AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: ASA 20/013/2007 (Público)

Servicio de Noticias: 095/2007

24 de mayo de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA200132007

India: Detención de un defensor de los derechos humanos e inmunidad policial en Chhattisgarh

A Amnistía Internacional le preocupa la aprehensión y detención aparentemente arbitrarias de Binayak Sen, defensor de los derechos humanos, y el hostigamiento por parte de la policía de otros dos defensores de los derechos humanos en Raipur, estado de Chhattisgarh, en el centro de India, tras las denuncias de implicación de la policía en el homicidio ilegítimo de 12 miembros de la comunidad tribal adivasi en Santoshpur el 31 de marzo. Una investigación policial ha confirmado las acusaciones, pero el gobierno estatal se niega a aprobar que se entablen acciones judiciales contra los presuntos implicados.

El doctor Binayak Sen es secretario general de la división de Chhattisgarh de la Unión Popular por las Libertades Civiles (PUCL), una de las más destacadas organizaciones de derechos humanos de India, y ha sido fundamental en el trabajo sobre el acceso a la salud de los adivasi. El 14 de mayo de 2007 fue detenido en la comisaría de Tarbahar, distrito de Bilaspur, cuando regresaba de Kolkotta a Raipur, y desde el 15 de mayo permanece recluido en la cárcel de Raipur. La policía precintó posteriormente su residencia y registró su clínica. También fue registrada su granja de agricultura orgánica, situada en un pueblo cercano.

Binayak Sen ha sido detenido en aplicación de la Ley Especial de Seguridad Pública de Chhattisgarh (CSPSA) de 2006, y la Ley de Prevención de Actividades Ilegales de 1967, enmendada en 2004 para añadir apartados clave de la Ley de Prevención del Terrorismo (POTA) de 2002. La propia POTA fue revocada en 2004 tras las críticas generalizadas provocadas por los abusos y las violaciones de derechos humanos. La CSPSA permite la detención arbitraria de personas sospechosas de pertenecer a organizaciones ilegales o de participar en sus actividades o dar protección a algún miembro de este tipo de organizaciones, y las organizaciones de derechos humanos han pedido su revocación. El doctor Sen es la quinta persona detenida en aplicación de esta ley en el estado de Chhattisgarh.

La Unión Popular por las Libertades Civiles ha declarado que la policía acusa a Binayak Sen de haber entregado cartas de Narayan Sanyal, dirigente del ilegalizado Partido Comunista de India (Maoísta), con el que se había entrevistado en la cárcel de Raipur el pasado mes, a Piyush Guha, presunto miembro del CPI (Maoísta) y detenido desde el 1 de mayo. En el momento de su detención, el doctor Sen dijo a los medios de comunicación que esta acusación no tenía fundamento, ya que las autoridades de la cárcel habían estado presentes en todo momento en su entrevista con Narayan Sanyal.

Según afirma la Unión Popular por las Libertades Civiles, además de al doctor Sen la policía ha hostigado y amenazado con la detención a otros dos miembros de esta organización, Rashmi Dwivedi y Gautam Bandopadhyay. Los tres han desarrollado una intensa labor de protección de los derechos de los adivasi frente a la escalada de violencia en Chattisgarh entre maoístas armados y Salwa Judummilicia antimaoísta que, según opinión general, está patrocinada por el gobierno del estado. El trabajo de estos tres defensores ha sido fundamental a la hora de sacar a la luz los homicidios ilegítimos de adivasi, las agresiones sexuales sufridas por las mujeres de esta comunidad tribal y las desapariciones de sus jóvenes. El último caso fue el homicidio ilegítimo de un grupo de adivasi en el poblado de Santoshpur, en la zona de selva de Bastar-Dantewada, el 31 de marzo.

Inicialmente, la policía del estado sostuvo que las víctimas de los homicidios de Santoshpur eran maoístas muertos en enfrentamiento armado, pero tras una prolongada campaña de las organizaciones de derechos humanos, el gobierno del estado ordenó una investigación policial. Tras la orden, en la primera semana de mayo se exhumaron los cadáveres de cinco adivasi, cuya autopsia confirmó que tres de ellos habían muerto por disparos a bocajarro, mientras que a los otros dos los habían matado a machetazos. Según los informes, aún hay otras siete personas de las que nada se sabe. Asimismo, los informes indican que al menos 600 adivasi residentes en Santoshpur y en el vecino poblado de Ponjer huyeron de la zona por temor a las represalias policiales tras los resultados de la investigación.

