Índice AI: AMR 23/006/2007

Respuesta de Amnistía Internacional al informe de Andrés Ballesteros,

Jorge A. Restrepo, Michael Spagat y Juan F. Vargas, The Work of Amnesty International and Human Rights Watch: Evidence from Colombia, CERAC, Colombia, febrero de 2007

Pese a que el informe de Andrés Ballesteros et al formula algunas preguntas válidas con respecto a la utilización que hacen CIRI y PTS de las cifras de Amnistía Internacional, resulta difícil comprender con claridad la razón por la cual el informe dirige sus principales críticas a Amnistía Internacional. Amnistía Internacional nunca ha tenido la intención de elaborar un banco de datos concluyentes ni se ha propuesto hacer afirmaciones cuantitativas detalladas. Esto no forma parte del mandato de Amnistía Internacional ni lo ha formado nunca. Esta crítica sería perfectamente válida si el trabajo de Amnistía Internacional estuviese centrado más en el análisis estadístico que en la descripción de una situación compleja que evoluciona y en la tentativa de influir sobre ella, utilizando herramientas analíticas y fuentes de información complejas y cambiantes. Por el contrario, la labor de Amnistía Internacional se centra en el trabajo cualitativo (fundamentalmente basado en casos concretos) y no en el trabajo cuantitativo, y en ello radica su fuerza, así como su reputación de exactitud e imparcialidad, que se reconoce con justicia en el informe del CERAC.

Ello no implica que Amnistía Internacional no se sirva ocasionalmente de estadísticas para ilustrar sus análisis. Pero, por lo común, éstas sirven de cuantificadores generales. En líneas generales, Amnistía Internacional trata de evitar el uso de series temporales o de conjuntos de datos cruzados sobre países. Esto se debe a que es difícil encontrar metodologías e información que permitan que las comparaciones en el tiempo y a través de diversos países sean significativas. Uno de los beneficios del largo e intenso compromiso de Amnistía Internacional con la situación de los derechos humanos en un país como Colombia ha sido precisamente el de contribuir al cambio de la cantidad y calidad de la información disponible. Las ONG locales dedicadas a la defensa de los derechos humanos han crecido en número y se han fortalecido, y el número de organizaciones internacionales sobre el terreno se ha incrementado de forma significativa. A lo largo del tiempo, esto ha llevado a que haya mayor disponibilidad de información, mientras que los cambios tecnológicos han afectado considerablemente a la velocidad y los medios de recolección y diseminación de la información.

Amnistía Internacional tampoco acepta, como sugiere el informe del CERAC, que se deba pretender que las ONG de derechos humanos den cobertura sistemática a las mismas cuestiones a lo largo de un periodo de muchos años, con el mero fin de proporcionar una suerte de parámetro estadístico. Tanto las situaciones de los países como las organizaciones de derechos humanos experimentan cambios. Por consiguiente, Amnistía Internacional necesita cambiar sus prioridades en respuesta tanto a las situaciones locales como a la situación internacional. Si Amnistía Internacional cubriera la misma información por intermedio de las mismas fuentes a lo largo de un extenso periodo de tiempo, no estaría cumpliendo con su cometido como defensora de los derechos humanos.

Amnistía Internacional rechaza la acusación de que su trabajo en Colombia está dirigido contra el gobierno. Es muy importante aclarar que antes de 1992 el cometido de Amnistía Internacional era trabajar únicamente sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por los Estados, y por lo tanto, no tenía autoridad para documentar o condenar infracciones del derecho internacional humanitario cometidas por agentes no estatales como la guerrilla de Colombia. Esta es la razón por la cual, tal como se expresa en el informe del CERAC, "en los primeros años de nuestra muestra resulta cierto que Amnistía Internacional se centraba exclusivamente en el gobierno". Una vez modificado su mandato, Amnistía Internacional ha documentado los abusos cometidos por la guerrilla contra el derecho internacional humanitario con tanta energía como los abusos cometidos por los agentes estatales. Esto se reconoce en el informe, que afirma que los casos relativos a la guerrilla constituyen el 24 por ciento de todos los casos puestos de relieve por Amnistía Internacional (aunque este porcentaje es probablemente más elevado, ya que los datos de los primeros años distorsionan el promedio). Pero es preciso subrayar el hecho de que cuando Amnistía Internacional comenzó a utilizar un análisis basado en el derecho internacional humanitario, su propósito principal no era el de llevar la cuenta de los abusos cometidos por grupos armados, sino el de examinar de forma más específica el gran número de casos de civiles afectados por el conflicto que sufrieron abusos que no encajaban en un paradigma tradicional de derechos humanos. Fue una innovación impulsada por la situación de las víctimas. A lo largo de los años se hizo necesario desarrollar (en especial en lo relativo a los contactos con los grupos armados) normas, metodologías, políticas y prácticas en la esfera del derecho internacional humanitario.

