AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: ASA 20/003/2006 (público)

Servicio de Noticias: 014/2006

18 de enero de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA200032006

India: Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes adivasi en Orissa

Amnistía Internacional expresa honda preocupación por los informes sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante una protesta, el 2 de enero de 2006, de indígenas (adivasi) en Kalinga Nagar, en el distrito de Jajpur, Orissa. Según los informes, al menos doce adivasi, entre ellos tres mujeres y un niño de 12 años, murieron por disparos de la policía, y un policía perdió la vida a manos de los adivasi.

Los informes indican que cientos de adivasi de los pueblos de Gobarghati, Nuagaon y Chandia se habían congregado hacia las 11 de la mañana del 2 de enero de 2006, al saber que esa mañana iba a comenzar la construcción en el emplazamiento del proyecto Tata Steel. Los adivasi llevaban varios meses protestando contra la construcción de la planta y habían expresado su inquietud porque habían recibido una indemnización económica insuficiente por las tierras que les había comprado el gobierno de Orissa para permitir la construcción del proyecto, con capacidad para seis millones de toneladas.

Según los informes, la violencia estalló cuando los adivasi, algunos de los cuales iban armados con arcos y flechas, intentaban impedir el levantamiento de un muro fronterizo y se produjeron algunas detonaciones en un dique próximo al lugar, cuando una delegación de adivasi integrada por cuatro personas se aproximaba al emplazamiento.

Los informes indican que, durante el caos que siguió, miembros de las fuerzas policiales dispararon balas de caucho, cartuchos de gases lacrimógenos y munición real contra los manifestantes. Varias fuentes afirman que los policías siguieron disparando contra los adivasi cuando éstos huían y que varias personas recibieron disparos en la espalda. Según los informes, siete personas murieron en el lugar y al menos 40 más resultaron heridas. Otras cinco personas heridas por disparos de la policía fallecieron posteriormente en el hospital del distrito de Jajpur.

Amnistía Internacional expresa su alarma ante las informaciones de que, cuando la policía de Orissa devolvió los cadáveres de estas cinco personas a sus familias, todos tenían las manos cortadas. La policía de Orissa ha declarado que les cortaron las manos con fines de identificación forense. También dijo que el personal médico que había realizado las autopsias había cortado las manos sin el conocimiento ni la autorización de las familias de las víctimas. Sin embargo, algunas fuentes señalan que estos manifestantes heridos fueron agredidos de nuevo cuando eran trasladados en vehículos policiales y que les habían amputado las manos como venganza. No se ha ofrecido ninguna explicación plausible de cómo podría contribuir a la “identificación forense” la amputación de una mano y, puesto que dicha mutilación constituye una violación de la dignidad de los fallecidos, las autoridades deben investigar las circunstancias en que se produjo y hacer que los responsables de cualquier acto indebido rindan cuentas de sus actos.

El gobierno de Orissa ha ordenado ya una investigación judicial sobre los incidentes, ha trasladado a dos funcionarios del distrito y ha suspendido a tres profesionales de la medicina mientras se realiza la investigación. Los gobiernos de Orissa y de la unión han anunciado la entrega de paquetes de ayuda a los familiares de las personas fallecidas en las protestas y de los heridos. La empresa, Tata Steel, ha afirmado que sus encargados no estaban presentes en el momento del incidente, y que la empresa no ha tenido ninguna participación en los hechos. Sin embargo, los informes indican que ese día los contratistas estaban intentando levantar el muro fronterizo.

El gobierno de Orissa debe garantizar:

- Que la investigación judicial sobre las circunstancias que rodearon el incidente con disparos sea rápida, independiente e imparcial, y que sus conclusiones se hagan públicas.

- Que se enjuicie a los funcionarios públicos, policías inclusive, sospechosos de ser responsables de violaciones de derechos humanos, incluidos el uso excesivo de la fuerza, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todas las actuaciones deberán respetar las normas internacionales de imparcialidad y excluir la imposición de la pena de muerte.

Amnistía Internacional considera que las consultas exhaustivas sobre el impacto de las decisiones económicas en los derechos humanos con las personas que van a ser afectadas por esas decisiones –incluidos los activistas y organizaciones no gubernamentales y otros representantes de las comunidades afectadas– son un medio vital para salvaguardar los derechos humanos en el contexto del desarrollo.

En este sentido, Amnistía Internacional pide al gobierno de Orissa que:

- Garantice que las personas y activistas que participan en protestas pacíficas contra proyectos de desarrollo puedan hacerlo sin temor a la violencia, al hostigamiento o a acusaciones falsas de implicación en actividades delictivas.

- Anuncie una política coherente de consultas exhaustivas con las poblaciones locales antes de llevar a cabo cualquier proyecto de desarrollo que afecte a sus vidas.

- Garantice que, cuando haya que reasentar a grupos de población, se facilite a los afectados vías de rehabilitación, reasentamiento y reparación justas, adecuadas y culturalmente sensibles.

Información complementaria

Las personas que protestaban contra la planta de Tata Steel, en su mayor parte pertenecientes a la comunidad munda adivasi, estaban afiliadas a Bistapan Virodhi Manch, un grupo que protesta por el desplazamiento de adivasi en Kalinga Nagar, que la empresa Industrial Development Corporation (IDCO), propiedad del gobierno de Orissa, promueve como centro industrial. Estas personas alegan que IDCO estaba adquiriendo sus tierras a precios inadecuados y revendiéndolas a otras empresas a un precio elevado. Activistas y adivasi han denunciado que ni se les ha consultado ni se les ha dado acceso a la información, que están excluidos de la toma de decisiones y sometidos al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

En Kalinga Nagar, donde ya existen más de 100 plantas de lavado de cromo, se están desarrollando trece importantes proyectos de acerías.

En los últimos cuatro años, el gobierno de Orissa ha firmado 43 acuerdos para crear acerías en el estado.