Amnistía Internacional

Comunicado de prensa

Índice AI: ASA 35/008/2006 (Público)

Servicio de Noticias 211/06

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA350082006

Fecha de embargo: 00:01 horas GMT del 15 de agosto de 2006

Filipinas: Riesgo de una espiral de represalias por el creciente número de homicidios políticos

El número de homicidios políticos cometidos en Filipinas está aumentando por segundo año, siendo ya 51 los perpetrados en el primer semestre de 2006, frente a los 66 de que tuvo noticia Amnistía Internacional en todo 2005. Los líderes de la insurgencia armada han amenazado con formar grupos dedicados a cometer asesinatos como represalia.

Los homicidios siguen una pauta –los autores son individuos no identificados, que disparan contra miembros de partidos de izquierdas y huyen luego en una motocicleta– y se cometen en el contexto de una intensa operación de contrainsurgencia. El gobierno filipino no protege a las personas, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.

"Para contener esta sucesión de homicidios hace falta auténtica voluntad política a fin de garantizar que se inician procesamientos en todos los casos, no sólo en los 10 que la presidenta Arroyo ha pedido recientemente que se vean en 10 semanas”, ha manifestado Tim Parritt, investigador sobre el Sureste Asiático de Amnistía Internacional.

Raras veces se acusa formalmente, detiene o procesa a los asesinos. Amnistía Internacional teme que el hecho de que haga tanto tiempo que no se juzga ni condena a presuntos autores de violaciones de derechos humanos esté teniendo efectos corrosivos en la confianza popular en el Estado de derecho.

Sólo en 3 de los 114 homicidios registrados desde 2001 por el grupo especial Usig –unidad que coordina las investigaciones sobre homicidios políticos—ha detenido la policía a sospechosos, y no se tiene noticia de se haya dictado sentencia condenatoria en relación con ninguno.

"Resolver estos delitos no significa simplemente que la policía presente al fiscal un informe. Supone hacer una investigación independiente y efectiva, seguida de un juicio justo y del castigo de los responsables. Sólo entonces podrá decirse que se ha hecho justicia”.

El reverendo Edison Lapuz, miembro del consejo nacional de su iglesia, trabajaba en favor de los derechos de los campesinos y los pescadores y era coordinador regional del partido político Bayan Muna. Había emprendido acciones para pedir justicia por el homicidio de un abogado local de derechos humanos, Felidito Dacut, a quien dos hombres montados en una motocicleta habían matado a tiros.

El 12 de mayo de 2005, dos desconocidos mataron al reverendo Lapuz en casa de su suegro, a cuyo funeral había asistido ese mismo día. Los habitantes del lugar dijeron que habían visto a cuatro hombres en motocicleta y con cascos, aparcados junto a una tienda local antes de los disparos.

Antes de su muerte, el reverendo Lapuz había contado a sus colegas de Manila que estaba siendo vigilado por el ejército. Su hermana dijo que, en octubre del año anterior, se habían presentado en casa de su padre unos militares uniformados pidiendo información detallada sobre él reverendo.

Las investigaciones policiales sobre la muerte del reverendo Lapuz, en las que no se está brindando la debida protección a los testigos, son motivo de honda preocupación. Están estancadas, y más de un año después del homicidio, aún no se han presentado cargos contra nadie ni se han practicado detenciones.

"El hecho de que no se identifique ni investigue a los sospechosos está aumentando la falta de confianza en la policía y agravando la ausencia de sentencias –ha señalado Tim Parritt–. Los testigos tienen miedo de comparecer. Las familias de las víctimas tienden a negarse a participar en las investigaciones de la policía o a retirarse de los procesos judiciales.”

"Los responsables, incluso si pertenecen a las fuerzas de seguridad, deben ser procesados y castigados. Es preciso determinar si hubo una cadena oficial de mando subyacente al delito y a su encubrimiento.”

Amnistía Internacional teme que la declaración de “guerra total” a los comunistas que ha hecho el gobierno prepare el terreno a nuevos aumentos de los homicidios. La mayoría de las víctimas eran miembros de partidos políticos de izquierdas que, a pesar de estar legalizados, han sido acusador por altos cargos públicos de ser organizaciones tapadera de grupos armados comunistas ilegales.

"Nadie merece morir por su filiación política –ha afirmado Tim Parritt–. El gobierno debería sentirse muy avergonzado de que el pueblo filipino no pueda ejercer libremente su derecho a la libertad de expresión y asociación políticas.”

El creciente número de homicidios ha contribuido a la interrupción del proceso de paz con los comunistas. Amnistía Internacional cree que sólo si el gobierno toma medidas decisivas para prevenir y perseguir judicialmente los homicidios políticos cabe abrigar esperanzas de paz.

Encontrarán el informe Philippines: Political killings, human rights and the peace process en http://web.amnesty.org/library/index/engasa350062006.