تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2012
حالة حقوق الإنسان في العالم

وثيقة - Georgia: Continuing allegations of torture and ill-treatment

Público


Amnistía Internacional



GEORGIA

Continúan las denuncias

de tortura y malos tratos



Febrero del 2000 RESUMEN ÍNDICE AI: EUR 56/01/00/s


DISTR: SC/PO/CO/GR (11/00)



El 27 de abril de 1999, Georgia se convirtió oficialmente en el 41er Estado Miembro del Consejo de Europa, organización política creada en 1949, cuya principal función es consolidar la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en todos sus Estados Miembros. Al incorporarse a este organismo, Georgia se comprometió a cumplir ciertos requisitos en un plazo determinado. Uno de ellos era ratificar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes en el plazo de un año desde su ingreso.


Georgia ratificó sin tardanza el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el 20 de mayo de 1999. Este Convenio tiene como fin proteger los derechos y las libertades fundamentales de la persona, y el Consejo de Europa ha instituido un procedimiento judicial que permite que los ciudadanos particulares emprendan acciones contra un gobierno cuando consideren que han sido víctimas de una violación del Convenio. Uno de los actos que prohíbe dicho Convenio es la tortura


Sin embargo, hasta el 16 de febrero del 2000 Georgia no firmó el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, y aún no lo ha ratificado. Este Convenio estableció un comité independiente con facultades para realizar visitas sin previo aviso a los centros de detención de los Estados Miembros y para formular recomendaciones y sugerir mejoras destinadas a reforzar la protección de las personas visitadas frente a la tortura y a los malos tratos.


Amnistía Internacional sigue viendo con gran preocupación los continuos y reiterados informes sobre tortura y malos tratos en Georgia, incluidos los de un caso reciente en el que, al parecer, un hombre murió debido a la brutal paliza que le infligieron varios agentes de policía. La organización insta a las autoridades georgianas a que ratifiquen lo antes posible el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura, como señal de su intención de abordar con decisión este problema que sigue empañando la reputación del país en materia de derechos humanos. Sin embargo, es igualmente importante que Georgia cumpla las obligaciones que ya ha contraído en virtud de las leyes nacionales e internacionales de poner fin a la tortura y a la impunidad de que gozan los autores de ésta.


Este informe documenta diversas denuncias de tortura y malos tratos recibidas después de que Georgia se convirtió en Estado Miembro del Consejo de Europa y finaliza con una serie de recomendaciones que formula Amnistía Internacional a las autoridades de Georgia.




Este texto resume el documento titulado GEORGIA: Continúan las denuncias de tortura y malos tratos (Índice AI: EUR 56/01/00/s), publicado por Amnistía Internacional en febrero del 2000. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org y recibir nuestros comunicados de prensa por correo electrónico: http://www.amnesty.org/news/emailnws.htm. Para los documentos traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro/ .



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO


TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Público


Amnistía Internacional



GEORGIA

Continúan las denuncias de tortura y malos tratos



ÍNDICE




1. Introducción 1



2. Las obligaciones de Georgia respecto a la prohibición de la tortura 2



3. La tortura y los malos tratos: un problema no resuelto 2



4. Casos de presunta tortura y malos tratos denunciados por Amnistía Internacional 3


Palizas a cristianos evangélicos 3

Pasividad policial ante un ataque contra una congregación de testigos de Jehová 5

Persistente hostigamiento de Giorgi Shiukashvili 5

Paliza infligida a Giorgi Gogsadze 6

Paliza infligida a un anciano llamado Tqemaladze 6

Paliza infligida a los periodistas Georgi Kapanadze y Sergey Belousov 6

Muerte bajo custodia de Davit Vashaqmadze, consecuencia de paliza 7

Presuntas torturas infligidas a Dato Natelashvili 7

Malos tratos infligidos a los periodistas Jincharadze y Abashidze 8

La muerte de Zviad Baghashvili 8

La muerte bajo custodia de Zaza Tsotsolashvili y de Ivane Kolbaya 8



5. Recomendaciones de Amnistía Internacional 9



GEORGIA

Continúan las denuncias de tortura y malos tratos





1. Introducción


El 27 de abril de 1999, Georgia se convirtió oficialmente en el 41er Estado Miembro del Consejo de Europa, organización política creada en 1949, cuya principal función es consolidar la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en todos sus Estados Miembros. Al incorporarse a este organismo, Georgia se comprometió a cumplir ciertos requisitos en un plazo determinado. Uno de ellos era ratificar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes en el plazo de un año desde su ingreso.


Georgia ratificó sin tardanza el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el 20 de mayo de 1999. Este Convenio tiene como fin proteger los derechos y las libertades fundamentales de la persona, y el Consejo de Europa ha instituido un procedimiento judicial que permite que los ciudadanos particulares emprendan acciones contra un gobierno cuando consideren que han sido víctimas de una violación del Convenio. Uno de los actos que prohíbe dicho Convenio es la tortura.1


Sin embargo, hasta el 16 de febrero del 2000 Georgia no firmó el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, y aún no lo ha ratificado. Este Convenio estableció un comité independiente con facultades para realizar visitas sin previo aviso a los centros de detención de los Estados Miembros y para formular recomendaciones y sugerir mejoras destinadas a reforzar la protección de las personas visitadas frente a la tortura y a los malos tratos.


Amnistía Internacional sigue viendo con gran preocupación los continuos y reiterados informes sobre tortura y malos tratos en Georgia, incluidos los de un caso reciente en el que, al parecer, un hombre murió debido a la brutal paliza que le infligieron varios agentes de policía. La organización insta a las autoridades georgianas a que ratifiquen lo antes posible el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura, como señal de su intención de abordar con decisión este problema que sigue empañando la reputación del país en materia de derechos humanos. Sin embargo, es igualmente importante que Georgia cumpla las obligaciones que ya ha contraído en virtud de las leyes nacionales e internacionales de poner fin a la tortura y a la impunidad de que gozan los autores de ésta.








2. Las obligaciones de Georgia respecto a la prohibición de la tortura


La Constitución de Georgia, adoptada en 1995 en sustitución de la vigente durante la era soviética, prohíbe la «tortura, los tratos o penas inhumanos, brutales o degradantes».2 También prohíbe la coacción física o mental de los detenidos3y establece la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas con infracción de la ley, que carecen por tanto de fuerza legal.4También constituye delito que los investigadores u otras personas obliguen a una persona a declarar mediante amenazas u otros actos ilegales.5Estas prohibiciones se suman, como es lógico, a las garantías frente a la tortura contenidas en los instrumentos internacionales en los que Georgia es Estado Parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.6



3. La tortura y los malos tratos: un problema no resuelto


Sin embargo, todas estas disposiciones no han impedido que la tortura y los malos tratos sigan siendo un importante motivo de preocupación en Georgia.7Aunque se han hecho algunos avances, las declaraciones del propio gobierno en las que reconocía la existencia de áreas problemáticas –su honda preocupación ante la tortura bajo custodia, el reconocimiento de deficiencias para garantizar una investigación eficaz e imparcial de las denuncias de tortura, y el hecho de que muchas veces los responsables quedan impunes– son tan pertinentes hoy que cuando se hicieron, en 1996, en un informe para el Comité de la ONU contra la Tortura.8


Amnistía Internacional sigue recibiendo persistentes informes de tortura y malos tratos. La mayoría de las denuncias se refieren a breves periodos de detención bajo custodia policial (en los que, según los informes, a veces las palizas van acompañadas de extorsión, al tener que hacer frente los familiares a exigencias económicas o de otro tipo a cambio de la libertad del detenido) o al periodo de prisión preventiva (en el que los detenidos han denunciado haber sufrido coacciones físicas y psicológicas para obligarlos a confesar o para obtener otro tipo de información). Los abogados y familiares continúan denunciando que tanto policías como investigadores obstaculizan el acceso a los detenidos.


Aunque varios agentes de policía han sido detenidos o sancionados por malos tratos, esto sólo ocurre normalmente en casos extremos, como los que desembocan en la muerte de la víctima. En algunos otros casos, parece que los responsables han eludido el procesamiento gracias a sus relaciones con altos cargos. Los informes que indican que los fiscales se muestran reacios a iniciar una causa penal o que la archivan alegando falta de pruebas tras una investigación presuntamente superficial, no hacen sino poner más en duda el compromiso de las autoridades de resolver la cuestión de la tortura. Por otro lado, muchas presuntas víctimas no creen que sus denuncias vayan a dar lugar a una investigación rigurosa, exhaustiva e imparcial. Otras no formulan denuncia por miedo a las represalias, en la creencia de que cualquier tentativa de pedir cuentas a los responsables –o simplemente de poner fin a los malos tratos– sólo se traducirá en mayores abusos contra ellas o sus familias.



4. Casos de presunta tortura y malos tratos denunciados por Amnistía Internacional


A continuación se exponen varios casos de presunta tortura o malos tratos denunciados por Amnistía Internacional ante las autoridades georgianas. Todos los casos fueron denunciados después de abril del pasado año, cuando Georgia ya era Estado Miembro del Consejo de Europa. Amnistía Internacional ha solicitado más información, por ejemplo, sobre las investigaciones o enjuiciamientos iniciados, y ha pedido que todos estos casos se investiguen de forma inmediata, imparcial y exhaustiva, que los resultados de la investigación se hagan públicos y que los autores que resulten identificados comparezcan ante la justicia.


Palizas a cristianos evangélicos


El 29 de mayo, varios policías del distrito de Gldani, en Tiflis, la capital de Georgia, interrumpieron violentamente una reunión que celebraba al aire libre un grupo cristiano evangélico. Los miembros del grupo denuncian que la policía golpeó a varios fieles pacíficos, incluido al pastor, Zaal Tkeshelashvili y a su esposa, Nino. Según los datos de que dispone Amnistía Internacional, no se formularon cargos en relación con las agresiones denunciadas, y la iglesia perdió un juicio civil contra la policía en relación con estos hechos.


Zaal Tkeshelashvili es pastor de la iglesia de Madli (Gracia), que pertenece a la Iglesia de los Cristianos de la Fe Evangélica de Georgia, confesión pentecostal inscrita oficialmente como organización social. Según el pastor, los problemas comenzaron en mayo del pasado año, cuando la iglesia de Madli celebró una serie de reuniones al aire libre en los patios que existen entre los bloques de viviendas del distrito de Gldani, en las que los fieles cantaban y «compartían palabras de inspiración de la Biblia». Al parecer, la primera de ellas, celebrada el 27 de mayo, transcurrió pacíficamente. Sin embargo, al día siguiente, dos agentes de la comisaría de policía del distrito de Gldani interrumpieron la reunión y después interrogaron al pastor y a su esposa en la comisaría, pidiéndoles aclaraciones sobre el fin de la reunión, así como una lista de los fieles (que el pastor se negó a dar). Zaal Tkeshelashvili afirma que la policía no prohibió que se celebrasen nuevas reuniones públicas, pero le pidió que redujera el volumen del sistema de sonido que se empleaba en ellas.


A las 6 de la tarde del 29 de mayo, los fieles comenzaron otra reunión. A la media hora, ésta fue interrumpida de nuevo por dos policías, que se marcharon cuando el pastor prometió acudir a la comisaría una vez concluida la ceremonia. Al parecer, unos 20 minutos después, el ayudante del jefe de policía del distrito (cuyo nombre obra en poder de Amnistía Internacional) volvió a interrumpir la reunión, insultó al pastor y a su esposa, golpeó a ésta y a otra mujer de 60 años, y presuntamente amenazó con desenfundar su arma. Poco después, llegó el jefe de policía del distrito de Gldani (cuyo nombre también obra en poder de Amnistía Internacional) que, según parece, también insultó a los fieles. Al parecer, algunos de éstos tomaron fotografías y grabaron un vídeo de los hechos (que muestra la llegada de la policía y cómo éstos arengaron a los fieles, aunque no se ve ningún acto de violencia física).


El pastor Zaal Tkeshelashvili afirma que, para tratar de conservar la paz, pidió a los fieles que se marcharan a sus casas. La mayoría obedeció, pero unas 25 personas (cinco hombres y 20 mujeres) se quedaron con el pastor y su esposa, por temor a que la policía intentase detenerlos. El grupo se dirigió entonces hacia la estación de metro de Achmeteli, pero, al parecer, unos 20 minutos después, tres automóviles de la policía en los que iban 12 agentes les cerró el paso en un patio del edificio 3 B del tercer subdistrito de Gldani. Los policías trataron de detener al pastor y a su esposa, lo que impidieron los demás fieles de la iglesia presentes en el lugar (que también liberaron a dos de ellos a los que la policía había introducido en uno de sus vehículos). Al parecer, los policías propinaron golpes y patadas a varios fieles durante unos 10 minutos antes de marcharse sin poder practicar ninguna detención. Uno de los heridos fue Gocha Lalebashvili, a quien, según los informes, arrojaron al suelo y propinaron patadas en la cabeza y en la cara.


Según los datos de que dispone Amnistía Internacional, no se ha abierto ninguna investigación penal sobre las denuncias de agresiones a manos de agentes de la policía, pero el pastor Zaal Tkeshelashvili inició una acción civil contra varios de los agentes de Gldani por interrumpir violentamente las reuniones, alegando violaciones de su derecho a la libertad de culto y de reunión. La primera vista del juicio se fijó para el 11 de agosto en el juzgado de distrito de Gldani-Nadzaladevi, pero al no comparecer los policías al cabo de una hora, se aplazó hasta el 16 de agosto. Además del considerable interés que mostraron los medios de comunicación por el juicio, el padre Basil Mkalavishvili, ministro de la Iglesia Ortodoxa georgiana al que habían apartado de su ministerio y que se opone radicalmente a las confesiones cristianas no ortodoxas de creación más reciente, se manifestó junto con varios de sus seguidores frente al juzgado con un cartel que decía «¡Ortodoxia o muerte!» y amenazó con hacer una protesta multitudinaria si se declaraba culpables a los policías.


La vista judicial se celebró los días 16 y 17 de agosto, presidida por el juez Tamaz Sabiashvili. Al parecer, el primer día los policías declararon que tenían un documento con 300 firmas en el que se pedía a la policía que dispersara la reunión de la iglesia, y una lista de 75 personas que afirmaban que la policía no había interrumpido la reunión, aunque no presentaron los documentos. El segundo día aportaron una lista de 19 personas que presuntamente habían pedido que se disolviera la reunión, nueve de las cuales declararon ante el tribunal. Al parecer, dos de ellas confirmaron que habían pedido a la policía que pusiera fin a la reunión, pero los informes indican que otros testigos declararon que habían firmado el documento el mismo día de la vista. El juez también se negó a ver la cinta de vídeo grabada por los fieles en la reunión del 29 de mayo, alegando problemas con el suministro eléctrico (habituales en Tiflis, incluso en verano).


El 17 de agosto, el juez falló a favor de la policía, al resolver que sus acciones para interrumpir la reunión habían sido apropiadas. El pastor Zaal Tkeshelashvili apeló contra la sentencia ante el Tribunal Regional de Tiflis, que desestimó el recurso el 10 de octubre.


Pasividad policial ante un ataque contra una congregación de testigos de Jehová


A finales de octubre, la policía de Tiflis recibió nuevas críticas por no haber actuado cuando unos seguidores del padre Basil Mkalavishvili agredieron a un grupo de testigos de Jehová. Aunque está registrada oficialmente en Georgia, la Iglesia de los Testigos de Jehová viene siendo blanco de la hostilidad de los simpatizantes radicales de la Iglesia Ortodoxa georgiana. Los testigos de Jehová denunciaron que un grupo de unas 200 personas atacó a unos 120 fieles —hombres, mujeres y niños—, que se habían reunido en un teatro alquilado para celebrar una ceremonia dominical el 17 de octubre. Al parecer, los agresores golpearon a los fieles con cruces de hierro y con palos. Algunos testigos de Jehová lograron escapar y denunciaron el ataque en dos comisarías de policía, pero ésta presuntamente se negó a acudir en su ayuda y a facilitarles protección. Los informes indican que quince testigos de Jehová tuvieron que ser atendidos en un hospital, entre ellos Fati Tabagari, la cual sufrió una pérdida temporal de visión tras recibir un golpe en la cabeza.


La televisión georgiana retransmitió fragmentos deuna grabación en vídeo del ataque, lo que suscitó la condena generalizada de éste, incluida la del presidente Eduard Shevardnadze, que pidió el procesamiento de los autores. La policía abrió una investigación penal después de que los testigos de Jehová presentaron una denuncia, el 18 de octubre, y formuló cargos contra el padre Basil Mkalavishvili. Sin embargo, en el momento en que se redacta este informe, la investigación no ha finalizado aún. Según el Instituto Caucasiano para la Paz, la Democracia y el Desarrollo, organismo no gubernamental, el 28 de diciembre de 1999, el departamento de policía de Tiflis trasladó el caso a la fiscalía del distrito de Gldani. El 20 de enero del presente año, esta fiscalía lo trasladó a su vez a la fiscalía metropolitana de Tiflis, que al parecer lo ha devuelto al fiscal de distrito. Según los datos de que dispone Amnistía Internacional, el padre Basil Mkalavishvili tampoco ha sido acusado formalmente ni procesado en relación con otros ataques contra creyentes pentecostales perpetrados anteriormente ese mismo año. Paata Zakareishvili, entonces jefe de administración delComité parlamentario de Derechos Humanos y Minorías Nacionales, declaró a la agencia de noticias Keston, ubicada en el Reino Unido: «Durante los dos meses anteriores al ataque [contra los testigos de Jehová], [los seguidores del padre Basil Mkalavishvili] habían organizado ataques contra los pentecostales de Tiflis. Por medio de mi comité parlamentario, yo había pedido al Ministerio del Interior que se adoptasen medidas, pero se limitaron a responder que no habían encontrado ninguna prueba de violencia, a pesar de que tengo en mi poder fotografías que contienen esas pruebas».9


Al parecer, los partidarios del padre Basil Mkalavishvili participaron en otro ataque contra dos testigos de Jehová cometido a principios de este año. Vladimir Begeluri y Georgi Todua denunciaron a la policía y a la fiscalía del distrito de Gldani, Tiflis, que habían sido agredidos por seguidores del padre Basil en dicho distrito el 16 de enero.


Persistente hostigamiento de Giorgi Shiukashvili


Amnistía Internacional ve con preocupación la persistente intimidación y hostigamiento que viene sufriendo Giorgi Shiukashvili desde que denunció que, estando detenido, había sido golpeado y maltratado por unos policías de Tiflis.


Giorgi Shiukashvili fue detenido hacia las 2 de la tarde del 25 de enero de 1998 en un taller de reparación de automóviles de Gldani por policías del distrito de Gldani, Tiflis, por robo de ruedas. Giorgi Shiukashvili denuncia que lo golpearon, al principio sin ninguna explicación, y luego para obligarlo a decir que otro detenido era hermano suyo. Después lo trasladaron a la sede de la Administración de la Policía Metropolitana de Tiflis, donde afirma que lo golpearon brutalmente con porras durante 15 días, hasta que confesó por escrito haber robado ruedas, así como otros delitos que no había cometido. Luego lo trasladaron de nuevo, esta vez a la Prisión de Investigación y Aislamiento Núm. 1 de Tiflis. El detenido denuncia que durante las dos primeras semanas que estuvo en dicho centro casi no podía moverse debido a las palizas que había recibido antes del traslado, y que otros 18 reclusos con los que compartió celda fueron testigos del estado en que se encontraba. En aquellos días declaró: «Me pegaron con porras. Acabé con la nariz rota como consecuencia de las torturas y las palizas. Ahora tengo fuertes dolores de cabeza, pierdo el conocimiento varias horas y lo olvido todo. Me despierto por la noche temblando».


En enero de 1999, tras el juicio celebrado en el juzgado del distrito de Gldani, Tiflis, Giorgi Shiukashvili fue absuelto y puesto en libertad en la misma sala de vistas, según los informes debido en parte a las denuncias de tortura. Aunque parece que se ha abierto un procedimiento penal contra dos agentes de policía por infligirle malos tratos, la familia dice que no se han hecho grandes esfuerzos para enjuiciar a los agentes implicados. Además, afirma que, el 25 de mayo de 1999, Giorgi Shiukashvili estuvo detenido brevemente en la comisaría de policía del distrito de Mtatsminda, y que uno de los agentes lo amenazó con obligarlo a marcharse de Tiflis si no «dejaba de luchar contra la policía».


Paliza infligida a Giorgi Gogsadze


Según los informes, en mayo de 1999, Giorgi Gogsadze fue citado en la comisaría de policía del distrito de Gldani, en Tiflis, e interrogado sobre el paradero de un familiar sospechoso de asesinato. Al parecer, al no facilitar ningún dato, lo golpearon entre seis policías hasta que prometió comunicarles el paradero de su pariente en cuanto lo averiguara. Tanto la paliza como la promesa del detenido fueron presuntamente grabadas en vídeo. Algunas fuentes indican que el jefe de la comisaría (cuyo nombre obra en poder de Amnistía Internacional) negó inicialmente la existencia de ese vídeo. Sin embargo, según Giorgi Gogsadze, el jefe de policía trató más tarde de arreglar el incidente a través de un intermediario, prometiendo entregar el vídeo y ayudar al familiar de Giorgi Gogsadze a cambio de que éste no presentase una denuncia.


