[Embargado hasta el: 30 de marzo de 2005]Público

Amnistía Internacional

BRASIL

"Extranjeros en nuestro propio país": Los pueblos indígenas de Brasil

Resumen

Índice AI: AMR 19/002/2005

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR190022005

[…] nos están tratando como si fuéramos extranjeros en nuestro propio país, e incluso como una amenaza para la soberanía. Con ello, la esperanza de ver a nuestros territorios demarcados y ratificados poco a poco ha sido sustituida por el temor.

Oímos rumores de que la policía va a venir con un tractor para destruirlo todo. Lo que queremos saber es cómo vamos a dar de comer a nuestros hijos…Queremos que la policía sepa que no nos vamos a ir. La decisión es definitiva. No nos vamos a ir de esta tierra con vida.

Ambas declaraciones, que exponen claramente el miedo y la desesperación que sienten los pueblos indígenas de Brasil, fueron hechas en 2005. La primera fue enviada directamente a Amnistía Internacional por un dirigente indígena conocido mundialmente. La segunda fue hecha pública por la comunidad guaraní-kaiowá de Cerro Marangatú, estado de Mato Grosso do Sul, al verse amenazada con el desalojo de sus tierras ancestrales, tierras que el gobierno brasileño ya había demarcado oficialmente a su favor.

Desde hace muchos años, Amnistía Internacional documenta y desarrolla actividades de campaña contra las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Brasil, sus dirigentes y sus defensores. En 2005 continúan siendo víctimas de ataques, homicidios y otras formas de violencia y discriminación, a menudo cometidas con impunidad. Sucesivos gobiernos brasileños han incumplido sus obligaciones internacionales y constitucionales de reconocer plena y definitivamente los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras. También resulta preocupante que en los últimos tiempos hayan aumentado las peticiones para que se inviertan muchos de los avances que han conseguido los indios desde que, en 1988, entrase en vigor la constitución de Brasil. Todo ello hace que Amnistía Internacional tema por su seguridad, e incluso por su supervivencia futura.

Los pueblos indígenas de Brasil llevan cientos de años siendo desalojados de sus tierras de forma violenta por aquellos que pretenden apropiarse de su riqueza. En la actualidad, esta violencia continúa con la participación de muchos intereses rivales entre los que se cuentan empresas, prospectores, ganaderos, terratenientes, empresas madereras y el ejército. Estos intereses creados frecuentemente cuentan con un gran poder de captación de apoyo económico y político que utilizan para retrasar e interrumpir la resolución de conflictos sobre la tierra.

Desde hace años, los dirigentes indígenas que desarrollan actividades de campaña para acelerar la transferencia de tierras reciben amenazas de muerte y son víctimas de ataques violentos y homicidios, sin contar prácticamente con la protección del Estado.

Los casos y situaciones documentados en este informe representan distintos ejemplos de la compleja realidad a la que hoy se enfrentan los pueblos indígenas de Brasil. El factor que los une es que todos son resultado de decenios de inacción por parte del Estado. Amnistía Internacional teme que el actual gobierno brasileño, que hasta ahora no ha adoptado una estrategia coherente destinada a solucionar los problemas que afrontan los indios brasileños, no esté sino repitiendo y exacerbando los errores del pasado. La organización hace un llamamiento a las autoridades brasileñas para que cumplan sus obligaciones constitucionales e internacionales de proteger a los indios y sus tierras.

Este texto resume el documento titulado Brasil: "Extranjeros en nuestro propio país": los pueblos indígenas de Brasil(Índice AI: AMR19/002/2005), publicado por Amnistía Internacional el 30 de marzo de 2005. Si desean más información o emprender acciones al respecto consulten el documento completo. En la URL http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de Amnistía Internacional pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:

http://www.amnesty.org/email/email_updates.html

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España

[Fecha de embargo: 30 de marzo de 2005]

Público

Amnistía Internacional

BRASIL

"Extranjeros en nuestro propio país": Los pueblos indígenas de Brasil

Ava Taperendy’i, hijo de Marcos Verón, de pie junto al monumento a su padre en Takuara, Mato Grosso do Sul, agosto de 2004. AI

ÍNDICE

1. Introducción 1

2. Un legado de promesas incumplidas 2

El Quinto Centenario de la exclusión 2

Renovadas esperanzas para el cambio 3

Recrudecimiento de la violencia 3

"El indígena es la tierra" 5

La transferencia de tierras: un proceso laborioso 6

Propuesta legislativa 188: amenaza de retroceder en el tiempo 8

3. La violencia y la lucha por la tierra ancestral 9

Miseria y violencia: los guaraníes kaiowá 9

El homicidio de Marcos Verón 11

La lucha por la tierra: esperanza en medio de la miseria 12

Última y desesperada llamada de ayuda: suicidios de guaraníes 13

Raposa Serra do Sol: aplazamiento de la ratificación 14

4. Impunidad e inseguridad 16

La masacre de los ticuna: a la espera de que se haga justicia 16

Una tragedia anunciada: los indios cinta larga 17

Los indios xucuru de Pernambuco 18

Matanzas anteriores de dirigentes xucuru 19

La protección de los dirigentes que corren peligro: imposibilidad constante de encontrar una solución 20

Hostigamiento de los defensores de los derechos humanos en Pernambuco 20

Atrapados entre "cocodrilos y leones": los indios truká 21

Homicidio de José de Nó y Nilson Felix 22

Abandonados por el Estado 22

6. Conclusión 23

7. Recomendaciones 23

Generales 23

Justicia 24

Protección 24

Resolución de disputas sobre tierras 24

ANEXO I Pasajes de la Constitución de la República Federativa del Brasil, 1988 25

ANEXO II Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la OIT) 26

ANEXO III Pasajes del Compromiso con los pueblos indígenas de Brasil. Plan de Gobierno 2002 de la Coalición Lula Presidente. 27

Brasil

"Extranjeros en nuestro propio país": Los pueblos indígenas de Brasil

Niño guaraní kaiowá en Guyra Roká, Mato Grosso do Sul, agosto de 2004. © AI

1. Introducción

Desde hace muchos años, Amnistía Internacional documenta y desarrolla actividades de campaña contra las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Brasil, sus dirigentes y sus defensores. En 2005, los indios(1) continúan siendo víctimas de ataques, homicidios y otras formas de violencia y discriminación, a menudo cometidas con impunidad. Sucesivos gobiernos han incumplido sus obligaciones internacionales y constitucionales de reconocer plena y definitivamente los derechos de los indios sobre las tierras. También resulta preocupante que en los últimos tiempos hayan aumentado las peticiones para que se inviertan muchos de los avances que han conseguido los indios desde que, en 1988, entró en vigor la Constitución de Brasil. Los indios brasileños dejaron patente su frustración con la reciente ocupación –en enero de 2005– de la sede amazónica de la Fundación Nacional del Indio(Fundação Nacional do Indio, FUNAI)(2) en Manaos.

Amnistía Internacional ha identificado diversas áreas que constituyen un motivo de preocupación debido a que las autoridades no han adoptado medidas que eviten la exposición de los indios a violaciones de sus derechos humanos. El hecho de que el gobierno brasileño no les garantice los derechos sobre sus tierras mediante la demarcación y ratificación de muchos de los territorios indígenas, unido a la lentitud con que se desarrolla este proceso cuando finalmente tiene lugar, han favorecido los ataques contra indios así como un empeoramiento de la –de por sí grave– privación económica y social que sufren muchas comunidades. En zonas en las que se ha identificado y reconocido la necesidad de protección federal de los indios y sus tierras, las autoridades no han tomado medidas pese a las advertencias formuladas por comisiones del Senado o por la Organización de los Estados Americanos, como es el caso de de los indios cinta larga en Rôndonia y el de los xucuru en Pernambuco. El hecho de que no se haya castigado a los autores de ataques y homicidios del pasado ha sentado las bases de la violencia del presente.

Los indios brasileños llevan cientos de años siendo desalojados de sus tierras de forma violenta por aquellos que pretenden apropiarse de su riqueza. Esta violencia sigue aún presente y en ella participan muchos intereses rivales. Entre ellos se cuentan: empresas y prospectores interesados en explotar los recursos naturales de la tierra; hacendados; terratenientes que, de buena o mala fe, han adquirido derechos de propiedad sobre territorios indígenas; las compañías madereras y, por último, el ejército, que, alegando intereses de seguridad nacional, pretende reducir y circunscribir los territorios indígenas situados en zonas fronterizas. Estos intereses creados suelen tener un gran poder de captación de apoyo económico y político que utilizan para retrasar e interrumpir la resolución de conflictos sobre la tierra.

Los dirigentes indígenas que desarrollan actividades de campaña para acelerar la transferencia de tierras reciben amenazas de muerte y son víctimas de ataques violentos y homicidios, sin contar prácticamente con la protección del Estado ni disfrutar del derecho a un recurso efectivo.(3) Durante el largo período que deben esperar hasta que se resuelven sus reclamaciones, los indios son privados del recurso que les es básico para poder ejercitar sus derechos económicos, sociales y culturales: las tierras.

Los casos y situaciones documentados en este informe representan distintos ejemplos de la compleja realidad a la que hoy se enfrentan los pueblos indígenas de Brasil. El factor que los une es que todos son el resultado de decenios de inacción por parte del Estado.

2. Un legado de promesas incumplidas

El Quinto Centenario de la exclusión

La conmemoración –el 22 de abril de 2000– del Quinto Centenario de la llegada de los portugueses a Brasil ofrecía una oportunidad única para reflexionar sobre el extraordinario y complejo legado social, racial y cultural del país. Las celebraciones oficiales indignaron a numerosos grupos que consideraban que se estaba desaprovechando una oportunidad real para reflexionar sobre el complicado legado histórico de Brasil en favor de una superficial campaña publicitaria de alcance nacional e internacionalque explotaba a los pueblos indígenas al hacer uso de sus imágenes como material publicitario. Al mismo tiempo las autoridades excluyeron a dirigentes y representantes indígenas de todo el país y los privaron del derecho a participar en las celebraciones y a expresar sus preocupaciones legítimas en relación con los derechos de los indios. En respuesta a ello, las organizaciones indígenas convocaron una conferencia nacional independiente a fin de acordar un programa de trabajo sobre asuntos indígenas.

El mismo día del aniversario, manifestantes indígenas y representantes de otros grupos de la sociedad civil trataron de llevar a cabo una marcha pacífica a Porto Seguro, en donde se estaban desarrollando las celebraciones oficiales. Fueron interceptados por la policía militar que, equipada con indumentaria antidisturbios, empleó gas lacrimógeno y balas de goma y cargó con porras para disolver la marcha. Después de la difusión nacional e internacional de la intervención policial, el entonces presidente de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) dimitió en señal de protesta y declaró: "No puedo permanecer en un gobierno que lleva a cabo actos de agresión contra el movimiento indígena organizado".(4)

Manifestantes indígenas observan a la Policía Militar equipada con indumentaria antidisturbios, bloqueando la carretera a Porto Seguro durante la celebración del Quinto Centenario de la llegada de los portugueses. © Reuters

La exclusión y la violencia dirigidas contra manifestantes indígenas y sus simpatizantes durante la conmemoración del Quinto Centenario fueron tan representativas como sintomáticas de los muchos años que el Estado brasileño lleva sin reconocer ni respetar los derechos de los pueblos indígenas de Brasil.(5)

Renovadas esperanzas para el cambio

Las elecciones de 2002 que dieron el triunfo a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente del gobierno, y a un partido frecuentemente considerado como aliado tradicional del movimiento indígena, hicieron renacer las esperanzas de cambio. Las contundentes promesas formuladas en el Compromiso con los Pueblos Indígenas de Brasil, manifiesto del gobierno en favor de los indios publicado en septiembre de 2002, permitían confirmar tal sentimiento. Este documento reconocía los numerosos errores del pasado y establecía una estrategia clara para abordar los complejos problemas y conflictos que durante años han expuesto a una gran parte de la población indígena de Brasil a violaciones de los derechos humanos:

La política en materia indígena aplicada por el gobierno brasileño en los últimos decenios necesita cambios profundos y sustanciales que permitan, por un lado, responder a las necesidades de los pueblos indígenas y de la comunidad brasileña en general y, por el otro, construir una imagen de dignidad y respeto por la pluralidad étnica y los derechos humanos en el país.(6)

El manifiesto también declaraba que el gobierno electo debería demostrar "lucidez, capacidad y determinación" y convertir en prioritaria la definición y aplicación de una "política en materia indígena clara, democrática, objetiva y coherente". A pesar de las promesas y del fuerte apoyo de los pueblos indígenas de Brasil durante la campaña electoral, ha transcurrido más de la mitad de su mandato sin que se aprecien aún señales de que el gobierno federal haya elaborado una estrategia coherente para resolver los diversos problemas que afrontan los indios brasileños. Aunque ya se han demarcado y ratificado algunas tierras indígenas, la administración actual, al no elaborar y aplicar una política clara en materia indígena, está repitiendo y exacerbando los errores y omisiones de gobiernos anteriores y no está satisfaciendo las enormes expectativas creadas por sus propios compromisos electorales, como tampoco sus obligaciones internacionales. La condena, por parte del movimiento indígena, de esta falta de progreso es generalizada. En abril de 2004, dirigentes indígenas ocuparon la sede del Congreso en la capital, Brasilia, y exigieron una audiencia con el presidente; sólo entonces se les concedió una entrevista con él, es decir, más de 16 meses después de subir al poder el nuevo gobierno en enero de 2003.

Recrudecimiento de la violencia

En 2003 se recibieron informes de una escalada de la violencia, contra pueblos indígenas y sus dirigentes, homicidios incluidos. Al finalizar el año, el Consejo Indigenista Misionero (Conselho Indigenista Missionário, CIMI), movimiento ligado a la iglesia católica, llevaba registrados 23 homicidios de indios, en su mayoría atribuidos a conflictos sobre las tierras(7). El 13 de enero, a dos semanas de la ceremonia de investidura del nuevo presidente, el internacionalmente conocido dirigente guaraní kaiowá Marcos Verón murió a golpes delante de miembros de su familia durante un intento de desalojarlo de su tierra ancestral en el estado meridional de Mato Grosso do Sul, donde fue enterrado. También a principios de enero, Leonardo Crespo, indígena kaingang de 77 años de edad, perdió la vida en Miraguaí, estado de Rio Grande do Sul, a consecuencia de las patadas y los golpes recibidos de un grupo de jóvenes que lo asaltaron cuando dormía. Las autoridades reaccionaron rápidamente, y en julio de ese mismo año fueron declarados culpables y condenados los autores de su muerte, que, según se cree, obedeció a motivos raciales. A los dos meses del asesinato de Leonardo Crespo, Marcos Xucuru, dirigente del pueblo xucuru, escapó –en el estado de Pernambuco, región noreste brasileña– de una emboscada que se saldó con la muerte de dos hombres que le acompañaban. Chicão Xucuru, padre de Marcos, murió en 1998 a raíz de los disparos efectuados por un hombre armado.

Manifestantes durante la marcha de Pernambuco, en conmemoración del aniversario de la muerte de Chicão Xucuru. © CIMI

Aunque en 2004 disminuyeron los niveles de violencia contra dirigentes indígenas, los conflictos sobre las tierras favorecieron el recrudecimiento de la violencia y un aumento de las violaciones de derechos humanos.

En enero de ese año, un grupo de manifestantes invadió una misión católica en el territorio indígena de Raposa Serra do Sol, estado de Roraima, tras anunciar el gobierno que la reivindicación por parte de los indígenas de sus derechos sobre tierras de la región sería finalmente aprobada por el presidente. Los manifestantes, al parecer coordinados por terratenientes locales, tomaron como rehenes a misioneros, bloquearon carreteras de la zona y amenazaron con continuar los ataques a las comunidades indígenas. El proceso de otorgar las tierras a los habitantes indígenas, que sólo estaba pendiente de la ratificación definitiva del presidente, fue postergado. La tensión en la región se mantuvo elevada durante todo el año y, en noviembre, un grupo armado que, también según informes, estaba coordinado por terratenientes locales, atacó tres comunidades indígenas en el territorio, quemando o destruyendo 23 casas.

La tragedia sacudió el estado amazónico de Rondônia en abril, cuando 29 hombres que habían explotado ilegalmente las tierras pertenecientes al puebloindígena cinta larga, murieron presuntamente a manos de indígenas. Pocos meses antes de la masacre, en diciembre de 2003, una comisión de investigación formada por miembros de la asamblea legislativa de Rondônia advirtió de la violencia inminente y solicitó la intervención federal, que incluyese la presencia del ejército, a fin de impedir conflictos y la explotación ilegal de tierras en la región. La petición no fue atendida. En noviembre, la policía anunció su intención de imputar los homicidios a 10 miembros de la comunidad indígena.

"El indígena es la tierra"

Los indios por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indios mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica.(8)

La tierra es, desde siempre, un factor básico para el bienestar y la supervivencia de los pueblos indígenas de Brasil. Ya en 1991, el gobierno brasileño acuñó la expresión "el indígena es la tierra" en reconocimiento de la importancia de los derechos sobre las tierras para la realización de sus derechos humanos. El derecho de los pueblos indígenas a sus tierras queda consagrado en la Constitución de 1988, que define estas zonas como "tierras tradicionalmente ocupadas por los indios" y sobre las cuales tienen derechos originales e inalienables.(9) La Constitución ordenaba que todos los territorios indígenas quedasen demarcados antes de 1993.

Aunque la Constitución brasileña proporciona el marco legal necesario para fortalecer la lucha de los indios de Brasil por recobrar y conservar sus tierras, y pese a que la superficie total demarcada a su favor –478.721 km2 entre 1992 y 2001–(10) ha aumentado sustancialmente en los últimos años, el objetivo constitucional de demarcar todas las tierras sigue estando aún muy lejos, incluso en 2005. Se han ratificado 340 de los 580 territorios indígenas oficialmente reconocidos en Brasil, y 139 siguen pendientes de identificación, que es la primera etapa del proceso.(11) A pesar de ello, el ministro de Justicia ha prometido públicamente completar la demarcación y ratificación de todos los territorios indígenas pendientes antes de finalizar 2006.

En 2004, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas recomendó al gobierno brasileño que completase la demarcación de todas las tierras indígenas antes de 2007, y expresó su preocupación por el hecho de que la posesión y el uso de estas tierras por parte de las comunidades indígenas se veían amenazados y restringidos a causa de los repetidos actos de agresión contra ellas. El comité añadió lo siguiente: "Asimismo, el Comité recomienda que el Estado Parte adopte medidas urgentes para reconocer y proteger en la práctica el derecho de las poblaciones indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos".(12)

Un antiguo principio del derecho brasileño sostiene que los indios son "relativamente capaces"(13) y, en consecuencia, no pueden ejercitar plenamente sus derechos civiles. Por este motivo, el control paternalista sobre los derechos y las necesidades de los pueblos indígenas siempre ha sido monopolio del Estado, concretamente del gobierno federal. El órgano de gobierno oficialmente responsable de la aplicación de las políticas en materia indígena es la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).(14)

Por lo tanto, la tarea de supervisar la aplicación correcta de los derechos sobre tierras indígenas y de proteger a los pueblos indígenas durante y después de este proceso recae en las autoridades federales. Sin embargo, aunque sucesivos gobiernos se han comprometido a garantizar los derechos de los indios brasileños, con demasiada frecuencia los intereses políticos y económicos a corto plazo han puesto en peligro estos compromisos.

Pese a las muchas dificultades que afrontan los pueblos indígenas de Brasil, cuentan con un factor vinculante y positivo que les depara buenos augurios de cara al futuro: su capacidad de supervivencia. Hacia la mitad del siglo pasado se predijo su extinción inminente al estimarse que la población indígena había registrado un mínimo histórico de 100.000 habitantes. En 2005, los cálculos sitúan esta cifra en torno a 370.000.(15) Un acontecimiento reciente que ha intervenido a favor de su supervivencia es el crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones indígenas autónomas en los años noventa, que, por primera vez, les ha permitido convertirse en protagonistas de su propia lucha en el ámbito local, regional, nacional e internacional. Se cree que en Brasil habitan hasta 45 grupos de indios "aislados" o "no localizados", 24 de ellos en zonas demarcadas por FUNAI.

