Público Julio de 2009 Índice AI: AMR 43/011/2009
En Detalle

Mujeres nicaragüenses participan en una vigilia en favor del aborto terapéutico en Managua (Nicaragua), 28 de septiembre de 2006. ©AP/PA Photo/Esteban Felix

NICARAGUA

Intimidación de mujeres defensoras de los derechos humanos

Defender derechos en Nicaragua en este contexto significa asumir riesgos emocionales, asumir riesgos políticos y asumir riesgos personales, de una, defensora, y de su familia.

Luisa Molina, noviembre de 2008.

Nueve mujeres defensoras de los derechos humanos se enfrentan a actuaciones judiciales a causa de su trabajo de promoción de los asuntos relacionados con la salud sexual y los derechos de las mujeres en Nicaragua. La intimidación de que han sido objeto tanto ellas como otras defensoras ha disminuido desde que empezaron los llamamientos internacionales en 2008, pero la denuncia sigue sin resolverse.

Ana María Pizarro, Juanita Jiménez, Lorna Norori, Luisa Molina Arguello, Marta María Blandón, Martha Munguía, Mayra Sirias, Violeta Delgado y Yamileth Mejía son nicaragüenses y defensoras de los derechos de las mujeres muy conocidas que trabajan con diversas organizaciones no gubernamentales.

En octubre de 2007, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), organización no gubernamental respaldada por la iglesia católica en Nicaragua, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra las nueve mujeres debido a su implicación en el caso de una niña nicaragüense de nueve años a la que ayudaron a obtener un aborto legal en 2003. Miembros del movimiento de mujeres nicaragüenses se encargaron de los preparativos para que Rosita y su familia cruzaran la frontera de Costa Rica a Nicaragua, donde en aquel momento se podía practicar el aborto legalmente.

En la denuncia se alega que estas mujeres son culpables de encubrimiento del delito de violación y de delitos contra la administración de justicia en relación con el caso de Rosita; también se alega que, al haber expresado sus opiniones y organizado manifestaciones en defensa del “aborto terapéutico”, las nueve son culpables de conspiración para delinquir, incitación a delinquir y apología del delito.

En Nicaragua se declararon ilegales todas las formas de aborto en octubre de 2006, sin excepción. Hasta ese momento, los servicios de aborto para las mujeres cuyo embarazo ponía en peligro su vida o su salud o se derivaba de una violación (el llamado “aborto terapéutico” en Nicaragua) venían prestándose desde hacía más de un siglo. El nuevo Código Penal impone penas de prisión para los médicos que practiquen abortos y para las mujeres y niñas que se sometan a un aborto o pidan que se les practique, sin tener en cuenta las circunstancias. Ahora, las mujeres y niñas cuya vida o salud peligra de continuar con el embarazo, o que han quedado embarazadas por una violación o una relación incestuosa, legalmente no pueden hacer otra cosa que llevar a término ese embarazo.

El aborto legal de Rosita en Nicaragua en 2003 fue autorizado por una comisión de médicos convocada por el Ministerio de Salud. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua también apoyó la decisión de llevar a cabo el aborto. Una investigación realizada en 2003 por el Ministerio Público sobre la provisión del servicio de aborto concluyó que no se había cometido delito alguno. Quienes autorizaron el aborto y apoyaron a Rosita para acceder a él lo hicieron con el convencimiento de que estaban salvándole la vida.

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Arriba, izq. a der.: Lorna Norori, Juanita Jiménez y Yamileth Mejía; centro, izq. a der.: Luisa Molina Arguello, Ana María Pizarro y Martha Munguía; abajo, izq. a der.: Violeta Delgado, Mayra Sirias y Marta María Blandón © AI (excepto fotografía de Marta María Blandón, © Ipas)

© Amnesty International

a causa contra las nueve mujeres sigue abierta a día de hoy, sin que el Ministerio Público haya dado noticias sobre cuándo se resolverá. Según el derecho nicaragüense, en los casos complejos el Ministerio Público dispone de tres meses para declarar formalmente si mantiene la denuncia o la archiva por falta de pruebas. Han transcurrido más de 18 meses desde que se presentó la denuncia; todavía no se ha tomado una decisión, lo que significa que las autoridades están quebrantando su propio código legal.

En septiembre de 2008, el gobierno anunció que varias ONG estaban siendo investigadas por presunta gestión irregular de fondos. Una de las organizaciones citadas era el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), organización a la que pertenecen varias de las nueve mujeres defensoras de los derechos humanos. El MAM lleva más de 10 años implicado en la promoción de los derechos de las mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos.

