa de ayuda militar, pues consideraba que intensificarRa la crisis de derechos humanos y el conflicto armado, y manifest\ su condena por la decisi\n dedejar al margen las condiciones relativas a los derechos humanos. Desde que se aprobó la ayuda se ha profundizado la crísis de los derechos humanos.

A pesar de las repetidas promesas gubernamentales de desmantelar las fuerzas paramilitares, no se emprendi\ ninguna acci\n efectiva para reducir las atrocidades generalizadas y sistem<ticas cometidas por estas fuerzas, y mucho menos para ponerles fin. Los paramilitares, en contra de su prop\sito declarado de combatir a las guerrillas, siguieron atacando a la poblaci\n civil, a la que masacraron, torturaron y obligaron a desplazarse, y cuyas comunidades destruyeron.

Las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por los grupos armados de oposici\n aumentaron notablemente. Varios centenares de personas, entre ellas decenas de civiles, fueron vRctimas de homicidios deliberados y arbitrarios a manos de estos grupos. En muchos casos, los homicidios parecRan ser una represalia o un castigo a presuntos colaboradores del ejJrcito o los paramilitares. Entre las vRctimas se encontraban funcionarios judiciales, polRticos locales y periodistas seleccionados como objetivos porque estaban investigando los abusos cometidos por la guerrilla o se oponRan a su manera de actuar.

Los secuestros y la toma de rehenes alcanzaron proporciones sin precedentes. De los 3.000 casos denunciados, se creRa que m<s de la mitad eran obra de grupos armados de oposici\n y organizaciones paramilitares. Entre las vRctimas habRa unos 200 niZos.

Los programas de protecci\n establecidos por el gobierno colombiano resultaron insuficientes para hacer frente a la constante campaZa de intimidaci\n, acoso y agresiones contra los defensores de los derechos humanos. Al menos dos de estos defensores murieron y tres *desaparecieron+. Muchos otros recibieron reiteradas amenazas de muerte. CorrRan especial peligro los defensores de Barrancabermeja, departamento de Santander, y MedellRn, departamento de Antioquia.

CUBA

Continu\ la represi\n contra individuos y grupos que ejercRan pacRficamente su derecho a la libertad de expresi\n, asociaci\n y reuni\n. La concesi\n de la libertad condicional a algunos presos de conciencia hizo surgir la esperanza de que el gobierno estuviera relajando su actitud hacia los disidentes, pero las nuevas condenas impuestas, unidas a la intensificaci\n de la represi\n durante los dltimos meses del aZo 2000, echaron por tierra ese optimismo.

Los periodistas, los opositores polRticos y los defensores de los derechos humanos sufrieron un fuerte acoso. Varios centenares de personas, entre ellos presos de conciencia, permanecRan encarceladas por delitos polRticos. Las autoridades siguieron utilizando las detenciones breves, el arresto domiciliario, las amenazas y el acoso para acallar la disidencia polRtica y desalentar a los disidentes.

Un cierto número de personas fueron condenadas a morir fusiladas en el aZo 2000, y al terminar el aZo habRa al menos 20 presos condenados a muerte. La preocupaci\n por la pena capital se veRa acrecentada por el hecho de que las autoridades no respetaban sus propias garantRas de justicia procesal, especialmente el derecho a contar con una defensa adecuada.

Segdn los informes, las condiciones de reclusi\n seguRan siendo deficientes, y en algunos casos constituRan trato cruel, inhumano y degradante. Al parecer, muchos presos tenRan problemas de salud a causa de la falta de higiene y la deficiente atenci\n mJdica.

ECUADOR

SeguRan sin resolverse casos de violaciones de derechos humanos en los que estaban implicados miembros de las fuerzas de seguridad. Muchos de estos casos se juzgaron ante tribunales de la policRa que dejaban impunes a la inmensa mayorRa de los responsables. Los conflictos sobre la competencia jurisdiccional entre los tribunales civiles y los de la policRa retrasaron el curso de los procedimientos judiciales e hicieron que las vRctimas de violaciones de derechos humanos tuvieran que esperar durante aZos para conseguir el acceso a la justicia.