Aunque los indios sólo representan entre el 0,2 y el 0,3 por ciento de la población, tienen derecho a un 11 por ciento de la tierra en virtud de la Constitución. Un sondeo realizado por IBOPE para el Instituto Socioambiental, organización no gubernamental,sugiere que prácticamente nadie en Brasil se opone a ello.En el sondeo sobre 2.000 personas realizado en el año 2000, una mayoría del 68 por ciento consideraba que la zona demarcada era suficiente, o incluso insuficiente. Sólo el 22 por ciento consideraba que eran demasiadas tierras.(16)

La transferencia de tierras: un proceso laborioso

La Constitución obliga al gobierno federal a transferir las tierras ancestrales a los pueblos indígenas de Brasil y lo responsabiliza de proteger la tierra. La Fundación Nacional del Indio (FUNAI) administra el complejo proceso que conlleva la transferencia, que incluye la identificación, delimitación, demarcación, ratificación y registro de tierras. La identificación la realiza un equipo técnico supervisado por un antropólogo nombrado por FUNAI. El presidente de FUNAI aprueba, si procede, el estudio. Las partes interesadas disponen de un plazo de 90 días para refutar el informe. Desde ese momento, corresponde al ministro de Justicia aprobar o rechazar el estudio de identificación. Si se aprueba, el ministro declara y establece oficialmente la delimitación y demarcación física de la zona. Los últimos pasos son la ratificación de la zona por decreto presidencial, y su inscripción oficial.(17)

Sin embargo, el procedimiento ha resultado sumamente lento, y las reclamaciones tardan años, cuando no decenios, en resolverse. Desde hace mucho tiempo, la dotación insuficiente de fondos, la corrupción y los problemas internos abruman a FUNAI, que insiste en que no dispone de dinero ni de personal suficiente para llevar a cabo las demarcaciones pendientes. En una carta que un dirigente guaraní kaiowá mostró a Amnistía Internacional en agosto de 2004, un miembro de la dirección de FUNAI expresaba su frustración al no poder realizar los estudios de identificación de un territorio concreto, debido a los escasos recursos económicos y la falta de personal:

Sin antropólogos y ecologistas, la creación de un grupo de trabajo para identificar un territorio indígena, cualquiera que éste sea, deja de ser una opción viable. FUNAI ha redoblado los esfuerzos en intentar reunir los recursos humanos necesarios para atender las necesidades territoriales acumuladas durante tantos años en la región de Mato Grosso do Sul.

En su Compromiso con los Pueblos Indígenas de Brasil,el gobierno federal criticaba duramente a FUNAI e indicaba que ésta "se ha caracterizado por sus frecuentes omisiones y olvidosen el ejercicio de sus funciones".También reconocía que el órgano adolece de graves problemas presupuestarios e internos, y declaraba que la reforma y reestructuración de FUNAI serían prioritarias.

Pese al compromiso declarado con un cambio radical, a Amnistía Internacional no le consta que existan planes gubernamentales de reestructuración o aumento de la financiación de FUNAI. Según el comité asesor independiente INESC, el presupuesto de FUNAI sufrió un recorte del ocho por ciento en 2004.Este comité asesor describía como "insuficiente" el presupuesto asignado a las demarcaciones y afirmó lo siguiente sobre el presupuesto asignado a la vigilancia de las tierras indígenas: "Teniendo en cuenta el grado de intrusión que sufren las tierras indígenas y las carencias de personal e infraestructura de FUNAI, este valor es, cuando menos, risible, por no decir trágico".(18)

Las críticas de FUNAI por parte del movimiento indígena son abundantes. En la reunión del Foro Social Panamazónico –coalición de grupos indígenas– que tuvo lugar en Manaos en enero de 2005, importantes dirigentes indígenas expresaron su contundente rechazo a FUNAI.(19) En el momento de publicarse este informe, Amnistía Internacional no había recibido respuesta a la carta enviada al presidente de FUNAI en septiembre de 2004, en la que, entre otras cuestiones, se le pedía información sobre estrategias para solucionar las reclamaciones de los guaraníes kaiowá sobre las tierras.

Además de los retrasos estructurales y políticos asociados a FUNAI, el proceso de transferencia también sufre demoras debido a dificultades a la hora de acordar el pago de indemnizaciones a aquellos que adquirieron tierras indígenas de buena fe. La Constitución brasileña sólo contempla una indemnización basada en las mejoras físicas y materiales efectuadas en la tierra, no en su valor. Este factor a menudo suscita una gran resistencia a las propuestas de transferir tierras en un gran número de terratenientes.

Propuesta legislativa 188: amenaza de retroceder en el tiempo

Al finalizar 2004, las organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales dieron la voz de alarma por el número cada vez mayor de iniciativas que parecían diseñadas para restringir e incluso invertir algunos de los avances logrados por los indios del Brasil en los últimos años. Una comisión especial del Senado,(20) encargada de realizar una evaluación y de presentar un informe sobre la situación de los pueblos indígenas, elaboró un proyecto de propuesta legislativa(21) para regular los procedimientos de demarcación que, de aprobarse, haría retroceder la situación varios decenios. En virtud de dicho proyecto de ley, las demarcaciones de tierras pendientes quedarían anuladas, se declararía ilegal la demarcación de tierras ocupadas pacíficamente por los indios y sería obligatorio obtener la aprobación del Senado de todas las demarcaciones de territorios indígenas. Afortunadamente, la propuesta –que las ONG repudiaron por inconstitucional y los indios de Mato Grosso do Sul describieron como una "puñalada por la espalda"– fue retirada como consecuencia de las protestas de la opinión pública.

La propuesta legislativa se redactó en contravención del concepto de consentimiento previo, dado libremente y con pleno conocimiento de causa consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el único instrumento jurídicamente vinculante del derecho internacional que protege específicamente a los pueblos indígenas.(22) Brasil ratificó el Convenio 169 en julio de 2002, y el gobierno federal lo incorporó a la legislación interna en abril de 2004.

"Extranjeros en nuestro propio país"

La abrumadora sensación de inquietud e inseguridad con respecto al futuro de los indios brasileños se resume en esta declaración que un importante dirigente indígena hizo llegar a Amnistía Internacional en enero de 2005:

[…][nos sentimos] defraudados con la forma en que se está tratando la cuestión indígena en nuestro país: el gobierno ha adoptado la forma más perversa del trato especial, por cuanto la cuestión indígena se ha llevado a la Cámara de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, donde se tratan las cuestiones de soberanía, y eso significa que nos están tratando como si fuéramos extranjeros en nuestro propio país, e incluso como una amenaza para la soberanía. Con ello, la esperanza de ver nuestros territorios demarcados y ratificados poco a poco ha sido sustituida por el temor.

La Cámara de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional (CREDEN) citada aquí se creó en agosto de 2003 por decreto presidencial. Su mandato es formular políticas gubernamentales en "materias relacionadas con el área de las relaciones exteriores y la defensa nacional".(23)

Entre las ocho áreas de política específicas que debe desarrollar este órgano se encuentran los derechos humanos y los pueblos indígenas.Las demás son el tráfico de drogas y el delito internacional, la cooperación internacional en materia de defensa y seguridad, la inmigración, las actividades de espionaje, los controles fronterizos y las operaciones de paz.

En mayo de 2004, se creó un grupo de trabajo auspiciado por CREDEN, destinado a elaborar propuestas para una "nueva política indígena". En el grupo de trabajo no hay dirigentes indígenas ni tampoco representantes de la sociedad civil. Aunque FUNAI y el Ministerio de Educación sí están representados, no lo están los ministerios de Medio Ambiente, Desarrollo Agrario y Salud. La policía federal, las fuerzas aéreas, la armada, el ejército, el servicio de información brasileño y los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa son miembros del grupo de trabajo.

3. La violencia y la lucha por la tierra ancestral

Desde hace mucho tiempo, la lucha por las tierras indígenas se caracteriza por el derramamiento de sangre y el sufrimiento. El hecho de que, históricamente, el Estado brasileño jamás haya reconocido ni protegido los derechos sobre las tierras indígenas se evidencia, en 2005, con uno de los ejemplos más extremos de la miseria y la violencia que ha provocado tal actitud: la proporción de tierras por persona del pueblo guaraní kaiowá, pese a ser uno de los más numerosos de Brasil, está entre las peores de todos los grupos indígenas del país. En Brasil cohabitan tres grupos guaraníes: los kaiowá, los nhandeva y los mbyá. En Mato Grosso do Sul viven 30.000 guaraníes kaiowá y nhandeva, y los cálculos sitúan la población guaraní kaiowá entre 18.000 y 20.000 habitantes, lo que convierte a este grupo guaraní en el mayor de Brasil.(24)

Miseria y violencia: los guaraníes kaiowá

Para nosotros, los kaiowá, la tierra es sagrada. Es la esencia de la vida kaiowá. Para nosotros, el pueblo indígena guaraní, la tierra es nuestra estructura vital.(25)

¿Qué está pasando en las zonas de los guaraníes kaiowá? Que hay mucha desnutrición. No tenemos tierras que cultivar. Por eso hay pobreza y hambre en nuestra tierra […]Nosotros, los indios, hemos tomado una decisión. Si nos desalojan de estas zonas en conflicto, nos suicidaremos. Nos suicidaremos porque no significamos nada para nadie.(26)

La mayoría de los guaraníes kaiowáviven en 27 territorios reconocidos oficialmente en el sur del estado de Mato Grosso do Sul.(27) Son algunas de las zonas indígenas de Brasil más pequeñas, más pobres y con mayor densidad de población: focos rurales de pobreza rodeados de grandes plantaciones de soja y caña de azúcar, y reservas urbanas superpobladas donde hacen estragos la desnutrición, la enfermedad, la miseria, el suicidio, la violencia y el alcoholismo. Según informes, la mortalidad infantil en estas zonas indígenas se ha recrudecido en los últimos años debido en gran parte al hambre y la desnutrición; en 2004 se registraron 64 muertes por cada 1.000 niños.(28) Un diputado federal describió la tasa de mortalidad infantil como un "auténtico genocidio del pueblo indígena de Mato Grosso do Sul".(29) Según informes, el coordinador regional de la Fundación Nacional de Salud (Fundação Nacional de Saúde, FUNASA) afirmó que la elevada tasa de mortalidad infantil estaba directamente relacionada con problemas estructurales socioeconómicos, y resaltó la escasez de tierras del pueblo guaraní kaiowá.(30)

La presencia guaraní en la zona que actualmente es Mato Grosso do Sul data de hace cientos de años. A comienzos del siglo pasado, el hoy desaparecido Servicio de Protección a los Indios empezó a acorralar a los grupos en reservas oficiales. Esta práctica continuó y se aceleró durante los años cincuenta hasta los ochenta, cuando, excepto un pequeño número de comunidades, los guaraníes kaiowá que quedaban fueron expulsados de sus tierras por los grileiros, o usurpadores de tierras, así como por empresas privadas y por agresivos programas de desarrollo agrícola patrocinados por el gobierno. Como no les quedaba otra alternativa, se trasladaron a las ya masificadas reservas oficiales. Muchos de ellos empezaron a trabajar en refinerías de caña de azúcar en unas condiciones que, según informes, a menudo constituían esclavitud.(31)

Privados de sus tierras, y sin ver otra alternativa de supervivencia, en los años noventa los guaraníes kaiowá adoptaron una estrategia de reocupación pacífica de pequeñas parcelas en sus territorios tradicionales, denominadas tekoha. Durante estas reocupaciones, los que participaban en ellas a menudo eran amenazados de muerte o desalojados de forma violenta por grupos armados.(32) Esta acción directa ha dado lugar a la obtención, parcial en algunos casos, de varias de estas parcelas. Hoy la estrategia continúa, impulsada por la creciente desesperación y frustración ante el hecho de que los sucesivos gobiernos incumplen las promesas de resolver las reclamaciones pendientes sobre las tierras. A raíz de sus acciones, muchos guaraníes kaiowá y sus dirigentes son cada vez más vulnerables a la amenaza de violencia. Un representante del Ministerio Público Federal en Mato Grosso do Sul expresó su preocupación a Amnistía Internacional por el hecho de que algunos guaraníes kaiowá que participaban en intentos de reocupar pacíficamente las tierras se estaban exponiendo a situaciones que no eran sino "masacres en ciernes".