Sin embargo, el ministro del Interior de Chattisgarh, Ram Vichar Netam, ha descartado la detención de los policías cuya implicación en los homicidios ilegítimos se sospecha, ya que, según afirma, la policía libraba un combate contra los maoístas "en circunstancias extremadamente difíciles" en las selvas del distrito de Bastar-Dantewada. Según el Código de Procedimiento Penal de India, de 1973, la detención o el procesamiento penal de funcionarios públicos, incluidos agentes de policía y miembros de las fuerzas civiles o armadas, debe recibir la aprobación del gobierno de la Unión o de los estados. Las organizaciones de derechos humanos de India han pedido reiteradamente que esta ley se modifique para asegurar que los policías que violan los derechos humanos dejen de estar protegidos frente a un posible procesamiento.

El ministro afirmó también que el gobierno estatal no deseaba crear en Chattisgarh "una situación como la de Gujarat, en la que se detenga a los agentes que luchan contra los terroristas". (Recuérdese que seis agentes que habían formado parte de la Brigada Antiterrorista de la policía de Gujarat fueron detenidos recientemente acusados del homicidio de Sheikh Sohrabuddin, tachado posteriormente de terrorista, y de su esposa, Kausar Bi, en noviembre de 2005.)

Para Amnistía Internacional es motivo de honda preocupación que el gobierno de Chattisgarh no esté dando seguimiento la investigación policial mediante la apertura de actuaciones judiciales contra los policías presuntamente implicados en los homicidios ilegítimos de adivasi. Las investigaciones y las acciones de seguimiento son factores fundamentales para la prevención de nuevos homicidios ilegítimos. No cabe duda de que se desarrollará un clima de impunidad si no se procesa a los policías presuntos autores de estos crímenes y se condena a los responsables.

Amnistía Internacional desea también recordar al gobierno de India (gobierno de la Unión) y al de Chattisgarh que tienen la obligación de proteger el derecho a la vida, garantizado por el artículo 21 de la Constitución de India y el derecho internacional de los derechos humanos.

El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". El Artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que India es Estado Parte, dispone: "El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente", mientras que el artículo 4 de este mismo instrumente señala que dicho derecho no puede ser suspendido ni siquiera "[e]n situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación". Los homicidios ilegítimos y extrajudiciales vulneran claramente el derecho a la vida. El gobierno indio ratificó el PIDCP en 1979. Al ratificar un tratado internacional que consagra el derecho a al vida, India está obligada no sólo a respetarlo por principio, sino también a asegurarse de que no es violado en la práctica. El PIDCP impone a los Estados un deber claro de investigar las presuntas violaciones del derecho a la vida "de modo rápido, detallado y efectivo por organismos independientes e imparciales".

Recomendaciones

Amnistía Internacional pide al gobierno de la Unión y al de Chattisgarh que:

· pongan en libertad inmediatamente al doctor Sen salvo que esté acusado de algún delito común reconocible, y tomen medidas urgentes para poner fin al hostigamiento que sufren los demás defensores y defensoras de los derechos humanos en el estado;

· continúen con la investigación sobre los homicidios ilegítimos de Santoshpur y aprueben la detención y el procesamiento penal de los policías sospechosos de implicación en ellos;

· Se aseguren de que la investigación se ajusta plenamente a los requisitos del principio 18 de los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, de las Naciones Unidas;

y

· indemnicen adecuadamente a la familia y las personas dependientes de todas las víctimas según el Principio 20 de los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias y las directrices dadas en 1997 y 2003 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la India.

Información complementaria

Desde 2005, en Chhattisgarh, especialmente en las zonas de selva de Bastar-Dantewada, han aumentado los episodios de violencia entre los maoístas y Salwa Judum. La población civil es habitualmente objetivo de ambos bandos, lo cual ha provocado al menos 300 muertes. Además, 45.000 adivasi desplazados de sus hogares se han visto obligados a vivir en campos especiales donde corren más peligro de ser víctimas de actos violentos.

El gobierno del estado de Chhattisgarh afirmó que la aprobación de la CSPSA tenía por objeto actuar contra los maoístas. Las organizaciones de derechos humanos indias han exigido la revocación de esta ley, que contiene varias disposiciones similares a las de la POTA, como:

· violación del principio de certeza en el derecho penal (con una definición imprecisa de lo que se considera pertenencia y apoyo a organizaciones terroristas o ilegales);

· ausencia de salvaguardias preprocesales (con insuficientes salvaguardias en el momento de la detención, riesgo de tortura, obstáculos para comunicarse de forma confidencial con los abogados);

· imposibilidad en la práctica de conseguir la libertad bajo fianza, pues no se contempla la presentación de recursos ni la revisión de la detención;

· amenazas a la libertad de expresión; y

· amenazas a la libertad de asociación.

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