AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: EUR 61/003/2009  
11 de mayo de 2009

Liberado en Turkmenistán un posible preso de conciencia largamente recluido

Mukhametkuli Aymuradov, considerado posible preso de conciencia por Amnistía Internacional, fue puesto en libertad el 2 de mayo de 2009 al haber cumplido la pena de cárcel que se le había impuesto. Actualmente se encuentra con su familia en la capital, Ashgabat.

No obstante, a la organización de derechos humanos le preocupa el elevado número de personas que aún permanecen encarceladas injustamente en Turkmenistán. Entre esas personas están Annakurban Amanklychev y Sapardurdy Khadzhiev, presos de conciencia y activistas de derechos humanos, así como varias decenas de casos de desaparición forzada, como el de los hermanos Boris y Konstantin Shikhmuradov.

En agosto de 2006 se impusieron penas de cárcel a Annakurban Amanklychev, Sapardurdy Khadzhiev y una mujer acusada junto a ellos, Ogulsapar Muradova, por delitos relacionados con armas de fuego que, en opinión de la mayoría, eran falsos. Amnistía Internacional adoptó a estas tres personas como presos de conciencia, convencida de que se había actuado contra ellas debido a sus actividades relacionadas con los derechos humanos. Ogulsapar Muradova murió bajo custodia en septiembre de 2006. Hasta la fecha no se ha realizado una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre su muerte.

Los hermanos Boris y Konstantin Shikhmuradov y varias decenas más de personas han sido víctimas de desaparición forzada en Turkmenistán después de ser condenadas a largas penas de prisión por su presunta participación en un ataque armado en 2002 contra el entonces presidente Niyazov. Las autoridades siguen ocultando información sobre el paradero de este grupo de presos; los privan por completo de acceso a familiares y organismos independientes, incluido el Comité Internacional de la Cruz Roja, y se niegan a responder a las acusaciones según las cuales al menos ocho de ellos han muerto bajo custodia. Hubo rumores de que dos de ellos, Boris Shikhmuradov y Batyr Berdyev, habían muerto. Sin embargo, en septiembre de 2007, el presidente Berdymukhamedov afirmó, según informes, que estaba seguro de que estaban vivos. Es la única información en que basan sus esperanzas los familiares de los dos hombres.

En 1995, Mukhametkuli Aymuradov y Khoshali Garayev fueron declarados culpables de delitos contra el Estado y condenados a penas de 15 y 12 años de cárcel, respectivamente, en un juicio sin las debidas garantías. Según informes, ambos fueron castigados únicamente por relacionarse con opositores al gobierno turcomano en el exilio. En diciembre de 1998 se impuso a ambos otra pena de 18 años de cárcel por presunto intento de fuga de la prisión. En septiembre de 1999, la familia de Khoshali Garayev fue informada de la muerte de éste en prisión, sobre la cual no se han dado explicaciones hasta la fecha.

Amnistía Internacional insta a las autoridades turcomanas a actuar en relación con todos los casos mencionados, lo que incluye:

• examinar las denuncias por incumplimiento de garantías en el juicio de Mukhametkuli Aymuradov y garantizar que recibe una reparación –que incluya indemnización– por la violación de su derecho a un juicio justo si se confirman las denuncias según las cuales el juicio no se atuvo a las normas internacionales de imparcialidad;

• liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos de conciencia, incluidos Annakurban Amanklychev y Sapardurdy Khadzhiev, activistas de derechos humanos relacionados con la Fundación Turcomana de Helsinki;

• garantizar que se llevan a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre la muerte de Khoshali Garayev y de Ogulsapar Muradova y que se dan a conocer el ámbito, los métodos y las conclusiones de las investigaciones, y asimismo que toda persona sospechosa de participar en violaciones de derechos humanos comparece ante un tribunal;

• revelar de inmediato la suerte y el paradero de las decenas de personas sometidas a desaparición forzada después de ser condenadas a largas penas de prisión por presunta participación en un ataque armado contra el ex presidente Niyazov en 2002. Debe celebrarse un nuevo juicio contra estas personas, los procedimientos deberán ajustarse a las normas internacionales de imparcialidad y deberá permitirse el acceso de observadores internacionales al juicio.
  
  FIN/