En octubre de 2008, la policía registró las oficinas del MAM y confiscó documentos y computadoras. En enero de 2009, el Ministerio Público anunció que ya no habría una investigación criminal sobre las presuntas irregularidades económicas, sino que el caso pasaría al Ministerio de Gobernación para que continuara como investigación administrativa.

En noviembre de 2008 se emitió una Acción Urgente (AMR 43/003/2008) en favor de otra defensora de los derechos de las mujeres, Patricia Orozco, que había recibido amenazas de violencia sexual y de muerte por medio de llamadas telefónicas y mensajes de texto SMS. Tales amenazas parecían dirigidas a impedir que Patricia hiciera campaña por el derecho de las mujeres y las niñas a unos servicios de salud sexual y reproductiva seguros y eficaces. Desde finales de 2008, Patricia no ha vuelto a recibir amenazas; según contó a AI, cree que las 400 cartas que recibieron las autoridades sobre su caso han tenido mucha repercusión.

A lo largo de 2008, Patricia Orozco y otras mujeres defensoras de los derechos humanos fueron objeto de ataques por escrito en El 19, periódico semanal del propio gobierno nicaragüense que intentaba retratar a las mujeres defensoras de los derechos humanos como practicantes de magia negra “que odian a los hombres”. Además, en los artículos publicados en El 19se afirmaba que quienes trabajaban en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos sólo perseguían fines lucrativos. Durante 2009 hubo un notable descenso del número de artículos publicados en el citado periódico contra mujeres defensoras de los derechos humanos.

El hecho de que en los últimos meses hayan disminuido los actos generalizados de hostigamiento e intimidación contra las defensoras de los derechos humanos nicaragüenses demuestra que la presión internacional puede haber influido realmente en este caso, junto con la presión interna que las propias defensoras han conseguido mantener. En mayo de 2009, la presión creció aún más cuando el Comité de la ONU contra la Tortura publicó sus observaciones finales sobre Nicaragua y expresó su preocupación por el acoso y las amenazas contra mujeres defensoras de los derechos humanos y por las investigaciones criminales aún sin resolver.

Encontrarás más información sobre el caso de las nueve mujeres defensoras de los derechos humanos en el expediente de caso incluido en la carpeta de trabajo sobre casos individuales Individuals Portfolio.

¡Actúa!

Escribe a las autoridades nicaragüenses:

• subrayando la importancia del papel que han representado las organizaciones de mujeres en Nicaragua al mejorar el acceso a unos servicios de salud sexual más eficaces, aumentar la concienciación sobre los asuntos de salud sexual y el VIH/sida, combatir la violencia en el ámbito familiar, trabajar con sobrevivientes de abusos sexuales y promover los derechos de las mujeres;

• expresando preocupación por el hecho de que la denuncia contra Ana María Pizarro, Juanita Jiménez, Lorna Norori, Luisa Molina Arguello, Martha María Blandón, Martha Munguía, Mayra Sirias, Violeta Delgado y Yamileth Mejía, aparentemente infundada, siga pendiente más de 18 meses después de su apertura, y exigiendo a el Ministerio Público que archive la denuncia o formule cargos con arreglo a las normas internacionales relativas a juicios justos;

• pidiendo a las autoridades que reconozcan la legitimidad de las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos y que respeten su derecho a desempeñar su labor sin obstáculos ni miedo a represalias, como establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos.

Envía tus cartas a:

Daniel Ortega Saavedra

Presidente de la República de Nicaragua

Reparto El Carmen

Costado Oeste del Parque El Carmen

Managua, Nicaragua

Fax: +505 2266 3102

Tratamiento: Dear President / Estimado Sr. Presidente

Dr. Julio Centeno Gómez

Fiscal General de la República de Nicaragua

Ministerio Público

Km 4 y 1/2 Carretera a

Masaya contiguo a Bancentro

Managua, Nicaragua

Fax: +505 2255 6832

Tratamiento: Dear Attorney General / Estimado Sr. Fiscal General

El 27 de julio de 2009 se puso en marcha una campaña sobre la prohibición absoluta del aborto en Nicaragua, acompañada de una acción web y un web clip (este último protagonizado por Marta María Blandón, una de las nueve defensoras de los derechos humanos).

La campaña irá paralela al informe La prohibición total de aborto en Nicaragua: La vida y la salud de las mujeres en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados, que se presentará en la misma fecha. Se anima a las Secciones a unirse a la campaña y luchar por los derechos de las mujeres en Nicaragua.