Índice AI: ASA 18/09/00/s Servicio de Noticias 213/00

9 de noviembre del 2000 Documento público

Declaración pública

Fiyi: Los derechos humanos en peligro

Las autoridades militares y penitenciarias de Fiyi parecen haber violado derechos humanos fundamentales garantizados por el derecho internacional y por decretos militares dictados en el país tras el golpe de Estado de mayo: al menos nueve personas han muerto y 30 han resultado heridas, y a muchas de estás no se les ha permitido recibir la visita de sus familias.

El 2 de noviembre del 2000, sobre la una de la tarde, varios miembros del la unidad especial del ejército de Fiyi conocida como Guerra Contrarrevolucionaria tomaron como rehenes al menos a tres soldados regulares en el cuartel Queen Elizabeth de la capital, Suva, y mataron, según informes disparando contra ellos a quemarropa, a dos soldados desarmados de otras unidades del ejército. Sobre las seis y media de la tarde, fuerzas del ejército regular leales al jefe militar de Fiyi lanzaron un contraataque en el que liberaron a todos los rehenes y recuperaron el cuartel. Al menos 30 personas resultaron heridas en los combates, y el jefe militar del Fiyi, comodoro Ratu Voreqe Bainimarama, estuvo a punto de morir a manos de los rebeldes o de ser capturado por ellos. Posteriormente se confirmó la muerte de ocho soldados, cinco de los cuales pertenecían a la GCR, si bien parece ser que algunos de éstos no murieron a acusa de lesiones sufridas en los tiroteos. Sigue sin saberse bien cuál era el objetivo de los entre 20 y 40 miembros de la GCR que protagonizaron el aparente motín, pero, según informes, algunos de los rebeldes estaban ya en libertad una semana después. Al principio fueron recluidos por su presunta participación en el golpe de Estado del 19 de mayo del 2000, en el que los miembros del gobierno elegidos democráticamente fueron tomados como rehenes y centenares de familias de etnia india sufrieron ataques racistas de partidarios del golpe.

A Amnistía Internacional le preocupa que, según información de los medios de comunicación de Fiyi, hasta cinco soldados de la GCR arrestados después del motín murieran a causa de palizas y al menos otros 10 fueran golpeados por miembros del ejército. Se han recibido informes según los cuales algunos de ellos no estaban en el cuartel durante el motín, sino que fueron arrestados posteriormente. Dos de los soldados muertos no tenían ninguna lesión cuando se les vio en una comisaría de policía la noche de su detención, antes de que se los llevaran tropas regulares, aparentemente al cuartel Queen Elizabeth. Asimismo, hay informes que indican que unos militares de alta graduación intentaron detener las palizas a que otros soldados estaban sometiendo a los miembros de la GCR en el cuartel. La noche del 2 al 3 de noviembre se vio salir de una comisaría de policía sin lesiones visibles al menos a 10 soldados de GCR custodiados por militares. Se cree que seis de ellos se encuentran ahora en un hospital donde se recuperan de lesiones causadas por palizas. Según los familiares de uno de estos, Apaitia Waqaniboro, a quien se le ha impedido recibir visitas de su familia, el personal del hospital dijo a su esposa que se encontraba en la unidad de cuidados intensivos porque tenía que se atendido por costillas rotas, «traumatismo pulmonar», una fractura de mandíbula e hinchazón de un ojo. Según informes, una patrulla del ejército había cerrado el paso a Apaitia Waqaniboro cuando, en compañía del general Sitiveni Rabuka, salía del cuartel en el automóvil de éste horas después de haber comenzado el motín el 2 de noviembre. El general Sitiveni Rabuka, que dirigió dos golpes militares en Fiyi en 1987 y perdió las elecciones generales como primer ministro en 1999, está siendo investigado por la policía en relación con su presencia en el cuartel.

El 4 de noviembre del 2000, el juez Sailosi Kepa, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Fiyi, anunció que ésta iba a abrir una investigación sobre las circunstancia de la muerte de cinco soldados y un civil, presuntamente a causa de brutales palizas, horas después de ser detenidos el 2 y el 3 de noviembre. Tal investigación podría ser decisiva, ya que el hecho de que un patólogo haya recibido llamadas telefónicas con las que se intenta influir en el resultado de las autopsias de los soldados muertos y de que se niegue los familiares de los miembros de la GCR hospitalizados el acceso a ellos podría indicar que se están tratando de ocultar las verdaderas circunstancias del arresto de estos soldados y del trato que les dispensaron los miembros del ejército regular.

