PÚBLICO

Índice AI: AMR 51/147/2001/s

AU 250/01

Pena de muerte

5 de octubre de 2001

EE. UU. (Nuevo México)

Terry Doug Clark, blanco, de 45 años de edad

Está previsto que Terry Clark sea ejecutado en Nuevo México el 6 de noviembre del 2001 por el asesinato de Dena Lynn Gore, cometido en 1986. Si la ejecución sigue adelante, será la primera que se lleve a cabo en Nuevo México desde hace 41 años. Terry Clark, uno de los cuatro condenados a muerte del estado, ha renunciado a sus apelaciones.

Dena Lynn Gore, de nueve años de edad, fue secuestrada el 17 de julio de 1986 en su localidad natal de Artesia. Su cadáver fue hallado unos días después en un rancho en el que Terry Clark había estado alojado. Clark fue detenido y acusado del crimen.

En noviembre de 1986, el gobernador saliente, Toney Anaya, a causa de su oposición a la pena capital, conmutó las condenas de muerte de los cinco hombres condenados por aquel entonces en Nuevo México. Los abogados de Terry Clark aconsejaron a éste que se declarara culpable del asesinato de Dena Gore, renunciando al juicio, porque el gobernador había prometido conmutar su condena de muerte si se le imponía antes de que él abandonara su cargo el 31 de diciembre de 1986. Sin embargo, el juez se negó a fijar la fecha para la vista de determinación de la pena antes de 1987, y en mayo de ese año Clark fue condenado a muerte por un jurado. En 1994, la Corte Suprema del estado ordenó que se celebrara una nueva vista porque se había cometido un error en las instrucciones dadas al jurado. En 1996, Terry Clark fue condenado de nuevo a muerte. Durante su vista de determinación de la pena se informó repetidamente al jurado de que sus predecesores de 1987 habían votado en favor de una condena de muerte.

En septiembre de 1999, un mes después de que la Corte Suprema confirmara su segunda condena de muerte, Terry Clark renunció a sus apelaciones y pidió ser ejecutado. Unos meses después cambió de opinión y retomó sus apelaciones. En marzo de este año volvió a renunciar a ellas y pidió que se fijara la fecha de ejecución.

En agosto de 2001, un tribunal determinó que Terry Clark estaba capacitado para renunciar a sus apelaciones. Sus abogados se habían opuesto a ello, alegando que la decisión de Clark no podía considerarse voluntaria, ya que Terry Clark es deficiente mental. Antes de la vista para determinar su capacidad mental, un neuropsicólogo había diagnosticado a Clark una lesión cerebral (en el lóbulo frontal derecho), consecuencia posiblemente de varias lesiones sufridas en la cabeza a lo largo de su vida. Ninguno de los jurados que condenaron a Clark a muerte tenían conocimiento de este factor atenuante. Además, un psicólogo forense concluyó que Clark sufre un grave trastorno depresivo con rasgos paranoides.

Los abogados alegaron también que Terry Clark no estaba capacitado para renunciar a sus apelaciones a causa de los efectos psicológicos de su prolongada reclusión como condenado a muerte. En los últimos años, las condiciones de reclusión de la Unidad Norte de la Penitenciaría de Nuevo México, donde permanece recluido Clark, han empeorado: se ha reducido el contacto humano y se han restringido las actividades. Los presos permanecen encerrados en sus celdas 23 horas al día, con una hora optativa de ejercicio fuera de la celda cinco días a la semana. Según los informes, Terry Clark renuncia con frecuencia a esta opción a causa de los insultos a que lo someten los demás presos por el delito por el que fue condenado. A lo largo de los años también ha sufrido agresiones físicas de otros reclusos.

INFORMACIÓN GENERAL

El último condenado ejecutado en Nuevo México fue David Nelson, ejecutado en la cámara de gas del estado en 1960 por el asesinato de Ralph Rainey, cometido en 1956. En 1960, había unos 10 países que habían abolido la pena de muerte. Hoy día, la cifra de países abolicionistas en la ley o en la práctica asciende a 109.

Durante los últimos dos años, en Estados Unidos ha habido una creciente preocupación por la imparcialidad y la fiabilidad del sistema de aplicación de la pena de muerte, y por el impacto que este asunto tiene en la imagen del país en el extranjero, en un mundo que está dando la espalda a los homicidios judiciales. Estados Unidos reanudó las ejecuciones en 1977. Desde entonces, 733 hombres y mujeres han sido ejecutados en 31 estados del país; de esos hombres y mujeres, 94 habían renunciado a sus apelaciones. Este fenómeno contribuye a agravar la arbitrariedad de la pena de muerte: si esos 94 ejecutados hubieran seguido con sus apelaciones, es probable, teniendo en cuenta el índice de error descubierto por los tribunales de apelación en los casos de pena capital, que al menos alguno de ellos hubiera tenido éxito.

