26 de junio del 2000 Servicio de Noticias 124/00

Índice AI: ASA 24/002/2000 Documento público

Amnistía Internacional insta a los dirigentes coreanos a respetar los derechos humanos

El presidente de Corea del Sur, Kim Dae-jung, y su gobierno deben abolir la Ley de Seguridad Nacional o modificarla con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, según ha afirmado hoy Amnistía Internacional tras la cumbre sin precedentes celebrada entre las dos Coreas del 13 al 15 de junio del 2000.

Los dirigentes de Corea del Norte y Corea del Sur han firmado una declaración conjunta para poner fin a la tensa situación reinante en la península coreana. Han acordado intercambiar visitas en grupo de familias separadas, resolver el problema de los presos que llevan largos periodos privados de libertad y ampliar la cooperación económica intercoreana, así como intercambios y cooperación en todas las áreas.

Amnistía Internacional ha acogido con agrado esta declaración que, una vez llevada a la práctica, significará también una mejora de la situación de los derechos humanos en la península de Corea.

Por otra parte, la organización ha expresado gran inquietud por el secreto que el gobierno norcoreano mantiene sobre los derechos humanos y por el hecho de que siga impidiendo la entrada al país de observadores internacionales de derechos humanos. Además, la organización ha expresado temor por los varios centenares de solicitantes de asilo norcoreanos que el gobierno chino ha devuelto a Corea del Norte. Estas personas, que huían de la hambruna en Corea del Norte, se enfrentan al encarcelamiento e incluso a la pena de muerte según el derecho penal norcoreano. Las ejecuciones públicas, las condiciones inhumanas en cárceles y centros de detención y la tortura en Corea del Norte siguen siendo motivos de gran preocupación para Amnistía Internacional.

«Después de la cumbre, la Ley de Seguridad Nacional de Corea del Sur puede convertirse en un obstáculo para el estrechamiento de las relaciones entre ambas Coreas —ha afirmado Amnistía Internacional—; consideramos positivo el descenso del número de presos políticos con el gobierno del presidente Kim Dae-jung, pero que siga vigente la Ley de Seguridad Nacional comporta la amenaza de suprimir la disidencia política.»

Los grupos de oposición política son objeto de persecución y sus miembros son detenidos y encarcelados en aplicación de las ambiguas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. A fecha del 31 de marzo del 2000, 67 de 88 presos políticos han sido detenidos o condenados en aplicación de esta ley.

Actualmente la mayoría de las detenciones se realizan en aplicación del artículo 7 de la citada ley, que establece penas de hasta siete años de cárcel por los delitos de «elogiar» y «beneficiar» a Corea del Norte, definidos de forma imprecisa. La ley establece también largas penas de prisión y hasta la pena de muerte por actividades «antiestatales» o de «espionaje» referidas a aquellos surcoreanos que apoyan o ayudan a Corea del Norte. Estos términos no están claramente definidos y a menudo se utilizan para encarcelar a personas injustamente. Más aún, la mayoría de los detenidos en aplicación de esta ley son privados de libertad por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación. Además, el artículo 10 de la ley se refiere a quienes no informan a las autoridades investigadoras sobre la presencia de espías enviados por Corea del Norte.

Entre octubre y noviembre de 1999, tras examinar el informe inicial de Corea del Sur de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por el país, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó a Corea del Sur la retirada progresiva de la Ley de Seguridad Nacional. Asimismo pidió al gobierno coreano que modificara con urgencia el artículo 7 para hacerlo compatible con el Pacto.

Amnistía Internacional considera que el respeto de la libertad de expresión y de asociación tendrá una gran importancia a la hora de promover el entendimiento mutuo en el desarrollo de las relaciones intercoreanas. La organización ha instado al gobierno de Corea del Sur a tomar la iniciativa en la consolidación de los logros del acuerdo alcanzado en la cumbre, y a abolir o revisar por completo la Ley de Seguridad Nacional de conformidad con las normas internacionales. Asimismo ha pedido al gobierno de Corea del Norte que acabe con el secreto que rodea los asuntos de derechos humanos y autorice la entrada al país de observadores internacionales de derechos humanos.

Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro.