Febrero de 2007

Índice AI: EUR 61/004/2007

Turkmenistán

¡Las víctimas necesitan que se haga justicia ya!

Recopilación de casos

El nuevo presidente que será elegido dentro de poco en Turkmenistán tiene la obligación de romper con el largo legado de represión del país y brindar a sus ciudadanos un nuevo compromiso con los derechos humanos. Tras la muerte por un ataque al corazón del presidente Saparmurad Niyazov en diciembre de 2006, tras 21 años en el poder, su sucesor tiene que aprovechar esta oportunidad de poner fin a las graves e inveteradas violaciones de los derechos humanos y de llevar a cabo las tan necesarias y urgentes reformas de las leyes y las prácticas.

Sólo se ha permitido a seis miembros del gobernante Partido Democrático de Turkmenistán, del presidente Niyazov, el único partido político legalmente inscrito, presentarse como candidatos a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 11 de febrero de 2007. El gobierno provisional ha desoído las peticiones de los grupos de oposición en el exilio de que se les permitiese presentar candidatos.

Amnistía Internacional insta al presidente recién elegido a que adopte medidas inmediatas para invertir la atroz trayectoria de torturas, encarcelamientos y exilios forzados de Turkmenistán. Se debe poner en libertad a todos los presos de conciencia y tiene que cesar sin dilación el acoso a las familias de disidentes exilados. A menos que se les vaya a juzgar de nuevo y sin demora en un juicio con garantías, se debe liberar a los presos políticos que hayan sido condenados a largas penas de prisión tras juicios injustos. Debe considerarse prioritario llevar a cabo investigaciones rigurosas e imparciales de las denuncias de tortura y malos tratos y de todas las muertes de personas bajo custodia. Deben pasar a disposición judicial los funcionarios responsables de violaciones de los derechos humanos. Debe proporcionarse inmediatamente a los reclusos acceso a la atención y el tratamiento médicos adecuados.

La nueva presidencia y el nuevo gobierno deben comprometerse públicamente a respetar y proteger los derechos humanos y explicar qué medidas van a tomar. También tienen que garantizar que los disidentes políticos, los creyentes religiosos, los activistas de la sociedad civil y los periodistas pueden llevar a cabo sus actividades pacíficas sin sufrir hostigamiento y sin la amenaza de ser detenidos o de padecer otras violaciones de los derechos humanos. Más a largo plazo se debe hacer que las leyes y prácticas de Turkmenistán sean congruentes con las obligaciones contraídas por el país en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos. La subordinación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial al presidente Niyazov contribuyó de forma significativa a que no se atajara la impunidad ni se respondiera a los abusos generalizados contra los derechos humanos.

A algunas de las víctimas de violaciones de los derechos humanos de las que habla este documento se las ha enviado a prisión tan sólo por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión. A otras se las ha encarcelado durante años tras juicios injustos. A muchas se las ha torturado o se les han infligido malos tratos. Algunas familias han sido objeto de intimidación y hostigamiento simplemente por estar emparentadas con un disidente.

Los casos de estas personas ponen de manifiesto que muchísimas otras han sufrido violaciones de los derechos humanos en Turkmenistán durante las últimas dos décadas. Durante muchos años el gobierno a puesto trabas a la vigilancia de la situación de los derechos humanos, adoptando medidas drásticas contra los activistas de derechos humanos de Turkmenistán y prácticamente cerrando la entrada al país a los observadores internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional exige justicia para toda la ciudadanía de Turkmenistán. La adopción inmediata por parte del nuevo gobierno de medidas para garantizar que se pone en libertad a los presos de conciencia, que se revisan los casos de otros presos y que se investigan las violaciones de los derechos humanos transmitiría a los ciudadanos de Turkmenistán y a la comunidad internacional el mensaje inequívoco de que se trata de un gobierno dispuesto a respetar el ejercicio de las libertades fundamentales.

Muerte y encarcelamiento de activistas de derechos humanos

El gobierno del presidente Niyazov no garantizó que se llevasen a cabo investigaciones abiertas, inmediatas, rigurosas e imparciales de las muertes sin aclarar y producidas en circunstancias sospechosas, de detenidos políticos que se encontraban bajo custodia, incluida la de una destacada activista de derechos humanos ocurrida hace muy poco, en septiembre de 2006.

Ogulsapar Muradova era miembro de la Fundación Turcomana de Helsinki, una organización no gubernamental de derechos humanos que no puede operar libremente en el país, y era también corresponsal de la emisora internacional Radio Libertad, financiada por Estados Unidos. En junio de 2006 fue detenida y en agosto se la condenó a seis años de prisión tras haber sido declarada culpable de un delito relacionado con armas de fuego, para lo que, según la opinión generalizada, se utilizaron pruebas falsificadas. En septiembre de ese año murió en prisión.

Ogulsapar Muradova © Particular

El juicio distó mucho de cumplir las normas internacionales sobre garantías procesales. Hubo claros indicios de que se maltrató a tres personas para lograr que firmaran "confesiones" de culpabilidad. Los informes apuntan a que a Ogulsapar Muradova y a Annakurban Amanklychev, acusado junto con ella, se les administraron drogas psicotrópicas para intentar coaccionarles.

Annakurban Amanklychev y otro de los acusados, Sapardurdy Khadzhiev, ambos relacionados con la Fundación Turcomana de Helsinki, siguen en prisión. A ellos también los declararon culpables de delitos relacionados con armas de fuego y están cumpliendo condenas de prisión de siete años.

Annakurban Amanklychev

© Particular

Los informes indican que los cargos que se les imputan a los tres – adquisición, posesión o venta ilegal de munición o armas de fuego – son una especie de represalia por su trabajo en favor de los derechos humanos, puesto que habían recabado y proporcionado información relacionada con los derechos humanos a la directora de la Fundación Turcomana de Helsinki, con sede en Bulgaria. Annakurban Amanklychev había asistido a cursos sobre derechos humanos en Polonia y en Ucrania, y había cooperado con periodistas extranjeros de visita en su país.

Amnistía Internacional insta al nuevo gobierno de Turkmenistán a que:

Ø ponga en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia, incluidos Annakurban Amanklychev y Sapardurdy Khadzhiev;

Ø garantice que se llevan a cabo investigaciones imparciales y rigurosas de la muerte bajo custodia de Ogulsapar Muradova y de las denuncias de que Annakurban Amanklychev, Sapardurdy Khadzhiev y Ogulsapar Muradova sufrieron torturas o malos tratos;

Ø haga públicos el ámbito, los métodos y las conclusiones de estas investigaciones y ponga a disposición judicial a los responsables de violaciones de los derechos humanos.

Muerte de personas bajo custodia y negligencia médica

Otra muerte bajo custodia que sigue sin aclararse y sin investigarse en la de Khoshali Garayev, ocurrida en 1999. Mukhametkuli Aymuradov y Khoshali Garayev fueron sentenciados a 15 años de prisión tras ser declarados culpables de presuntos delitos contra el Estado en un juicio sin garantías celebrado en 1995. En diciembre de 1998 fueron condenados a otros 18 años de prisión por los cargos presentados contra ellos en relación con un presunto intento de fuga.

Las circunstancias en las que se produjo la muerte de Khoshali Garayev en prisión resultaron sospechosas. A su familia se le informó de su muerte por primera vez el 10 de septiembre de 1999, momento en el que, según los informes, recibieron un telegrama de las autoridades penitenciarias pidiéndoles que fuesen a recoger su cuerpo. No se les entregó un certificado de defunción ni ninguna explicación oficial y por escrito de su repentina muerte, y al parecer no se les permitió ni ver el cadáver ni solicitar una autopsia. Según las autoridades penitenciarias, Khoshali Garayev se ahorcó después de ser recluido en régimen de aislamiento por una pelea en su celda. Sin embargo, en una carta que escribió poco antes de morir, parecía albergar esperanzas de que se beneficiaría de una próxima amnistía presidencial y de que volvería con su familia para el año 2000. Nada hacía pensar que estuviese especialmente deprimido o tuviese tendencias suicidas.

A Amnistía Internacional también le preocupa gravemente la salud de Mukhametkuli Aymuradov, quien, según los informes, padece varios problemas de salud, entre ellos úlcera gástrica, colecistitis, afecciones cardíacas, y persistentes inflamaciones renales y de vejiga. Su vista también ha empeorado considerablemente. En el momento de su detención Mukhametkuli Aymuradov dirigía un conglomerado del sector de la construcción y era un hombre de familia con hijos y nietos. Según los informes, fue encarcelado simplemente por su relación con oponentes del gobierno en el exilio.

