Público

Amnistía Internacional

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Que los crímenes de guerra

no queden impunes

El gobierno estadounidense está tratando de enmendar

la Ley sobre Crímenes de Guerra

11 de agosto de 2006
Índice AI: AMR 51/136/2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR51136/2006

Inquieta a Amnistía Internacional que el gobierno de Estados Unidos esté tratando de persuadir al Congreso para que reduzca el alcancede la Ley estadounidense sobre Crímenes de Guerra con el fin de evitar que se enjuicie a personal estadounidense por infligir tratos humillantes y degradantes a las personas detenidas en la "guerra contra el terror". La organización considera que cualquier medida de este tipo socavaría el Estado de derecho y constituiría una declaración peligrosa sobre impunidad. La impunidad es caldo de cultivo para la tortura y los malos tratos.

En vista del fallo pronunciado por la Corte Suprema de Estados Unidos en la causa Hamdan v. Rumsfeldel 29 de junio del 2006, se está discutiendo en el seno del gobierno estadounidense la posibilidad de presentar al Congreso un proyecto de enmienda de la Ley sobre Crímenes de Guerra (título 18, artículo 2441 del Código Federal de los Estados Unidos). En su fallo sobre Hamdan, la Corte Suprema anuló un principio fundamental de la política del Ejecutivo en la "guerra contra el terror". En esta causa, relativa al conflicto armado en Afganistán, la Corte decidió que el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra (1949) –artículo que prohíbe la tortura y los tratos crueles, humillantes o degradantes– era de aplicación. El juez Kennedy, en su opinión concurrente, señaló que, en virtud de la Ley sobre Crímenes de Guerra, las violaciones del artículo 3 común constituyen crímenes de guerra.

El gobierno teme que lo que considera términos "imprecisos" en el artículo 3 común –incluida la prohibición de "los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes"– sean "susceptibles de distintas interpretaciones". Según el Washington Post, un proyecto de enmienda redactado por el gobierno y filtrado a los medios de comunicación reduce el alcance de la Ley para excluir los crímenes de guerra que puedan considerarse abarcados por esa parte del artículo.(1) Amnistía Internacional exhorta a las autoridades estadounidenses a que, al interpretar el artículo 3 común, tengan en cuenta plenamente las opiniones del Comité Internacional de la Cruz Roja, el organismo de mayor autoridad en todo lo referente a las disposiciones de los Convenios de Ginebra.

En un memorando anterior sobre la política de la "guerra contra el terror", de fecha 7 de febrero del 2002, el presidente Bush había decidido que el artículo 3 común no era aplicable "a los detenidos de Al Qaeda ni talibanes". Esta declaración se realizó siguiendo el asesoramiento del consejero jurídico de la Casa Blanca, a la sazón Alberto Gonzales, que basó tal recomendación en que, entre otras cosas, haría más difícil en el futuro el procesamiento de agentes estadounidenses en virtud de la Ley sobre Crímenes de Guerra.(2) El anterior fiscal general, John Ashcroft, también había aconsejado al presidente Bush que la no aplicación de los Convenios de Ginebra a la situación de Afganistán "proporcionar[ía] máxima seguridad respecto a que ninguna corte de justicia contempl[ara] posteriormente la posibilidad de formular cargos contra oficiales militares, agentes de inteligencia o funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estadounidenses por violación de las disposiciones de los Convenios de Ginebra relacionadas con el comportamiento en el campo de batalla, en la reclusión o en el interrogatorio de detenidos. La Ley sobre Crímenes de Guerra de 1996 tipifica como delito en los Estados Unidos la violación de partes de los Convenios de Ginebra".(3)

Subsiguientemente, las violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos en la "guerra contra el terror" han sido sistémicas, y se han autorizado técnicas de interrogatorio que violan el artículo 3 común.(4) Por ejemplo, el mismo tipo de técnicas autorizadas a finales del 2002 por el secretario de Defensa Donald Rumsfeld para su uso en Guantánamo se estaban utilizando en Afganistán, país en el que, según los investigadores militares, los interrogadores estaban "despojando de ropa a las personas, aislándolas durante largos periodos de tiempo, usando posturas en tensión, explotando el temor a los perros y privando de sueño y de luz".(5) Nadie ha sido nunca acusado en virtud de la Ley sobre Crímenes de Guerra.(6)

El 2 de agosto del 2006, repitiendo la opinión que había dictado cuatro años y medio atrás sobre el artículo 3 común, el ahora fiscal general Alberto Gonzales manifestó ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, durante una vista celebrada con posterioridad a la causa Hamdan, que la prohibición de "los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes" era "imprecisa" y una frase "susceptible de una aplicación incierta e impredecible". Insistió en que era importante definir los términos del artículo 3 común porque la Ley sobre Crímenes de Guerra tipifica cualquier violación de este artículo como delito enjuiciable en Estados Unidos.

