Reino Unido:

Los derechos humanos no son un juego

"La claudicación en materia de derechos humanos no puede contribuir a la lucha contra el terrorismo."

Kofi Annan, secretario-general de la ONU

Índice AI: EUR 45/043/2005

La verdad es que el gobierno del Reino Unido había estado cambiando "las reglas del juego" bastante antes de que el primer ministro hiciera esta declaración. De hecho, desde que el gobierno de Estados Unidos lanzó la llamada "guerra contra el terror" tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 en ese país, las autoridades británicas han estado atacando los derechos humanos, el estado de Derecho y la independencia de la judicatura.

Han introducido precipitadamente medidas antiterroristas que minan una amplia gama de garantías de derechos humanos y que han producido abusos. Han perseguido a hombres tras tacharlos de "amenaza a la seguridad nacional", apoyándose para hacerlo en información secreta, y las consecuencias para estos hombres y sus familias han sido devastadoras. Han socavado la prohibición de torturar tanto en el propio país como en el extranjero. Han incumplido sus obligaciones legales internacionales e internas en relación con los abusos cometidos en el extranjero por otros Estados y por agentes y tropas británicas. En todas estas áreas, han intentado repetidamente burlar o ignorar los tratados de derechos humanos que el Reino Unido está obligado a respetar.

La actitud hostil del gobierno británico hacia los derechos humanos es profundamente preocupante, especialmente dada la inmensa influencia del Reino Unido en la escena internacional. El Reino Unido es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En estos momentos recae también en él la Presidencia de la Unión Europea y es miembro del G8 (un grupo compuesto por ocho de las naciones más influyentes del mundo), del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. El Reino Unido ha sido el principal aliado de Estados Unidos en las guerras de Afganistán e Irak, y ha mantenido su postura de apoyo pese a existir numerosas pruebas de abusos graves contra los derechos humanos, incluso alegaciones de crímenes de guerra. También ha unido fuerzas con Estados Unidos para enmarcar el debate de los derechos humanos y la seguridad internacional.

Amnistía Internacional quiere hacer hincapié en que la seguridad y los derechos humanos no son mutuamente excluyentes, sino que van de la mano. El respeto de los derechos humanos es el camino a la seguridad, no un obstáculo a su consecución.

Las bombas de Londres

Cuatro bombas, colocadas en el sistema de transporte londinense el 7 de julio del 2005, causaron la muerte a 52 personas y lesiones a centenares más. Amnistía Internacional condenó incondicionalmente y sin reservas los ataques y pidió que se hiciera rendir cuentas ante la justicia a los responsables.

Amnistía Internacional reconoce que incumbe a las autoridades británicas revisar las medidas legislativas y de otro tipo con vistas a impedir más ataques. Pero también les corresponde garantizar que tanto las medidas que toman para hacer rendir cuentas ante la justicia a los criminales como las medidas destinadas a proteger a la población de estos crímenes respetan los derechos humanos fundamentales.

Después de un ataque, los gobiernos tienen un deber adicional: el de asegurarse de que las víctimas y sus familiares reciben una reparación adecuada sin dilación. Algunas de las personas cuyas vidas quedaron destrozadas por las bombas de julio han manifestado su preocupación porque esa reparación adecuada y pronta no se ha materializado.

El gobierno del Reino Unido debe responder a los ataques contra los derechos humanos defendiendo los derechos humanos. Cualquier otra opción que siga será errónea, ilegítima y contraproducente.

Miembros y simpatizantes de Amnistía Internacional depositan flores en la estación de King’s Cross, donde hizo explosión una de las cuatro bombas de julio del 2005. © AI

Los cinco hijos e hijas de Mahmoud Abu Rideh (véase infra) protestan en Londres contra el internamiento de su padre, diciembre del 2003. © Sarah Lee/The Guardian

"Los instrumentos de derechos humanos dejan un amplio margen para la adopción de medidas firmes de lucha contra el terrorismo, incluso en las circunstancias más excepcionales. Sin embargo, la claudicación en materia de derechos humanos no puede contribuir a la lucha contra el terrorismo. Al contrario, facilita el logro de los objetivos del terrorista, al ceder ante él en el terreno moral y provocar tensión, odio y desconfianza hacia el gobierno precisamente en los sectores de la población en que el terrorismo tiene más posibilidades de reclutar a nuevos miembros."