De acuerdo con la información disponible, a nueve miembros de la GCR ingresados después de su arresto en el hospital Colonial War Memorial de Suva por lesiones en el pecho y la cabeza, así a como un número no determinado de soldados recluidos en estos momentos en la prisión de Korovou de Suva, no se les permite recibir la visita de sus familias desde su arresto hace ya una semana. Algunos de los presuntos rebeldes que se encuentran ahora en dicha prisión fueron recluidos inicialmente en el cuartel Queen Elizabeth, donde tampoco se les permitió recibir la visita de sus familias. La existencia de informes según los cuales se ha pedido a médicos del ejército y de las instituciones penitenciarias que presten asistencia a estos detenidos parece confirmar las información de los medios de comunicación de Fiyi a cerca de que fueron golpeados brutalmente por las tropas regulares que los arrestaron. El Fiji Times del 9 de noviembre del 2000 publicó unas declaraciones del jefe militar Bainimarama según las cuales la prohibición de las visitas se debe a que los detenidos están siendo «tratados como asesinos». Asimismo dijo: «Estos hombres sufrieron lesioness y están todavía recuperándose de ellas, así que para qué van a querer verlos sus esposas».

Los decretos militares no permiten la detención arbitraria ni la prohibición absoluta de las visitas de familiares y abogados, y sólo los tribunales pueden prorrogar las cuarenta y ocho horas que debe durar inicialmente la detención provisional. Según las familias de los miembros de la GCR recluidos, los funcionarios de la prisión de Korovou dijeron el 8 de noviembre del 2000 que, debido a la falta de instrucciones escritas de las comandancia militar, no podían cumplir las garantías que habían dado un día antes, cuando aseguraron a las familias que podrían visitar a los detenidos al día siguiente y todos los lunes miércoles y viernes. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de ninguna ley o decreto por el que los funcionarios de prisiones deban solicitar la autorización del ejército para permitir a las familias de los reclusos ejercitar su derecho a visitarlos..

La organización considera motivo de preocupación que estos sucesos se hayan producido tras haberse recibido informes según los cuales en agosto se hizo en Fiyi uso excesivo de la fuerza para detener a George Speight y a sus partidarios, que en mayo del 2000 protagonizaron una intentona golpista sobre la que el ministro interino del Interior ha ordenado abrir una investigación. Amnistía Internacional no tiene, en cambio, constancia de que el gobierno provisional haya ordenado investigar los informes sobre la participación de algunos miembros de la policía y el ejército en las agresiones perpetradas contra familias de etnia india por miembros de la población autóctona de Fiyi partidarios del golpe del 19 de mayo. El gobierno ha reconocido recientemente los saqueos e incendios generalizados de comercios y granjas perpetrados por miembros de la población autóctona en ataques racistas que obligaron a centenares de ciudadanos de etnia india a huir de sus hogares.

Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades de Fiyi para que respeten el principio fundamental del derecho internacional según el cual ningún decreto de excepción ni motín u otra amenaza a la seguridad nacional permite hacer excepciones a la prohibición universal de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales Las normas internacionales sobre el trato que se debe dispensar a los reclusos, incluida la prohibición de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, continúan siendo aplicables junto con los actuales decretos militares del Fiyi y la Constitución de 1997.

Amnistía Internacional cree que todas las denuncias de participación de las fuerzas de seguridad en violaciones de derechos humanos deben ser igualmente objeto de investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales y que los presuntos autores de las violaciones deben ser puestos a disposición judicial para que sean sometido a un juicio justo de conformidad con las normas internacionales. Tales normas se aplican igualmente a los presuntos participantes en el aparente motín y a quienes se ocuparon de sofocarlo.

Amnistía Internacional pide a las autoridades penitenciarias y a los jefes militares de Fiyi que permitan de inmediato a los soldados hospitalizados y recluidos recibir la visita de sus familias y de sus abogados, así como de médicos independientes.

La organización insta también al gobierno provisional, los jefes militares y la policía de Fiyi a que garanticen que la Comisión de Derechos Humanos recibe plena cooperación y toda la ayuda necesaria para realizar una investigación efectiva, completa e imparcial, conforme a las normas internacionales sobre este tipo de investigaciones.

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