La tortura y los malos tratos siguieron siendo generalizados. Los mJtodos empleados incluRan palizas, patadas en el rostro, pisotones en los pies, quemaduras y descargas elJctricas en los genitales, la lengua y el pecho.

Se recibieron informes constantes de amenazas y acoso contra las personas que trabajaban en casos de derechos humanos. Se recibieron informes sobre posibles *desapariciones+. Algunas travestis fueron detenidas arbitrariamente.

ESTADOS UNIDOS DE AMIRICA

En mayo del 2000, el ComitJ de la ONU contra la Tortura examin\ el informe inicial presentado por Estados Unidos. En sus conclusiones y recomendaciones, el ComitJ manifest\ su especial agrado por *la amplia protecci\n jurRdica+ existente en Estados Unidos contra la tortura y los malos tratos, pero tambiJn encontr\ deficiencias en <reas importantes; muchas de ellas ya habRan sido seZaladas por AmnistRa Internacional.

Entre otros motivos de preocupaci\n destacados por el ComitJ se encontraban *el ndmero de casos de sevicia policial contra civiles y de malos tratos en las c<rceles, [...] gran parte de esos malos tratos por parte de la policRa y de los guardias de prisiones parece fundarse en la discriminaci\n; [...] los presuntos casos de agresi\n sexual contra las detenidas y reclusas por parte de los agentes del orden pdblico y de los funcionarios carcelarios. A las detenidas y reclusas tambiJn se las suele recluir en condiciones humillantes y degradantes; [...] el rJgimen excesivamente riguroso de los establecimientos de ?superm<xima? seguridad; [y] el uso de ?cuadrillas con cadenas?, en especial en pdblico+. El ComitJ inst\ a Estados Unidos a que *suprima los cinturones elJctricos y las sillas de sujeci\n como mJtodos de coacci\n de los detenidos, ya que su uso provoca casi invariablemente violaciones del artRculo 16 de la Convenci\n+, y a que *se asegure de que los menores (delincuentes juveniles) no sean recluidos en las c<rceles junto con la poblaci\n penal ordinaria+.

Se recibieron informes de brutalidad policial y de disparos contra presuntos delincuentes desarmados en circunstancias controvertidas; un ndmero desproporcionado de vRctimas pertenecRa a minorRas raciales. Muchos presuntos abusos tuvieron lugar tras persecuciones de vehRculos, al dar el alto a autom\viles o durante patrullas callejeras de la policRa. Varios sospechosos murieron tras ser inmovilizados con dispositivos peligrosos o tras ser rociados con pulverizadores de pimienta para neutralizarlos.

Durante el aZo 2000, el Departamento de Justicia estadounidense investig\ a varios departamentos de policRa por sus constantes abusos y violaciones de los derechos civiles, tales como actos de racismo, malos tratos y uso excesivo de la fuerza.

Se recibieron informes de tortura y malos tratos en centros penitenciarios y centros de detenci\n de menores. Siguieron denunci<ndose condiciones crueles de reclusi\n en las prisiones de superm<xima seguridad, donde los presos permanecRan aislados durante periodos prolongados.

Los menores recluidos fueron objeto de malos tratos que incluRan el uso cruel de dispositivos de inmovilizaci\n y el aislamiento prolongado a modo de castigo. Muchos menores seguRan siendo procesados como adultos y enviados a prisiones de adultos en las que, en algunos estados, permanecRan recluidos junto con presos adultos en condiciones inhumanas o inadecuadas.

Los guardias varones seguRan teniendo acceso no supervisado a las reclusas o detenidas en los centros penitenciarios de mujeres. Se recibieron denuncias de abusos sexuales por parte de guardias varones contra reclusas.

En el aZo 2000, más de 85 presos fueron ejecutados en 14 estados. Estados Unidos sigui\ violando las normas internacionales al aplicar la pena de muerte a incapacitados mentales, a personas que eran menores de 18 aZos en el momento de la comisi\n del delito y a acusados que no habRan contado con asistencia letrada adecuada.

EL SALVADOR

Los esfuerzos por poner fin a la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado sufrieron un serio revJs cuando la Corte Suprema de Justicia declar\ que la Ley de AmnistRa General era constitucional. Las autoridades judiciales no pusieron en pr<ctica las recomendaciones formuladas por \rganos internacionales.

Algunos miembros de la policRa fueron responsables de violaciones de derechos humanos tales como abuso de autoridad, tortura, malos tratos y homicidios de civiles desarmados. En algunos casos se iniciaron investigaciones y se presentaron cargos contra agentes. Sin embargo, las condenas impuestas a menudo no reflejaban la gravedad de los delitos cometidos. LaPolicRa Nacional Civil tambiJn fue responsable de causar lesiones a trabajadores de la salud que participaban en manifestaciones pacRficas contra la privatizaci\n de la asistencia mJdica.

Las autoridades siguieron acusando a estos defensores y a las organizaciones a las que pertenecRan de intentar poner en peligro las instituciones del Estado o la paz del paRs, o de defender a delincuentes.

La organizaci\n no gubernamental Asociaci\n Pro-Bdsqueda de NiZas y NiZos Desaparecidos (Pro-Bdsqueda) localiz\ a m<s niZos y niZas durante el aZo. Su trabajo sufri\ un revJs en septiembre de 2000 cuando se rechaz\ su propuesta de que la Asamblea Legislativa constituyera una comisi\n encargada de investigar el paradero de los niZos *desaparecidos+ durante el conflicto armado. El ejJrcito, que inicialmente habRa manifestado su disposici\n a participar, cambi\ de actitud.

GUATEMALA

La aplicaci\n del Acuerdo de Paz Firme y Duradera firmado en 1996 sigui\ siendo lenta y continu\ la impunidad para la mayorRa de las violaciones de los derechos cometidas durante el conflicto civil. Los esfuerzos para combatir la impunidad, ya fuera en casos individuales o respecto a matanzas especRficas cometidas en el pasado, apenas progresaron en los tribunales.

Quienes intentaban investigar esas violaciones y llevar ante la justicia a los responsables siguieron enfrent<ndose a obst<culos legales, acoso, intimidaci\n y unos ataques cada vez m<s intensos, entre los que hubo lo que parecRan ser varias *desapariciones+ y ejecuciones extrajudiciales.

Persistieron las dificultades en el caso del obispo Gerardi, asesinado en 1998. En mayo, dos miembros del equipo de investigaci\n de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala recibieron amenazas de muerte y la juez encargada del caso, que tambiJn habRa recibido amenazas y habRa sido objeto de seguimiento por unos individuos, resolvi\ que tres militares de alta graduaci\n debRan ser juzgados por el asesinato, al igual que el sacerdote que compartRa la residencia del obispo Gerardi y el ama de llaves de ambos. Anteriormente, varias personas que participaban en el caso se habRan visto obligadas a huir del paRs tras recibir amenazas. Otros, incluyendo personal judicial, sufrieron hostigamientos y ataques. En octubre del 2000, el presidente Portillo hizo pdblico el informe tantas veces prometido sobre el caso, pero en Jl no se proporcionaba informaci\n nueva.

Los defensores de los derechos humanos y los periodistas se vieron sometidos a una oleada cada vez m<s intensa de abusos. Entre las vRctimas habRa miembros de la Fundaci\n de AntropologRa Forense de Guatemala, dedicada a la exhumaci\n de cad<veres enterrados en fosas comunes. TambiJn habRa miembros de la Asociaci\n de Estudiantes de la Universidad de San Carlos, miembros de una asociaci\n de habitantes de barrios marginales, defensores de los derechos de los indRgenas y las mujeres, empleados y directores de la agencia de noticias CERIGUA que habitualmente se ocupa de cuestiones de derechos humanos, empleados de organizaciones de derechos humanos, incluida la Fundaci\n Rigoberta Menchd, y funcionarios de la ProcuradurRa de los Derechos Humanos.

La preocupaci\n por los Rndices de delincuencia contribuy\ a que existiera un apoyo generalizado a la pena de muerte. Al concluir el aZo habRavariaspersonas condenadas a muerte. En mayo del 2000, el Congreso anul\ la ley que establecRa el indulto del ejecutivo, un derecho reconocido por el derecho internacional.