El homicidio de Marcos Verón

El 11 de enero de 2003, Marcos Verón, cacique guaraní kaiowáde 72 años, lideraba un pequeño grupo de indios en un intento de reocupar pacíficamente una reducida zona del territorio indígena de Takuaraen el municipio de Juti, Mato Grosso do Sul, de donde habían sido expulsados en 1953. Era la tercera vez, desde 1999, que los guaraníes kaiowá intentaban reocupar Takuara, situada en la hacienda Brasília do Sul.

Marcos Verón en Porto Seguro, en el aniversario del Quinto Centenario de la llegada de los portugueses a Brasil. © AI

Pese a que, inicialmente, representantes de FUNAI y de la policía garantizaron que no se produciría el desalojo del grupo y que se podría negociar un acuerdo de forma pacífica con el terrateniente, los acontecimientos tomaron rápidamente un cariz violento. Según informes, el 12 de enero, un grupo formado por jornaleros de la finca y hombres armados contratados se reunió en las proximidades de la zona reocupada y efectuó disparos contra un camión que transportaba indios. Reginaldo Verón, de 14 años, fue alcanzado por una bala en la pierna. Posteriormente, a primeras horas de la mañana del 13 de enero, un grupo formado por unos 30 hombres atacó el campamento. Los acontecimientos que se describen a continuación fueron presenciados por el hijo de Marcos Verón, Ladio –"Ava Taperendy’ i"–, que recibió una dura paliza y amenazas de muerte durante el ataque:

Eran las 3.30 de la madrugada cuando oímos el ruido de autos, que nos pareció como si estuvieran muy lejos, pero era porque venían con las luces apagadas. Ya cerca de donde estábamos, muchos de ellos empezaron a salir de sus autos y se dispersaron por el campo. En ese momento uno de ellos empezó a disparar en dirección a nosotros, y los autos empezaron a encender los faros. Lo único que se oía eran petardos, explosiones y tiros disparados en la dirección de nuestras carpas. Los niños y las mujeres lloraban desesperadamente […] y fue entonces que sacaron al cacique Marcos Verón de otra carpa y empezaron a golpearlo y a darle patadas hasta que se cayó al suelo; después cada uno de ellos siguió dándole patadas al cacique, que gemía desesperado del dolor en el suelo. Yo les grité que pararan de golpearlo porque era viejo y estaba jubilado […] después vi la cara de mi padre por última vez, cuando lo golpearon en la cabeza con la culata de un fusil. Hasta que ya no se movió más…(33)

Marcos Verón y su hijo fueron abandonados junto a la carretera por sus agresores. Marcos Verón hubo de ser trasladado al hospital, donde falleció a consecuencia de las lesiones recibidas. Gracias a la respuesta inmediata y a la investigación del ataque por parte de la oficina del Ministerio Público Federal en Dourados, la detención de varios hombres se produjo rápidamente, al tiempo que se expidieron órdenes de detención contra otros. Las personas que presuntamente participaron en el ataque han sido acusadas de diversos delitos, entre los que se incluyen asesinato, tentativa de asesinato, secuestro y tortura. Está previsto que las causas lleguen al tribunal más adelante en el año.

Marcos Verón fue enterrado en Takuara. A su funeral asistieron representantes de movimientos indígenas y de lucha por los derechos humanos de todo Brasil. Su muerte tuvo una gran repercusión internacional: en 2000 había viajado por todo el mundo para hacer campaña en nombre de los indios brasileños en Europa. La ocupación pacífica de Takuara prosigue en 2005, al tiempo que la familia de Marcos Verón y otros guaraníes kaiowá permanecen acampados a la espera de la demarcación y ratificación definitivas del territorio.

Marcos Verón no es el primer dirigente guaraní de fama internacional en encontrar la muerte como consecuencia de sus acciones para devolver las tierras a su gente. En 1983, Marçal de Souza, "Tupã’Y", activo defensor de los derechos indígenas que representó a los indios brasileños en una audiencia con el Papa durante la visita de éste a Brasil en 1980 y que defendió a todas las minorías del mundo ante las Naciones Unidas, murió de un disparo recibido junto a su domicilio en Campestre, municipio de Antonio João. Aunque un terrateniente y el administrador de una hacienda de la zona fueron acusados y juzgados por el homicidio después de grandes retrasos, nunca se llegó a condenar a nadie. Al haber transcurrido más de 20 años desde el asesinato, ya nunca tendrá lugar ningún juicio puesto que el delito ha prescrito según el derecho brasileño.(34)

Tampoco es Marcos Verón el único guaraní kaiowá al que se ha dado muerte en los últimos años durante la reocupación pacífica de su tierra ancestral. En 2001, un joven indio guaraní kaiowá, Samuel Martin, murió como consecuencia del disparo recibido durante un intento de reocupación en Ka’a Jari, municipio de Coronel Sapucaia. Según la información recibida por Amnistía Internacional, aunque el crimen se investigó en su día, nunca se ha acusado a nadie de este homicidio.

La impunidad en torno al homicidio de Marçal de Souza y de Samuel Martin allanó el camino para la muerte de Marcos Verón. Es, por tanto, imprescindible que se juzgue a todos los responsables de su homicidio, y ello incluye a los que ordenaron atacar y expulsar de forma violenta a los guaraníes kaiowá que se encontraban acampados en Takuara el 13 de enero de 2003.

La lucha por la tierra: esperanza en medio de la miseria

La larga espera por la tierra. Dirigentes guaraníes kaiowá en el campamento al borde de la carretera junto al territorio indígena Passo Piraju. Llevan años esperando a que se realicen los estudios de identificación preliminares. © AI

En agosto de 2004, Amnistía Internacional visitó varias comunidades guaraníes kaiowá y ocupaciones pacíficas de tierras ancestrales en Mato Grosso do Sul. En Passo Piraju, municipio de Dourados, y enGuyra Roká, municipio de Caarapó, Amnistía Internacional visitó dos comunidades de guaraníes kaiowá que vivían en chozas cubiertas de plástico negro junto a la carretera. Estos grupos tomaron la decisión de vivir en condiciones lamentables junto a sus antiguos territorios con la esperanza de que su presencia acelerase el proceso de demarcación. En septiembre, un mes después de la visita de Amnistía Internacional a Guyra Roká, el grupo de indios que allí vivía reocupó una pequeña zona de su tierra ancestral. En diciembre, el Tribunal Regional Federal anuló la orden judicial que disponía su desalojo y actualmente siguen en las tierras reocupadas.

En Cerro Marangatú, municipio deAntonio João, Amnistía Internacional tuvo oportunidad de ver los cultivos plantados por un grupo de 90 familias guaraníes kaiowá que llevan esperando la demarcación de sus tierras desde el estudio oficial realizado en 1999. La demarcación se produjo finalmente en octubre de 2004 y los indios, que durante años habían vivido hacinados en una superficie de 11 hectáreas, ocuparon una proporción mayor del territorio demarcado antes de la ratificación definitiva. En la zona plantaron cultivos de maíz, mandioca y patata. En enero de 2005, de forma imprevista y a diferencia de numerosas resoluciones judiciales recientes que permitían la permanencia de otros grupos en tierras reocupadas, el Tribunal Regional Federal ordenó su desalojo de esta zona más amplia. En respuesta a la orden de desalojo, la comunidad publicó la siguiente declaración:

Oímos rumores de que la policía va a venir con un tractor para destruirlo todo. Lo que queremos saber es cómo vamos a dar de comer a nuestros hijos…Queremos que la policía sepa que no nos vamos a ir. La decisión es definitiva. No nos vamos a ir de esta tierra con vida.

Tras la enérgica condena nacional e internacional de la orden de desalojo, FUNAI, según informes, entabló negociaciones con el terrateniente. El Ministerio Público Federal presentó un recurso en favor de los guaraníes kaiowá.

En el municipio de Japorã, durante una visita a la zona recientemente ocupada de Yvy Katu, Amnistía Internacional conversó con ancianos y dirigentes que todavía lloraban la muerte de Estevão Velasque y Nelson Rodrigues, dos jóvenes que se habían suicidado hacía escasos días.

Última y desesperada llamada de ayuda: suicidios de guaraníes

A finales de los años ochenta y principios de los noventa tuvo lugar un fenómeno macabro y trágico que convirtió a los guaraníes kaiowá, y a sus vecinos los guaraníes nhandeva, en símbolo mundial de la desolación y aniquilación de los pueblos indígenas. Jóvenes nhandeva y kaiowá, en su mayoría adolescentes de ambos sexos, comenzaron a quitarse la vida en grupos que, conforme pasan los años, crecen de forma alarmante. De 1986 a 1999 se produjeron 305 de estos suicidios. Las cifras no hacen sino aumentar, según la agencia estatal de salud FUNASA, que registró 132 suicidios durante el período que va de enero de 2001 a julio de 2003.

Aunque no existe un motivo único que explique el escandaloso número de suicidios entre los indios nhandeva y kaiowá, los guaraníes kaiowá han expresado repetidamente su convicción de que la causa fundamental del suicidio entre ellos reside en el círculo vicioso de desesperación provocado por la privación del acceso a sus tierras. Una declaración enviada a las autoridades por miembros de la comunidad guaraní kaiowá que residen en el territorio de Yvy Katu expone claramente hasta qué punto estaban convencidos de que el incumplimiento de las promesas del gobierno con respecto a la demarcación de tierras había contribuido directamente al suicidio de los dos jóvenes en agosto de 2004:

Nos referimos a dos amigos que comenzaron a luchar por la reocupación de la tekohade Yvy Katu en noviembre de 2003: Estevão Velasque, de 27 años, y Nelson Rodrigues, de 26. Dos amigos que creían en el triunfo de la demarcación de la tekohatras la negociación con los tribunales en febrero de 2004.

En todas las reuniones preguntaban: "¿qué novedades tenemos sobre nuestra zona?" Parecían ansiosos por conocer el final de la historia, seguros de que sería la demarcación total de la zona. En una reunión que tuvo lugar en julio, la pregunta fue la misma cuando afirmaron que no cejarían en la lucha, teniendo en cuenta que en agosto concluía el plazo acordado, y que estaban dispuestos a morir si era necesario, ya que siempre se debe morir por una causa justa, y sólo así los tribunales recordarían que deben seguir adelante con el proceso.

