تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2012
حالة حقوق الإنسان في العالم

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Amnistía Internacional

Comunicado de prensa


Índice AI: ASA 13/004/2006 (Público)

Servicio de Noticias 096/06

13 de abril de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA130042006



Bangladesh: Un niño entre las seis personas muertas en las protestas por la falta de electricidad



El gobierno de Bangladesh debe iniciar de inmediato una investigación independiente sobre los homicidios de campesinos que protestan por la falta de electricidad en la ciudad septentrional de Kansat, ha manifestado hoy, 13 de abril de 2006, Amnistía Internacional. Anoche se tuvo noticia de seis muertes más en enfrentamientos entre la policía y los campesinos.


Según las autoridades locales, entre las personas que la policía mató ayer, cuando hasta 12.000 manifestantes salieron a la calle, figuraban Anwar, niño de 10 años, y Abdur Rahman, maestro de 63. De acuerdo con testigos presenciales, la policía disparó munición real con fusiles AK-47, balas de caucho y gas lacrimógeno para dispersar a la multitud, que respondió utilizando palos y machetes. En las noticias locales de dijo que habían resultado heridas unas 300 personas, incluidos casi 20 agentes de policía.


"Al menos 20 personas han sido víctimas de homicidio en las protestas por las restricciones del suministro eléctrico desde enero –ha manifestado Abbas Faiz, investigador sobre el sur de Asia de Amnistía Internacional–-. Tiene que abrirse una investigación imparcial sobre estas muertes y que ponerse sin demora a disposición judicial a los responsables. Todo agente de policía sospechoso de haber disparado contra civiles debe ser retirado del servicio activo durante la investigación”.


Según información de los medios de comunicación locales, la policía destruyo y saqueó también casas en varios pueblos, golpeó a los habitantes y detuvo a decenas de personas. Asimismo, impidió a los periodistas acercarse a esos lugares y los amenazó con armas cuando preguntaron el nombre de las víctimas.


Ha habido graves restricciones del suministro de energía eléctrica y de carburante en la zona, que han afectado a las bombas utilizadas por los campesinos para regar los campos. La falta resultante de agua amenaza gravemente los cultivos de arroz y el sustento de los campesinos. Los habitantes de la zona temen que falte el alimento el año que viene.


Es responsabilidad de los gobiernos garantizar que sus ciudadanos tienen los medios necesarios para impedir la destrucción de su sustento.


"Las autoridades deben garantizar a los granjeros los medios necesarios para cultivar sus campos y procurarse su sustento –ha señalado Abbas Faiz–. Es preciso garantizar con urgencia el suministro regular de electricidad, necesario para regar los arrozales e impedir la destrucción de los cultivos, de los que dependen estos campesinos para sobrevivir.”


La mayoría de los participantes en las protestas son usuarios de la empresa eléctrica estatal Rural Electrification Board, a la que pagan por un suministro que aseguran no recibir. Afirman que pasan días sin recibir electricidad y que, cuando llega, dura sólo cuatro o cinco horas como máximo. Piden que el suministro sea continuo y que no tengan que pagar más que la electricidad que reciben realmente.


Información general

El 4 de enero de 2006, 2 hombres murieron y 50 personas sufrieron heridas de bala al disparar la policía contra los manifestantes en Kansat, distrito de Chapainawabganj. Los homicidios generaron nuevas manifestaciones. El 23 de enero de 2006, 7 personas murieron y más de 100 resultaron heridas por disparos de la policía contra los manifestantes. Un niño de 12 años murió al día siguiente a causa de las heridas sufridas.


El 5 de abril de 2006, al menos cuatro personas murieron cuando miembros del Partido Nacionalista de Bangladesh atacaron con explosivos una concentración de campesinos.


El Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Bangladesh temía que la policía detuviera a gran número de personas y entabló acciones judiciales de interés público ante el Tribunal Superior. El 10 de abril, éste falló que ninguno de los campesinos que se manifestaban debía ser detenido ni hostigado salvo de acuerdo con la ley. Asimismo, dio al gobierno tres semanas para explicar por qué los homicidios del 4 y el 23 de enero no debían considerarse ilegítimos, por que no debía pagarse una indemnización a las familias de las víctimas y por qué no debía ordenarse a las autoridades que suministraran electricidad a la zona durante un periodo específico.