Índice AI: AMR 23/52/00/s Servicio de Noticias 135/00

10 de julio del 2000 Documento público

Colombia: Otra matanza cuando el ejército colombiano se dispone a recibir la ayuda militar estadounidense

«¿Cuántas veces habrá que denunciar las matanzas perpetradas por las fuerzas de seguridad o sus aliados paramilitares para que el gobierno colombiano lleve a los responsables ante los tribunales?» se ha preguntado Amnistía Internacional con motivo de la matanza de seis hombres y el comienzo de la huida de 63 familias de La Unión.

Tras esta nueva matanza padecida por los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el municipio de Apartadó (departamento norteño de Antioquia), Amnistía Internacional ha instado a la comunidad internacional a que abandone su actitud pasiva y tome medidas eficaces para acabar con los homicidios.

Al menos seis hombres del pueblo de La Unión fueron abatidos a tiros el 8 de julio del 2000: Rigoberto Guzmán, Elodino Rivera, Diofanor Correa, Humberto Sepúlveda, Pedro Zapata y Jaime Guzmán. Ese mismo día, alrededor de una veintena de hombres encapuchados habían entrado en el pueblo, que pertenece a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Según informes, un helicóptero de la XVII Brigada del ejército había sobrevolado la zona y soldados adscritos a esta brigada estaban acampados en las inmediaciones.

Los soldados registraron todas las viviendas de La Unión y reunieron a sus habitantes en el centro del pueblo, donde separaron a los varones de las mujeres y los niños. Tras disparar a seis hombres, ordenaron a la comunidad que se marchara: «Tienen veinte días para desalojar toda la zona, porque esto lo vamos a acabar.»

Según la información recibida, mientras esto ocurría en La Unión, algunos campesinos que se desplazaban por la carretera entre Apartadó y San José de Apartadó fueron detenidos por el ejército. A dos de ellos los amenazaron y, según informes, les contaron que estaban actuando junto a fuerzas paramilitares: «Vamos juntos y vamos a terminar con todo».

El día de la matanza, los informes recibidos indican que el personal militar acampado en torno a La Unión afirmó repetidamente que había guerrilleros dentro del pueblo. Dos días antes, en otro pueblo perteneciente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, miembros del ejército habían afirmado lo siguiente: «La Comunidad de Paz es una comunidad de guerrilleros. Vamos a ingresar con los paramilitares».

Al ser informadas de la matanza por representantes nacionales e internacionales, las autoridades militares negaron que el ejército estuviera presente en la zona de La Unión y afirmaron que enviarían al Batallón Contra-Guerrilla No. 35 Díaz López.

El lunes 3 de julio, un gran contingente de soldados pertenecientes al Batallón Bejaranos y al Batallón Contra-Guerrilla No. 35 Díaz López, ambos adscritos a la Brigada XVII, fue visto marchando por la carretera entre Apartadó y San José de Apartadó en dirección a la Serranía de Abibe. Entre los soldados también se vio a dos hombres armados al menos que llevaban uniforme de tipo militar pero sin insignias.

«El gobierno de Colombia debe poner urgentemente en manos de la justicia a los autores de violaciones de derechos humanos, romper los vínculos entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares ilegales y desarticular las organizaciones paramilitares siguiendo las reiteradas recomendaciones de la ONU» ha afirmado Amnistía Internacional.

«Las cláusulas sobre derechos humanos contenidas en el plan de ayuda militar estadounidense no tienen sentido si no se toman medidas decisivas inmediatamente. La comunidad internacional debe actuar antes de que la crisis de derechos humanos se intensifique debido al incremento de la ayuda militar. Sin control, este aumento de la ayuda militar podría empeorar la crisis al potenciar la confianza de las fuerzas armadas colombianas en la aplicación de su estrategia de contrainsurgencia, caracterizada por la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos.

Información general

San José de Apartadó se compone de 32 comunidades. Su ubicación y la frecuente presencia en la zona de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha hecho que sus habitantes sean calificados de subversivos o de simpatizantes subversivos por las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares.

Ante el peligro constante del desplazamiento forzoso y de sufrir más violaciones de derechos humanos, las comunidades buscaron el apoyo de la iglesia católica y de organizaciones colombianas de derechos humanos para estudiar estrategias que permitieran a la comunidad resistirse al desplazamiento forzoso. Como resultado, los miembros de 17 comunidades de San José de Apartadó se proclamaron Comunidad de Paz el 23 de marzo de 1997. Esta declaración supuso un llamamiento a las facciones de ambos lados del conflicto para que respetasen el derecho de la población civil a no sufrir las consecuencias del conflicto y su derecho a la vida.

Más de sesenta miembros de la comunidad de San José de Apartadó han muerto a manos de miembros del ejército colombiano, de sus ayudantes paramilitares y de las FARC desde marzo de 1997. Desde entonces el ejército y sus socios paramilitares califican a los miembros de esta comunidad como simpatizantes de la guerrilla, mientras que las fuerzas guerrilleras los acusan de estar del lado de sus enemigos. Si desean más información, remítanse al informe de Amnistía Internacional titulado Colombia: Retorno a la esperanza, de junio del 2000 (Índice AI: AMR 23/23/00/s).

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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566, o consulten nuestro sitio web en http://www.amnesty.org. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro