AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice AI: EUR 49/011/2007 (público)

Servicio de Noticias: 162/2007

22 de agosto de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR490112007

Bielorrusia: Los activistas juveniles bielorrusos cada vez más perseguidos

Amnistía Internacional expresa honda preocupación ante los informes según los cuales en las últimas semanas las autoridades bielorrusas han intensificado el hostigamiento, la detención y el encarcelamiento de activistas juveniles. La organización cree que la represión forma parte de los continuos intentos del gobierno para intimidar a los activistas juveniles y a la sociedad civil en su conjunto, y dificultar que ejerzan sus derechos a la libertad de reunión, asociación y expresión.

Los informes indican que, en las últimas seis semanas, más de una docena de activistas juveniles han sido condenados a penas de entre siete y 15 días de prisión en aplicación de los Códigos Administrativo y Penal, y que las fuerzas de seguridad bielorrusas han detenido e incluso agredido a muchos más.

El 16 de agosto, unos agentes de seguridad vestidos de civil detuvieron al destacado activista juvenil de la oposición y ex preso de conciencia Mikita Sasim durante una acción pública de solidaridad que se celebra todos los meses en Bielorrusia en apoyo de los presos políticos y los "desaparecidos". Según las fuentes, los agentes aprehendieron a Mikita Sasim, le retorcieron los brazos y lo obligaron a entrar en un automóvil. Sasim afirma que los agentes lo golpearon en la espalda y las piernas y le amenazaron con darle una paliza y después se lo llevaron rumbo a un lugar desconocido.

Los agentes vestidos de civil agredieron también a dos amigos de Mikita Sasim que intentaron impedir su detención. Uno de ellos, Tatsyana Tishkevich, está actualmente ingresada en un hospital tras serle diagnosticado un "traumatismo craneal leve" después del incidente.

No se conoció el paradero de Mikita Sasim hasta el día siguiente, cuando se anunció que estaba recluido en la comisaría central de policía de Minsk. El 20 de agosto, el tribunal del distrito central de Minsk lo condenó a 10 día de prisión por vandalismo menor, en aplicación del artículo 17.1 del Código Administrativo.

Amnistía Internacional tiene conocimiento de que las autoridades bielorrusas aplican con frecuencia creciente el artículo 17.1 del Código Administrativo para detener y encarcelar a activistas juveniles. Muchas de las personas encarceladas en las últimas seis semanas han sido condenadas en virtud de este artículo. En el caso de Mikita Sasim, y también de otras personas, la acusación formulada en su contra fue la de blasfemar en público.

En otro incidente ocurrido el 27 de julio, el líder juvenil de la oposición Franak Vyachorka, que asistió a la proyección de una película organizada por Amnistía Internacional en Londres en abril de este año, y Yaraslau Hryshchenya fueron detenidos en la Plaza de la Independencia, en el centro de Minsk, cuando la policía impedía la asistencia a una concentración para conmemorar el 17º. aniversario de la adopción, en 1990, de la Declaración de Soberanía del Estado de Bielorrusia.

Según los informes, la policía rodeó la plaza y detuvo a una docena de activistas, entre ellos al presidente del Partido Civil Unido, Anatol Lyabedzka, y al vicepresidente del Frente Popular de Bielorrusia, Viktar Ivashkevich. La mayoría de los detenidos fueron puestos en libertad al cabo de unas horas, pero dos de ellos, Franak Vyachorka y Yaraslau Hryshchenya, fueron encarcelados y acusados formalmente en aplicación del artículo 17.1 del Código Administrativo. El 30 de julio, el tribunal del distrito de Zavodskii de Minsk condenó a Franak Vyachorka a siete días de cárcel. Ese mismo día, el tribunal de distrito de Leninskii, también de Minsk, condenó a Yaraslau Hryshchenya a 15 días de prisión.

Las autoridades también siguen deteniendo y condenando a activistas en aplicación del artículo 193.1 del Código Penal (organizar o participar en las actividades de una organización no gubernamental no inscrita en el registro), que fue añadido al Código Penal en diciembre del 2005 como parte de una serie de enmiendas que introducían penas para las organizaciones de la sociedad civil y otros críticos destacados del gobierno en el periodo previo a las elecciones presidenciales de marzo del 2006. Zmitser Dashkevich, jefe del grupo juvenil de la oposición Frente Juvenil y preso de conciencia, que se ha convertido en centro de una campaña de los jóvenes de Amnistía Internacional de todo el mundo, fue condenado a un año y medio de prisión en noviembre del 2006 en aplicación del citado artículo. El 7 de agosto, los investigadores acusaron formalmente a otros tres miembros de la misma organización en virtud del mismo artículo. De ser declarados culpables, Anastasiya Azarka, Yaraslau Hryshchenya e Ivan Shyla, de 16 años, podrían ser condenados al pago de una multa o a penas de hasta dos años de prisión.

Amnistía Internacional pide a las autoridades bielorrusas que dejen de aplicar el Código Administrativo para condenar a activistas juveniles a penas de prisión sólo por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de reunión, asociación y expresión. Además, la organización insta a las autoridades bielorrusas a que revisen de inmediato las leyes, los reglamentos y las prácticas relativas a la inscripción y a las actividades de las organizaciones no gubernamentales, en concreto el artículo 193.1 del Código Penal, y garanticen que son congruentes con el derecho internacional.

El 24 de julio de 2007, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró que la clausura por las autoridades bielorrusas en el 2003 de la organización no gubernamental Vyasnavulneró el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité ha pedido a Bielorrusia que inscriba de nuevo a la organización y ofrezca una compensación a sus miembros. La solicitud de reinscripción está actualmente pendiente de tramitación y las autoridades bielorrusas tomarán una decisión el 23 de agosto.

Amnistía Internacional desea recordar a las autoridades bielorrusas sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, incluidos los artículos 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Bielorrusia es Estado parte, que garantizan los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. Además, la organización insta a las autoridades bielorrusas a que pongan fin de inmediato a la obstrucción, hostigamiento e intimidación de los activistas de la sociedad civil que participan directa o indirectamente en la promoción y defensa de los derechos humanos en Bielorrusia.

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