Mukhametkuli Aymuradov

Particular

Amnistía Internacional insta al nuevo gobierno de Turkmenistán a que:

Ø Ponga en libertad a Mukhametkuli Aymuradov sin dilación debido a su grave estado de salud y también porque durante 11 años se ha hecho caso omiso de las reiteradas peticiones de que se le juzgue de nuevo en un juicio con garantías;

Ø Garantice que se lleva a cabo una investigación rigurosa e imparcial de la muerte de Khoshali Garayev mientras se encontraba bajo custodia;

Ø haga públicos el ámbito, los métodos y las conclusiones de esta investigación y ponga a disposición judicial a los responsables de violaciones de los derechos humanos.

"Es sólo piel y huesos"

Geldy Kyarizov es otro de los reclusos que necesitan desesperadamente tratamiento médico urgente. Sufre desnutrición grave y se le ha negado la medicación apropiada. A pesar de haber padecido dos ataques al corazón, un derrame cerebral y neumonía mientras se encontraba en prisión preventiva, las autoridades no le han proporcionado atención médica adecuada.

A finales de enero de 2007 su esposa, que es médico, le dijo a un familiar: "Es sólo piel y huesos. Ahora pesa 45 o 50 kilos. No le reconocerías. Es como un cadáver andante". Acababa de visitarle en la prisión de Turkmenabad (antes Chardzhou), una ciudad ubicada en la región oriental de Lebap. A pesar de que hasta entonces había podido proporcionarle medicación, según la información disponible, el 2 de septiembre se le informó de que Kyarizov ya no se encontraba en la prisión y, el 18 de septiembre, de que no figuraba como recluso en ningún centro de detención gestionado por el Ministerio de Asuntos Internos. Su familia no averiguó hasta enero de 2007 que se hallaba de nuevo en la prisión de Turkmenabad. Las autoridades llevaban más de cuatro meses sin proporcionarle la medicación que necesitaba.

Geldy Kyarizov © Particular

Geldy Kyarizov ha permanecido en prisión más de cinco años, desde que se le condenase en un juicio que no cumplió las normas internacionales sobre garantías procesales. Era el director de la asociación estatal Turkmenatlary(Caballos Turcomanos) y criador de renombre internacional de caballos de la raza Akhal-Teké. En abril de 2002 se le condenó a seis años de prisión por cargos que incluían abuso de autoridad y negligencia.

Se cree que se presentaron cargos contra él porque había perdido el favor del presidente Niyazov y quedó atrapado en una ola de represión que se saldó con el encarcelamiento de gran cantidad de funcionarios. Según los informes, durante el periodo de prisión preventiva se le sometió a una gran presión para que "confesara". Al parecer, presenció como tres agentes del Ministerio de Seguridad Nacional aplicaban descargas eléctricas en los genitales a otro detenido. A pesar de su maltrecha salud y de que no estuviese recibiendo atención médica adecuada, según los informes, se sometió a Geldy Kyarizov a interrogatorios de 24 horas, sin pausa, en numerosas ocasiones.

Amnistía Internacional insta al nuevo gobierno de Turkmenistán a que:

Ø garantice que se proporciona inmediatamente a Geldy Kyarizov el tratamiento médico que necesita;

Ø le ponga en libertad sin dilación si no se le juzga de inmediato en un juicio justo que cumpla las normas internacionales sobre garantías procesales y al que puedan asistir observadores internacionales.

Muertes en circunstancias sospechosas bajo custodia, y tortura

Decenas de presos condenados por su participación en lo que las autoridades calificaron como un intento de asesinato del presidente Niyazov en noviembre de 2002 permanecen en régimen de incomunicación. Se les ha negado cualquier contacto con sus familias, abogados u órganos independientes como el Comité Internacional de la Cruz Roja, en la mayoría de los casos durante más de cuatro años, desde que se les condenara en juicios sin garantías.

Amnistía Internacional dispone de los nombres de más de 60 hombres y mujeres condenados a largas penas de prisión que van desde cinco años a cadena perpetua. Tres de ellos ni siquiera estuvieron presentes en el juicio y se les condenó in absentia. Probablemente a otras personas se las condenó en la serie de juicios que se celebraron a partir diciembre de 2002 y que continuaron al menos hasta junio de 2005.