Kofi Annan, secretario-general de la ONU, marzo del 2005

Creando un sistema de justicia penal fantasma

La respuesta inmediata del gobierno británico a los hechos del 11 de septiembre del 2001 fue introducir legislación antiterrorista, pese a que el Reino Unido contaba ya con una de las más duras del mundo: la Ley Antiterrorista del 2000. Se promulgaron dos nuevas leyes: la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad (ATCSA) del 2001, y la Ley de Prevención del Terrorismo (PTA) del 2005. Ambas contienen disposiciones de amplísimo alcance que contravienen la legislación de derechos humanos y que han producido abusos graves. Posteriormente, tras los ataques con bombas en Londres, se propusieron más medidas draconianas, entre ellas, medidas que restringirían la libertad de expresión, de culto y de asociación, el derecho a la libertad y a no ser privado de ella arbitrariamente, y el derecho a un juicio justo.

Las personas sospechosas de implicación en terrorismo, a las que se pasó a llamar "presuntos terroristas", que han sido "internadas" en el Reino Unido (es decir, recluidas sin ser acusadas formalmente ni sometidas a juicio) han entrado en un mundo kafkiano. Han quedado recluidas durante años en condiciones muy duras en base a acusaciones secretas que no se les ha permitido conocer ni a ellas ni a sus abogados y que por tanto no pueden refutar. Amnistía Internacional subrayó que el trato que recibían era cruel, inhumano y degradante, y exigió que se pusiera en libertad a estos hombres o que se los acusara formalmente de un delito reconocible.

Cuando la máxima instancia judicial del país dictaminó en diciembre del 2004 que su reclusión era ilegítima, el gobierno encontró nuevas formas de restringir su libertad. Primeramente les impuso "órdenes de control", introducidas en la precipitada promulgación de la PTA (2005), que restringían adónde podían ir estos hombres y qué les estaba permitido hacer. Seguidamente encarceló de nuevo a la mayoría de ellos, usando los poderes conferidos a los servicios de inmigración, mientras se aguardaba su expulsión, fundamentada en que los hombres representaban "una amenaza a la seguridad nacional". Ninguno de estos hombres ha sido nunca declarado culpable en el Reino Unido de crímenes relacionados con el terrorismo. Muchos de ellos, así como sus familias, han sufrido un grave deterioro de su salud física y mental. El efecto acumulativo de las medidas adoptadas contra estas personas constituye persecución.

En agosto del 2005, en la atmósfera enrarecida posterior a las bombas de Londres, el primer ministro anunció un plan de 12 puntos para combatir el terrorismo. Gran parte de ese plan iba dirigido contra los ciudadanos extranjeros, pese a que todos los sospechosos de los atentados eran ciudadanos británicos.

En octubre se presentó ante el Parlamento un nuevo proyecto de Ley antiterrorista, que incorporaba parte del plan de 12 puntos. Contenía aún más disposiciones radicales que socavan la libertad de expresión y de asociación, además del derecho a un juicio justo, y que a todos los efectos reintroducen el internamiento.

Amnistía Internacional considera que delitos de imprecisa definición basados en una definición asimismo imprecisa de "terrorismo" y en conceptos tales como "glorificación" del terrorismo están faltos de claridad y podrían llevar a la criminalización de personas por el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión y de asociación.

A principios de noviembre se rechazó en votación parlamentaria la propuesta incluida en el proyecto de ley de ampliar de 14 a 90 días el periodo máximo de detención policial sin cargos; era la primera vez que el gobierno sufría una derrota en el Parlamento desde que ocupó el poder en 1997. Sin embargo, para consternación de Amnistía Internacional, durante esa misma sesión el Parlamento votó a favor de una disposición que permitía una detención preventiva de 28 días de duración. El proyecto de ley iba a ser sometido a examen adicional por las dos cámaras del Parlamento.

El gobierno ha ido introduciendo desde hace varios años medidas legislativas que aumentan el poder del ejecutivo (el gobierno) y ponen en peligro la función de la judicatura. Estas medidas han minado por tanto la separación de poderes entre el judicial y el ejecutivo. Se ha minado o usurpado la autoridad de los jueces en los procedimientos seguidos en aplicación de la legislación de asilo, las leyes antiterroristas y la Ley sobre Comisiones de Investigación del 2005.

Las nuevas medidas antiterroristas introducidas o propuestas desde septiembre del 2001 incorporan castigos –sea privación de libertad, sea expulsión– para las personas que según las autoridades representan una amenaza, pero contra las cuales las propias autoridades dicen disponer de insuficientes pruebas que presentar ante un tribunal de justicia. El internamiento y las "órdenes de control" hacen caso omiso de las leyes de derechos humanos que exigen que sólo se castigue a las personas que hayan sido acusadas formalmente de un delito reconocible como penal, y que hayan sido juzgadas y condenadas siguiendo un procedimiento justo.

