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3 DE NOVIEMBRE DE 1998

Estados Unidos: Cuando se trata de la pena de muerte, todos los errores son letales

No te puedo decir qué se siente, cuando estás de pie delante de esa celda y viene un señor que te pone una cinta métrica alrededor del pecho, de la cintura, la entrepierna, y te mide para el traje de tu entierro. (Joseph “Shabaka” Green Brown)

Joseph “Shabaka” Green Brown pasó más de catorce años en la antesala de la muerte en Florida, EE. UU., por un delito que no había cometido. Su caso no es en modo alguno único. Desde 1973, otros 74 presos condenados a muerte han quedado en libertad cuando se descubrió que habían sido inculpados injustamente. Muchos, como él, habían estado a las puertas de la muerte, a unas pocas horas del momento de su ejecución.

El fin de semana del 13 de noviembre, en Chicago, Joseph Green Brown y más de la mitad de estas 74 personas asistirán a una conferencia sobre la inocencia ante la pena de muerte, la primera de su tipo en los EE. UU. Amnistía Internacional también participará en el simposio para presentar su nuevo informe Fatal Flaws: Innocence and the Death Penalty, que pone de relieve los riesgos que entraña para las personas inocentes la forma en que se aplica hoy la pena de muerte en el principal poder económico mundial.

Nunca se sabrá cuántos inocentes había entre los aproximadamente 7.000 presos ejecutados en los EE. UU. durante este siglo, pero en un importante estudio sobre el tema se ha afirmado que de 1900 a 1984 se ejecutó a no menos de veintitrés personas inocentes. Por cada seis presos ejecutados desde la reinstauración de la pena capital en los EE. UU., un inocente fue condenado a muerte y posteriormente exonerado de culpa. En este preciso instante es posible que otros presos igualmente inocentes pero menos afortunados estén esperando el momento de su ejecución.

En los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de presos que han marchado al patíbulo pese a que se abrigaban graves dudas sobre su culpabilidad. A diferencia de varios países como el Reino Unido y Rusia, los EE. UU. nunca han admitido haber ejecutado a una persona inocente.

Piers Bannister, investigador de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, señaló: «Con harta frecuencia, la pena de muerte es el privilegio de los pobres». La mayoría de las personas excarceladas después de estar condenadas a muerte en los EE. UU. eran indigentes que no habían podido costear una representación letrada competente. Una defensa deficiente, unida a la incidencia de prejuicios raciales y a la presentación de pruebas erróneas —a menudo fundadas en declaraciones de delincuentes que ofician de informantes para negociar penas menos severas— da lugar, con frecuencia, a errores que pueden resultar fatales.

Walter MacMillian, de raza negra y acusado de matar a una mujer de raza blanca, fue condenado a muerte tras un juicio que duró apenas un día y medio. El jurado se negó a dar crédito a los 12 testigos negros que declararon que en el momento de cometerse el homicidio Walter MacMillian asistía a un acto de recaudación de fondos para la iglesia. En su lugar, decidieron creer el testimonio interesado de tres testigos de cargo, entre ellos un asesino condenado.

Otro factor que puede influir considerablemente para que los tribunales impongan la pena de muerte, incluso a inocentes, es el hecho de que el acusado sufra una enfermedad mental o tenga antecedentes penales.

El informe cita numerosas ocasiones en que las autoridades parecen simplemente haber decidido que determinada persona era culpable de un delito y haber ajustado las pruebas para que éstas “encajaran” con sus conclusiones. En otros casos, la policía ha fraguado confesiones. El común denominador de todos estos casos ha sido la rotunda negativa de las autoridades pertinentes a siquiera contemplar la posibilidad de que se hubiera cometido un error.

El fiscal general del estado de Georgia ha declarado públicamente que ningún condenado a muerte es inocente: «Rara vez hay duda de que esta gente sea culpable, prácticamente ninguna. Eso es un mito... los tipos que están en el pabellón de la muerte son lo más bajo que hay.»

La reciente eliminación de varias jurisdicciones de apelación en los EE. UU. ha aumentado considerablemente las posibilidades de que se ejecute a personas inocentes. Los recortes radicales que se han efectuado a los recursos que protegen al individuo son consecuencia del alto grado de apoyo público a la pena de muerte.

Muchas figuras políticas —cuyo respaldo a la pena de muerte refleja la actitud del público— citan la excarcelación de los 75 hombres y mujeres como prueba de que el sistema funciona bien. Este argumento, además de desatender el singular sufrimiento de una persona condenada a muerte, pasa por alto el hecho de que en la mayoría de los casos sólo se consiguió probar la inocencia del reo gracias a los denodados esfuerzos de unos pocos individuos dedicados a esa tarea, que a menudo desempeñaron en forma gratuita o por una remuneración exigua.

Piers Bannister manifestó: «La mayoría de los tribunales de apelación de los EE. UU. no consideran la simple cuestión de si el condenado a muerte es inocente del delito por el que le impusieron el máximo castigo. Su principal preocupación parece ser que se hayan observado los procedimientos legales y la Constitución.»

Muchos presos cuyos alegatos de inocencia eran creíbles han visto sus peticiones de indulto denegadas por autoridades políticas que cierran los ojos ante la posibilidad del error al depositar toda su sincera pero equivocada confianza en los tribunales de justicia. Poco importa que el más alto tribunal de los EE. UU., la Corte Suprema de Justicia, haya afirmado públicamente que la medida de gracia aplicada por el poder ejecutivo es el remedio «histórico» que tiene como fin prevenir los errores judiciales cuando se han agotado todas las vías legales.

Otros políticos han declarado que el riesgo de quitar la vida a un preso inocente es el precio aceptable de la retención de la pena de muerte. En 1997, el propio presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que apoyaba la pena capital, manifestó: «tenemos enormes salvaguardias, las mejores posibles, pero nunca vamos a poder tener un sistema en el que resulte imposible ejecutar a una persona inocente».

Piers Bannister señaló: «Pocos errores cometidos por las autoridades pueden compararse al horror de que se ejecute a una persona inocente. Ningún sistema de justicia penal está libre de error, y la ejecución de un inocente es un riesgo que siempre se corre cuando se emplea la pena de muerte. Los EE. UU. no son ninguna excepción.»

Piers Bannister agregó: «Para muchos, este riesgo es razón suficiente para que se suprima del todo la pena de muerte. Pero en los EE. UU. el gobierno acaba de aumentar las posibilidades de que se cometan errores letales al reducir las salvaguardias legales que protegen al individuo de esos errores.»

El 13 de noviembre próximo, muchos de los más destacados expertos internacionales y abogados estadounidenses especializados en la pena de muerte participarán en una conferencia que se celebrará en la Northwestern University, en Chicago, Illinois, EE. UU., la primera conferencia importante dedicada a estudiar el tema de la inocencia ante la pena de muerte. Y, lo que es muy importante, harán acto de presencia para contar su historia más de la mitad de las personas que han abandonado la antesala de la muerte después de haber sido exculpadas en los EE. UU. durante los últimos veinte años. La conferencia se inaugurará con una rueda de prensa que tendrá lugar la mañana del 13 de noviembre. Por más información sobre la conferencia, diríjanse a Jeanine Bell por el teléfono 312 503 1559 (correo electrónico: j-bell@nwu.edu) o visiten el sitio web en la dirección www.ncwcdp.com