AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AMR 45/010/2009 (Público)

20 de mayo de2009

Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas: Declaración conjunta sobre las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa de Paraguay

Octavo periodo de sesiones del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas

Nueva York, 18 a 28 de mayo de 2009

Punto 4.b: Derechos humanos. Diálogo con el relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas y otros relatores especiales

Consejo Internacional de Tratados Indios

Organización Internacional de Desarrollo de los Recursos Indígenas

Asamblea de las Primeras Naciones

Alianza Internacional de Pueblos Indígenas y Tribales

Amnistía Internacional

Amnistía Internacional tiene el honor de emitir la presente declaración conjunta sobre las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa de Paraguay.

En relación con la crucial aplicación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en particular de los artículos 10, 26 y 28, deseamos expresar nuestra preocupación por la conducta del Estado paraguayo al no permitir que estas comunidades regresen a sus tierras ancestrales.

Desde la década de 1990, las comunidades Sawhoyamaxa y Yakye Axa viven en franjas estrechas de tierra al borde de una autopista muy transitada. En estas condiciones y sin acceso a sus tierras tradicionales, la supervivencia de estos pueblos indígenas está en peligro. Entre el 23 de diciembre de 2008 y el 30 de enero de 2009, seis miembros de la comunidad Sawhoyamaxa murieron de enfermedades prevenibles: cuatro de ellos eran bebés de menos de dos años.

Paraguay votó a favor de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007. En 1993 ratificó el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo y aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su Constitución Nacional reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la tierra. Sin embargo, Paraguay no ha cumplido las decisiones vinculantes de la Corte Interamericana en las que se le ordenaba que devolviese las tierras ancestrales a las dos comunidades indígenas.

En 2005 y 2006, en dos sentencias diferentes, la Corte Interamericana determinó que Paraguay había violado el derecho de estas comunidades a la protección judicial, a la propiedad y a la vida. La Corte ordenó a Paraguay que les devolviese sus tierras en un plazo de tres años y que tomase medidas inmediatas para proporcionarles agua no contaminada, alimentos y atención médica.

Ayer, 19 de mayo de 2009, expiró el plazo de tres años establecido por la Corte para la restitución por Paraguay de las tierras ancestrales a la comunidad Sawhoyamaxa. En el caso de las tierras de los Yakye Axa, el plazo expiró hace 10 meses.

En 2008, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, presentó un proyecto de ley para la restitución de las tierras tradicionales de los Yakye Axa. Tememos que dicha ley no llegue a promulgarse o que se modifique de tal modo que se socaven las órdenes de la sentencia vinculante dictada por la Corte Interamericana. Por otra parte, no se ha tomado ninguna medida concreta para devolver a los Sawhoyamaxa sus tierras ancestrales.

Por ello, pedimos al Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas y al relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas que aborden estos asuntos directamente con el Estado paraguayo. Paraguay no debe retrasar por más tiempo la restitución de las tierras ancestrales a estas comunidades. Además, debe proporcionarles atención médica adecuada, agua potable no contaminada y alimentos hasta que se les devuelvan las tierras, y garantizar que todas las decisiones que les afectan se adoptan y se aplican con su consentimiento previo e informado.

El presidente Fernando Lugo ha manifestado su compromiso personal con los derechos de los pueblos indígenas y el Estado paraguayo ha demostrado su apoyo a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ha llegado el momento de hacer efectivos estos derechos y, así, demostrar que Paraguay tiene el compromiso de poner fin a la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas en el país.