Paliza infligida a un anciano llamado Tqemaladze


El 8 de agosto de 1999, un anciano de quien Amnistía Internacional sólo conoce su apellido, Tqemaladze, recibió presuntamente una paliza a manos de varios policías de tráfico en la ciudad de Rustavi. Según los informes, se iniciaron actuaciones penales contra los policías por «abuso de autoridad» (artículo 187 del Código Penal), pero en el momento en que se redactan estas líneas, Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se haya enjuiciado a nadie en relación con este caso.


Paliza infligida a los periodistas Georgi Kapanadze y Sergey Belousov


Según los informes recibidos, el 14 de octubre de 1999, varios agentes de la división núm. 3 de la policía de tráfico del distrito de Mtskheta, en Tiflis, agredieron a Georgi Kapanadze, periodista del diario Resonansi, y a Sergey Belousov, fotógrafo del periódico que intentó tomar fotos del incidente. Los informes señalan que la policía le confiscó la cámara. Al parecer, los periodistas fueron agredidos después de intervenir en favor de otra persona a quien la policía había golpeado brutalmente. La agresión le produjo a Georgi Kapanadze una conmoción cerebral, de la que fue atendido en el Hospital Núm. 1 de Tiflis. El periodista denunció formalmente los hechos y, al parecer, identificó a tres policías (cuyos nombres obran en poder de Amnistía Internacional) en una rueda de reconocimiento realizada en la fiscalía del distrito de Gldani. La vista del juicio estaba prevista para finales de febrero.



Muerte bajo custodia de Davit Vashaqmadze, consecuencia de paliza


En noviembre de 1999 se produjo la muerte de un hombre llamado Davit Vashaqmadze, presuntamente tras sufrir una brutal paliza a manos de la policía de Tiflis.


Según los informes, la noche del 13 de noviembre Davit Vashaqmadze estaba de visita en casa de su amigo Zaza Buadze. Hubo una interrupción del suministro eléctrico y decidieron salir en el automóvil de Vashaqmadze para ver si había electricidad en otras zonas de la ciudad. Vashaqmadze detuvo su auto en la plaza de Tavisupleba al recibir una llamada en su teléfono móvil, y unos minutos después, dos agentes de policía se acercaron y le pidieron su documentación. Vashaqmadze no la llevaba consigo, y al parecer, los policías sacaron a los dos hombres del vehículo y empezaron a golpearlos. Los informes indican que participaron también en la paliza varios policías más. Después les dijeron que los iban a llevar a la comisaría de Mtatsminda, pero en realidad los condujeron hasta un barrio situado fuera del centro de la ciudad, donde prosiguió la paliza. Al parecer, Davit Vashaqmadze sufrió fracturas múltiples y otras lesiones graves, y murió en un hospital dos días después. Parece ser que Zaza Buadze también sufrió lesiones graves. La fiscalía metropolitana de Tiflis inició una investigación, y parece ser que dos agentes de la policía de tráfico (cuyos nombres obran en poder de Amnistía Internacional) fueron detenidos y acusados formalmente de «abuso de autoridad» (artículo 187 del Código Penal).


Presuntas torturas infligidas a Dato Natelashvili


También en noviembre de 1999, Dato Natelashvili denunció haber sufrido tortura y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Tiflis. En una denuncia escrita presentada ante el fiscal de Tiflis y el fiscal general Dato Natelashvili declaró que había sido golpeado en el centro de detención temporal del Jefatura Central de la Policía Metropolitana de Tiflis durante dos días, tras haber sido trasladado a dichas dependencias desde la Prisión de Investigación y Aislamiento Núm. 1 (prisión de Ortachala), del Ministerio del Interior, el 19 de noviembre. También denunció que le habían aplicado descargas eléctricas para obligarlo a confesarse autor de un asesinato.


Dato Natelashvili fue detenido el 26 de junio de 1999, acusado de robo y trasladado desde un centro de detención temporal a la prisión de Ortachala . Sin embargo, el 19 de noviembre, lo llevaron de nuevo al centro de detención temporal. Según los informes, su familia no fue informada del traslado y no lo descubrió hasta que el hermano del detenido trató de llevarle un paquete de comida a la prisión de Ortachala, el 21 de noviembre. Al día siguiente, el hermano de Dato Natelashvili y sus dos abogados intentaron visitarlo en la sede de la Jefatura Central de la Policía Metropolitana de Tiflis, donde les negaron el acceso al detenido. Los abogados denunciaron que los funcionarios de la fiscalía les comunicaron que ya no podían representar a su cliente, al haber sido citados como testigos del caso.


Según los informes, la denuncia escrita de Dato Natelashvili (fechada el 30 de noviembre) decía que el día de su traslado, 19 de noviembre, lo golpearon cuatro agentes del orden que lo habían acompañado desde Ortachala hasta la Jefatura Central de la Policía Metropolitana de Tiflis. Al día siguiente volvieron a golpearlo y además le aplicaron descargas eléctricas para obligarlo a confesarse autor del asesinato de un hombre llamado Sheikhadinov. Cuando redactó su denuncia, Dato Natelashvili afirmó que seguía sufriendo dolores en el lado derecho del cuerpo y solicitó un reconocimiento médico forense. Su tercer abogado, a quien permitieron ver a su cliente el 25 de noviembre, contó que éste le había descrito la brutal paliza que había recibido y no podía sentarse erguido sin sufrir grandes dolores. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, después de esta visita, Dato Natelashvili fue trasladado de nuevo a la prisión de Ortachala, aunque se desconoce si ha sido sometido a un reconocimiento médico y si se han hecho otras investigaciones sobre su denuncia.