Sin embargo, en 1997, al apoyar la ampliación de la Ley sobre Crímenes de Guerra para tipificar como delito en la legislación estadounidense las violaciones del artículo 3 común, el gobierno estadounidense había declarado:

Consideramos que el H.R. 2587 [Proyecto de Ley núm. 2587 de la Cámara de Representantes]debe tipificar como delito en la legislación estadounidense la comisión de violaciones de las disposiciones especificadas en el Artículo 3 Común y en el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 […] Prueba de la importancia que asigna a las protecciones del derecho internacional en los conflictos armados de carácter no internacional, es que Estados Unidos ha adoptado la determinación de que el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que otorga al Tribunal competencia para enjuiciar a "las personas que violen las leyes o usos de la guerra", incluye las violaciones del Artículo 3 Común y los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra. Consideramos que tales violaciones deben igualmente ser tratadas como crímenes de guerra a los efectos del derecho estadounidense, y por tanto quedar abarcadas en un H.R. 2587 ampliado.(7)

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ya ha procesado por el crimen de guerra de "atentados contra la dignidad personal" en numerosas ocasiones, sin que se observe en las decisiones ni la menor indicación de que este crimen de guerra sea demasiado "impreciso" o una frase "susceptible de una aplicación incierta e impredecible".(8)

En la vista celebrada el 2 de agosto del 2006 ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, el subsecretario de Defensa Gordon England manifestó que la "interpretación internacional" del artículo 3 común era "por lo general francamente distinta de la nuestra". El fiscal general Gonzales se refirió en un tono similar a "decisiones extranjeras" sobre el artículo 3 común "que son causa de preocupación" y destacó la necesidad de definir el artículo desde el punto de vista estadounidense. El senador Levin preguntó al fiscal general si consideraba que técnicas como "water-boarding[semiasfixia con agua], posturas de tensión, uso de perros militares para intimidar, privación del sueño y desnudez forzada" serían "coherentes con el artículo 3 común". El fiscal general no respondió a esta pregunta, sino que limitó su respuesta a la probable falta de fiabilidad de las declaraciones obtenidas con ese tipo de técnicas. En respuesta a una pregunta del senador Dayton, el fiscal general dijo que el gobierno estaba considerando –y que el Congreso debería también considerar– la posibilidad de conceder inmunidad retroactiva por violaciones anteriores cometidas por personal estadounidense "que se han basado de buena fe en decisiones tomadas por sus superiores". Amnistía Internacional ya está bastante preocupada por el artículo de la Ley sobre el Trato a los Detenidos (2005) que intenta proporcionar un eximente para impedir que se declare culpable de abusos contra detenidos al personal estadounidense que haya utilizado técnicas de interrogatorio y condiciones de detención oficialmente autorizadas contra ciudadanos extranjeros detenidos en el contexto de la "guerra contra el terror".(9) Este problema no debe exacerbarse.

El particular hincapié que hacía el fiscal general en la necesidad de que el Congreso definiera el artículo 3 común desde el punto de vista estadounidense resulta preocupante: como no se cansa de repetir Amnistía Internacional, y como se desprende claramente de la conducta de Estados Unidos en la "guerra contra el terror", cuando los funcionarios estadounidenses hablan del "trato humano" dispensado a todos los detenidos bajo custodia estadounidense están empleando a todas luces una definición que no es acorde con la prohibición internacional de la tortura y los malos tratos.

