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ÍNDICE AI: ASA 34/03/97/s

FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 DE FEBRERO DE 1997

BOUGAINVILLE: LA ACTUACIÓN INTERNACIONAL, FUNDAMENTAL ANTE LAS CONTINUAS VIOLACIONES

SYDNEY -- Los homicidios ilegítimos y deliberados y las «desapariciones» continúan aumentando en la provincia de Bougainville de Papúa-Nueva Guinea, mientras la comunidad internacional hace oídos sordos al conflicto que se desarrolla en la zona, según afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.

«Las promesas hechas por las autoridades de Papúa-Nueva Guinea de poner fin a las violaciones han resultado vanas», ha afirmado Amnistía Internacional. «Es hora de que la comunidad internacional pida responsabilidades a Papúa-Nueva Guinea por la actuación de sus fuerzas de defensa.»

El informe, de cincuenta páginas, se basa en el primer viaje de investigación realizado por Amnistía Internacional a la provincia, aunque las autoridades negaron a la organización el permiso para desplazarse a la isla de Bougainville.

Tras ocho años de conflicto en Bougainville entre la Fuerza de Defensa de Papúa-Nueva Guinea y el Ejército Revolucionario de Bougainville (ERB), partidario de la independencia, en opinión de Amnistía Internacional las autoridades del país no están haciendo prácticamente nada para detener las violaciones de derechos humanos en la provincia.

La Fuerza de Defensa y los miembros de las Fuerzas de Resistencia, apoyadas por el gobierno, fueron responsables, sólo en 1996, de al menos 44 homicidios o «desapariciones» ilegítimos o indiscriminados.

«La falta de disciplina, la debilidad de la cadena de mando y el poco interés por responsabilizar a los individuos de sus acciones han creado una cultura de la impunidad en Bougainville y contribuido a que continúe el ciclo de violaciones», afirma Amnistía Internacional.

A la organización de derechos humanos le preocupa especialmente el hecho de que la Fuerza de Defensa de Papúa-Nueva Guinea y las Fuerzas de Resistencia operan prácticamente al margen del examen de la opinión pública a causa de las restricciones de acceso que las autoridades han impuesto a los medios de comunicación y los observadores independientes de derechos humanos. El gobierno ha hecho muy poco para investigar las violaciones de derechos humanos: Amnistía Internacional sólo sabe de un caso desde 1989 que las autoridades hayan investigado minuciosamente, y de ninguno que haya dado origen a una actuación judicial.

El ERB también ha perpetrado homicidios deliberados y arbitrarios, documentados en el informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en la provincia. Amnistía Internacional condena estos abusos, y pide al ERB que respete el derecho internacional humanitario, deje de tomar rehenes y evite los homicidios deliberados o arbitrarios.

La organización solicita a los gobiernos representados en el próximo 53 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que presionen a las autoridades de Papúa-Nueva Guinea para que pongan fin a las violaciones en Bougainville, juzguen a los infractores y hagan justicia con las víctimas. Aunque el gobierno de Papúa-Nueva Guinea no ha aplicado plenamente anteriores resoluciones de la Comisión, la cuestión de Bougainville no se debatió en la sesión de 1996.

«Los habitantes de Bougainville tienen derecho a la justicia. La comunidad internacional no puede cerrar los ojos ante la falta de respeto que muestra el gobierno de Papúa-Nueva Guinea hacia los derechos humanos en Bougainville», ha declarado Amnistía Internacional.