GUYANA

Se recibieron informes de tortura y malos tratos, incluidas agresiones sexuales, a manos de la policRa y de disparos realizados por la policRa en circunstancias controvertidas. Entre las vRctimas habRa presuntos delincuentes y familiares de Jstos. Algunas personas fueron detenidas arbitrariamente, y la policRa las mantuvo recluidas en rJgimen de incomunicaci\n en condiciones que distaban mucho de cumplir las normas internacionales. Las condiciones de reclusi\n constituRan trato cruel, inhumano y degradante.

Al terminar el 2000 habRa m<s de 20 personas, incluso 2 mujeres, condenadas a muerte. Siguieron imponiJndose condenas de muerte, y algunos acusados de delitos punibles con la pena capital no contaron con asistencia letrada adecuada.

Se sigui\ recluyendo a niZos junto con presos adultos, y a las organizaciones de derechos humanos se les neg\ el acceso a los reclusos.

HAITQ

La situaci\n de los derechos humanos se deterior\ notablemente, pese a que se produjo algdn progreso en la rendici\n de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. El periodo electoral se vio enturbiado por el asesinato de figuras pdblicas y por los violentos ataques de partisanos polRticos, que en su mayorRa se proclamaban simpatizantes del partido Fanmi Lavalas. Hicieron su aparici\n unas fuerzas de seguridad ilegales que actuaban bajo las \rdenes de las autoridades regionales y locales reciJn elegidas.

Algunas de las autoridades locales y regionales que resultaron elegidas en las elecciones de mayo del 2000 y su segunda vuelta establecieron fuerzas de seguridad ilegales que fueron responsables de un ndmero considerable de violaciones de derechos humanos.

Se recibieron varios informes sobre homicidios ilegRtimos a manos de la policRa. La mayorRa de las vRctimas eran presuntos delincuentes. Fueron frecuentes los informes de malos tratos a menores detenidos como presuntos delincuentes.

Se acus\ repetidamente a la policRa de no actuar frente a la violencia de motivaci\n polRtica, y en ocasiones tambiJn de complicidad con los partisanos.

El poder judicial sigui\ estando muy desestructurado. La falta de progresos en la investigaci\n y el procesamiento de sospechosos contribuRa al grave hacinamiento en los centros penitenciarios, en los que se calculaba que un 80 por ciento de los detenidos estaban en espera de juicio.

HONDURAS

El gobierno redujo el presupuesto del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Desde su creaci\n en 1992, esta oficina ha desempeZado un papel crucial a la hora de proteger los derechos humanos y sacar a la luz la corrupci\n oficial.

A pesar de una importante resoluci\n de la Corte Suprema, continuaba imperando la impunidad respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

Los grupos indRgenas organizaron nuevas manifestaciones para pedir a las autoridades que hicieran frente a la impunidad por los asesinatos de dirigentes indRgenas, que buscaran soluciones a los conflictos de tierras y que mejoraran los servicios de salud y educaci\n. Se produjeron nuevas amenazas de muerte y actos de acoso e intimidaci\n contra dirigentes indRgenas.

Los defensores de los derechos humanos continuaron con sus esfuerzos para proteger los derechos humanos a pesar de los ataques y amenazas de los que eran vRctimas.

* Julio CJsar Pineda Alvarado, destacado periodista y defensor de los derechos humanos, recibi\ llamadas telef\nicas amenazadoras en su domicilio. En abril del 2000, le dispararon ante su casa. Su esposa y sus dos hijos estaban con Jl cuando dos hombres se apearon de un autom\vil y, sin mediar palabra, uno de ellos le puso un arma contra la cabeza y dispar\. Julio Pineda result\ herido, pero el casco de motocicleta que llevaba le salv\ la vida. En mayo, dos hombres se aproximaron a su esposa en un autobds y la amenazaron.. AmnistRa Internacional pidi\ a las autoridades que investigaran las amenazas, pusieran a disposici\n judicial a los responsables y garantizaran la seguridad de Julio Pineda.

La FiscalRa Especial de Derechos Humanos de la FiscalRa General inform\ de denuncias presentadas contra la PolicRa Nacional por violaciones de derechos humanos tales como actos de tortura, detenciones ilegales, abuso de autoridad y homicidios.