Otro principio fundamental de derecho penal es el de que los delitos deben ser claros, para que todos sepamos qué conducta está prohibida. La legislación antiterrorista promulgada desde el 2000 ha ido incorporando un número creciente de términos amplios e imprecisos, entre ellos la propia definición de "terrorismo".

Un sistema de justicia penal que incluye estos elementos no es imparcial, ni justo, ni legítimo, y conduce en poco tiempo a la pérdida de la confianza pública y a la comisión de graves errores judiciales.

El asedio de las minorías étnicas

Murtza Rasul muestra un periódico en el que su hermano Shafiq Rasul figura aparentemente herido tras ser capturado en Afganistán en el año 2001. Shafiq Rasul, Ruhal Ahmed y Asif Iqbal –todos ellos de la localidad de Tipton, West Midlands (región central de Inglaterra)– fueron devueltos al Reino Unido en marzo del 2004, tras una reclusión prolongada en la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo (Cuba). © Steve Forrest/Insight/Panos

Gran parte de los tres millones de personas de fe musulmana y otras comunidades minoritarias del Reino Unido se han sentido asediadas en los últimos años. Al igual que el resto de la población, han sentido el miedo que despertaron los ataques del 11 de septiembre del 2001 y del 7 de julio del 2005. Pero también han sentido el creciente racismo, alentado en parte por la frecuente relación que hacen el gobierno y los medios de comunicación entre "amenaza terrorista" y "extranjeros" y "extremistas musulmanes".

Por si fuera poco, estas comunidades han sufrido además las consecuencias de medidas antiterroristas que son discriminatorias, bien en la propia ley o en su aplicación. Hazel Blears, secretaria de Estado responsable de la lucha contra el terrorismo, llegó incluso a advertir a los musulmanes que tenían que hacer frente a la realidad de que la policía los elegiría en sus operaciones de "dar el alto y registrar" debido a la amenaza que representaban las personas "asociadas con una forma extrema de islamismo".

Los musulmanes, en particular, se han sentido perseguidos y constantemente bajo la sombra de una sospecha, percepciones que ha reforzado el gobierno con sus declaraciones y políticas. Por ejemplo, se dice que el gobierno está realizando consultas en relación con la propuesta de introducir poderes que permitan clausurar lugares de culto en los que operen "extremistas" si los líderes religiosos no ponen freno al "extremismo". Las declaraciones oficiales no dejan lugar a dudas: están hablando de mezquitas. Estos poderes podrían constituir castigo colectivo, persecución religiosa y discriminación, que son todos actos ilegítimos.

El impacto de estas políticas se ha hecho sentir en las calles, y ha afectado a los miembros de la comunidad musulmana y de las comunidades étnicas minoritarias. Por ejemplo, la utilización de los poderes antiterroristas de "dar el alto y registrar" es siete veces mayor desde los ataques del 7 de julio, y la población de etnias asiáticas ha sido la más afectada por este incremento. Según estadísticas de la Policía de Transportes Británica, las personas de aspecto asiático tenían una probabilidad cinco veces mayor de que les dieran el alto y las registraran que las personas de raza blanca. Ninguna de estas operaciones de "alto y registro" produjo un cargo formal de terrorismo.

Desde el año 2001, y particularmente desde el 7 de julio del 2005, se ha producido también un aumento significativo en el número de ataques de motivación racista o religiosa contra individuos, hogares y lugares de culto.

No está claro cómo las medidas antiterroristas anunciadas desde el 7 de julio podrían haber impedido los ataques que se perpetraron en Londres. No fueron lagunas legislativas lo que impidió prevenirlos, sino falta de información de que se estaban planeando estos ataques.

Existe un peligro real de que las medidas que se proponen alienen aún más a las mismas comunidades cuyo apoyo necesita ganarse el gobierno. Si esto sucede, la probabilidad de obtener buena información será todavía menor, como también lo será la probabilidad de que el Reino Unido no sufra más ataques violentos.

Una vigilia de protesta frente al Parlamento, durante el debate sobre el Proyecto de Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad, noviembre del 2001. © AI

Aumenta sigilosamente la aceptación de la tortura

El desprecio aparente por las normas de derechos humanos de que da muestra el gobierno al enmarcar la legislación antiterrorista ha quedado reflejado en los varios intentos que ha realizado para socavar la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, una de las protecciones de derechos humanos que gozan de mayor aceptación universal.

Recientemente, el gobierno ha tratado de enviar a personas presuntamente sospechosas de terrorismo a países donde existe el peligro de que las torturen o sometan a malos tratos.

