AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

4 de septiembre de 2009

ASA 57/002/2009

Timor Oriental: El no enjuiciamiento de líder de milicia procesado refuerza la necesidad urgente de un tribunal internacional

La decisión del gobierno de Timor Oriental el pasado fin de semana de poner en libertad al líder de una milicia encausado formalmente por crímenes de lesa humanidad confirma la falta de voluntad de los gobiernos de Timor Oriental e Indonesia para enjuiciar violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y refuerza la necesidad urgente de que intervenga el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y establezca un tribunal penal internacional.

Martenus Bere, acusado formalmente por la Unidad de Delitos Graves de la ONU en 2003 del exterminio de civiles en la población de Suai y de otros crímenes de lesa humanidad cometidos en 1999, como tortura, desaparición forzada, deportación y persecución, fue excarcelado de la prisión de Becora el 30 de agosto, antes de que su caso fuera enjuiciado. Según los informes, fue entregado a la embajada indonesia en Dili. Amnistía Internacional teme que no sea enjuiciado y que pronto reciba ayuda para regresar a Indonesia, refugio seguro frente al enjuiciamiento

Su excarcelación se produjo en el décimo aniversario del referéndum que desembocó en la independencia de Timor Oriental, en medio de peticiones de las víctimas y de la sociedad civil timoresa para que se aborde la impunidad por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en torno al referéndum y durante los 24 años de ocupación indonesia que lo precedieron. En respuesta, tanto el gobierno de Timor Oriental como el de Indonesia han rechazado rotundamente las peticiones de justicia.

El día de la excarcelación, un grupo de personas que se oponían a ella celebraron una conferencia de prensa pacífica en Dili en la que condenaron la decisión del gobierno. Durante el acto fueron detenidos tres activistas estudiantiles, Sisto dos Santos, Gaudensio y Helio, que fueron puestos en libertad el 2 de septiembre. Sin embargo, su arresto y sus tres días de detención en los calabozos policiales de Caicoli, Dili, hace temer que las autoridades podrían estar tratando de silenciar la campaña pública a favor de la justicia por los crímenes cometidos en el pasado.

La decisión de excarcelar al líder de miliciaMartenus Bere vulnera las obligaciones contraídas por Timor Oriental en aplicación del derecho internacional de garantizar que estas violaciones graves de derechos humanos son investigados y que se enjuicia a los presuntos autores.

No se debe sacrificar la justicia por los crímenes del pasado en aras de otras necesidades urgentes, como el desarrollo económico, pues no son objetivos contrarios y deben abordarse juntos en el proceso de la construcción de la nación para garantizar que Timor Oriental se desarrolla con un Estado de derecho que imparte justicia a las víctimas e impide violaciones de derechos humanos en el futuro.

Amnistía Internacional reitera de nuevo sus peticiones a los gobiernos de Timor Oriental e Indonesia de que desarrollen estrategias integrales para cumplir plenamente sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional penal y de derechos humanos de hacer comparecer ante la justicia a todas las personas responsables de crímenes tipificados en el derecho internacional entre 1975 y 1999 en Timor Oriental y de garantizar reparaciones a las víctimas.

Mientras existaclaramente una ausencia de compromiso en este sentido por parte de ambos gobiernos, el Consejo de Seguridad de la ONU debería intervenir inmediatamente y establecer un tribunal penal internacional para enjuiciar los crímenes.

Información complementaria

El 30 de agosto de 1999, el pueblo de Timor Oriental votó por abrumadora mayoría a favor de la independencia. Al menos 1.200 personas murieron en los periodos previo y posterior al referéndum, víctimas de crímenes de lesa humanidad y de otras violaciones graves de derechos humanos a manos de milicias proindonesias respaldadas por el ejército indonesio. Estos actos incluyeron homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, violencia sexual, detenciones arbitrarias, amenazas e intimidación a ciudadanos timoreses.

Martenus Bere fue detenido a principios de agosto de 2009, después de que cruzara la frontera de Timor Oriental para reunirse con su familia en Suai, en Timor Oriental. Está acusado de ser el comandante de la milicia Suai Laksaur, que junto con la milicia Mahidi estuvo implicada en el ataque cometido el 6 de septiembre de 1999 contra las instalaciones de la iglesia de Ave María, en Suai, distrito de Covalima, en el que murieron entre 27 y 200 civiles. En el momento del ataque había en el centro alrededor de 1.500 personas, mujeres y niños incluidos que trataban de refugiarse de una serie de ataques que se estaban produciendo en el distrito de Covalima. El próximo domingo las víctimas conmemorarán el décimo aniversario del ataque.

Martenus Bere es una de las más de 300 personas encausadas formalmente por la Unidad de Crímenes Graves de la ONU en Timor Oriental que hasta el momento han eludido el enjuiciamiento, pues aún no han comparecido ante un tribunal creíble, independiente e imparcial. Las autoridades indonesias se han negado a cooperar con el sistema de justicia patrocinado por la ONU en Timor Oriental y a extraditar a sus ciudadanos sospechosos de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Tras la clausura del proceso patrocinado por la ONU en 2005, el poder judicial de Timor Oriental no ha enjuiciado ningún otro caso de 1999.

La excarcelación de Martenus Bere vulnera la obligación reconocida por todos los Estados parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que establece en su preámbulo que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional”. Timor Oriental se adhirió al Estatuto de Roma el 6 de septiembre de 2002.

En el informe publicado la semana pasada y titulado We Cry for Justice – Impunity persists ten years on, Amnistía Internacional pide al Consejo de Seguridad de la ONU que implante un plan integral a largo plazo para poner fin a la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en Timor Oriental y, en concreto, que establezca un tribunal penal internacional con jurisdicción sobre todos los crímenes cometidos en Timor Oriental entre 1975 y 1999. Este tribunal deberá tener capacidad para intervenir y para garantizar la justicia en algunos casos representativos y actuar como catalizador para la justicia nacional en otros, dada la negativa hasta la fecha de las autoridades de Timor Oriental y de Indonesia de respaldar enjuiciamientos penales individuales.