El informe reconoce que Amnistía Internacional es, ante todo, una organización dedicada al escrutinio de la conducta de los gobiernos, y que la mayor parte de su trabajo de campañas y de cabildeo se dirige a ellos. Esto no significa que Amnistía Internacional afirme que los gobiernos sean los principales autores de abusos contra los derechos humanos, sino simplemente que, por razones estratégicas, Amnistía Internacional debe centrar su trabajo en el cambio de las políticas gubernamentales. Los gobiernos son los signatarios de los tratados internacionales de derechos humanos y deben ejercer el monopolio del poder. Como tales, deben seguir siendo el centro principal, aunque no exclusivo, del trabajo de Amnistía Internacional.

En cuanto a la afirmación de que Amnistía Internacional "no revela sus fuentes de información", muchos de los estudios de casos y de las cifras son proporcionados por contactos sobre el terreno. La seguridad de estas personas se vería comprometida si Amnistía Internacional las identificara públicamente. A menudo la información es confirmada en diversas fuentes, no en una sola. En el caso de Colombia, Amnistía Internacional tiende a no utilizar cifras estadísticas oficiales, con la excepción de las referidas a secuestros, fundamentalmente debido a que las cifras oficiales presentan la deficiencia de no incluir categorías relativas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Por ejemplo, en su informe del año 2006 sobre Colombia, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró: "[e]l Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia no incluye ejecuciones extrajudiciales ni detenciones arbitrarias, ni tampoco ciertas categorías infracciones al derecho internacional humanitario".

Otro asunto relacionado con las cifras estadísticas en relación con Colombia es la tendencia histórica a informar sobre un número de casos de violaciones de derechos humanos menor que el real. Amnistía Internacional utiliza cifras estadísticas cuando éstas son relevantes para un informe concreto sobre Colombia o para el apartado del InformeAnualde la organización, o bien cuando cree que se ha producido un aumento o una reducción indiscutibles, como es el caso de la tasa de secuestros en los últimos años. Cuando Amnistía Internacional menciona cifras estadísticas, frecuentemente emplea las expresiones "más de", o "no menos de" o "numerosos" o "reiterados" o terminología similar, ya que la organización no busca ser cuantitativamente precisa sino que pretende dar una idea del tipo y grado de violaciones o abusos contra los derechos humanos que se cometen en el país.

Durante los últimos años, Amnistía Internacional ha evitado hacer declaraciones que califiquen la situación de los derechos humanos como de mejora o deterioro, ya que cree que la situación presenta matices variados. De tal modo, Amnistía Internacional ha intentado ser más específica, poniendo de relieve en sus recientes Informes Anualeslas esferas en las que cree que se han producido mejorías (como la seguridad en áreas urbanas, los secuestros, los homicidios en general) y aquellas en las que se ha experimentado un deterioro (informes de ejecuciones extrajudiciales y, hasta hace muy poco tiempo, los nuevos casos de personas internamente desplazadas a causa del conflicto).

