AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: ASA 57/001/2005 (Público)

Servicio de Noticias: 114/05

29 de abril de 2005

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA570012005

Timor Oriental: El Consejo de Seguridad debe garantizar que los responsables de abusos rinden cuentas de sus actos

Una nueva misión de la ONU para Timor Oriental – pero, ¿cuál es el futuro del procesamiento de los delitos graves?

El 28 de abril, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la resolución 1599 (2005), por la que crea una “misión política especial de seguimiento en Timor-Leste, la Oficina de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNOTIL)", para sustituir a la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas para Timor Oriental (UNMISET), cuyo mandato expira el 20 de mayo de 2005. Esta decisión supone un paso adelante en el proceso de reducir la presencia de la ONU en el país.

Aunque Amnistía Internacional recibe con satisfacción el hecho de que el Consejo de Seguridad reafirme la necesidad “de que se rindan cuentas en forma verosímil de las transgresiones de los derechos humanos cometidas en Timor Oriental en 1999”, a la organización le preocupa que esta resolución no incluya ninguna disposición respecto a la continuación de la ayuda para el procesamiento de los delitos graves. La retirada de esta ayuda se produce en un momento en el que no hay ninguna alternativa creíble y tampoco hay un mecanismo efectivo que garantice que se hace justicia para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Timor Oriental en1999.

Se acerca la fecha de clausurar la Dependencia de Delitos Graves y los Tribunales Especiales, pero su trabajo no ha concluido

Tras la violencia extrema que tuvo lugar en torno a la votación sobre la independencia, el Consejo de Seguridad exigió en las resoluciones 1264 (1999) y 1272 (1999) que los responsables de delitos graves cometidos en Timor Oriental durante 1999 fueran llevados ante la justicia. Posteriormente se establecieron la Dependencia de Delitos Graves y los Tribunales Especialespara Delitos Graves, encargados de investigar lo sucedido y juzgar a los responsables. Aunque su trabajo dista de haber concluido, a consecuencia de los plazos establecidos por el Consejo de Seguridad en mayo de 2004, la Dependencia de Delitos Graves concluyó sus investigaciones el 30 de noviembre de 2004 y presentó su última acta de acusación el 17 de diciembre de 2004. Los Tribunales Especiales para Delitos Graves están intentando completar todos los juicios pendientes para antes del 20 de mayo de 2005.

El secretario general de las Naciones Unidas reconoce que el procesamiento de los delitos graves no ha concluido, porque la tarea está incompleta. Por el contrario, en su informe más reciente sobre los progresos de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNMISET), el secretario general reconoció que “el procesamiento de los delitos graves tal vez no responda plenamente al deseo de justicia de los afectados por la violencia de 1999, teniendo en cuentas las limitaciones de tiempo y los recursos que quedan disponibles”. También añadió que “[e]s probable que un número considerable de causas no se habrán investigado o procesado” cuando concluya el trabajo de la Dependencia y de los Tribunales, a causa de la necesidad de cumplir con los plazos establecidos por el Consejo de Seguridad.

El Consejo de Seguridad sigue teniendo la responsabilidad de garantizar que se hace justicia

Lo cierto es que la justicia por los delitos graves cometidos en 1999 sigue siendo en gran medida una mera ilusión. Unas 303 de las casi 400 personas acusadas de delitos graves por la Fiscalía General de Timor Oriental siguen estando fuera de la jurisdicción de ésta, pues las autoridades indonesias se niegan a entregar a los presuntos autores para que sean procesados. Respecto a los juicios, sumamente insatisfactorios, celebrados en la propia Indonesia, no han establecido la verdad ni han impartido justicia, pues no se ha hecho rendir cuentas de sus actos ni a un solo miembro de las fuerzas de seguridad. La Comisión para la Verdad y la Amistad, comisión bilateral establecida por los gobiernos de Timor Oriental e Indonesia para resolver las cuestiones relacionadas con la violencia de 1999, no ofrece ninguna perspectiva de que nadie vaya a rendir cuentas. Aunque esta Comisión está facultada para recomendar amnistías para los responsables de violaciones de derechos humanos y para rehabilitar a los que han sido “indebidamente acusados”, no incluye en su cometido el recomendar resarcimiento, y, según su mandato, sus procesos “no conducirán a enjuiciamientos”.

La comunidad internacional ha reconocido su obligación de conseguir que se haga justicia por los delitos graves, incluidos los crímenes contra la humanidad, cometidos en Timor Oriental en 1999. Esa responsabilidad no queda derogada por los obstáculos a los que se enfrenta el curso de la justicia. Por el contrario, la falta de disposición por parte de las autoridades indonesias a cumplir las exigencias de justicia del Consejo de Seguridad –falta de disposición que ha quedado patente por su negativa a cooperar con el procesamiento de los delitos graves cometidos en Timor Oriental– subraya aún más la necesidad de que la comunidad internacional siga esforzándose para que se haga justicia.

Ahora, es el Consejo de Seguridad quien tiene la responsabilidad de respaldar el establecimiento de un mecanismo alternativo para garantizar que todos los autores de delitos que aún no han rendido cuenta de sus actos lo hacen. El secretario general ha establecido una Comisión de Expertos para que formule recomendaciones sobre cómo progresar hacia la justicia en Timor Oriental. Amnistía Internacional confía en que las recomendaciones de la Comisión aborden la necesidad pendiente de justicia y rendición de cuentas, y en que el Consejo de Seguridad cumpla su compromiso de garantizar que se hace justicia prestando un apoyo constante a todo mecanismo efectivo que se recomiende.