Agosto llegó por fin, y los medios de comunicación, que sólo traen malas noticias para los pueblos indígenas, dijeron que la demarcación quizá tardaría otro año, incluso dos o más. Creemos que todo esto fue un duro golpe para ellos y que fue en ese momento que decidieron suicidarse: Estevão Velasque la noche del 7 de agosto de 2004, y Nelson Rodrigues el 8 de agosto de 2004, en el campamento de Yvy Katu.

En general, las perspectivas de los guaraníes kaoiwá son desoladoras. La matanza de dirigentes, la amenaza de desalojos, el alojamiento precario, la pobreza, la creciente mortalidad infantil y las tasas de suicidio pintan un panorama desgarrador. No cabe duda de que, sin un compromiso firme y estratégico por parte de las autoridades para resolver la reivindicación de los derechos sobre las tierras de los guaraníes kaiowá, todo apunta a un empeoramiento de la situación.

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Pero, afortunadamente, también hay señales positivas. A finales del año pasado, quedó finalmente resuelta la prolongada disputa por el territorio de Panambizinho, en el municipio de Dourados. La lucha por Panambizinho data de 1945, cuando el gobierno federal asentó a las familias de trabajadores migrantes en tierras de los guaraníes kaiowá. La ratificación presidencial de la zona indígena tuvo lugar en octubre de 2004 y, en noviembre, se entregaron los títulos de propiedad a la comunidad, formada por 70 familias, en una ceremonia oficial a la que asistieron el ministro de Justicia, el presidente de FUNAI y el gobernador de Mato Grosso do Sul. Amnistía Internacional espera que no se trate de un caso aislado.

Raposa Serra do Sol: aplazamiento de la ratificación

Una región que en los últimos años ha sido objeto de gran atención nacional e internacional es la zona indígena de Raposa Serra do Sol, situada en el noreste del estado de Roraima junto a la frontera entre Brasil y Venezuela. Esta extensa zona(35) contiene las tierras ancestrales de los pueblos indígenas ingarikó, macuxi, patamona, taurepang y wapichana. Unidos, se calcula que los miembros de estos cinco grupos suman 15.000 indios,(36) aunque el de los macuxi es, con diferencia, el más numeroso. Estos indios llevan más de 30 años desarrollando una campaña por el reconocimiento oficial de su derecho a las tierras ancestrales.

Durante este período, han sido víctimas de constantes amenazas, ataques y desalojos violentos en su lucha por los derechos sobre las tierras. El hecho de que gobiernos sucesivos no hayan garantizado el derecho a sus tierras los ha dejado expuestos a ataques e invasiones de sus tierras por parte de colonos ilegales, productores de arroz, empresas madereras y prospectores, entre otros. A causa del conflicto han muerto más de 20 indígenas, y cientos de ellos han sido víctimas de palizas y han visto sus hogares y ganado destruidos por terratenientes, colonos y miembros de la policía militar locales. Los defensores de los derechos humanos de los indios han sido objeto de amenazas y actos de intimidación y violencia.

Pintadas contra la iglesia en Roraima. Los misioneros católicos apoyan desde hace muchos años la lucha por las tierras indígenas en el estado. © CIR

El 2 de enero de 2003, Aldo da Silva Mota, dirigente macuxi, encontró la muerte en Raposa Serra do Sol. Según la autopsia inicial que se realizó en esa localidad, murió por causas naturales. Pero a raíz de las protestas de los grupos indígenas, se realizó otra autopsia en Brasilia. Según esta última, había recibido un disparo en la cabeza mientras tenía las manos en alto y probablemente permanecía arrodillado en el suelo. Indicaba que había sido víctima de una probable ejecución. Tres hombres han sido acusados de participar en la matanza, y serán juzgados en un futuro próximo. No han sido detenidos.

Durante una visita realizada a Brasil en noviembre de 2003, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, se reunió con el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y el ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos. En estas reuniones, Irene Khan planteó la cuestión de la violencia que afecta a los indios de Raposa Serra do Sol entre los motivos generales de preocupación relativos a los pueblos indígenas. Tanto el presidente como el ministro de Justicia explicaron que los retrasos en la ratificación del territorio eran el resultado de una política gubernamental intencionada cuyo fin era garantizar la seguridad y los derechos de los indios así como de los colonos,(37) y así lograr una solución duradera y segura. El presidente Lula también recalcó que la presión internacional ejercida sobre el gobierno anterior lo había obligado a adoptar medidas que no tenían en cuenta estos requisitos.

Por este motivo, muchos se sorprendieron cuando, sin previo aviso ni disposiciones aparentes que evitasen conflictos en la zona, el 23 de diciembre de 2003 el ministro de Justicia anunció la inminente ratificación presidencial del proceso de demarcación para declarar oficialmente a Raposa Serra do Sol zona indígena ininterrumpida. La ratificación estaba pendiente desde 1998. A lo largo de los años, miembros del gobierno del estado de Roraima, terratenientes y algunos elementos de las fuerzas armadas han intentado bloquear el proceso de demarcación de muchas maneras.

El 6 de enero de 2004, tras el anuncio de la ratificación planeada, un grupo de colonos invadió una misión católica en la zona indígena. Tomaron como rehenes a tres misioneros durante tres días y, según informes, los sometieron a torturas psicológicas y humillaciones. Los colonos, que, según los informes, actuaban coordinados por terratenientes locales, también bloquearon carreteras y amenazaron con volver a atacar a los indios. La ratificación se aplazó y posteriormente sufrió retrasos a causa de recursos legales. La disputa legal constante giraba en torno a si Raposa Serra do Sol debía ratificarse como una sola zona ininterrumpida o como un conjunto de varias zonas intercaladas por asentamientos no indígenas.

El 23 de noviembre de 2004, durante una visita a la región del ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos, un grupo al parecer formado por productores de arroz e indígenas asociados a ellos atacó tres asentamientos de los indios macuxi. Se destruyeron 37 viviendas y un indio macuxi sufrió heridas de bala. Los ataques exacerbaron la tensión entre los indígenas y los que se oponían a que Raposa Serra do Sol fuera declarada zona indígena.

En diciembre de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó medidas cautelares en respuesta a los ataques de noviembre, en las que se solicitaba su investigación y la protección de las comunidades indígenas de Raposa Serra do Sol.(38) Hasta la fecha no se ha proporcionado protección. Una delegación del Consejo Indígena de Roraima (Conselho Indígena de Roraima, CIR) ya había presentado un informe de la situación ante la Comisión Interamericana en marzo de 2004.

A comienzos de 2005, la ratificación definitiva seguía dependiendo de que se resolviesen las disputas jurídicas en el Tribunal Supremo Federal.

4. Impunidad e inseguridad

La impunidad con que se violan los derechos humanos en Brasil es un hecho tan omnipresente como constante. Con gran frecuencia, eso es lo que ocurre con las matanzas de indios brasileños. La masacre de los ticuna en 1988 fue un ataque a los pueblos indígenas que desató especial indignación, tanto dentro como fuera del país. La condena impuesta en 2001 a los 14 hombres presuntamente responsables suscitó esperanzas de que por fin se hubiera hecho justicia, envuelta en un velo de impunidad durante muchos años.(39) Fueron condenados por el cargo de genocidio, y era sólo la tercera vez que se imponía una condena semejante en la historia judicial de Brasil. Sin embargo, una disposición reciente anuló la sentencia dictada contra el hombre que había sido declarado culpable de ordenar las matanzas y lo absolvió, y redujo además las condenas impuestas a los demás implicados.

Además de la violencia que con tanta frecuencia se origina en el contexto de las disputas por las tierras, los indios también sufren cuando el Estado no los protege de las personas que invaden sus tierras, como sucedió en 2004 en el territorio de Roosevelt de los indios cinta larga, o cada vez que las autoridades hacen caso omiso de necesidades de seguridad muy concretas, como sucede con los indios truká y xucuru en Pernambuco.

La masacre de los ticuna: a la espera de que se haga justicia

Han pasado más de 17 años desde que 14 indios ticuna fueran masacrados en Boca do Capacete, justo en las afueras de la zona indígena de São Leopoldo, en el estado de Amazonas. Las esperanzas de que la condena impuesta en 2001 al hombre que presuntamente había ordenado la matanza constituyera un triunfo crucial sobre la impunidad no tardaron en desvanecerse. En octubre de 2004, un tribunal federal anuló la condena del industrial maderero acusado de haber ordenado la masacre y redujo las condenas de todos los que habían sido declarados culpables por participación en el ataque, incluidos aquellos que fueron juzgados in absentia.

La matanza tuvo lugar el 28 de marzo de 1988. Un grupo de 100 indios –hombres, mujeres y niños– procedentes de cuatro comunidades se encontraba en Boca do Capacete esperando a que regresara una delegación indígena que había ido a denunciar el robo de un toro. Al parecer, estaban comiendo y cantando cuando fueron atacados por un grupo de hombres armados, colonos locales presuntamente contratados por el comerciante maderero, quien llevaba tiempo en conflicto con los ticuna por la explotación ilegal de recursos en sus tierras. Al oír los primeros disparos, los indios echaron a correr en busca de protección: algunos se dirigieron hacia la selva, otros intentaron escapar en canoas y otros se refugiaron en una casa. De los 14 indios muertos, 6 eran niños, al igual que varios de los 23 heridos. A la mayoría de los fallecidos los mataron cuando trataban de escapar en barca. No fue posible recuperar los cuerpos de 10 de las víctimas, que al parecer fueron arrastrados por la corriente del río.

Después de tantos años transcurridos, el hecho de que las autoridades no hayan llevado ante los tribunales a los que ordenaron la matanza no hace sino exacerbar la inseguridad que sienten los pueblos indígenas de Brasil: sirve para reforzar el mensaje, desafortunado y potencialmente mortal, de que es posible dar muerte a los indios con impunidad. En 2005, el pueblo ticuna continúa siendo víctima de amenazas y hostigamientos.

Una tragedia anunciada: los indios cinta larga

Los indios cinta larga viven en 34 comunidades distribuidas en varias zonas indígenas de la región fronteriza de los estados de Mato Grosso y Rondônia, en el noroeste brasileño. Actualmente son unos 1.300 indios, frente a los aproximadamente 5.000 de 1968. Ya en los años veinte se documentaron enfrentamientos entre los cinta larga y los intrusos en su tierra. Con los años, sus tierras han sido invadidas por empresas de explotación de caucho, madereras y prospectores de diamantes. Detrás de todas esas invasiones hay una historia sangrienta. En 1963, un asentamiento de indios cinta larga fue atacado por un grupo de hombres que actuaba bajo las órdenes de propietarios de plantaciones de caucho; este suceso se conoce como "la masacre del paralelo 11", y hubo testigos de los hechos que afirmaron haber visto cómo colgaban a una mujer y la partían por la mitad cuando todavía estaba viva. Esta matanza suscitó la condena internacional del Estado brasileño por violar los derechos de los pueblos indígenas. En 1969, FUNAI estableció contacto "oficial" con los cinta larga por primera vez.

