AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: ASA 21/052/2004 (Público)

Servicio de Noticias: 315/04

6 de diciembre de 2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA210522004

Indonesia: La impunidad sigue arraigada en Papúa, cuatro años después de las redadas de Abepura

Al cumplirse el cuarto aniversario de las redadas de Abepura, durante las cuales la policía indonesia dio muerte a tiros a un estudiante, torturó a otros dos hasta causarles la muerte e infligió malos tratos a aproximadamente un centenar más, poco se ha hecho para mejorar la situación de los derechos humanos en Papúa. La impunidad de la que disfrutan las fuerzas de seguridad sigue arraigada, y la justicia es escasa o tardía para las víctimas.

El 7 de diciembre de 2004, las víctimas de las redadas de Abepura y sus familiares se reúnen una vez más en Papúa para recordar los hechos y pedir al presidente que asegure que continuarán debidamente los juicios contra dos agentes de policía acusados en relación con el incidente. La ansiedad que sienten estas personas respecto de estos juicios es comprensible. La investigación inicial, llevada a cabo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas HAM), se vio obstaculizada por la ausencia de cooperación de la policía y la intimidación de los testigos. Transcurrieron más de dos años entre la presentación del informe de la investigación a la Fiscalía General y el inicio de las actuaciones judiciales. Cuando finalmente se dictaron los autos de procesamiento, sólo se inculpaba en ellos a dos de los 25 sospechosos mencionados en el informe preliminar. Durante todo el proceso, se permitió que los policías cuya conducta se investigaba continuaran en servicio activo.

No obstante, los juicios, que dieron comienzo en mayo de 2004 en Makassar ante el Tribunal de Derechos Humanos (órgano de carácter permanente), constituyen un paso positivo. Se ha trasladado por vía aérea a víctimas y otros testigos a fin de que puedan prestar declaración. No se ha recibido ningún informe que indique que hayan sido hostigados o intimidados en la sala del juicio. Esto ya constituye una considerable mejora respecto de los juicios celebrados anteriormente ante tribunales especiales de derechos humanos.

Pero los retrasos y la falta de transparencia han socavado el impacto de este proceso sobre la impunidad de la que disfrutan las fuerzas de seguridad en Papúa, y no presagian nada bueno para los demás casos que se están investigando actualmente, y mucho menos para la gran mayoría de las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en Papúa cuya investigación ni siquiera ha comenzado.

En septiembre de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos elevó a la Fiscalía General dos informes en los que se presentaban indicios de que miembros de las fuerzas de seguridad habían cometido crímenes contra la humanidad en Papúa en dos ocasiones.

El primer informe se refería a una serie de redadas policiales llevadas a cabo en 2001 en localidades del subdistrito de Wasior, en el curso de las cuales, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuatro civiles fueron víctimas de homicidio, una civil fue violada, cinco personas “desaparecieron” y muchas fueron torturadas. Se ha nombrado como sospechosos a 18 agentes de policía. El segundo informe trataba de una serie de redadas militares en localidades del subdistrito de Wamena durante las cuales, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 9 civiles fueron víctimas de homicidio, 38 fueron torturados, 15 fueron detenidos arbitrariamente y miles, desplazados de sus pueblos, acabaron en campos de refugiados en los que 42 personas murieron de hambre y agotamiento. Se ha nombrado como sospechosos a unos 168 miembros de las fuerzas armadas.

Si el caso de Abepura puede tomarse como indicio, podrían pasar varios años antes de que cualquiera de estos dos casos llegue a juicio. La decisión sobre cuáles de los sospechosos serán acusados formalmente –o sobre si se acusará a alguno– la tomará la Fiscalía General, lejos del examen de la opinión pública, y los sospechosos continuarán en servicio activo.

Mientras tanto, en Papúa, las consecuencias de la impunidad de la que disfrutan las fuerzas de seguridad son inmediatas y visibles y exigen que se actúe de forma urgente e integral.

Como lo demuestran los hechos acaecidos recientemente en el distrito de Puncak Jaya, el legado de la impunidad institucionalizada de la que han disfrutado las fuerzas de seguridad indonesias en Papúa no sólo fomenta la posible repetición de los elementos que caracterizaron a los casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado sino que además produce una atmósfera de desconfianza, inseguridad y temor.

Según los informes recibidos, el 17 de agosto de 2004 las tropas militares comenzaron operaciones en el distrito de Puncak Jaya, en respuesta a informes de inteligencia que indicaban que un grupo vinculado con la agrupación armada de oposición Movimiento Papúa Libre estaba actuando en la zona. Desde entonces se han recibido informes de Puncak Jaya sobre ejecuciones extrajudiciales, ataques lanzados por grupos armados, destrucción generalizada de bienes y desplazamiento forzado de millares de habitantes obligados a refugiarse en la selva, donde están expuestos al hambre y las enfermedades.

Dadas las dificultades para llegar a este distrito remoto, resulta difícil confirmar estos datos. Los informes indican que al menos seis personas han sido víctimas de homicidio desde agosto, pero las circunstancias que rodearon su muerte y la posible autoría de los homicidios siguen siendo un asunto sin aclarar.

