PÚBLICO Índice AI: AMR 41/008/2005

AU 50/05 Temor por la seguridad / preso de conciencia / juicio injusto 2 de marzo de 2005

MÉXICO Felipe Arreaga – activista medioambiental

Otros 14 ex miembros de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petetlán (OCESP)

Celsa Valdovinos, esposa de Felipe Arreaga y dirigente de la Organización de Mujeres Ecologistas

Felipe Arreaga, preso de conciencia y renombrado activista medioambiental, fue detenido el 3 de noviembre de 2004 por la policía judicial en la localidad de Petetlán, estado de Guerrero. Se enfrenta a un juicio injusto por un asesinato cometido en 1998.

Amnistía Internacional teme que la detención de Felipe Arreaga y las órdenes de detención cursadas contra 14 ex miembros de la OCESP sean una represalia contra la organización por su activismo medioambiental previo. También pueden tener como finalidad disuadir a la esposa de Felipe Arreaga, Celsa Valdovinos, que dirige la Organización de Mujeres Ecologistas, y a otros activistas medioambientales del estado de Guerrero de seguir adelante con su trabajo.

Amnistía Internacional cree que la investigación y los cargos penales a los que se enfrenta Felipe Arreaga son de motivación política, debidos a su destacado papel en las protestas pacíficas contra la explotación maderera excesiva e ilegal de los bosques del estado de Guerrero. A finales de febrero de 2005, un testigo de cargo fundamental en el caso declaró ante el tribunal que había sido coaccionado para que implicara a Felipe Arreaga y a otros en el asesinato de Abel Bautista Guillén, el hijo de un cacique local.

Existen muchas otras irregularidades en el procedimiento que demuestran que la causa contra Felipe Arreaga se basa en cargos falsos. Por ejemplo, el asesinato se cometió en 1998, pero las únicas investigaciones realizadas, como declaraciones, pruebas forenses y examen del lugar del crimen, no se llevaron a cabo hasta el 2000. Después de eso se archivó el caso hasta que se dictó una orden de detención en 2004. Además, uno de los acusados presuntamente identificados por los dos testigos había muerto en 1996, y otro era un niño en el momento del crimen. En el momento de su comparecencia ante el juez, Felipe Arreaga presentó a tres testigos que demostraron que en el momento del crimen éste estaba incapacitado, ya que estaba recibiendo tratamiento médico por problemas de espalda en otra comunidad. Además, un testigo clave de la acusación no ha comparecido ante el tribunal y, según los informes, se desconoce su paradero. La acusación se basa principalmente en presentar a Felipe Arreaga como un conocido delincuente, algo que han refutado los testigos que han declarado sobre su carácter. Pese a todo ello, permanece bajo custodia durante un juicio que puede durar más de un año y que podría dar lugar a que sea condenado por un delito que no cometió. También sufre serios problemas de espalda que se han agravado con sus condiciones de reclusión.

Felipe Arreaga ha sido un miembro activo de la OCESP desde su fundación en 1997. La organización se creó para movilizar a las comunidades de las montañas del municipio de Petetlán para hacer campaña pacífica contra la deforestación provocada por las operaciones madereras ilegales gestionadas por caciques locales presuntamente vinculados a altos cargos del gobierno estatal. Algunos caciques y miembros del gobierno del estado han formulado denuncias repetidas e infundadas contra la OCESP, a la que acusan de estar vinculada a grupos delictivos y armados.

En 1999, dos miembros de la OCESP, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, fueron detenidos por el ejército y torturados para hacerlos confesarse culpables de cargos relacionados con armas de fuego y drogas (véase EXTRA 52/00, AMR 41/25/00, del 30 de mayo de 2000, y su actualización AMR 41/29/00, del 21 de junio de 2000). Los dos fueron condenados sobre la base de pruebas falsas y fueron adoptados como presos de conciencia por Amnistía Internacional. En 2001, ante la enorme presión nacional e internacional, el presidente Fox ordenó su excarcelación, pero nunca se reconoció su inocencia, ni se llevó ante la justicia a los responsables de su tortura o detención. Su caso se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Rodolfo Montiel es uno de los 14 dirigentes de la OCESP contra quienes se han dictado órdenes de detención en relación con el asesinato de 1998.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En México es frecuente el uso de cargos penales falsos y procedimientos judiciales injustos para disuadir a los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales y otras personas que se oponen a los abusos de poder en el ámbito local. El hecho de que la policía judicial trabaje en colaboración con los caciques puede dar lugar a cargos infundados y detenciones. El sistema judicial de México sufre deficiencias endémicas que niegan sistemáticamente el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia y hacen que a los acusados de cargos falsos les resulte extremadamente difícil limpiar su nombre. Los responsables de usar indebidamente el sistema judicial prácticamente nunca rinden cuentas de sus actos, alentando nuevos abusos y una mayor impunidad.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

- pidiendo que se ponga a Felipe Arreaga en libertad inmediata e incondicional y que se garantice su seguridad y la de su familia;

- pidiendo que se suspendan las órdenes de detención contra otros 14 miembros de la OCESP y que se los proteja a ellos, a sus familiares y a los testigos de su caso;

- pidiendo que se revise de forma independiente e imparcial la investigación realizada por la policía judicial y los fiscales, con el fin de llevar ante la justicia a los responsables de falsificar pruebas y orquestar un procesamiento infundado contra Felipe Arreaga;

- instando a que se hagan públicos los resultados de esa revisión y que se compense plenamente a Felipe Arreaga por su procesamiento malicioso y su detención injustificada;

- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Abel Bautista Guillén, cometido en 1998;

- recordando a las autoridades que la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos reconoce la legitimidad de las actividades de los defensores de los derechos humanos y su derecho a llevar a cabo dichas actividades sin restricciones y sin temor a represalias.

LLAMAMIENTOS A:

Contador Público Zeferino Torreblanca Galindo

Gobernador Electo del Estado de Guerrero

Horacio Nelson número 15 Fraccionamiento Costa Azul

C.P. 39850, Acapulco, Guerrero, México

Fax: +52 744 48 42008 (si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor")

Tratamiento: Señor Gobernador electo

Lic. Jesús Ramírez Guerrero

Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero

Carretera Nacional México-Acapulco Km. 6+300

Tramo Chilpancingo- Petaquillos, Chilpancingo 39090, Guerrero, México

Fax: + 52 747 47 22328

Tratamiento: Señor Procurador

Lic. Santiago Creel

Secretario de Gobernación, Secretaría de Gobernación

Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P.06600, México

Fax: +525 55 093 3414

Tratamiento: Señor Secretario

COPIA A:

Lic. Raúl Calvo Sánchez

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero

Plaza Cívica, Primer Congreso de Anahuac, sin número,

Colonia Centro, Chilpancingo, Guerrero, C.P.39000, México

Fax: +52 74747 24191

Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" AC.,

Calle Mina número 77, Colonia Centro, Tlapa de Comonfort Código Postal 41304, Guerrero, México

y a los representantes diplomáticos de México acreditados en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 13 de abril de 2005.