En 1999 se encontraron grandes depósitos de diamantes en la zona de Roosevelt de los cinta larga. En 2000, el territorio fue invadido por buscadores ilegales de diamantes (garimpeiros). La tensión y el conflicto resultantes entre los cinta larga y los mineros ilegales dieron lugar a la matanza de dos dirigentes prominentes: Carlito Cinta Larga en diciembre de 2001, y César Cinta Larga en abril de 2002.

En marzo de 2002, las autoridades federales pusieron en marcha una operación conjunta, en la que participaron equipos de la policía federal y los propios indios, para desalojar a unos 2.500 buscadores de diamantes de la zona. Sin embargo, a tan sólo un mes de iniciada, esta cooperación fue suspendida cuando la policía federal detuvo a cuatro dirigentes cinta larga. Los dirigentes, muy conocidos por su oposición a los buscadores ilegales, fueron detenidos como presuntos autores de varios delitos pero al cabo de seis días quedaron en libertad sin cargos.

En 2003, de nuevo una intervención del gobierno federal dio lugar a la expulsión de buscadores ilegales, que concluyó en agosto de ese año. No obstante, la tensión entre los indios cinta larga y los buscadores ilegales continuó creciendo. Muchos de estos últimos continuaron su actividad pese a las expulsiones. En diciembre de ese año, una comisión de investigación formada por miembros de la asamblea legislativa de Rondônia advirtió acerca de la violencia inminente y solicitó una intervención federal, que contase con la presencia del ejército, a fin de impedir conflictos y la extracción ilegal de diamantes en la región. La petición no fue atendida.

El 7 de abril de 2004, un grupo armado de indios cinta larga emprendió un ataque contra los mineros que estaban extrayendo diamantes ilegalmente en la zona de Roosevelt y causó la muerte de 29. La policía abrió una investigación y en noviembre del mismo año anunció que iba a acusar de la matanza a 10 miembros de la comunidad indígena cinta larga. Si el gobierno brasileño hubiese tomado nota de la advertencia de la comisión de investigación y actuado rápidamente, esta tragedia bien podría haberse evitado.

A las pocas semanas tuvo lugar otro ataque, al parecer como medida de represalia. El 18 de mayo, Moises Cinta Larga, de 14 años, fue abatido a disparos cuando se encontraba en la zona de Roosevelt. Un testigo ocular que lo acompañaba dijo que un grupo de hombres armados y encapuchados para ocultar su identidad les habían tendido una emboscada. Una semana después del incidente, la policía federal detuvo a tres buscadores ilegales en relación con la matanza.

Los indios xucuru de Pernambuco

Marcos Xucuru durante una conferencia sobre los defensores de derechos humanos en el Congreso, Brasilia, junio de 2003. © AI

En el estado de Pernambuco, en la costa noreste de Brasil, viven unos 10.000 indios xucuru en una superficie de 27.000 hectáreas próxima a la ciudad de Pesqueira.(40) Aunque esta tierra se demarcó a su favor en 1992, en 2005 sólo ocupan una parte, ya que todavía no se han resuelto del todo algunas reclamaciones de indemnización de hacendados de la zona. La inscripción definitiva del territorio aún no ha tenido lugar.

Amnistía Internacional ha documentado un largo historial de actos violentos contra dirigentes xucuru, cometidos en el contexto de su campaña por los derechos sobre las tierras. En mayo de 1998, el caciqueChicão Xucuru, conocido en todo el país, murió por disparos. Al poco tiempo, en abril de 2001, Chico Quelé, otro dirigente, fue abatido a tiros. Más recientemente, el 7 de febrero de 2003, el actual caciquedel pueblo xucuru e hijo de Chicão Xucuru, Marcos Luidson de Araújo, conocido como "Marcos Xucuru", y su sobrino de 12 años escaparon de lo que pareció una emboscada, en la que se dio muerte a otros dos indígenas, José Adenílson Barbosa da Silvay Joséilton José dos Santos.

A lo largo de los años, Amnistía Internacional ha mantenido conversaciones con representantes de ONG, de la oficina del Ministerio Público Federal en Brasilia y de sucesivos gobiernos federales, quienes han informado a la organización de que existe un patrón de conducta discriminatoria contra los xucuru, y que los representantes federales regionales en Pernambuco les deniegan sistemáticamente el acceso a la justicia. Amnistía Internacional ha recibido reiterados informes según los cuales los prejuicios y los intereses creados son un obstáculo permanente para la investigación y la acción judicial sobre ataques y matanzas de dirigentes xucuru.

Según la información recibida por Amnistía Internacional, la investigación del ataque a Marcos Xucuru y sus acompañantes seguía el mismo patrón. Aunque una investigación posterior de la policía federal identificaba a dos hombres implicados en el ataque, sólo se imputaron cargos a uno de ellos. La organización también ha recibido información según la cual, a pesar de que Marcos Xucuru tuvo suerte de escapar con vida, la oficina del Ministerio Público Federal en Pernambuco lo acusó de haber provocado el ataque, y nunca se formularon cargos por el intento de asesinarlo. Un hombre ha sido acusado del asesinato de Adenílson Barbosa da Silva y Joséilton José dos Santos.

En octubre de 2002, como consecuencia de las constantes amenazas recibidas por Marcos Luidson y su madre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a las autoridades brasileñas que adoptasen medidas cautelares y les proporcionasen protección efectiva, pero la petición no fue atendida.

Matanzas anteriores de dirigentes xucuru

El padre de Marcos Luidson de Araújo, Francisco de Assis Araújo, conocido como "Chicão Xucuru", carismático cacique que lideraba la reocupación pacífica xucuru de sus tierras en los años noventa, fue abatido a tiros por un hombre armado cuando se encontraba de visita en casa de su hermana en Pesqueira en 1998. Además de hacer campaña en favor de los xucuru, también coordinaba un grupo regional de lucha por los derechos indígenas, Articulación de los Pueblos Indígenas de Nordeste, Minas Gerais y Espíritu Santo.(41)Aunque siempre existieron pruebas de peso que vinculaban directamente la matanza del cacique con su lucha por el reconocimiento de los derechos de los xucuru sobre las tierras, en un principio la policía federal que investigaba su asesinato sólo siguió líneas de investigación que ponían en tela de juicio esta versión de los acontecimientos, como la de que su muerte había sido el resultado de una lucha interna de los xucuru por el poder, o que había sido víctima de un crimen pasional. Las autoridades sólo decidieron investigar su muerte en el contexto de su trabajo de campaña por los derechos sobre la tierra después de haber sido presionadas insistentemente tanto dentro como fuera del país.

La esperanza de que se procesara a los responsables se desvaneció cuando, en agosto de 2001, en el estado de Maranhão se dio muerte al presunto autor de los disparos y, en mayo de 2002, José Cordeiro Santana, el hacendado acusado de ordenar el ataque, se suicidó en circunstancias sospechosas en una celda de la policía federal a las pocas semanas de haber sido detenido. Sin embargo, en noviembre de 2004, Rivaldo Cavalcante Siqueira fue condenado a 19 años de prisión por intermediar entre los dos hombres. No sólo se trató de una victoria importante contra la impunidad, sino que además ofreció pruebas concluyentes de que con el homicidio de Chicão Xucuru se pretendía poner fin a su campaña por los derechos de los xucuru sobre las tierras.

El 23 de abril de 2001, Francisco de Assis Santana, otro dirigente xucuru también conocido como Chico Quelé, murió por disparos en Pesqueira cuando se dirigía a una reunión con miembros de FUNAI. Amnistía Internacional cree que, también en este caso, la investigación sobre el homicidio por parte de las autoridades federales de Pernambuco sigue un patrón discriminatorio contra los xucuru. En 2002, la policía federal ordenó la detención de dos hombres xucuru, uno de ellos el vicecacique. La comunidad xucuru y los abogados que trabajaban para Consejo Indigenista Misionero de inmediato asumieron la defensa de estos dos hombres, alegando que las autoridades se habían equivocado en su investigación, y que eso era debido a un intento de proteger a los verdaderos autores del crimen. Uno de los hombres fue detenido y recluido en una prisión de alta seguridad, mientras que el otro se escondió. El tribunal federal regional de Recife rechazó un primer intento de obtener, a través de un recurso de hábeas corpus, la anulación de las dos órdenes de detención. Pero se recurrió contra esta decisión y en julio de 2003 el Tribunal Supremo Federalde Brasilia anuló las órdenes de detención y dispuso la excarcelación de los hombres. A pesar de esta decisión, parece ser que las autoridades judiciales del estado tienen intención de procesarlos en un futuro próximo.

La protección de los dirigentes que corren peligro: imposibilidad constante de encontrar una solución

El hecho de que las autoridades brasileñas no investigasen ni identificasen a los autores de las muchas amenazas de muerte que recibió Marcos Xucuru, ni proporcionasen protección efectiva y adecuada a él y su familia, fue lo que le expuso al ataque que sufrió en febrero de 2003. A pesar de renovarse las medidas cautelares, en las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pedía su protección, ésta no fue proporcionada. Aunque los xucuru elaboraron una propuesta en la que se recogían medidas de protección para toda la comunidad y se sugerían varias personas que podían proporcionar protección policial a Marcos, no llegaron a un acuerdo con las autoridades.

Según informes, el equipo especial de la policía federal de Pernambuco asignado para proteger a Marcos y su madre en noviembre de 2003, en vez de eso aprovechó su presencia en Pesqueira como una oportunidad para interrogar e intimidar a miembros de la comunidad xucuru. La inseguridad sigue constituyendo un grave problema, y Marcos Xucuru continúa en situación de riesgo, tras haber recibido como mínimo dos amenazas de muerte explícitas en 2004.

Desde hace años, los xucuru y otros pueblos denuncian el trato que reciben de la policía federal de Pernambuco como hostil y contrario a sus intereses. Por ese motivo, pidieron que la protección de Marcos Xucuru y su madre estuviese a cargo de unidades policiales de otro estado, o de otra fuerza policial(42). Hasta la fecha, las autoridades no han proporcionado protección efectiva ni a él ni a su madre. La comunidad xucuru insiste en lo que ellos perciben como incapacidad de las autoridades para abordar sus necesidades como grupo. La información recibida recientemente por Amnistía Internacional indica que existen planes de encargar a una organización independiente la elaboración de una propuesta de seguridad para la comunidad xucuru.

