Declaración pública

Índice AI: ASA 21/122/2002/s (Público)

Servicio de Noticias 153/02

2 de septiembre de 2002

Indonesia: Los ataques perpetrados en Papúa no pueden justificar la comisión de violaciones de derechos humanos

Tras el ataque armado perpetrado en la provincia de Papúa el sábado 31 de agosto en el que tres personas resultaron muertas, Amnistía Internacional ha instado hoy al gobierno de Indonesia a que respete los derechos humanos en las operaciones que lleve a cabo para detener a los responsables.

Un ciudadano indonesio y dos estadounidenses resultaron muertos cuando un grupo de hombres armados abrió fuego contra los vehículos en los que estos viajaban en las inmediaciones de la gran mina de oro y cobre explotada por la empresa estadounidense PT Freeport Indonesia que se halla en Tembagapura, distrito de Mimika, provincia de Papúa (anteriormente conocida como Irian Jaya). Según los informes recibidos, los tres hombres eran profesores de una escuela internacional para empleados de PT Freeport. Al menos otra decena de personas resultaron heridas en el ataque. En la operación militar destinada a encontrar a los autores del ataque ha resultado muerta ya una persona que, según observadores locales de derechos humanos, pudo haberse tratado de un civil ajeno al grupo armado.

Amnistía Internacional ha condenado el ataque, al igual que condena todo ataque contra civiles perpetrado por grupos armados o las fuerzas de seguridad del Estado. Las autoridades indonesias tienen el deber de hacer comparecer ante la justicia a los responsables. No obstante, la organización ha advertido de que no se debe utilizar el incidente para justificar las operaciones indiscriminadas contra civiles papúes, incluso cuando se trate de activistas independentistas. Los ataques armados perpetrados en el pasado han dado lugar a la comisión de violaciones graves de los derechos humanos de la población civil por parte de las fuerzas armadas indonesias.

Las autoridades indonesias han atribuido la responsabilidad del ataque al grupo armado de oposición Movimiento Papúa Libre y han emprendido operaciones militares para capturar a los responsables. Según información sin confirmar aparecida en la prensa, ya han sido detenidas 15 personas. En Papúa la práctica de torturar a los detenidos es habitual y se teme seriamente por la seguridad de los detenidos durante el curso de esta operación.

El Movimiento Papúa Libre ha negado su implicación en los homicidios del 31 de agosto. Algunos observadores locales han expresado también dudas al respecto, entre otras razones, porque no se cree que dicho grupo armado, cuyos miembros en su mayor parte utilizan armas rudimentarias, como arcos y flechas, disponga de armas y munición suficientes para llevar a cabo un ataque de esas características. Según ha informado la prensa, en el ataque se emplearon fusiles automáticos M16 y SS1, armas éstas que las fuerzas de seguridad indonesias utilizan habitualmente.

Se ha sugerido la posibilidad de que el ejército hubiese respaldado los ataques. No sería la primera vez que recaen sospechas sobre las fuerzas armadas indonesias de haber provocado ataques armados u otros disturbios en Papúa o en otros lugares de Indonesia durante los últimos años.

La falta de claridad en relación con las circunstancias en que se produjeron los homicidios pone de manifiesto la necesidad de realizar de inmediato una investigación imparcial y eficaz sobre el incidente. A los presuntos autores se les deberá acusar formalmente de un delito común reconocible y juzgar conforme a las normas internacionales de imparcialidad procesal.

Por su parte, la compañía PT Freeport tiene la obligación de asegurarse de que se lleva a cabo una investigación independiente y eficaz, y debe ejercer presión sobre el gobierno indonesio para que garantice que el equipo encargado de la investigación dispone del mandato, los recursos, los conocimientos y la experiencia necesarios. Habida cuenta de que las investigaciones realizadas en el pasado por las autoridades indonesias han suscitado preocupación en cuanto a su credibilidad, se debe subrayar la necesidad de garantizar la imparcialidad de los miembros del equipo de investigación. La inclusión de expertos independientes internacionales aportaría credibilidad a tal investigación. Por otra parte, los resultados de la investigación se deben hacer públicos.

La empresa PT Freeport debe asimismo utilizar su influencia para disuadir a las fuerzas de seguridad indonesias de cometer violaciones de derechos humanos durante el curso de toda operación dirigida a capturar a los responsables del homicidio de los tres profesores. Debe garantizar que los miembros de las fuerzas de seguridad que protegen las operaciones de extracción minera han recibido formación en materia de aplicación práctica de las normas de derechos humanos y, en ningún caso, debe suministrar material a las fuerzas de seguridad indonesias a menos que pueda garantizar que tal material no se empleará para cometer violaciones de derechos humanos ni se vinculará de forma alguna a tal fin.

Información general

En Papúa existe una oposición a la dominación indonesia desde la década de los sesenta, cuando la autoridad sobre el territorio, a cargo entonces de los Países Bajos, fue transferida a Indonesia y posteriormente confirmada en un referéndum celebrado en 1969 bajo la supervisión de la ONU y que muchos papúes consideraron fraudulento. Las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad indonesias para reprimir la insurrección de los independentistas han dado lugar a la comisión de violaciones graves de derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», torturas y detenciones arbitrarias.

A raíz del homicidio de nueve personas, entre las que se hallaban cinco miembros de la Brigada Móvil de Policía, perpetrado en el distrito de Manokwari el año pasado, la Brigada Móvil llevó a cabo una operación de seis meses de duración durante la cual se cree que al menos siete personas fueron ejecutadas extrajudicialmente. Una de ellas murió bajo custodia policial a causa de las torturas de que fue víctima y otras 140 aproximadamente fueron detenidas y sufrieron torturas u otros malos tratos. También se cometieron violaciones graves de derechos humanos durante las operaciones militares de dos años de duración que se realizaron tras la liberación de un grupo de investigadores nacionales e internacionales a los que el Movimiento Papúa Libre había tomado como rehenes en el distrito de Mapnduma en 1996.

El brazo armado del Movimiento Papúa Libre, el Ejército de Liberación Nacional, también ha cometido abusos contra los derechos humanos en el pasado, entre otros, el citado secuestro llevado a cabo en 1996 en el distrito de Mapnduma y el homicidio de colonos procedentes de otros lugares de Indonesia cometido en la ciudad de Wamena en octubre del 2000. El Ejército de Liberación Nacional también ha perpetrado ataques ocasionales contra puestos militares y policiales. La empresa Freeport ha sufrido diversos ataques contra sus instalaciones a lo largo de los años, algunos de los cuales se han atribuido al Movimiento Papúa Libre. No obstante, el homicidio de ciudadanos extranjeros supondría un marcado cambio con respecto a los actos realizados anteriormente por dicho grupo armado.

La explotación de recursos naturales por empresas nacionales e internacionales ha alimentado las reivindicaciones de independencia. Las explotación minera PT Freeport ha ocupado un lugar central en esta controversia ya que con frecuencia se ha acusado a las operaciones de esta empresa de menoscabar los derechos de la población indígena y de destruir el medio ambiente. A mediados de la década de los noventa se difundieron ampliamente pruebas de que las fuerzas de seguridad indonesias destacadas en la empresa minera PT Freeport habían cometido violaciones de derechos humanos.

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