Malos tratos infligidos a los periodistas Jincharadze y Abashidze


Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que los periodistas Jincharadze y Abashidze (la organización sólo conoce sus apellidos), que trabajan para la televisión de la región autónoma de Ajaria, y que se habían desplazado hasta Qvareli, en la región oriental de Kakheti, para informar de la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias, previstas para el 14 de noviembre de 1999, fueron agredidos por la policía de Qvareli el 12 de noviembre. Al parecer, la policía también destrozó sus cámaras de vídeo y los detuvo brevemente.


La muerte de Zviad Baghashvili


Según los informes recibidos, Zviad Baghashvili, de 19 años de edad, murió a consecuencia de un disparo realizado por un agente de policía el 12 de diciembre de 1999, en un pueblo del distrito de Signaghi. Las fuentes difieren en cuanto a las circunstancias que rodearon los hechos. Una información publicada por la prensa indicó que éstos ocurrieron en el pueblo de Tsnori, después de que un automóvil en el que viajaba Zviad Baghashvili atropelló a un agente de la policía de tráfico y se dio a la fuga. Sin embargo, otra fuente no oficial afirmaba que el incidente tuvo lugar en el pueblo de Qvemo Bodbe, como consecuencia de una discusión a causa de una joven. Esta fuente señala que la investigación penal sobre el caso está siendo obstaculizada mediante la intimidación de los testigos, y que ha pasado de la fiscalía de distrito a la fiscalía regional debido a la renuencia de las autoridades locales para emprender acciones contra el policía implicado. Según los datos de que dispone Amnistía Internacional, el policía ha sido acusado formalmente, pero la organización no conoce actualmente más detalles sobre el delito o delitos que se le imputan.


La muerte bajo custodia de Zaza Tsotsolashvili y de Ivane Kolbaya


Durante 1999, fuentes no oficiales cuestionaron la muerte de dos hombres que, según la policía, se suicidaron mientras estaban bajo custodia.


El 4 de diciembre, la policía informó de que un joven llamado Zaza Tsotsolashvili había perdido la vida tras arrojarse desde una ventana de la sexta planta del edificio del Ministerio del Interior, en Tiflis. Sus dos hermanos, Aleksandr y Kakha Tsotsolashvili, estaban siendo interrogados en la habitación de al lado. Zaza Tsotsolashvili fue llevado a un hospital, pero murió poco después, ese mismo día. Amnistía Internacional tiene entendido que el Ministerio del Interior ha abierto una investigación, y que la fiscalía del distrito de Krtsanisi, en Tiflis, ha iniciado actuaciones penales. Cuatro agentes del Departamento de Delincuencia Organizada de ese Ministerio han sido suspendidos de sus funciones mientras se investiga el caso.


El periódico Black Sea Press informó el 14 de diciembre de que Elene Tevdoradze, presidenta del Comité de Derechos Humanos del Parlamento, que visitó la habitación desde la que cayó Zaza Tsotsolashvili, había manifestado sus dudas de que el detenido se hubiera arrojado voluntariamente. Al parecer, basaba sus conclusiones en que la ventana era relativamente alta y estaba cerrada porque era invierno, y en que Zaza Tsotsolashvili no estaba solo en la habitación en aquel momento, sino que lo acompañaban cuatro policías que le habrían impedido subir hasta el alféizar de la ventana y abrirla.


Amnistía Internacional considera también preocupantes las denuncias según las cuales la policía presionó a uno de los hermanos de Zaza Tsotsolashvili para que se negara a que se practicase un reconocimiento médico forense al cadáver (al parecer, la policía visitó al hermano y lo retuvo hasta las 3 de la mañana del día siguiente, hasta que accedió a no pedir dicho reconocimiento).


En un caso similar ocurrido el 22 de marzo del mismo año, un hombre de 32 años procedente de Lankhuti y llamado Ivane Kolbaya murió tras caer desde una ventana de la quinta planta de la Jefatura Central de la Policía Metropolitana de Tiflis, mientras la policía lo interrogaba sobre unos presuntos robos. Al parecer, la policía consideró oficialmente la muerte como un suicidio, aunque, según los informes, el jefe del centro médico forense georgiano declaró cuatro días después de los hechos a la organización no gubernamental Human Rights Watch que los médicos forenses que habían examinado el cuerpo no habían podido determinar de forma concluyente si los traumatismos que encontraron en el cuerpo de Ivane Kolbaya fueron consecuencia de la caída o habían sido causados antes de su muerte.Human Rights Watch, en una carta abierta dirigida al presidente Eduard Shevardnadze al mes siguiente, denunció otras cuatro muertes (dos hombres y dos mujeres) que, al parecer, se habían producido de forma similar desde 1995.10



5. Recomendaciones de Amnistía Internacional


Obviamente son muchos los factores que hacen que la tortura siga siendo un problema persistente en Georgia y que afectan a las medidas que pueden adoptarse para hacerle frente. Por una parte, requiere tiempo superar la mentalidad, heredada de la era soviética, que impera en la actuación policial y en las cuestiones penales. Por otra, la economía del país no es aún lo bastante sólida como para proporcionar unos niveles salariales que hagan menos eficaces las tentaciones de corrupción, y menos aún para garantizar la formación necesaria a todos los funcionarios. Sin embargo, se pueden tomar muchas medidas que no dependen del dinero, y el problema tiene ciertos aspectos que no se deben tanto a la economía como a lo que muchos perciben como el persistente clima de impunidad en el que se desenvuelven algunos agentes encargados de hacer cumplir la ley.