Puede haber una serie de factores que contribuyen a la decisión de un preso de no continuar con sus apelaciones, y entre los que se encuentran los trastornos mentales, las enfermedades físicas, los remordimientos, las creencias religiosas, las duras condiciones del «corredor de la muerte», la sombría alternativa de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, el pesimismo por las perspectivas de la apelación, la búsqueda de notoriedad o simplemente el deseo de conseguir la sensación de que se tiene control de una situación en la que, por lo demás, el condenado está totalmente desvalido. Sin embargo, ya sea racional e irracional, una decisión tomada por una persona amenazada con morir a manos de otros difícilmente puede considerarse voluntaria. Es más, esa decisión no oculta el hecho de que el Estado está implicado en un homicidio premeditado, en una violación de derechos humanos que es un síntoma de la cultura de la violencia, no una solución a ella (véase The illusion of control: “Consensual” executions, the impending death of Timothy McVeigh, and the brutalizing futility of capital punishment*, AMR 51/053/2001*, de abril del 2001).

Después de que Terry Clark renunció a sus apelaciones en 1999, dos funcionarios del Departamento de Prisiones asistieron a una ejecución en Texas como parte de sus preparativos para reanudar las ejecuciones. Esta vez, Nuevo México, con un coste de varios miles de dólares, ha contratado a dos verdugos del sistema penitenciario de Texas para que administren la inyección letal a Terry Clark.

Cuando la Corte Suprema del estado confirmó la condena de muerte de Clark en 1999, uno de los jueces escribió que sentía una «oposición filosófica y práctica a la pena de muerte. Personalmente creo que es una mala política pública. Sin embargo, la política pública es dominio exclusivo del poder legislativo [...]». El 10 de febrero de 2001, un proyecto de ley para derogar la pena de muerte en Nuevo México fue rechazado por un solo voto en el Senado estatal.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en inglés o en su propio idioma:

- manifestando simpatía por la familia de Dena Lynn Gore;

- exponiendo, con sus propias palabras, la información aquí facilitada, según consideren adecuado, para manifestar su oposición a la pena de muerte y a la ejecución de Terry Clark;

- instando al gobernador a ofrecer un liderazgo de acuerdo con las aspiraciones de la comunidad internacional y a no permitir que su estado dé el paso retrógrado de reanudar las ejecuciones tras más de cuatro décadas sin ellas;

- instando al gobernador a conmutar la condena de muerte de Terry Clark y a respaldar una suspensión de las ejecuciones en Nuevo México con vistas a la abolición de la pena capital.

LLAMAMIENTOS A:

Gobernador de Nuevo México

Governor Gary E. Johnson

Office of the Governor

State Capitol Building

Santa Fe, New Mexico 87503, EE. UU.

Fax: +1 505 827 3026

Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador

COPIA A:

Departamento de Turismo de Nuevo México

Janet Green, Secretary, Department of Tourism, 491 Old Santa Fe Trail, Santa Fe, NM 87503, EE. UU. Fax: +1 505 827 7402

Alcaide de la Penitenciaría de Nuevo México

Timothy LeMaster, Warden, Penitentiary of New Mexico, PO Box 1059, Santa Fe, NM 87504, EE. UU. Fax: +1 505 827 8283

y a los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su país.

Pueden enviar cartas (de no más de 250 palabras) a la sección «Letters to the Editor» de los siguientes periódicos:

The Santa Fe New Mexican, 202 East Marcy St., Santa Fe, NM 87501, EE. UU. Fax: +1 505 986 9147. Correo-e.: letters@sfnewmexican.com

Albuquerque Journal, 7777 Jefferson Street NE, Albuquerque, NM 87109-4360, EE. UU. Fax: +1 505 823 3994. Correo-e.: opinion@abqjournal.com

The Albuquerque Tribune, P.O. Drawer T, 7777 Jefferson NE, Albuquerque, NM

87109, EE. UU. Fax: +1 505 823 3689. Correo-e.: letters@abqtrib.com

(Semanal) Alibi, 2118 Central Avenue SE, Suite 151, Albuquerque, NM 87106-4004, EE. UU. Fax: +1 505 256 9651. Correo-e.: letters@alibi.com

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