PÚBLICO Índice AI: AMR 51/062/2009

8 de mayo de 2009

Más información (actualización núm. 4) sobre AU 278/08 (AMR 51/112/2008, del 8 de octubre de 2008) y sus actualizaciones (AMR 51/137/2008, del 12 de noviembre de 2008, AMR 51/013/2009, del 26 de enero de 2009, y AMR 51/027/2009, del 19 de febrero de 2009) – Preocupación jurídica

EE. UU. 17 detenidos uigures recluidos en Guantánamo

Siete meses después de que un juez federal decretara que su detención es ilegal y ordenara su liberación inmediata en territorio estadounidense, 17 uigures permanecen detenidos de forma indefinida en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba. Los 17 llevan más de siete años recluidos en la base sin cargos ni juicio.

El 8 de octubre de 2008, el juez Ricardo Urbina, del tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia, había resuelto que la detención de los uigures era ilegal. El gobierno de Bush había admitido que los uigures no eran “combatientes enemigos” (ni siquiera bajo su propia definición del concepto) y había autorizado su liberación. El gobierno también había aceptado que no podían ser devueltos a su China natal porque allí se enfrentarían a un grave peligro de tortura o ejecución, pero no había podido encontrar un país dispuesto a aceptarlos. Señalando que los años de esfuerzos diplomáticos para encontrar un tercer país que acogiera a los uigures habían sido infructuosos, que el gobierno no había podido especificar ningún riesgo específico que los uigures constituyeran para la seguridad, y que en Estados Unidos había personas y organizaciones dispuestas a proporcionar a los uigures el apoyo que necesitarían tras su liberación, el juez Urbina ordenó que fueran liberados en territorio estadounidense. El gobierno de Bush apeló contra la orden del juez Urbina ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. Tras tomar posesión de su cargo el 20 de enero, el nuevo gobierno no tomó ninguna medida para retirar esa apelación.

El 18 de febrero, la Corte de Apelaciones, en la resolución Kiyemba v. Obama, decretó que el juez Urbina había sobrepasado su autoridad. En el caso de los 17 uigures, continuó, “la rama ejecutiva ha determinado no permitir que estas personas entren en Estados Unidos”. Los abogados de los uigures han apelado ante la Corte Suprema para que anule la resolución Kiyemba(véase “Información complementaria”).

Estos 17 hombres llevan años sometidos a detención arbitraria e indefinida. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, tienen derecho no sólo a impugnar la legalidad de su detención y a que se ordene su liberación si se considera que esa detención es ilegal, sino también a un remedio efectivo por las violaciones de sus derechos humanos. La liberación inmediata de los detenidos uigures en territorio estadounidense pondría fin a la violación grave y continuada de sus derechos humanos. Esto no impediría a las autoridades estadounidenses continuar con sus esfuerzos diplomáticos por encontrar un tercer país que los acoja, pero la actual ausencia de esa solución ya no debe seguir utilizándose como excusa para negar a estos hombres el remedio que han pedido, que se les debe, y que les concedió el juez Urbina.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El 22 de enero de 2009, el presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva por la que su gobierno se comprometía a cerrar el centro de detención de Guantánamo en el plazo de un año y a revisar los casos de los detenidos para determinar qué debía hacerse con ellos. Tres meses y medio después, el nuevo gobierno ha puesto en libertad a un detenido y no ha acusado a ningún otro. A finales de marzo, los miembros del equipo ejecutivo de revisión viajaron a Guantánamo para entrevistar a los uigures detenidos, según los informes para evaluar si podían ser puestos en libertad.

El nuevo gobierno ha tratado de explotar la resolución Kiyemba v. Obamade la Corte de Apelaciones. El Departamento de Justicia ha alegado que la resolución “cierra la posibilidad de que una orden de un tribunal obligue al gobierno a trasladar a un detenido a territorio estadounidense”, y eso significa que, para muchos casos, no habrá mas remedio disponible que “los esfuerzos diplomáticos del gobierno por encontrar un país receptor adecuado”. Esto equivale a afirmar que el ejecutivo, durante todo el tiempo que tarde en negociar el regreso del detenido en cuestión a su país de origen o en encontrar un tercer país que lo acoja, puede hacer caso omiso de la orden de liberación de un detenido del que se haya determinado judicialmente que se encuentra recluido ilegalmente. Esto priva a los detenidos de su derecho a una revisión judicial significativa, y priva al tribunal de la autoridad de ordenar, “sin demora”, la liberación de un detenido recluido ilegalmente, conforme establece el artículo 9.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; también priva a los detenidos del derecho a un remedio efectivo por la violación de cualquier derecho consagrado en el Pacto (artículo 2 del Pacto).