Amnistía Internacional reconoce que Georgia ha adoptado muchas medidas concretas para crear instituciones democráticas y reformar su sistema judicial y de justicia. La organización reconoce asimismo las dificultades que aquejan al sistema de orden público, como las causadas por la inexistencia de fondos para contratar personal profesional, para impartir formación y para infraestructura, o las provocadas por la falta de confianza pública en que dicho sistema esté dispuesto a abordar los abusos. Amnistía Internacional insta a las autoridades georgianas a que adopten las siguientes medidas para garantizar un mejor cumplimiento de la obligación que le impone tanto el Consejo de Europa como otros organismos internacionales de prohibir la tortura y castigar a sus autores:


◆ ratificar sin demora el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, que prevé un comité independiente con facultades para realizar visitas sin previo aviso a los centros de detención de los Estados Partes;


◆ garantizar que todas las personas privadas de libertad o detenidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comparecen sin dilación ante un juez y pueden recurrir asimismo ante un juez la legalidad de su detención;


◆ tipificar la tortura, tal como la define la Convención contra la Tortura, como un delito diferenciado punible con las penas adecuadas en la legislación penal del país (de conformidad con el artículo 4 de la Convención contra la Tortura);


◆ garantizar que todas las personas privadas de libertad o detenidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son informadas inmediatamente del delito o delitos que les imputan, y que se les permite comunicar sin dilación y de forma regular con un abogado de su elección, así como con su familia y con un médico independiente;


◆ garantizar que las autoridades informan de sus derechos a todas las personas privadas de libertad, incluido el derecho a denunciar los malos tratos ante las autoridades;


◆ garantizar que, cuando una persona es detenida, se comunica sin dilación su detención y paradero a un familiar;


◆ garantizar que se inician investigaciones inmediatas, imparciales y exhaustivas sobre todas las denuncias de tortura o malos tratos a detenidos, así como cuando haya motivos razonables para creer que ha habido tortura o malos tratos, incluso cuando no se haya formulado denuncia (de conformidad con los artículos 12, 13 y 16 de la Convención contra la Tortura);


◆ garantizar que todos los detenidos son sometidos a un reconocimiento médico en el momento en que se les priva de libertad y posteriormente siempre que sea necesario, y siempre que un detenido denuncie tortura o malos tratos;


◆ garantizar que las investigaciones sobre las denuncias de tortura incluyen un reconocimiento inmediato, imparcial y profesional de la víctima a cargo de médicos cualificados;


◆ garantizar que no se invoca como prueba ninguna declaración obtenida mediante tortura en ningún procedimiento judicial (salvo en los que se sigan contra una persona acusada de tortura, como prueba de que se hizo la declaración);


◆ enjuiciar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley responsables de tortura o de malos tratos en procedimientos que cumplan las normas internacionales;


◆ garantizar que todas las víctimas de tortura tienen acceso sin trabas a los medios para obtener resarcimiento y para hacer efectivo su derecho a una reparación, incluida una compensación justa y adecuada, a la indemnización, a la rehabilitación, a la satisfacción y a recibir garantías de que no se repetirá, y que todas las personas detenidas son informadas de este derecho (de conformidad con el artículo 14 de la Convención contra la Tortura);


◆ crear un sistema efectivo de inspección independiente de todos los centros en los que haya personas privadas de libertad;


◆ garantizar que la información sobre la prohibición absoluta del uso de la tortura y de los malos tratos está incluida en su totalidad en la formación del personal encargado de hacer cumplir la ley, ya sea civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y de otras personas que puedan intervenir en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

Sólo para miembros de AI Índice AI: EUR 56/01/00/s

Distr : SC/PO/CO/GR

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 0DW

Reino Unido




SEPAREN ESTA HOJA DEL DOCUMENTO PRINCIPAL

ANTES DE COPIARLO O DISTRIBUIRLO

PARA USO PÚBLICO


GEORGIA

Continúan las denuncias de tortura y malos tratos





ACCIONES RECOMENDADAS


Asegúrense de que todas las personas pertinentes de la Sección reciben copias del documento y de que éste se archiva debidamente para futuras consultas. Emprendan el mayor número posible de las siguientes acciones recomendadas.


1. Escriban al presidente de Georgia, Eduard Shevardnadze, instando a que Georgia ratifique el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, instrumento que establece un comité independiente con facultades para realizar visitas sin previo aviso a los centros de detención de toda Europa. Pidan también que se respeten y cumplan todas las obligaciones nacionales e internacionales de Georgia de prevenir la tortura, sin que sus autores puedan quedar impunes:


Presidente de Georgia

Eduard Amvrosiyevich SHEVARDNADZE Эдуард Амвросиевич ШЕВАРДНАДЗЕ

Gruziya Грузия

380018 g. Tbilisi 380018 г. Тбилиси

pr. Rustaveli, 8 пр. Руставели, 8

Apparat Prezidenta Gruzii Аппарат Президента Грузии

Prezidentu SHEVARDNADZE E.A Президенту ШЕВАРДНАДЗЕ Э.А.

Georgia

Fax: (995 32) 99 96 30; 99 08 79; 98 23 54

Correo electrónico: office@presidpress.gov.ge



2. Escriban al defensor del pueblo en funciones de Georgia, al fiscal general de Georgia y al ministro del Interior. Pidan que las autoridades pertinentes abran una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de tortura y malos tratos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que los resultados se hagan públicos y que los responsables identificados comparezcan ante la justicia. Utilicen uno de los casos citados en el documento y pidan información sobre la investigación penal o el enjuiciamiento que hayan podido derivarse del mismo:



2a) Defensor de los Derechos Humanos de Georgia


Acting Ombudsperson Исполняющий обязанности Народного

Temur LOMSADZE защитника Темур ЛОМСАДЗЕ

Gruziya Грузия

380034 g. Tbilisi 380034 г. Тбилиси

ul. Machabeli, 11 ул. Мачабели, 11

i.o. Narodnogo zashchitnika Народному защитнику

LOMSADZE T. и.о. Народного защитника ЛОМСАДЗЕ Т.

Georgia


2b) Fiscal General de Georgia


Dzhomlet BABILASHVILI Джомлет БАБИЛАШВИЛИ

Gruziya Грузия

380033 g. Tbilisi 380033 г. Тбилиси

ul. Gorgosali, 24 ул. Горгосали, 24

Prokuratura Gruzii Прокуратура Грузии

Generalnomu prokuroru Генеральному прокурору

BABILASHVILI D. БАБИЛАШВИЛИ Д.

Georgia


2c) Ministro del Interior de Georgia


Maj.-Gen. Kakha Ген-майор Каха

TARGAMADZE ТАРГАМАДЗЕ

Gruziya Грузия

380014 g.Tbilisi 380014 г. Тбилиси

ul. Generala Gia Gulua, 10 ул. Генерала Гиа Гулуа, 10

Ministerstvo vnutrennikh del Gruzii Министерство внутренних дел Грузии

Ministru TARGAMADZE K. Министру ТАРГАМАДЗЕ К.

Georgia



Envíen lo antes posible copia de las respuestas que reciban al equipo que se ocupa de la Confederación de Estados Independientes en el Secretariado Internacional.


3. Traten de animar a otras personas, por ejemplo a las personas que defienden activamente las libertades civiles, para que escriban también sobre la cuestión de la tortura y sobre los casos citados en el informe.


4. Intenten difundir la cuestión enviando copias del material que produzcan a la embajada de Georgia en su país (si existe).


Consulten con el equipo que se ocupa de la Confederación de Estados Independientes en el Secretariado Internacional si tienen previsto continuar llevando a cabo estas acciones recomendadas después de agosto del 2000.



DISTRIBUCIÓN POR EL SI


El SI ha enviado directamente este documento a todas las Secciones y a todos los coordinadores de la RAR de la antigua Unión Soviética (SURAN) y de Georgia.

11 El artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que «Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».

2Artículo 17 de la Constitución.

33 El artículo 18.4 de la Constitución establece que «No se permitirá la coacción física y mental de ninguna persona detenida o sometida a otras restricciones». Sin embargo, hay que señalar que aunque la prohibición de la tortura contenida en el artículo 17 de la Constitución es absoluta, los derechos que establece el artículo 18 pueden ser suspendidos si se declara el estado de excepción (artículo 46 de la Constitución).

4Artículo 42.7 de la Constitución.

5Artículo 195 del Código Penal.

6Georgia es Estado Parte en estos tratados de la ONU desde 1994.

77 Si desean consultar documentos anteriores de Amnistía Internacional sobre denuncias de tortura, pueden ver, por ejemplo, Georgia: A summary of Amnesty International’s concerns, Índice AI: EUR 56/02/98, de agosto de 1998.

88 Véase el documento de la onu CAT/C/28/Add. 1, de 17 de junio de 1996. El Comité contra la Tortura es el órgano de expertos creado para vigilar el cumplimiento de la Convención contra la Tortura por los Estados Partes. Pueden consultar los comentarios formulados por el Comité sobre Georgia tras estudiar el informe de Georgia en el documento de la onu A/52/44, párrafos 111-121, de 21 de noviembre de 1996.

9Despacho de la agencia de noticias Keston de 29 de octubre de 1999.

1010 Véase la carta abierta de Human Rights Watch de 14 de abril de 1999. Los otros cuatro casos mencionados, todos ellos de residentes de Tiflis, eran los de Gulchora Dursunova, que al parecer murió tras caer desde una ventana situada en el octavo piso de la sede del Ministerio del Interior el 23 de junio de 1998; Eka Tavartkiladze, que cayó desde la ventana del apartamento de un policía, situada en un sexto piso, el 15 de agosto de 1997 cuando la interrogaban sobre el robo de unos objetos propiedad de un agente (el informe médico forense, fechado el 3 de diciembre de 1997, incluía varias páginas en las que se describían con detalle las lesiones que mostraba el cadáver, y afirmaba que no era probable que fueran consecuencia de la caída, aunque añadía que no se podía determinar con total seguridad si habían causadas antes de su muerte. El juez citó este informe en su decisión de absolver a los tres agentes enjuiciados en relación con el caso); Akaki Iobashvili, que según la policía saltó desde la sexta planta de la Jefatura Central de la Policía Metropolitana de Tiflis la madrugada del 1 de agosto de 1997; y Zaal Ramishvili, que según la versión policial se arrojó desde el sexto piso de la sede del Ministerio del Interior el 19 de julio de 1995 (su padre, que lo había visitado varios días antes de su muerte, informó de que su hijo había sufrido una paliza tan brutal que no podía caminar).