Desde el punto de vista de la definición de las categorías sobre las que informa Amnistía Internacional, la organización cree que si, por ejemplo, utiliza los términos "homicidios relacionados con el conflicto" u "homicidios por motivos políticos", nuestros lectores entienden lo que Amnistía Internacional está tratando de decir (es decir, todas aquellas personas muertas como consecuencia del conflicto, sean civiles o militares), del mismo modo que cuando se refiere a "civiles muertos fuera de combate". Sin embargo, el hecho de que en sus primeros informes Amnistía Internacional sólo se refiriera a las ejecuciones extrajudiciales (que en términos jurídicos sólo pueden ser cometidas por agentes estatales) se debe a que el mandato de Amnistía Internacional se circunscribía a los agentes estatales. La expresión "homicidios políticos" se refiere a todos los homicidios vinculados con el conflicto y se la incorporó para reflejar el nuevo mandato, que permitía que Amnistía Internacional trabajara sobre cuestiones relacionadas con agentes no estatales. Cuando las cifras utilizadas por la organización pretenden incluir sólo a las personas civiles muertas como consecuencia del conflicto, Amnistía Internacional establece este hecho de forma clara en el texto (por ejemplo, refiriéndose a "homicidios por motivos políticos de personas no combatientes").

Desde el punto de vista de los derechos humanos en oposición al derecho internacional humanitario, la postura de Amnistía Internacional, que se expresa claramente en sus publicaciones recientes sobre Colombia, es que los agentes no estatales cometen "abusos" contra los derechos humanos y contravienen el derecho internacional humanitario, mientras que los agentes estatales "violan" los derechos humanos (ya que sólo los Estados pueden ser Partes en los tratados de derechos humanos) y también contravienen el derecho internacional humanitario. Para abreviar, Amnistía Internacional a veces se refiere a agentes estatales y no estatales que cometen "abusos contra los derechos humanos", o se refiere a "abusos y violaciones de derechos humanos". Aunque pueda parecer legalista, y pueda no tener mayor significado para el lector no especializado, este lenguaje concuerda con las definiciones jurídicas del derecho internacional de los derechos humanos que son la base de la labor de Amnistía Internacional.

La afirmación que se hace en el informe del CERAC de que Amnistía Internacional trata de restar importancia a los abusos contra los derechos humanos, como los homicidios, cometidos por la guerrilla, y de exagerar la importancia de los que cometen las fuerzas de seguridad y los paramilitares, es inexacta. El informe incluso reconoce que las acusaciones de que Amnistía Internacional rara vez critica a la guerrilla son infundadas. En Informes Anualesrecientes, Amnistía Internacional también ha desglosado las cifras de secuestros según sus autores y ha identificado claramente a la guerrilla como la culpable principal. La organización también ha tratado de ser coherente en su utilización de las cifras estadísticas de personas internamente desplazadas y de diferenciar entre los números acumulados y los nuevos casos de personas desplazadas. Como es lógico, los números acumulados pueden resultar difíciles de evaluar, y Amnistía Internacional, en consecuencia, ha debido recurrir con frecuencia al uso de expresiones como "al menos" o "más de".

Amnistía Internacional a menudo vincula a las fuerzas de seguridad con los paramilitares. La exhaustiva investigación que ha llevado a cabo la organización a lo largo de los años ha puesto al descubierto los estrechos vínculos que existen entre las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares. Sucesivos gobiernos de Colombia han intentado con persistencia negar la existencia de dichos vínculos pese a la abrumadora evidencia de la información presentada por ONG colombianas e internacionales, así como por organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Amnistía Internacional rechaza la afirmación que se hace en el informe de que no ha podido presentar pruebas de la existencia de estos vínculos. Lo ha hecho, con coherencia, a lo largo de los años en numerosos informes. De todos modos, el papel de Amnistía Internacional se limita a hacer públicas las afirmaciones de que estos vínculos existen, y su investigación es responsabilidad de las autoridades judiciales de Colombia. Éstas, de forma reiterada, no han llevado a cabo dichas investigaciones. Las recientes revelaciones sobre el grado de infiltración paramilitar en diversas instituciones del Estado, incluidas las fuerzas de seguridad, el poder legislativo y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), al parecer no han hecho más que confirmar lo que Amnistía Internacional y otras ONG han venido manifestando públicamente durante años. En muchos casos, a Amnistía Internacional le ha resultado difícil separar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad de la de los paramilitares en los homicidios, ya que hay indicios de la implicación de ambos. En realidad, en muchos casos en que el informe podría describir la prueba de la connivencia como "blanda", la investigación posterior y las pesquisas judiciales han corroborado las afirmaciones iniciales de Amnistía Internacional.

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