JAMAICA

La sociedad jamaicana seguRa sufriendo unos Rndices extremadamente altos de violencia. Segdn los informes, en el 2000 fueron asesinadas m<s de 800 personas, entre las que habRa 12 agentes de policRa. En varios casos se recibieron informes que indicaban que testigos y familiares de vRctimas de disparos de la policRa habRan sido sometidos a intimidaci\n y amenazas de muerte. En septiembre del 2000, tras las protestas por el aumento de los Rndices de criminalidad, el primer ministro cre\ una nueva unidad policial contra la delincuencia. En noviembre se habRan recibido varios informes sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por dicha unidad.

Se recibieron informes sobre detenciones, registros y reclusi\n arbitrarios e ilegales, muchos de ellos en el contexto de los toques de queda que seguRan imponiJndose en algunas zonas. Los malos tratos bajo custodia de la policRa seguRan siendo una pr<ctica generalizada, y se documentaron pr<cticas de tortura. Las condiciones de detenci\n seguRan siendo muy duras, y en muchos casos constituRan trato cruel, inhumano y degradante.

Cierto número de presos seguRan en espera de ejecuci\n y los tribunales seguRan dictando condenas de muerte. En septiembre del 2000, el ComitJ Judicial del Consejo Privado de la Corona (la m<s alta instancia de apelaci\n de Jamaica) conmut\ la condena de muerte de seis presos. El ComitJ Judicial resolvi\ que los procedimientos seguidos para decidir si debRa otorgarse el indulto a un preso debRan poder ser objeto de examen legal, que no se podRan llevar a cabo ejecuciones mientras los presos en cuesti\n tuvieran pendiente un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la cuesti\n de si las condiciones de reclusi\n afectan a la decisi\n sobre si debe llevarse a cabo una ejecuci\n debRa ser investigada m<s a fondo.

MIXICO

Siguieron sin resolverse centenares de casos de tortura, *desaparici\n+ y ejecuci\n extrajudicial ocurridos en aZos anteriores.

Las detenciones sin orden judicial de presuntos delincuentes siguieron siendo una pr<ctica generalizada. Al parecer, muchos de los detenidos eran torturados mientras estaban siendo sometidos a investigaci\n judicial.

Durante la mayor parte del aZo, los miembros de las comunidades indRgenas de Chiapas siguieron sufriendo actos de intimidaci\n y violencia, que incluRan amenazas de muerte. Segdn los informes, los responsables eran miembros de las fuerzas de seguridad o de los llamados *grupos paramilitares+ o *grupos civiles armados+ que actuaban con el respaldo o la aquiescencia de las autoridades locales y regionales. En Guerrero, los miembros de la Organizaci\n Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron vRctimas de acoso, amenazas y homicidios en circunstancias que sugerRan que esos ataques tenRan una motivaci\n polRtica.

Los defensores de los derechos humanos y los periodistas siguieron sufriendo actos de intimidaci\n, entre ellos amenazas de muerte.

* Presos de conciencia, General Francisco Gallardo, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera GarcRa permanecRan encarcelados. En julio del 2000, el presidente de la Comisi\n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comunic\ al secretario de la Defensa Nacional que dos oficiales del ejJrcito habRan violado los *Derechos Fundamentales+ de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera GarcRa, incluido su derecho a no ser sometidos a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, consagrado en el *artRculo 5 [...] de la Declaraci\n Universal de los Derechos Humanos+. Estos dos hombres habRan sido detenidos y torturados por el ejJrcito en mayo del 1999 tras protestar de forma pacRfica por la tala excesiva de bosques en el estado de Guerrero.

Organizaciones no gubernamentales internacionales y mexicanas siguieron acusando a las autoridades de no romper el cRrculo de impunidad que habRa caracterizado la situaci\n de los derechos humanos en MJxico durante las dltimas dJcadas.