El 14 de septiembre, Elisa Tabuni, pastor local, fue asesinado a tiros. Un familiar suyo, que estaba presente, también recibió disparos -en el cráneo–, pero quedó con vida. Las fuerzas armadas mantienen que Elisa Tabuni fue detenido cuando unos soldados llegaron a un baluarte del Movimiento Papúa Libre y que Tabuni murió en el fuego cruzado que estalló durante un combate que se produjo cuando los soldados se retiraban de la zona. Sin embargo, grupos comunitarios y religiosos locales afirman que los soldados detuvieron a Tabuni en el edificio de una iglesia, que le ataron las manos y que, después, lo mataron a tiros.

El 12 de octubre, un convoy de vehículos que trasladaban a trabajadores de la construcción a la capital del distrito de Mulia fue víctima de una emboscada a manos de un grupo de hombres armados. Al menos cinco conductores de vehículos murieron por disparos. Un mes después, el 12 de noviembre, un equipo de ayuda humanitaria que distribuía alimentos y ayuda médica en la zona fue atacado, según informes, en el camino de Mulia, por un grupo de aproximadamente cien papúos que llevaban hachas y espadas. Un agente de policía que formaba parte del equipo fue víctima de homicidio, dos funcionarios del gobierno local resultaron gravemente heridos, y al menos otras ocho personas resultaron lesionadas.

La identidad de los responsables de ambos incidentes no se ha aclarado. Las fuerzas armadas se han apresurado a culpar de los atentados al Movimiento Papúa Libre, pero los dirigentes comunitarios y religiosos locales no están tan seguros de que los hechos hayan ocurrido de esta manera, y han pedido que el caso se investigue a fin de que se pueda determinar la identidad de los responsables y de quienes los hayan apoyado o ayudado.

Según informes, tras los atentados se han desplegado contingentes adicionales de la policía y las fuerzas armadas a fin de asegurar el control de la zona y la seguridad de sus habitantes. No obstante, los grupos locales han pedido al gobierno que retire las tropas de la zona, asegurando que sólo ellos pueden garantizar la seguridad de sus habitantes. Además, mientras un funcionario local del Estado afirmaba, según informes, que era necesario evacuar a todos los residentes de la zona debido al incremento de las actividades del Movimiento Papúa Libre, los líderes comunitarios y religiosos temían que los residentes hubieran huido de sus localidades debido a las redadas militares y que, a causa de ello, no se atrevieran a regresar a sus hogares.

La desconfianza de las fuerzas de seguridad es consecuencia de una larga historia de violaciones de derechos humanos y de la incapacidad casi total de llevar a los responsables ante las autoridades judiciales. Las redadas ocurridas en Abepura, Wasior y Wamena se llevaron a cabo en respuesta a los ataques de los grupos armados. En todos estos casos, los civiles que se convirtieron en victimas de las represalias no habían participado, según informes, en ninguno de los ataques iniciales.

Amnistía Internacional acoge positivamente las recientes declaraciones públicas del presidente de Indonesia según las cuales el primer mandatario instaba a las fuerzas armadas que actuaban en Puncak Jaya a asegurar que reducirían al mínimo las consecuencias de las operaciones que emprendieran sobre la población civil. Pero estas promesas no son suficientes para el futuro. La única solución posible para este cuadro alarmante de violaciones de derechos humanos consiste en poner fin a la impunidad y hacer justicia en los casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Esto exige que se den pasos inmediatos y concretos para abordar la situación.

Amnistía Internacional pide que el gobierno indonesio lleve a cabo una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre los informes de violaciones de derechos humanos en el distrito de Puncak Jaya. En general, todos los informes sobre violaciones de derechos humanos atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad o a grupos respaldados o controlados por ellos deben ser investigados de inmediato y efectivamente por un órgano fiable e imparcial que sea independiente de la policía o las fuerzas armadas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Asimismo, y en relación con los casos que ya han sido objeto de investigación, incluidos los de Wamena y Wasior, Amnistía Internacional pide a la Fiscalía General que revise los informes, y, de ser oportuno, considere que dictar autos de procesamiento en estos casos constituye la máxima prioridad. Al asignar prioridad a estos casos, el gobierno demostrará, especialmente a los miembros de las fuerzas de seguridad, la gravedad que asigna a las violaciones de derechos humanos. Todas las personas sobre las cuales se cuente con suficientes indicios de participación en la comisión de violaciones contra los derechos humanos deben ser puestas a disposición judicial.

En todos estos casos, los miembros de las fuerzas de seguridad a los que se impute la comisión de violaciones contra los derechos humanos deben ser suspendidos de cualquier puesto que los coloque en una posición de autoridad mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Finalmente, Amnistía Internacional considera que los juicios sobre Abepura deben continuar sin más dilación. Si los hechos ocurridos en Abepura se hubieran abordado de inmediato y se hubiera pedido cuentas a sus responsables, la situación de los derechos humanos en Papúa habría cambiado sustancialmente.