Un principio inherente a la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos es que nadie debe jamás ser enviado a un país en el que quede expuesto a estos abusos, principio que se conoce como "el principio de no devolución" ("non refoulement"). Sin embargo, las autoridades británicas han tratado de hallar formas de burlar este principio para poder expulsar a individuos a países con una trayectoria conocida de tortura y malos tratos. Las autoridades dices que estos individuos son "una amenaza a la seguridad nacional", a la vez que declaran que no disponen de suficientes pruebas para acusarlos formalmente de ningún delito.

El gobierno británico ha firmado "memorandos de entendimiento" con Jordania y Libia, y está tratando de llegar a similares acuerdos con otros países, con el objeto de poder declarar que puede formalizar la devolución de personas a estos lugares sin que corran peligro.

Las "garantías diplomáticas" son inherentemente ineficaces y no merecen ninguna confianza. Los países de los que se ha tratado de obtener "garantías diplomáticas" poseen una trayectoria bien documentada de tortura y malos tratos. ¿Por qué se fiaría nadie de funcionarios gubernamentales que niegan de forma rutinaria que se está torturando en su país? En cualquier caso, estas garantías no dispensan a un gobierno del cumplimiento de sus obligaciones en virtud del principio de no devolución.

También parece que el gobierno del Reino Unido ha participado en otro acto ilegítimo: el traslado a custodia estadounidense de varios hombres que posteriormente acabaron recluidos en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, en Cuba. Esta práctica, a la que suele referirse como "entrega", conlleva la transferencia ilegal y a menudo secreta de personas de un país a otro, incluso a países en los que la tortura es endémica, o bien su puesta bajo custodia estadounidense en bases militares y lugares secretos de diversas partes del mundo. Hay indicios crecientes de que se han elegido específicamente países en los que se sabe que se practica la tortura para enviar y someter a interrogatorio en ellos a ciertos sospechosos, con la intención de distanciar a Estados Unidos de la comisión de estos abusos. Esta práctica constituye subcontratación de la tortura y debe cesar de inmediato.

La sigilosa aceptación de la tortura cometida en el extranjero que se observa en las autoridades británicas tomó un giro particularmente alarmante en agosto del 2004, cuando el Tribunal Superior de Justicia (Apelación) de Inglaterra y Gales dictaminó que las "pruebas" obtenidas mediante tortura en el extranjero podrían no sólo ser admisibles en los procedimientos seguidos en el Reino Unido, sino también considerarse fiables. La única exigencia era que los funcionarios británicos no tenían que haber sido cómplices ni tomado parte en la tortura. El fallo del Tribunal dio a los torturadores de otros países el sello de aprobación del Reino Unido y un destino legal para los frutos de su crueldad.

Amnistía Internacional encabezó una coalición de 14 organizaciones que conjuntamente presentaron una petición a los jueces lores, cuando éstos consideraron la apelación contra la decisión del Tribunal Superior (Apelación). La petición subrayaba que el uso en procedimientos judiciales de pruebas obtenidas con tortura viola las normas internacionales de derechos humanos. Los jueces lores aún no han pronunciado su fallo.

Miembros de Amnistía Internacional se manifiestan en las proximidades del Parlamento para protestar por las condiciones de reclusión en la bahía de Guantánamo, noviembre del 2003. © AI

"Si la política del gobierno [del Reino Unido] se opone a las ‘entregas’, tenemos que dejar esto bien claro. Conceder franquicias de tortura es algo totalmente inaceptable."

Chris Mullin, parlamentario británico, septiembre del 2005.

"Puede decirse que, utilizando la tortura, o incluso adoptando los frutos de la tortura, un Estado democrático debilita su causa contra los terroristas al adoptar sus métodos..."

Lord Neuberger, uno de los jueces lores del Reino Unido, agosto del 2004

Socavando los derechos humanos en el extranjero

El gobierno británico ha tratado persistentemente de eludir las obligaciones que le imponen el derecho internacional e interno respecto de los abusos cometidos en el extranjero, ya sea por otros gobiernos, por funcionarios británicos o por tropas del Reino Unido.

La trayectoria del gobierno británico en relación con el escándalo de derechos humanos que representa el centro de reclusión estadounidense en la bahía de Guantánamo es simplemente vergonzosa. Durante dos años, el gobierno fingió no tener conocimiento de los espectaculares abusos que se cometían allí.

Se necesitó una intensa presión de los familiares de las personas recluidas en Guantánamo y de las organizaciones de derechos humanos para lograr que finalmente el gobierno hiciera algo para obtener la libertad de los ciudadanos británicos. Desde entonces, no ha cumplido con su deber de elevar una protesta adecuada en nombre de los residentes británicos que aún languidecen allí. También ha incumplido miserablemente su deber de protestar firmemente por la letanía de abusos contra los derechos humanos que están padeciendo los centenares de hombres que siguen recluidos en la bahía de Guantánamo sin la menor esperanza de que se les haga justicia.