Los abogados de los uigures detenidos han apelado contra la resolución Kiyembaante la Corte Suprema. Si se permite que la resolución se mantenga, alegan, se “eviscerará” la resolución Boumediene v. Bushde junio de 2008, en la que la Corte Suprema resolvió que los detenidos de Guantánamo tenían derecho a acceder “sin demora” a una vista de hábeas corpus para impugnar la legalidad de su detención. Teniendo en cuenta las señales de que el Departamento de Justicia pretende ampliar su uso de la resolución Kiyembamás allá de los casos de los uigures, a otros detenidos de Guantánamo, lo que está “en juego”, según afirma la apelación ante la Corte Suprema, es si Boumedieneseguirá siendo una resolución histórica o terminará siendo “una curiosidad”. Está previsto que el Departamento de Justicia presente su escrito de respuesta sobre el caso de los uigures antes del 29 de mayo.

El 15 de abril de 2009, en otro caso distinto, una juez federal de primera instancia ordenó la liberación de un detenido yemení por considerar que su reclusión en Guantánamo era ilegal, pero citó la resolución Kiyembaalegando que limitaba su facultad de remediar la situación. Los abogados de ese detenido han pedido a la Corte Suprema que, en la causa Kiyemba, dictaminen de inmediato que los jueces federales están facultados para ordenar que los detenidos recluidos ilegalmente bajo custodia estadounidense sean puestos en libertad condicional en territorio de Estados Unidos.

El 7 de mayo de 2009, algunos legisladores del Congreso estadounidense presentaron un proyecto de ley, denominado “Ley para mantener a los terroristas fuera de Estados Unidos”, destinado a bloquear la liberación en territorio estadounidense o el traslado a dicho territorio de cualquier detenido de Guantánamo sin el acuerdo del gobernador y la Cámara de Representantes del estado estadounidense de destino. Otro proyecto de ley pretende evitar el traslado de detenidos de Guantánamo a centros de detención en Virginia.

NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:

- pidiendo al gobierno estadounidense, en nombre del humanitarianismo y la justicia, que libere de inmediato a los 17 detenidos uigures en territorio estadounidense, y que trabaje para garantizar una solución justa, segura y duradera para estos hombres;

- expresando honda preocupación porque los 17 uigures continúan recluidos en detención indefinida en Guantánamo, siete meses después de que un juez federal resolviera que su detención es ilegal y ordenara que fueran liberados en territorio estadounidense;

- aplaudiendo el apoyo que la comunidad local de Estados Unidos ha prometido prestar a los uigures para ayudarlos a adaptarse a la vida fuera de Guantánamo;

- señalando que el acto de liberar a los uigures en territorio estadounidense enviará una señal positiva a los gobiernos cuya ayuda está pidiendo Estados Unidos para que acepten a detenidos liberados que no pueden ser devueltos a sus países de origen.

LLAMAMIENTOS A:

Presidente

President Barack Obama, The White House, 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington DC 20500, EE. UU.

Correo-e.: president@whitehouse.gov

Fax: + 1 202 456 2461

Tratamiento: Dear Mr President / Sr. Presidente

Fiscal general

Attorney General Eric Holder, US Department of Justice, 950 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20530-0001, EE. UU.

Fax: +1 202 307 6777

Correo-e.: AskDOJ@usdoj.gov

Tratamiento: Dear Attorney General / Sr. Fiscal General

Secretario de Defensa

Secretary of Defense Robert Gates, 1400 Defense Pentagon, Washington DC 20301, EE. UU.

Fax: + 1 703 571 8951

Correo-e.: Robert.gates@osd.mil

Tratamiento: Dear Secretary of Defense / Sr. Secretario de Defensa

COPIA A:la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 19 de junio de 2009.