AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: ASA 33/004/2009
19 de junio de 2009

Pakistán: El presidente Zardari debe conmutar las penas de muerte en el cumpleaños de Benazir Bhutto

El 21 de junio de 2008, en el aniversario del nacimiento de la ex primera ministra asesinada Benazir Bhutto, el primer ministro Yousaf Raza Gilani propuso a la Asamblea Nacional que se conmutaran todas las penas de muerte en Pakistán por cadena perpetua.

Amnistía Internacional pide al presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, —viudo de Benazir Bhutto— que conmemore el aniversario del nacimiento de su esposa y el primer aniversario de la propuesta del primer ministro Gilani conmutando de inmediato todas las penas de muerte por penas de cárcel. La Constitución faculta al presidente para conmutar penas de muerte sin demora.

A Amnistía Internacional le resulta alentador el descenso en el número de condenas a muerte y ejecuciones en Pakistán en 2008. Sin embargo, este país continúa aplicando la pena capital y unos 7.500 presos siguen en espera de ejecución. Se calcula que en 2008 fueron condenadas a muerte 236 personas, y 36 de ellas fueron ejecutadas. Dieciséis de estas ejecuciones se llevaron a cabo después de la declaración de junio del primer ministro.  

Estas ejecuciones, junto con la Ordenanza para Evitar los Delitos Electrónicos, de 2008, que castiga con la muerte “el delito de ciberterrorismo” cuando causa víctimas mortales, desafían el espíritu de la propuesta de conmutación del primer ministro Gilani.  

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y sin excepción, por considerarla la forma extrema de pena cruel, inhumana y degradante y una violación del derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos. La pena capital legitima un acto irreversible de violencia cometido por el Estado y se cobra inevitablemente víctimas inocentes, como se ha demostrado una y otra vez.  

Las investigaciones de Amnistía Internacional demuestran que los tribunales inferiores de Pakistán suelen imponer la pena capital por asesinato esperando que la sentencia no se ejecute, pues las familias suelen llegar a un compromiso y perdonar al presunto autor del delito, que queda en libertad en aplicación de las disposiciones de qisas del derecho paquistaní. En ocasiones, las negociaciones sobre la indemnización continúan mientras el reo está listo para ser colgado.  

La ley sobre asesinato y lesiones físicas basada en los principios de qisasy diyat(castigo y “dinero de sangre” en forma de indemnización económica) es discriminatoria en la práctica: las personas ricas y poderosas suelen tener medios para conseguir el perdón de la familia de la víctima, y por tanto conseguir la libertad del condenado, mientras que los condenados cuyas familias son pobres y no tienen influencias suelen ser ejecutados.  

El relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias ha ahondado sobre esta idea, señalando que en los casos de pena de muerte en los que sólo existe el perdón privado a través de la diyat, es casi seguro que se producirán graves violaciones del derecho al debido proceso en situaciones en las que no se concede el perdón. En la medida en que el procedimiento no contemple un fallo definitivo dictado por un tribunal de justicia, ni el derecho a pedir el indulto o la conmutación de la pena a las autoridades del Estado, se violarán las exigencias del derecho internacional. En los casos en que existe la posibilidad del perdón mediante el pago de la diyat, ésta debe ser complementada por un sistema público independiente para poder solicitar el indulto o la conmutación de las autoridades. (Véase el informe del relator especial ante la Asamblea General de la ONU, A/61/311, párrafo 61.)

La preocupación de Amnistía Internacional ante el gran número de penas de muerte dictadas en Pakistán aumenta debido al hecho de que muchas de ellas parecen imponerse tras juicios sin garantías, caracterizados por la falta de acceso a asistencia letrada y la admisión de pruebas inadmisibles en virtud del derecho internacional, también en tribunales especiales. Los miembros de minorías religiosas parecen desproporcionadamente vulnerables a la discriminación y a la aplicación de sentencias condenatorias y erróneas en casos de pena capital.

El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 62/149 sobre “Moratoria del uso de la pena de muerte” por 104 votos a favor, 54 en contra y 29 abstenciones. El anterior gobierno de Pakistán del presidente Pervez Musharraf votó en contra,. Un año después se aprobó una segunda resolución sobre la moratoria, la 63/168, con un margen de apoyo aún mayor. A Amnistía Internacional le decepcionó que Pakistán votara también en contra a pesar de la promesa hecha el 21 de junio de 2008 por el primer ministro Gilani respecto a la conmutación de las penas de muerte.

Instamos al presidente de Pakistán a que siga la propuesta de conmutación del primer ministro Gilani y el ejemplo dado por la fallecida primera ministra Benazir Bhutto, que poco después de su elección en 1988 conmutó todas las condenas a muerte por cadena perpetua.

En todo el mundo cobra impulso la iniciativa de acabar con la pena capital. A día de hoy, 139 países han abolido este castigo en la ley o en la práctica, entre ellos Sri Lanka, Filipinas y Nepal. Pakistán envió una señal positiva adhiriéndose a tres tratados de derechos humanos en abril del año pasado.

Amnistía Internacional pide ahora al presidente de Pakistán que aproveche la ocasión de la fecha del nacimiento de Benazir Bhutto y, un año después de la propuesta de conmutación, conmute todas las penas de muerte por penas de prisión como primer paso hacia la abolición de la pena capital.

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