AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice AI: AMR 51/005/2003/s (Público)

Servicio de Noticias 07/03

13 de enero de 2003

Estados Unidos: La decisión histórica dictada por el gobernador de Illinois debe ser un primer paso hacia la abolición de la pena de muerte

«La valiente decisión adoptada por el gobernador saliente de Illinois, George Ryan, de conceder el indulto a 4 de los presos condenados a muerte en su jurisdicción en virtud de leyes de ámbito estatal y de conmutar las condenas de muerte de los restantes 167 presos del estado debe ser un primer paso en el camino hacia la abolición de la pena capital en Estados Unidos» ha señalado hoy, 13 de enero, Amnistía Internacional.

La organización ha añadido: «Estados Unidos avanza contracorriente en lo que respecta a esta cuestión fundamental de derechos humanos. No obstante, el gobernador Ryan ha demostrado que es posible cambiar esta tendencia y ha puesto de manifiesto la necesidad imperiosa de que se ejerza un liderazgo inspirado en el principio del respeto de los derechos humanos».

«Por desgracia, durante el último cuarto de siglo se ha echado en falta un liderazgo de estas características en Estados Unidos, donde se han practicado homicidios judiciales—ha afirmado Amnistía Internacional—. El gobernador Ryan ha puesto de manifiesto que existe una alternativa a la política pro pena de muerte, carente de sentido, para combatir con dureza la delincuencia.»

El gobernador, que ha pasado de defender la pena capital a ser uno de sus más acérrimos detractores, anunció su decisión de conmutar todas las condenas de muerte impuestas en Illinois tres años después de ordenar una suspensión de las ejecuciones en dicho estado debido a su «vergonzoso historial» de condenas injustas en juicios por delitos punibles con la muerte. Su decisión de conmutar todas las condenas de muerte puso claramente de manifiesto además que el sistema judicial estaba «plagado» de errores no sólo a la hora de determinar la culpabilidad de los presuntos autores de los delitos punibles con la muerte, sino también «a la hora de determinar quién, entre los culpables, merecía morir».

«Illinois no es el único estado que condena a muerte a inocentes —ha proseguido la organización, haciendo notar que más de 100 personas condenadas a muerte en Estados Unidos han sido absueltas con posterioridad, tras surgir pruebas de su inocencia—. Tampoco es el único estado donde rige un sistema de justicia que aplica la pena capital caracterizado por la arbitrariedad. Otros políticos deben seguir el ejemplo del gobernador Ryan, y comenzar a apartar a sus territorios de la aplicación de este castigo anacrónico.»

La raza, la posición económica y el lugar de comisión del delito son factores que influyen en la determinación de las personas a quienes se aplica la pena capital en Estados Unidos. Un estudio sobre la imposición de esta pena en el estado de Maryland, hecho público la semana pasada, es el último ejemplo que ilustra la existencia de un sistema plagado de prejuicios raciales y desequilibrios geográficos. El 80 por ciento de las más de 800 personas ejecutadas en Estados Unidos desde 1977 fueron condenadas por delitos en los que las víctimas habían sido ciudadanos de raza blanca. No obstante, el número de víctimas de asesinato de raza blanca y de raza negra es prácticamente el mismo en Estados Unidos.

Los defensores de la pena capital sostienen que el sistema está acabando con «lo peor de lo peor». No obstante, de forma recurrente surgen casos en este sistema que ponen de relieve que los seres humanos no pueden evitar incurrir en el error y en la incoherencia en sus decisiones.

«En Estados Unidos se ha defendido con frecuencia la pena de muerte como solución a la angustia emocional de los familiares de las víctimas de asesinato —ha añadido Amnistía Internacional—. Nos adherimos a las esperanzas depositadas por el gobernador Ryan en que las autoridades estadounidenses brinden a quienes sufren el terrible trauma de la pérdida de un ser querido asesinado algo más que la mera esperanza de venganza.»

«Más de un centenar de países han dado la espalda a los homicidios judiciales —ha señalado la organización—. Este avance inexorable hacia la abolición mundial de la pena capital refleja la apreciación creciente de dicha pena como un castigo demasiado viciado como para ser susceptible de enmienda.»

Documento público

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