Además, los agentes de los servicios de inteligencia británicos se aprovecharon del limbo jurídico y de las condiciones coercitivas de reclusión en Guantánamo, y parece también que en otros lugares, entre ellos la base aérea de Bagram, en Afganistán, para llevar a cabo interrogatorios. Estos interrogatorios se realizaron sin ninguna de las salvaguardias habituales, como contar con la presencia de un abogado, y esquivaron así tanto las normas internacionales de derechos humanos como la legislación británica.

Al parecer, los funcionarios británicos también han tomado parte, o han sido cómplices, en el interrogatorio –empleando tortura y malos tratos– de sospechosos británicos que se encontraban bajo la custodia de otros países, entre ellos Estados Unidos, Pakistán y Marruecos.

Como se ha descrito antes, la información obtenida mediante estos métodos ilegales ha sido declarada admisible por un tribunal de justicia británico. Podría también haber constituido parte de las pruebas secretas usadas por el gobierno para justificar la reclusión de personas, y podría servir de base para justificar su expulsión.

También se observa un enfoque que socava los derechos humanos en relación con la conducta de las tropas británicas desplegadas en el extranjero. En respuesta a alegaciones bien corroboradas de que, durante el periodo de ocupación, soldados británicos cometieron en Irak crímenes de guerra y otras violaciones graves de los derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos y tortura, el gobierno trató de eludir su responsabilidad. Afirmó que las leyes de derechos humanos no eran vinculantes para sus fuerzas armadas en Irak. Debido en parte a esta actitud, las autoridades británicas no han dispuesto la realización de investigaciones independientes, exhaustivas y prontas sobre las alegaciones de abusos. Ni tampoco han proporcionado adecuada reparación a las víctimas y a sus familiares.

Amnistía Internacional ve además con preocupación el papel que desempeña el Reino Unido en el internamiento de por lo menos 10.000 personas en Irak. Funcionarios británicos, junto con funcionarios estadounidenses e iraquíes, integran la Comisión Conjunta de Revisión de Detenciones, encargada de revisar los casos de todas las personas internadas por miembros de la Fuerza Multinacional en Irak (en la mayoría de los casos, por tropas estadounidenses). Se cree que las propias tropas británicas en Irak mantienen recluidos, sin cargos ni juicio, a unos 10 "internados de seguridad", entre los que figura por lo menos un hombre con doble nacionalidad, británica e iraquí.

Moazzem Begg en una reunión de Amnistía Internacional celebrada en el Reino Unido en el 2005. Ciudadano británico, fue aprehendido al parecer en Pakistán a principios del año 2002 por agentes pakistaníes o estadounidenses, y un año después acabó en la bahía de Guantánamo. Fue devuelto al Reino Unido en enero del 2005, donde fue puesto en libertad sin cargos.

© AI

Amnistía Internacional lleva decenios monitorizando las medidas que toman los gobiernos de todo el mundo, incluido el británico, para proteger "la seguridad del Estado". A menudo, las medidas para combatir el terrorismo no han sido más que una excusa para introducir leyes y prácticas con las que reprimir la disidencia y la oposición, y para permitir que los agentes estatales cometan abusos contra los derechos humanos con impunidad. Con frecuencia, entre las personas afectadas por estas medidas están los miembros de la mayoría de la población que no toma parte en ninguna actividad ilegal.

Esto se ha vuelto más y más aparente en el Reino Unido, en el que manifestantes pacíficos han quedado sometidos a una actuación policial regulada por disposiciones diseñadas exclusivamente para combatir el terrorismo.

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa manifestó recientemente que el Reino Unido mostraba una tendencia a "considerar los derechos humanos como una restricción excesiva en la administración efectiva de la justicia y en la protección del interés público". Y añadió que "quizá merece la pena subrayar que los derechos humanos no constituyen un surtido de derechos de lujo que puedan seleccionarse o combinarse a voluntad" y que "la violación de estos derechos afecta no sólo al individuo en cuestión, sino al conjunto de la sociedad; si excluimos a una persona del disfrute de estos derechos nos arriesgamos a excluir de su disfrute a todas las demás".

Amnistía Internacional une su voz a las muchas otras que están recordando a los gobiernos que las malas leyes nos dan menos seguridad a todos.

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Publicado en noviembre de 2005 originalmente en inglés por:

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Índice AI: EUR 45/043/2005

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