NICARAGUA

Se profirieron amenazas contra defensores de los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales. En marzo del 2000, unos ministros del gobierno acusaron a Vilma NdZez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaraghense de Derechos Humanos (CENIDH), de obstaculizar la labor de la policRa. Los diarios y emisoras de radio progubernamentales insinuaron que la muerte de esta activista podRa ser la soluci\n a los disturbios que azotaban el noreste del paRs. El cenidh habRa estado investigando el homicidio de tres hombres que habRan sido miembros del grupo armado de ex soldados Frente Unido AndrJs Castro (FUAC). En mayo se entreg\ en las oficinas delCENIDH una carta an\nima con nuevas amenazas.

Segdn los informes, los agentes de policRa hicieron un uso excesivo de la fuerza que los llev\ a causar lesiones a manifestantes, y maltrataron a detenidos. En marzo del 2000, manifestantes que protestaban por unas reformas legales fueron golpeados y heridos por agentes de la PolicRa Nacional que utilizaron contra ellos balas de goma y gas lacrim\geno. Decenas de agentes fueron expulsados del cuerpo por corrupci\n o abuso de autoridad (entre otras cosas, se los acusaba de golpear a personas que estaban bajo su custodia).

PARAGUAY

El respeto por los derechos humanos se deterior\ en medio de una inestabilidad polRtica constante. Aumentaron los informes de tortura y malos tratos a presuntos delincuentes, menores incluidos, y tambiJn reclutas menores de edad. Se recibieron informes sobre abuso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante desalojos de tierras, reclutamientos ilegales de menores en el ejJrcito y muertes de reclutas en circunstancias no aclaradas.

p0

Varios internos del centro de detenci\n de menores Panchito L\pez fueron torturados por guardias de prisiones.

* Francisco Carballo Figueredo, de 15 aZos de edad, y RubJn DarRo Alvaraz, de 17, fueron torturados por guardias de prisiones en el centro Panchito L\pez en febrero. A ambos los golpearon y les dieron patadas, y a uno de ellos lo tuvieron varias horas colgado de las muZecas. Los guardias implicados en la tortura fueron trasladados y sometidos a investigaciones penales y disciplinarias que adn no habRan concluido al finalizar el aZo 2000.

Todos los internos del Panchito L\pez siguieron soportando condiciones que constituRan trato cruel, inhumano y degradante.

Siguieron recibiJndose informes de malos tratos a reclutas, y al menos seis reclutas menores de 18 aZos (la edad mRnimalegal para entrar a formar parte de las fuerzas armadas) murieron a consecuencia de lesiones sufridas en circunstancias no aclaradas.

Se recibieron informes de acoso, intimidaci\n y agresiones contra campesinos en el contexto de conflictos por la propiedad de la tierra.

PERc

Centenares de presos acusados de cargos falsos relacionados con el terrorismo permanecieron encarcelados. Los tribunales militares siguieron juzgando a civiles por el delito de *traici\n a la patria+, relacionado con el terrorismo. Defensores de los derechos humanos, periodistas y dirigentes de la oposici\n recibieron amenazas en lo que parecRa ser una t<ctica de intimidaci\n sistem<tica contra quienes criticaban a las autoridades.

La Organizaci\n de los Estados Americanos (OEA) envi\ en junio del 2000 al paRs una delegaci\n de alto nivel que formul\ una serie de recomendaciones que incluRan, entre otras cosas, que las autoridades garantizaran la independencia del poder judicial, la independencia de los medios de comunicaci\n y la transparencia en el seno de las fuerzas armadas y los servicios nacionales de inteligencia. La OEA, el gobierno peruano, los partidos de oposici\n, el Defensor del Pueblo y miembros de la sociedad civil entre los que se encontraban defensores de los derechos humanos establecieron lo que se llam\ la Mesa de Di<logo para tratar sobre la puesta en pr<ctica de las recomendaciones.

Tras el nombramiento de ValentRn Panigua como presidente de la República empezaron a ponerse en pr<ctica muchas de las recomendaciones de la Mesa de Di<logo.

En octubre del 2000, a cambio de poner en pr<ctica las recomendaciones de la OEA, el gobierno propuso que se ampliaran las leyes de amnistRa de forma que abarcaran a todos los que hubieran estado implicados en violaciones de derechos humanos, actos de corrupci\n o actividades de narcotr<fico durante los mandatos del presidente Fujimori. En 1995, el gobierno peruano habRa legalizado la impunidad al aprobar dos leyes de amnistRa que concedRan inmunidad procesal a todos los que hubieran cometido violaciones de derechos humanos entre 1980 y 1995. La Mesa de Di<logo rechaz\ la propuesta del gobierno de ampliar esas leyes.

Varias personas acusadas de cargos falsos relacionados con el terrorismo permanecRan encarceladas al terminar del 2000. La legislaci\n antiterrorista sigui\ permitiendo que se juzgara a civiles ante tribunales militares que no eran ni independientes ni imparciales. Al menos 1.800 personas habRan sido juzgadas ante tribunales militares por el delito de *traici\n a la patria+ desde 1992.

Se recibieron informes de tortura y malos tratos y de decenas de muertes bajo custodia causadas por esas pr<cticas. Entre los mJtodos de tortura empleados se encontraban las palizas, las descargas elJctricas, el sumergir la cabeza del preso en agua y las agresiones sexuales.

Periodistas, defensores de los derechos humanos, miembros de la oposici\n y familiares suyos sufrieron intimidaci\n y amenazas. Sin embargo, las autoridades no dieron seZales de tomarse esas amenazas en serio. Numerosos informes aseguraban que el acoso y la intimidaci\n estaban organizados por el Servicio de Inteligencia Nacional.

REPcBLICA DOMINICANA

Continuaron los homicidios cometidos en circunstancias controvertidas por la policRa y el ejJrcito. Algunos parecRan ser ejecuciones extrajudiciales.

Siguieron recibiJndose informes sobre palizas a detenidos. Se recibieron tambiJn informes sobre muertes de detenidos a manos de militares o policRas, generalmente durante intentos de fuga.

En noviembre del 2000, AmnistRa Internacional evalu\ las condiciones en unas de las 34 prisiones del paRs. Todos los centros penitenciarios se hallaban en una situaci\n de hacinamiento extremo (albergaban un ndmero de presos entre dos y media y cuatro veces superior a su capacidad m<xima) y en todos ellos las condiciones constituRan trato cruel, inhumano o degradante. El hacinamiento extremo contribuy\ a la muerte de reclusos durante un incendio producido en la prisi\n de La Victoria en junio del 2000.

En el 2000 se produjo un gran avance respecto a la cuesti\n de la impunidad cuando cuatro hombres, entre los que se encontraban dos militares de alta graduaci\n, fueron llevados a juicio por el homicidio, cometido en 1975, del periodista Orlando MartRnez Howley. Los cuatro fueron condenados a 30 aZos de prisi\n y al pago de una multa. No obstante, seguRan pendientes otros casos importantes, como el de Narciso Gonz<lez, *desaparecido+ en 1994.

SANTA LUCQA

Se recibieron informes sobre brutales palizas en centros penitenciarios, y tambiJn sobre condiciones de reclusi\n que constituRan trato cruel, inhumano o degradante. Las instalaciones higiJnicas eran muy deficientes: habRa un foso que servRa de letrina para todos los presos. El hacinamiento de los centros se veRa agravado por el elevado ndmero de detenidos en espera de juicio.

Se recibieron informes de brutalidad policial y de uso excesivo de la fuerza. Informes no oficiales afirmaban que se habRan producido al menos siete muertes por disparos de la policRa, algunas de ellas en circunstancias controvertidas. No se investig\ ninguna de esas muertes.

Al menos dos hombres permanecRan condenados a muerte.

SURINAM

Hasta el cambio de gobierno, apenas se emprendi\ ninguna acci\n para llevar ante la justicia a los responsables de los abusos contra los derechos humanos cometidos durante los gobiernos anteriores. La impunidad por los abusos contra los derechos humanos cometidos durante los regRmenes anteriores era una de las principales cuestiones a las que debRa hacer frente el gobierno reciJn elegido.

