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México: Encarcelados injustamente: el precio de la conciencia

Detenidos arbitrariamente y obligados mediante tortura a confesarse autores de delitos que no habían cometido: este es el inaceptable precio que han pagado dos ecologistas mexicanos por su compromiso pacífico con la protección de los bosques del estado de Guerrero, de donde son originarios.

«Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García son presos de conciencia —ha declarado hoy Amnistía Internacional—. Su único delito ha sido oponerse a las operaciones de tala que amenazan el medio ambiente y los medios de vida de las comunidades campesinas locales».

«Las autoridades mexicanas deben tomar medidas urgentes para poner fin a esta injusticia y garantizar la libertad inmediata e incondicional de ambos», prosiguió Amnistía Internacional.

Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera están entre rejas desde que el ejército mexicano los detuvo arbitrariamente el 2 de mayo de 1999 en Pizotla, Guerrero. Durante los primeros días de detención, los obligaron a firmar confesiones autoinculpatorias y después los acusaron formalmente de varios delitos. Está previsto que el juez federal al que correspondió el caso dicte sentencia a finales de este mes.

«Su detención, y la campaña de acoso y de amenazas que la precedió, fue un claro mensaje de que no iban a tolerarse sus actividades, que chocan con los poderosos intereses económicos locales», afirmó Amnistía Internacional.

«El gobierno mexicano ha declarado que los derechos humanos ocuparán un lugar prioritario en su agenda para el siglo XXI; por tanto, es crucial que se permita que la sociedad civil ejercite sus derechos, incluido el de proteger pacíficamente el medio ambiente», añadió la organización.

Información general

Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, fundadores de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, fueron detenidos arbitrariamente el 2 de mayo de 1999 por miembros del 40º Batallón de Infantería del ejército mexicano en la comunidad de Pizotla, estado de Guerrero.

Mientras estaban en régimen de incomunicación, bajo custodia militar, los detenidos fueron obligados a firmar una confesión autoinculpatoria. Después los acusaron formalmente de delitos relacionados con las drogas y las armas de fuego. Desde entonces están recluidos en una prisión civil, en espera de ser juzgados por un juez federal del Juzgado Quinto de Distrito de Iguala, estado de Guerrero. Se prevé que el juzgado dicte sentencia hacia finales de abril. Amnistía Internacional cree que los cargos carecen de fundamento.

Al parecer, los intereses económicos locales que promovían y se beneficiaban de las operaciones de tala de árboles consideraron una amenaza el surgimiento de la Organización de Campesinos Ecologistas. Miembros del 40º Batallón de Infantería, asignados a operaciones contrainsurgencia y antinarcóticos en la región, comenzaron también una campaña de acoso y de amenazas contra el grupo. Por ejemplo, en julio de 1998, algunos miembros de este Batallón interrogaron y amenazaron a Rodolfo Montiel, y lo advirtieron de que si denunciaba lo sucedido, su familia sufriría represalias.

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Si desean más información llamen a la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, teléfono +44 171 413 5566 o visiten nuestra página web en: http://www.amnesty.org. Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http//www.edai.org/centro .