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ÍNDICE AI: ASA 25/22/99/s

16 de agosto de 1999

DECLARACIÓN PÚBLICA

República de Corea (Corea del Sur)

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la liberación de presos políticos pero ve con preocupación que no han cesado las detenciones

en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional

Amnistía Internacional ha acogido positivamente la liberación de 56 presos políticos en Corea del Sur, pero ve con preocupación que quedan en el país más de 190 presos políticos, encarcelados en muchos casos en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, a la que se sigue recurriendo para reprimir el activismo estudiantil y político.

Entre las personas liberadas estaban Ahn Jae-ku, de 66 años, y Yu Rak-jin, de 70, que cumplían largas condenas de cárcel en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y a quienes Amnistía Internacional habían adoptado como presos de conciencia.

Pero se sigue negando la libertad a muchos otros presos políticos. Entre los que continúan entre rejas figuran nueve activistas sindicales y políticos detenidos el año pasado por cargos de haber constituido el «Comité Youngnam», grupo que supuestamente simpatiza con Corea del Norte. Amnistía Internacional continuará trabajando para conseguir la liberación de estos nueve presos y de todas las demás personas encarceladas en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional debido a sus actividades políticas y sociales pacíficas.

Durante un discurso dirigido a la población surcoreana el 15 de agosto, día en que se celebra la independencia nacional, el presidente Kim Dae-jung manifestó una vez más que el gobierno se proponía revisar la Ley de Seguridad Nacional. Amnistía Internacional recibe con satisfacción el renovado compromiso del presidente con la reforma de esta medida legislativa, pero considera que la enmienda debe llevarse a cabo de inmediato si se quiere evitar que ocurran más violaciones de derechos humanos. La organización ha hecho reiterados llamamientos para que se efectúen cambios de peso a la Ley de Seguridad Nacional a fin de ajustarla a las normas internacionales o que se proceda directamente a su abolición.

El empleo de esta ley es arbitrario y no coincide con la «política de la luz» aplicada por el gobierno para suavizar las restricciones que pesan sobre los contactos civiles con Corea del Norte. Según informes, durante los últimos días la fiscalía ha amenazado con invocar la Ley de Seguridad Nacional para acusar formalmente a un grupo de sindicalistas que visitó Corea del Norte para asistir a un partido de fútbol con la autorización previa del gobierno.

El 15 de agosto se permitió que numerosos ciudadanos formaran un cadena desde Seúl hasta la localidad fronteriza de Panmunjon, pero en la Universidad Nacional de Seúl se desplegó un contingente de millares de policías antidisturbios a fin de impedir que los estudiantes emprendieran una marcha hacia la frontera. La operación dio lugar a enfrentamientos que culminaron con la detención de varios centenares de estudiantes.

Amnistía Internacional también consideró positiva la noticia de que se han conmutado varias condenas de muerte, pero ha instado al gobierno a que adopte medidas concretas para abolir la pena capital.

La organización de derechos humanos reconoce que durante el último año se han producido mejoras en la orientación del gobierno surcoreano en materia de derechos humanos, pero considera que aún queda mucho camino por recorrer. El persistente abuso de la Ley de Seguridad Nacional para detener a estudiantes, activistas sindicales y otras personas debido a sus actividades pacíficas es un ejemplo más de la necesidad de efectuar reformas fundamentales y duraderas.

Información general

Desde que el presidente Kim Dae-jung ocupó su cargo en febrero de 1998, más de 200 presos políticos —que en numerosos casos llevaban mucho tiempo encarcelados— han recuperado su libertad tras la promulgación de una serie de amnistías. Amnistía Internacional ha considerado constructivo éste y otros pasos que ha dado el gobierno para mejorar la situación de los derechos humanos en Corea del Sur.

No obstante, la organización de derechos humanos continúa haciendo llamamientos para que se libere a todos los presos políticos encarcelados únicamente debido a sus actividades políticas y sociales pacíficas, y ha exhortado a las autoridades a que enmienden varias leyes, incluida la Ley de Seguridad Nacional, que violan los derechos fundamentales de la persona.

En septiembre de 1998, el presidente Kim Dae-jung comunicó a Amnistía Internacional que el gobierno se proponía reformar la Ley de Seguridad Nacional. También señaló que se oponía a la pena de muerte pero que era necesario llevar a cabo más consultas populares para poder proceder a su abolición.

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