Las condiciones de reclusi\n eran extremadamente penosas, y los centros penitenciarios y de detenci\n estaban terriblemente saturados, hasta el punto de que a veces el trato en ellos constituRa trato cruel, inhumano o degradante. La higiene y la ventilaci\n eran muy escasas y apenas habRa suministros de comida, mantas, material de limpieza, jab\n y medicinas. La atenci\n mJdica no era la adecuada. Casi ningdn detenido podRa permitirse un abogado, y los defensores de oficio eran muy escasos. TambiJn se recibieron informes de palizas a detenidos y presos.

TRINIDAD Y TOBAGO

Al terminar el aZo 2000 había más de 60 hombres y mujeres condenados a muerte.

El 27 de marzo, Trinidad y Tobago se retir\ del primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolRticos, con lo que neg\ a sus ciudadanos el derecho a presentar recursos ante el ComitJ de Derechos Humanos de la ONU. El gobierno justific\ la retirada alegando que el ComitJ impedRa que se llevaran a cabo ejecuciones; sin embargo, en 1999 habRan sido ejecutados 10 hombres.

Los tribunales siguieron imponiendo penas de azotes y flagelaci\n.

Siguieron recibiJndose informes de malos tratos y uso excesivo de la fuerza a manos de la policRa.

Los actos sexuales con consentimiento mutuo entre personas adultas del mismo sexo seguRan siendo ilegales, y los gays y lesbianas sufrRan discriminaci\n e intimidaci\n sistem<ticas. El gobierno sigui\ intentando que se aprobara el Proyecto de Ley sobre Igualdad de Oportunidades con una cl<usula que excluRa la discriminaci\n basada en la orientaci\n sexual. El proyecto de ley no fue aprobado. En septiembre del 2000, el ministro de Comercio acus\ a AmnistRa Internacional de querer convertir a la poblaci\n de Trinidad y Tobago *en homosexuales+.

URUGUAY

En agosto del 2000, el gobierno estableci\ una comisi\n especial, la Comisi\n para la Paz, encargada de determinar quJ habRa sido de quienes *desaparecieron+ entre 1973 y 1985. Sin embargo, la Ley de Caducidad de 1986, que otorgaba inmunidad procesal a todos los miembros de la policRa y el ejJrcito que hubieran cometido violaciones de derechos humanos por motivos polRticos u obedeciendo \rdenes antes del 1 de marzo de 1985, impidi\ que se llevara a los responsables ante la justicia. La Comisi\n Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que la Ley de Caducidad viola la Convenci\n Americana sobre Derechos Humanos.

Se recibieron informes constantes de tortura y malos tratos a detenidos por parte de policRas y guardias de prisiones.

VENEZUELA

Segdn los informes, las fuerzas de seguridad hicieron *desaparecer+ o ejecutaron extrajudicialmente a varias personas durante las operaciones de rescate emprendidas tras las catastr\ficas inundaciones de diciembre de 1999. Se inform\ de decenas de casos de tortura y malos tratos. En la mayorRa de los casos se trataba de palizas infligidas por la policRa.

* En agosto del 2000, Ronny Yosmar Aquino y Alexis Medina, amigas transexuales, fueron detenidas sin orden judicial en la ciudad de Valencia, estado de Carabobo. Segdn los informes, los policRas las obligaron a desnudarse en la calle y les propinaron una fuerte paliza. Luego las recluyeron en rJgimen de incomunicaci\n sin acceso a un abogado, un mJdico o sus familiares. Estas detenciones tuvieron lugar en el contexto de una campaZa de intimidaci\n contra la comunidad transexual, durante la cual JosJ Luis Nieves muri\ por disparos el 29 de julio mientras se recuperaba de unas heridas de bala causadas anteriormente por los disparos de un agente de la PolicRa Estatal.

La saturaci\n cr\nica de las prisiones se alivi\ gracias a la excarcelaci\n de detenidos en espera de juicio, pero las condiciones de reclusi\n siguieron siendo penosas. Centenares de presos murieron de forma violenta durante el aZo, la mayorRa a manos de otros reclusos.

960 Decenas de personas que huRan de la violencia polRtica de Colombia fueron devueltas a su paRs. Las autoridades venezolanas no les proporcionaron acceso a un procedimiento completo y justo de solicitud de asilo para identificar a quienes pudieran correr peligro de sufrir violaciones de derechos humanos.