Para ilustrar este problema y la impunidad a que ha dado lugar, Amnistía Internacional ha señalado el caso de Mohamed al-Qahtani a las autoridades estadounidenses. La tortura y malos tratos que se aplicaron a este detenido de Guantánamo –incluso como parte de técnicas autorizadas por el secretario Rumsfeld– violaron claramente el derecho internacional. Entre finales del 2002 y principios del 2003 Mohamed al-Qahtani fue sometido durante tres meses a un intenso aislamiento. Entre otras cosas, lo obligaron a ponerse ropa íntima de mujer y le colocaron una tanga en la cabeza; le ataron una correa y lo pasearon por la habitación mientras lo obligaban a hacer esas gracias que se enseñan a los perros; lo obligaron a que bailara con uno de sus interrogadores con una toalla en la cabeza "a lo burka"; lo obligaron a permanecer de pie, a raparse la cabeza y la barba durante el interrogatorio (y lo fotografiaron inmediatamente después de hecho); lo obligaron a desnudarse y a someterse desnudo a registros en presencia de mujeres; lo sometieron a humillaciones sexuales, hicieron un uso culturalmente inapropiado de mujeres para interrogarlo, y profirieron insultos sexuales contra las mujeres de su familia; vertieron agua sobre su cabeza una y otra vez; le colgaron del cuello fotos de "modelos en traje de baño"; lo encapucharon; lo sometieron a música a gran volumen, a "ruido blanco", y a extremos de temperatura manipulando el aire acondicionado. Entre otras formas de humillación, sus interrogadores le negaron permiso para ir al baño, obligándolo a orinarse encima. En por lo menos una ocasión utilizaron un perro para intimidarlo. Mohamed al-Qahtani fue interrogado entre 18 y 20 horas al día durante 48 de los 54 días consecutivos de interrogatorio. Según un investigador militar, en las cuatro horas que no lo interrogaban, "lo llevaban a una habitación blanca [...] con todas las luces y demás prendidas y con todo tipo de actividades […]". La privación del sueño se añade así a la lista de técnicas usadas contra este detenido.(10)

Resulta escandaloso que una investigación militar llegara a la conclusión de que el trato dado a Mohamed al-Qahtani, aunque "degradante y abusivo" acumulativamente, "no alcanzó el nivel de trato inhumano prohibido".(11)

Cualquier reducción de la Ley sobre Crímenes de Guerra puede interpretarse igualmente como destinada a proteger a altos cargos del gobierno –incluidos los que autorizaron las técnicas de interrogatorio y las condiciones de reclusión que violan el artículo 3 común– que como un intento del gobierno de proteger a soldados, personal de la CIA y otras personas de posibles procesamientos.

En cualquier caso, incluso si el gobierno presentara al Congreso enmiendas de impunidad y éste las promulgara como ley en Estados Unidos, sería en cierto modo en vano, puesto que cualquier país del mundo puede ejercer la jurisdicción universal respecto de crímenes de guerra tales como las infracciones graves del artículo 3 común.(12)

El 26 de junio del 2004, dos meses después de que salieran a la luz la tortura, humillación y degradación de los detenidos en la prisión de Abu Ghraib a manos del personal estadounidense, el presidente Bush afirmaba el "compromiso de Estados Unidos con la eliminación de la tortura en el mundo". "[...] Las demandas no negociables de la dignidad humana deben ser protegidas [...] y estamos comprometidos a construir un mundo en el que los derechos humanos se respetan y están protegidos por el Estado de derecho." El presidente añadió que "Estados Unidos mantiene además su inquebrantable compromiso de respetar los Convenios de Ginebra, que han sido los cimientos de la protección en los conflictos armados desde hace más de 50 años […] Esperamos que otras naciones traten a nuestros soldados y civiles según disponen los Convenios de Ginebra. Nuestras Fuerzas Armadas tienen el compromiso de cumplirlos y de pedir responsabilidades a aquellos de sus miembros que no lo hagan".

El presidente Bush debe cumplir su palabra y no aprobar ningún proyecto de ley que reduzca el alcance de los procesamientos en virtud de la Ley sobre Crímenes de Guerra, ya que socavaría los Convenios de Ginebra. Cualquier proyecto de ley de este tipo debe ser rechazado por el Congreso.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España

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(1) "War Crimes Act would reduce threat of prosecution", Washington Post, 9 de agosto del 2006.

(2) Memorando de Alberto R. Gonzales al presidente. Decision re application of the Geneva

Convention on Prisoners of War to the conflict with al Qaeda and the Taliban. Redacción del 25 de enero del 2002.

(3) Carta del fiscal general John Ashcroft al presidente Bush, 1 de febrero del 2002, disponible en http://news.findlaw.com/wp/docs/torture/jash20102ltr.html.

(4) Amnistía Internacional toma nota de la declaración del senador Levin en una vista posterior a la causa Hamdan celebrada el 2 de agosto del 2006 ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, en la que dijo: "Si torturamos o maltratamos a las personas que detenemos en el campo de batalla […], incrementamos el riesgo de que nuestras propias tropas sean sometidas a abusos similares a manos de otros".

(5) Página 64, AR 15-6 Investigación de las Actividades de Inteligencia en Abu Ghraib. Realizada por el general de división George R. Fay y el teniente general Anthony R. Jones.

http://www.defenselink.mil/news/Aug2004/d20040825fay.pdf.

(6) Aunque se ha enjuiciado a algunos soldados en virtud del Código Normalizado de Justicia Militar, subsisten temores graves –como los recientemente expresados por el Comité de la ONU contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos– sobre la falta de investigaciones adecuadas de los abusos y sobre la lenidad de las condenas. El 7 de agosto del 2006 comenzó el juicio de David Passaro en la corte federal de Carolina del Norte. Se acusa a este ex contratista de la CIA de golpear brutalmente al detenido afgano Abdul Wali, muerto en una base militar de Estados Unidos en Afganistán en el año 2003. David Passaro no fue acusado en virtud de la Ley sobre Crímenes de Guerra. En vez de ello, se formularon cargos en virtud de una disposición de la Ley Patriótica del 2001.

rpar(7) Proyecto de Ley 105-204 de la Cámara de Representantes – Ley Ampliada sobre Crímenes de Guerra, de 1997.

(8) Prosecutor v. Kunarac, Sala de Apelaciones, 12 de junio del 2002, párrs. 161 - 162, y Sala de Primera Instancia, 22 de febrero del 2001, párr. 501; Prosecutor v. Kovaka, Sala de Primera Instancia, 2 de noviembre del 2001, párr. 172; Prosecutor v. Aleksovski, Sala de Primera Instancia, 25 de junio de 1999, párrs. 54-57; Prosecutor v. Furundzija, Sala de Primera Instancia, 10 de diciembre de 1998, párrs. 172 - 173.

(9) El artículo 1004 de la Ley sobre el Trato a los Detenidos estipula, entre otras cosas, lo siguiente:

En cualquier actuación judicial por infracciones del Código Civil o cualquier enjuiciamiento criminal seguidos contra un oficial, empleado, miembro de las Fuerzas Armadas u otro agente del Gobierno de los Estados Unidos que sea ciudadano de Estados Unidos, que se deriven de la participación del oficial, empleado, miembro de las Fuerzas Armadas u otro agente en prácticas operativas concretas que impliquen detención e interrogatorio de extranjeros a los que el Presidente o sus designados hayan determinado que se considera implicados en o asociados con actividad terrorista internacional que representa una amenaza grave y persistente para los Estados Unidos, sus intereses o sus aliados, y que gozaran de autorización oficial y se determinara que eran lícitas en el momento de realizarse, se podrá aducir como eximente que dicho oficial, empleado, miembro de las Fuerzas Armadas, u otro agente no sabía que las prácticas eran ilícitas y que una persona de juicio y entendimiento ordinarios no sabría que las prácticas eran ilícitas. El apoyarse de buena fe en asesoramiento letrado será uno de los factores importantes a tener en cuenta a la hora de evaluar si una persona de juicio y entendimiento ordinarios habría sabido que las prácticas eran ilícitas.

(10) Pueden obtener más información sobre este caso y sobre los malos tratos infligidos a otro detenido –que se cree es Mohamdou Ould Slahi– objeto de "entrega extraordinaria" de Mauritania a Guantánamo, consultando: Memorando al gobierno de Estados Unidos sobre el informe del Comité contra la Tortura de la ONU y la cuestión del cierre de Guantánamo (Índice AI: AMR 51/093/2006), junio del 2006, http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR510932006?open&of=esl-USA.

(11) Army Regulation 15-6: Final Report: Investigation into FBI Allegations of Detainee Abuse at Guantanamo Bay, Cuba Detention Facility, 1 de abril del 2005 (enmendado el 9 de junio del 2005) (Informe Schmidt/Furlow), http://www.defenselink.mil/news/Jul2005/d20050714report.pdf.

(12) Véase Universal jurisdiction: The duty of states to enact and implement legislation, Índice AI: IOR 53/002-018/2001, septiembre del 2001, http://web.amnesty.org/library/index/engior530022001.