Amnistía Internacional

Comunicado de prensa

Índice AI: AMR 22/009/2003/s (Público)

Servicio de Noticias 192/03

15 de agosto de 2003

Chile: Sigue sin ponerse definitivamente fin a la impunidad

El martes 12 de agosto de 2003, el presidente de Chile, Ricardo Lagos, dio a conocer las propuestas de su gobierno para abordar el terrible legado de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar entre 1973 y 1990. Aunque reconoce la importancia de algunas de estas propuestas, Amnistía Internacional teme que no sean suficientes para poner definitivamente fin a la impunidad.

“La política de derechos humanos anunciada por el presidente Lagos incluye compromisos muy importantes. No obstante, Amnistía Internacional teme que algunos aspectos de ella puedan perpetuar la impunidad de los autores de violaciones de derechos humanos —ha manifestado la organización—. En vísperas del trigésimo aniversario del golpe militar, es esencial no comprometer de ningún modo la búsqueda de verdad, justicia y reparación plena.”

Amnistía Internacional lamenta especialmente que no se haya contraído el compromiso de anular el Decreto Ley 2191 de 1978, que lleva décadas obstaculizando la consecución de la verdad, la justicia y la reparación plena a las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar. Conocido también como Ley de Amnistía, este decreto es incompatible con la obligación de Chile de investigar y, si existen pruebas admisibles suficientes, enjuiciar a los presuntos autores de crímenes de lesa humanidad u otras violaciones graves de derechos humanos.

A la vez que insta a anular la ley, en vez de dejar su aplicación a discreción de los tribunales chilenos, como propone el presidente Lagos, la organización de derechos humanos señala: «Las ejecuciones extrajudiciales, “ desapariciones” y actos de tortura cometidos de manera generaliza y sistemática en Chile durante el gobierno militar fueron crímenes de lesa humanidad. En realidad, mientras las “desapariciones” continúen sin resolverse serán delitos cometidos permanentemente contra los “desaparecidos” y sus familias. De acuerdo con el derecho internacional, como crímenes de lesa humanidad, no prescriben, por lo que los Estados continúan teniendo del deber de iniciar investigaciones y procesamientos por ellas».

A Amnistía Internacional le preocupa también que las propuestas puedan entrañar la concesión de inmunidad ante los tribunales a quienes se presenten ante la justicia para ofrecer información sobre el paradero de las víctimas o las circunstancias de su “desaparición” o muerte. Tal posibilidad supondría permitir que se beneficiaran de amnistías o indultos de facto autores de violaciones de derechos humanos contra los que actualmente no se han presentado cargos ni están siendo juzgados. La organización cree que en el caso de los crímenes de lesa humanidad no deben existir amnistías ni medidas similares de impunidad que impidan la determinación judicial de la culpabilidad o inocencia, el descubrimiento de la verdad o el ofrecimiento de una reparación plena a las víctimas.

Asimismo, a Amnistía Internacional le preocupa la propuesta de garantizar el anonimato de las personas sometidas a investigación por violaciones de derechos humanos si proporcionan pruebas que hagan posible la localización de restos de víctimas de “desaparición” o la identificación de autores de ejecuciones extrajudiciales. Este anonimato podría constituir una violación del derecho inalienable de las víctimas y sus familias a la verdad, la justicia y la reparación plena.

La organización teme igualmente que las propuestas puedan, en efecto, conceder inmunidad ante los tribunales a los militares que sostengan que actuaron acatando órdenes. En el caso de los crímenes de lesa humanidad, la eximente de la orden de un superior está absolutamente prohibida en el derecho internacional.

“La falta de rango no implica falta de responsabilidad en el derecho internacional de derechos humanos —ha manifestado Amnistía Internacional—. Dados los esfuerzos por conseguir que el general Pinochet no sea sometido a juicio, tales propuestas podrían suponer la impunidad del personal militar en niveles inferiores de la cadena de mando.”

Hay que acoger con satisfacción el compromiso del gobierno chileno de acelerar los procedimientos en los casos de miembros de las fuerzas armadas implicados en violaciones de derechos humanos durante el gobierno militar, pero siempre que tal medida no redunde en perjuicio de la realización de investigaciones exhaustivas e imparciales.

Amnistía Internacional ve también con satisfacción la propuesta de investigar ante tribunales civiles, no militares, todos los casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar. La organización insta a las autoridades a tomar las medidas necesarias para que esta propuesta se haga realidad con la mayor brevedad posible.

Tras desentenderse de la cuestión durante casi 30 años, la decisión del gobierno chileno de crear una comisión para que se ocupe de los millares de casos de tortura existentes es una medida positiva. No obstante, Amnistía Internacional cree que entre las competencias de esa comisión ha de figurar la función de recibir y revelar toda la información proporcionada por las víctimas y los testigos e iniciar las investigaciones pertinentes. Los casos de tortura no se incluyeron en la competencia de las dos comisiones de derechos humanos anteriores: la Comisión de Verdad y Reconciliación, más conocida como Comisión Rettig, y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, establecidas por el gobierno chileno en 1990 y 1992 respectivamente.

"Chile tiene que asumir la responsabilidad de investigar exhaustivamente esta información y tener en cuenta el derecho inalienable de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación completa”, ha afirmado Amnistía Internacional.

Información general

El presidente Lagos anunció el plan de su gobierno en materia de derechos humanos a raíz de la presión ejercida por los familiares de quienes “desaparecieron” y fueron ejecutados extrajudicialmente durante el gobierno militar y por los millares de víctimas de tortura y ex presos políticos de ese periodo, todos los cuales piden verdad, justicia y reparación. Sin embargo, el derecho a la verdad y la justicia se ha visto restringido por la amplia jurisdicción de los tribunales militares y por la Ley de Amnistía de 1978. En vísperas del trigésimo aniversario del golpe militar de Augusto Pinochet, las víctimas y sus familias, las organizaciones chilenas de derechos humanos y la comunidad internacional están todavía esperando a que se asuma verdaderamente el compromiso de poner fin a la impunidad.

Entre las propuestas de presidente Lagos figuran:

• la posible inmunidad ante los tribunales de las personas contra las que actualmente no se han presentado cargos ni están siendo juzgadas si se presentan ante la justicia para proporcionar información sobre el paradero de víctimas o las circunstancias de su “desaparición” o muerte;

• la posible inmunidad ante los tribunales de los militares que aleguen haber actuado por orden de un superior;

• la aplicación aún de la Ley de Amnistía (Decreto Ley 2191) a discreción de los tribunales;

• el traspaso a los tribunales civiles de todos los casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar que se están viendo actualmente ante tribunales militares;

• el establecimiento de una comisión para examinar casos de tortura ocurridos durante el gobierno militar.

Documento público

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