Hostigamiento de los defensores de los derechos humanos en Pernambuco

Dentro de un patrón de hostigamiento, amenazas y ataques dirigidos contra defensores de derechos humanos en todo el país, en los últimos años se ha registrado una escalada de lo que parecen intentos judiciales de intimidar a los defensores de los derechos humanos que luchan por que se haga justicia en los casos de homicidio de dirigentes xucuru y por la defensa de la comunidad xucuru en general. La intimidación, dirigida sobre todo contra abogados y miembros del personal del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), ha adoptado la forma de pleitos entablados por agentes de la policía federal, que acusan a los empleados del CIMI de haber efectuado declaraciones difamatorias en el curso de su trabajo. Si bien Amnistía Internacional reconoce el derecho que asiste a las personas de defenderse contra las declaraciones maliciosas, el uso indebido de estas leyes con el fin de restringir la libertad de expresión y el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos es inaceptable. El artículo 12 de la declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos establece lo siguiente:

El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.(43)

La policía militar de Pernambuco también intentó recientemente intimidar a los defensores de los derechos humanos que trabajan en el estado. El 16 de septiembre de 2004, Dominici Mororó, abogado que trabaja para diversas organizaciones, como el CIMI, la Comisión Pastoral de la Tierra (Comissão Pastoral da Terra) y el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, fue perseguido por hombres en motocicleta y en un automóvil al dirigirse a varias reuniones en Recife. Desconfiando de la situación, llamó a la policía; ésta intervino rápidamente y detuvo a tres de los perseguidores, que resultaron ser agentes de la policía militar pertenecientes a la oficina militar del gobierno del estado de Pernambuco. Los hombres portaban revólveres, equipos de vigilancia y una carpeta que contenía información detallada no sólo de Dominici Mororó, sino también de muchos otros defensores de derechos humanos que trabajaban en el estado. Varias ONG y el Colegio de Abogados de Brasil denunciaron los hechos a las autoridades federales, así como a la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Hina Jilani. A Amnistía Internacional no le consta que se hayan tomado medidas contra los tres agentes de policía, que quedaron en libertad poco después de su detención.

Atrapados entre "cocodrilos y leones": los indios truká

El cacique truká Auriván dos Santos Truká se dirige al público durante un encuentro celebrado en el territorio truká, agosto de 2004. © AI

El territorio indígena truká, de casi 6.000 hectáreas, se encuentra en el interior del estado de Pernambuco, próximo a la frontera con Bahía. Está situado en el archipiélago de Ilha de Assunção, en el río São Francisco, municipio de Cabrobó. Alrededor de 3.000 indios truká viven en ese territorio, que comenzaron a reocupar a mediados de los años noventa. El proceso de demarcación sigue abierto pero, según informes, lleva estancado desde 2002 debido a las amenazas recibidas por el equipo técnico que entonces trabajaba en la zona. La situación que afrontan los truká es especialmente problemática debido al cultivo ilegal de marihuana generalizado en la región. Como consecuencia de ello, hay una presencia importante de grupos de delincuencia organizada fuertemente armados en el territorio.

Cuando en agosto de 2004 Amnistía Internacional asistió a una reunión pública celebrada en territorio truká, su delegado oyó a un dirigente declarar que la comunidad se encontraba atrapada entre "cocodrilos y leones", y con ello quería decir que estaba atrapada en el fuego cruzado entre las bandas criminales implicadas en el negocio de las drogas y la policía. Muchos de los presentes lloraban al relatar la violencia y el miedo que sufrían, su tristeza por el gran número de familias que había tenido que abandonar el territorio debido a la violencia y su sensación de vulnerabilidad con respecto a la policía y los delincuentes. Varios representantes afirmaron que el territorio estaba "en manos de cualquiera que quiera ejercer el control mediante el uso de armas de fuego" y que la policía, cuando acudía, "propinaba palizas a personas inocentes en lugar de perseguir a los criminales". Admitieron que una pequeña minoría de los indios truká –nada más que unos cuantos individuos conocidos– estaba implicada en actividades delictivas.

El problema que afrontan los truká refleja la experiencia de muchas comunidades urbanas pobres de Brasil en las que existe proliferación de armas y tráfico ilegal de drogas. Por un lado, los miembros de la comunidad sufren la presencia de narcotraficantes fuertemente armados y un alto grado de violencia, y por el otro, las autoridades los catalogan colectivamente como delincuentes.

Homicidio de José de Nó y Nilson Felix

El 4 de enero de 2001, agentes de policía y personas desconocidas participaron en un tiroteo durante una operación de la policía militar en Cabrobó. Durante los hechos murieron dos agentes de policía y resultó herido Nilson Felix, indio truká que se encontraba allí en ese momento. Nilson Felix fue inicialmente trasladado al hospital local. Debido a la gravedad de las heridas, se decidió trasladarlo en automóvil a la localidad próxima de Petrolina, acompañado de su padre, José de Nó Felix, una enfermera y el conductor. Los testigos afirman que unos policías militares con pasamontañas interceptaron el automóvil y secuestraron al padre y a su hijo, ordenando a la enfermera y al conductor que volvieran a casa. La comunidad truká lo denunció de inmediato a la policía federal. Al cabo de tres días de búsqueda, los cadáveres mutilados y calcinados de los dos hombres fueron encontrados en el municipio vecino. El 8 de enero, representantes de la comunidad truká, entre los que se encontraba el actual cacique, Auriván dos Santos Truká, se trasladaron a Recife en autobús para denunciar la matanza ante las autoridades estatales. Durante el viaje, el autobús fue interceptado por policías militares que, según informes, les advirtieron que no hablaran con nadie sobre lo ocurrido o de lo contrario "alguien les volaría la cabeza". Aunque en su día se abrió una investigación sobre los homicidios, a Amnistía Internacional no le consta que se hayan formulado cargos relacionados con los crímenes.

Abandonados por el Estado

Desde hace muchos años, los indios truká acuden al gobierno federal de Brasilia en busca de ayuda para resolver la situación de su seguridad. A principios de 2003, una comisión federal de la que formaba parte el secretario federal de derechos humanos viajó a Cabrobó para reunirse con los truká. Sin embargo, al parecer por motivos de seguridad, éste no entró en el territorio indígena y la reunión no prosperó. Hasta la fecha, la comunidad tampoco ha tenido éxito en otros intentos de mantener reuniones con las autoridades federales.

La ausencia de una presencia estatal oficial dentro del territorio exacerba la inseguridad de los truká. Tanto FUNAI como FUNASA tienen delegación en Cabrobó, pero, según informes, se niegan a enviar representantes al territorio con el argumento de que es demasiado peligroso.

El deber de proteger y garantizar los derechos con la diligencia debida

En virtud del Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Brasil ratificó en 1992, los Estados tienen el deber de garantizar el ejercicio de los derechos humanos a todas las personas dentro de su territorio o sujetas a su jurisdicción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resaltaba lo que dicha obligación supone en el fallo sobre un caso de desaparición forzada en Honduras en el cual se desconocía la identidad de los responsables.(44) El Tribunal utilizó el concepto de "diligencia debida" para describir el grado de esfuerzo que debe invertir un Estado en el cumplimiento de su obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos, incluso cuando los abusos hayan sido cometidos por personas no relacionadas con el Estado:

Un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención.

Según la Corte, actuar con la "diligencia debida" supone que el Estado: adopte medidas razonables para prevenir violaciones de los derechos humanos, emplee los medios a su alcance para llevar a cabo investigaciones serias, identifique a los responsables, imponga la sanción correspondiente y garantice una reparación adecuada a la víctima.(45)

6. Conclusión

En 2005, los pueblos indígenas de Brasil se enfrentan a un futuro incierto. Por lo que Amnistía Internacional ha podido concluir, si bien se han producido algunos avances en el respeto por sus derechos, un número considerable de indios sigue siendo víctima de discriminación, ataques violentos, homicidios e impunidad. Además, aquellos que se ven privados del acceso a sus propias tierras están atrapados en un círculo de miseria y pobreza crónica. En algunas situaciones en las que su tierra está legalmente demarcada, con gran frecuencia el Estado no les proporciona protección.

Los pueblos indígenas no parecen constituir una prioridad urgente para un gobierno que hace malabarismos para atender una gran cantidad de exigencias. Como consecuencia, son cada vez más vulnerables en un clima en el que la violencia está siempre presente. Los avances considerables experimentados desde la Constitución de 1988 corren peligro de desaparecer. La campaña a favor de una reducción de sus derechos es potente y su voz cada vez más fuerte. Y ello, unido al hecho de que sucesivos gobiernos hayan sido incapaces de aplicar una estrategia coherente que garantice el reconocimiento y la protección de sus derechos, hace que su seguridad, e incluso su supervivencia, estén en peligro.

Es esencial que el gobierno federal cumpla sus promesas electorales y sus obligaciones internacionales. Sin un compromiso estratégico firme por parte de las autoridades que garantice la seguridad de los pueblos indígenas, resuelva los conflictos sobre tierras y ratifique las reclamaciones pendientes sobre las mismas, el recrudecimiento de la violencia y el retroceso parecen inevitables.

7. Recomendaciones

Generales

El gobierno brasileño debe dar máxima prioridad al establecimiento de políticas claras y de estrategias que aborden específicamente las cuestiones persistentes en materia de derechos humanos y los problemas relativos a la tierra que afectan a la población indígena de Brasil, en consonancia con sus obligaciones internacionales y constitucionales, y con lo expuesto en su manifiesto electoral Compromiso con los Pueblos Indígenas de Brasil. Asimismo, deben elaborarse contando con la plena colaboración del movimiento indígena, de conformidad con lo estipulado en el derecho internacional por el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la OIT). Por último, la revisión completa de la estructura, los recursos y las funciones de FUNAI ha de ser prioritaria.

Justicia

Todos los casos de ataques violentos y de otros abusos contra los derechos humanos de miembros de las comunidades indígenas deben ser investigados rigurosamente y sus responsables deben ser procesados. No debe permitirse la impunidad en la legislación ni en la práctica, en consonancia con los compromisos adquiridos por el gobierno brasileño en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas internacionales. Debe investigarse exhaustivamente la colusión entre funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y particulares que instiguen o perpetren abusos. El gobierno brasileño debe garantizar que todos los que habitan dentro de sus fronteras tienen idéntico acceso a la justicia, con independencia de su origen étnico o de la lejanía de las zonas donde residen.

Protección

El gobierno brasileño ha de respetar el principio consagrado por el artículo 18 del Convenio 169 de la OIT mediante la adopción de medidas encaminadas a prevenir los abusos contra los pueblos indígenas en el contexto de conflictos sobre tierras o recursos: "La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones". Las autoridades deben adoptar medidas destinadas a garantizar que la elaboración y aplicación de planes de seguridad y protección de las comunidades indígenas se llevan a cabo con la plena colaboración de la comunidad en peligro. El gobierno brasileño debe garantizar que los individuos y entidades particulares que estén en contacto con los indios, como las empresas comerciales, respetan plenamente sus derechos humanos. En los casos de abusos, las autoridades deben garantizar su investigación rápida y el procesamiento de los autores. Puesto que los grupos indígenas aislados o de reciente descubrimiento son los más vulnerables, debe tenerse un cuidado especial a la hora de protegerlos contra las violaciones de los derechos humanos.

Resolución de disputas sobre tierras

Una resolución rápida y justa de las reclamaciones sobre tierras indígenas aún pendientes podría repercutir considerablemente en la reducción del nivel de pobreza, violencia y otros abusos cometidos contra los pueblos indígenas. El gobierno brasileño debe dar prioridad inmediata a este asunto, en consonancia con sus obligaciones constitucionales, el derecho internacional, las declaraciones públicas y los compromisos contraídos en el propio manifiesto del gobierno titulado Compromiso con los Pueblos Indígenas de Brasil. Es preciso estudiar detenidamente las recomendaciones formuladas en las disposiciones pertinentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –como la decisión pronunciada en el caso de Awas-Tingni contra Nicaragua– y por órganos como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial.

ANEXO I Pasajes de la Constitución de la República Federativa del Brasil, 1988(46)

Capítulo VIII - De los indios

Art. 231. Se reconoce a los indios su organización social, costumbres, lenguas creencias, tradicionales y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo a la Unión demarcarlas, protegerlas y hacer que se respeten todos sus bienes.

1. Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indios las habitadas por ellos con carácter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales necesarios para su bienestar y las necesarias para su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones.

2. Las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios se destinan a su posesión permanente, correspondiéndoles el usufructo exclusivo de las riquezas del suelo, de los ríos y de los lagos existentes en ellas.

4. Las tierras de que trata este artículo son inalienables e indisponibles y los derechos sobre ellas imprescriptibles.

Art. 232.Los indios, sus comunidades y organizaciones son partes legítimas para actuar en juicio en defensa de sus derechos e intereses interviniendo el ministerio público en todos los actos del proceso.

ANEXO II Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la OIT)

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

(a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

(b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

(c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 14

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Artículo 18

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.

ANEXO III Pasajes del Compromiso con los pueblos indígenas de Brasil. Plan de Gobierno 2002 de la Coalición Lula Presidente.(47)

3. NUEVO PROGRAMA Y DIRECTRICES PARA UNA POLÍTICA DEMOCRÁTICA

La complejidad y la importancia de la cuestión indígena en Brasil exigen la adopción combinada de métodos democráticos y coherencia política. Escuchar a los primeros y mayores interesados, es decir, los pueblos indígenas, requiere tiempo y una postura firmemente pluralista. En ese sentido, se hace imprescindible promover un amplio debate sobre las cuestiones y propuestas de directrices, y así construir un proceso incluyente en el que los pueblos indígenas y otros sectores interesados puedan desarrollar y consolidar unas bases maduras y plenamente democráticas para la nueva política brasileña en materia indígena.

[…] Pero antes, y a pesar del carácter preliminar de este documento, podemos enumerar algunas directrices definidas a partir de la experiencia del movimiento indígena y de los expertos comprometidos con la causa indígena en este país. Es necesario:

• Definir, en conjunto con las comunidades indígenas, los especialistas en este campo y los sectores políticos sinceros e interesados, una política en materia indígena clara, democrática, objetiva y coherente, que promueva el respeto de los derechos sobre la tierra y la autodeterminación de los pueblos indígenas y los garantice plenamente.

• Combatir tenazmente la impunidad en los crímenes contra los indios, sus comunidades y su identidad étnica.

• Trabajar con el Congreso Nacional en la elaboración de un marco jurídico de protección contemporáneo (un nuevo Estatuto) que sea coherente con una política en materia indígena justa, democrática y pluralista. Eliminar obstáculos políticos, jurídicos, ideológicos y burocráticos en el proceso de demarcación de tierras indígenas y bloquear iniciativas legislativas concretas (como el proyecto de ley sobre la explotación minera de zonas indígenas) que pretendan neutralizar o combatir los mecanismos del nuevo Estatuto.

• Promover el respeto de las poblaciones indígenas aisladas y fortalecer las medidas destinadas a su protección.

• Organizar un programa especial de emergencia a cargo del organismo estatal para los asuntos indígenas con el fin de demarcar, homologar e inscribir todas las tierras indígenas no demarcadas, corregir prácticas corruptas en el proceso de demarcación y expulsar a las personas no indias de las tierras indígenas que han ocupado ilegalmente.

• Mejorar los procedimientos administrativos con vistas a agilizar el proceso demarcatorio de las tierras indígenas.

• Crear un Consejo Superior de Política en Materia Indígena (Conselho Superior de Política Indigenista) con una participación indígena significativa. Este órgano de vigilancia estará encargado de promover una política oficial eficaz y coherente en materia indígena (coordinación intersectorial), y colaborará especialmente con el Ministerio Público Federal.

• Realizar una amplia reestructuración de la agencia federal encargada de las cuestiones indígenas, con el objeto de transformarla en un órgano competente, eficaz y con capacidad de respuesta, una gran capacidad técnica y científica, sólidas estructuras descentralizadas y un personal de elevada preparación.

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(1) El término "indio" se utiliza aquí tal y como se definió en la Constitución brasileña de 1988, y según lo utilizan los propios pueblos indígenas brasileños. El término "pueblos indígenas" puede interpretarse de acuerdo con la definición del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo). Amnistía Internacional utiliza ambos términos en este informe.

(2) Organismo oficial encargado de administrar la protección de los indios y sus tierras. FUNAI pertenece al Ministerio de Justicia.

(3) Según lo especificado por el derecho internacional: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 25 y 8 (1), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), artículo 2 (3).

(4) Folha de São Paulo, 23 de abril de 2000.

(5) Para más información, véase el informe de Amnistía Internacional Brasil: La violencia policial y el Quinto Centenario, diciembre de 2000, AMR 19/29/00.

(6) Compromiso con los Pueblos Indígenas de Brasil, Coalición Lula Presidente, 2002.

(7) Esta cifra fue cuestionada por el presidente de FUNAI, quien reconoció que cinco homicidios se derivaban de conflictos sobre las tierras, y atribuyó el resto a disputas exacerbadas por el alcohol y a desavenencias internas.

(8) Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 31 de agosto de 2001, párrafo 149.

(9) Los artículos 231 y 232 definen los derechos constitucionales de los indios, véase Anexo.

(10) Homologados o registrados. IBGE – Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – Brasil, 2004.

(11) Estadística disponible en el sitio Web de FUNAI: www.funai.gov.br.

(12) Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Brasil, Doc ONU: CERD/C/64/CO/2 (2004).

(13) Código Civil de 1916, Estatuto del Indio de 1973. Las propuestas de reforma del Estatuto del Indio se debaten con dureza en el Congreso desde 1991.

(14) A principios de los años noventa, la responsabilidad de la salud y educación de los pueblos indígenas se transfirió de FUNAI a otros órganos de gobierno.

(15) Instituto Sociambiental (ISA). Las distintas metodologías empleadas dan lugar a grandes variaciones en los cálculos sobre población indígena. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) sitúa la cifra en más de 700.000 (IBGE, Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, Brasil 2004).

(16) Pesquisa Nacional, IBOPE/ISA, 2000.

(17) El proceso quedó establecido en virtud del Estatuto del Indio de 1973. Está sujeto a modificaciones por decreto, el último de los cuales es el Decreto 1775 de enero de 1996.

(18) Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC): A Política Indigenista 2003/2004: Um Olhar sobre o Orçamento. Nota Técnica Nº 86, abril 2004.

(19) Agencia Carta Maior: Indígenas divulgam manifesto de repúdio ao Governo Lula, 20 de enero de 2005.

(20) Comissão Temporária Externa do Senado Federal sobre Demarcação de Terras Indígenas.

(21) Propuesta Legislativa del Senado Nº 188, 2004.

(22) Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo), 27 de junio de 1989.

(23) Decreto Nº 4.801, 6 de agosto de 2003.

(24) Instituto Socioambiental (ISA): Enciclopédia dos Povos Indígenas, 2003.

(25) Carta del cacique Rosalino Ortiz dirigida a Survival International, diciembre de 2004.

(26) Maria Regina de Souza en una reunión pública celebrada con la comisión especial del Senado para asuntos indígenas, febrero de 2004.

(27) Ocho de estos territorios son reservas tradicionales del Estado, y el resto son zonas demarcadas o ratificadas desde 1980. Casi todas han sido impugnadas. El pueblo guaraní kaiowá tiene demandas sin resolver con respecto a otros 91 territorios.

(28) FUNASA.

(29) Diário MS, 27 de enero de 2005.

(30) Diário MS, 26 de enero de 2005.

(31) Survival International, escrito dirigido a las Naciones Unidas, 24 de junio de 1999, E/CN.4/Sub.2/1999/NGO/1.

(32) Amnistía Internacional, Acción Urgente; Índice AI: UA 09/07 AMR 19/01/97 10 de enero de 1997.

(33) Documento firmado por 71 miembros del pueblo guaraní kaiowá y presentado a Amnistía Internacional.

(34) El delito ha prescrito en virtud del artículo 109 del Código Penal de Brasil.

(35) Algo menos de 1,7 millones de hectáreas, aproximadamente el 7 por ciento de la superficie total del estado de Roraima.

(36) Sitio web del Consejo Indígena de Roraima (CIR): http://www.cir.org.br/raposa_geral.asp.

(37) Personas no indígenas que se han establecido por su cuenta en territorios indígenas y que la comunidad india considera invasores.

(38) En casos urgentes, la Comisión puede solicitar que los Estados miembros adopten medidas cautelares para proteger a las personas de un daño irreparable. El Estado dispone de un plazo para responder, y debe aclarar qué medidas ha adoptado para evitar el daño irreparable a la persona.

(39) Sólo se detuvo a seis de los hombres. Los ocho restantes fueron juzgados in absentia.

(40) En 1999 había 6.363 indios xucuru registrados ( Instituto Socioambiental: Enciclopédia dos Povos Indígenas).

(41) Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, APOINME.

(42) Brasil cuenta con cuatro fuerzas policiales: la policía federal y la policía de transporte federal, que dependen del Ministerio de Justicia; y dos fuerzas estatales: la policía militar y la policía civil.

(43) Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, resolución 53/144 de la Asamblea General en Ginebra, 8 de marzo de 1999.

(44) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 172.

(45) Ibíd., párr. 174.

(46) Constitución de la República Federativa del Brasil, 1988. Base de Datos Políticos de las Américas, Centro de Estudios Latinoamericanos de Georgetown University (http://www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/Brazil/esp88.html)

(47) La traducción del texto original en portugués es de Amnistía Internacional