Las autoridades no han llevado a cabo una investigación abierta e imparcial de los informes, verosímiles, de que muchas de las personas acusadas fueron sometidas a tortura y a malos tratos mientras se encontraban en prisión preventiva.

Uno de los casos es el de Batyr Berdyev, ex ministro de Exteriores y embajador ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Según los informes, tres agentes del Ministerio de Seguridad Nacional lo esposaron a una puerta y le dieron una paliza, tras su detención en diciembre de 2002.

Hay indicios claros de que al menos dos presos murieron en 2003 mientras se encontraban bajo custodia, a consecuencia de torturas y malos tratos y por las duras condiciones de reclusión; se trata de Tagandurdy Khalliev y Amanmukhammet Yklymov. El gobierno no ha respondido públicamente a las denuncias de que éstos y otros detenidos en relación con el presunto intento de asesinato pueden haber muerto mientras se encontraban bajo custodia.

En octubre de 2006 el presidente Niyazov anunció que ocho presos que estaban cumpliendo condena en relación con el presunto intento de asesinato serían puestos en libertad en una próxima amnistía. Niyazov afirmó que los ocho se habían arrepentido, "no habían participado de forma significativa y no habían utilizado armas". En la lista de amnistiados publicada no se incluyó finalmente a ninguno de los presos condenados por su participación en el presunto intento de golpe de Estado. Sin embargo, existen informes sin confirmar de que tres personas, Nasrullah ibn Ibadullah, Yazgeldy Gundogdiev y otra cuyo nombre Amnistía Internacional desconoce, podrían haber sido liberadas en octubre.

Amnistía Internacional insta al nuevo gobierno de Turkmenistán a que:

Ø proporcione al Comité Internacional de la Cruz Roja y a otros observadores independientes acceso inmediato y sin restricción a los presos;

Ø garantice que se lleva a cabo una investigación abierta, rigurosa e imparcial de todas las denuncias de tortura o de malos tratos;

Ø garantice que las personas condenadas en relación con el presunto intento de asesinato de noviembre de 2002 son juzgadas de nuevo en un juicio que cumpla las normas internacionales sobre garantías procesales y al que puedan asistir observadores internacionales;

Ø emprenda una investigación rigurosa e imparcial de las muertes de Tagandurdy Khalliev y Amanmukhammet Yklymov mientras se encontraban bajo custodia;

Ø haga públicos el ámbito, los métodos y las conclusiones de esta investigación y ponga a disposición judicial a los responsables de violaciones de los derechos humanos.

Exilio interno

Sazak Begmedov, de 81 años, padre de la directora de la Fundación Turcomana de Helsinki, Tadzhigul Begmedova, lleva más de tres años en exilio interno. Hay indicios concluyentes de que, cuando en 2003 se le expulsó por la fuerza de la capital, Ashgabat, se le agredió gravemente, a consecuencia de lo cual sufrió un ataque al corazón. No se han explicado las razones de su exilio interno ni se han investigado los malos tratos.

Amnistía Internacional cree que Sazak Begmedov ha sido el blanco de estas actuaciones debido a la labor de su hija en pro de los derechos humanos.

El 31 de agosto de 2003, cuatro agentes de policía le detuvieron cerca de su casa en Ashgabat. Según los informes, los agentes le agredieron físicamente y le propinaron patadas mientras le trasladaban al aeropuerto, donde le obligaron a entrar en un avión con destino a Dashoguz, localidad situada en el este de Turkmenistán, cerca de la frontera con Uzbekistán, para su "reasentamiento". Una vez en Dashoguz, el jefe de la policía local se negó, según se informa, a explicar por qué se le estaba "reasentando". La policía también se negó a registrar su denuncia de que había sido agredido, a pesar de que contaba con un certificado médico que documentaba las conmociones y heridas que padecía, entre otros lugares en los riñones. Poco tiempo después, en la noche del 3 al 4 de septiembre, sufrió un ataque al corazón que hizo necesaria su hospitalización durante más de dos semanas.

Durante muchos meses no pudo cobrar su pensión; se le dijo que sólo podía recibir el dinero en su lugar oficial de residencia en Ashgabat. Según los informes, agentes de la sección local del Ministerio de Seguridad Nacional han mantenido su casa bajo estrecha vigilancia. Se cree que en la actualidad padece tuberculosis y que su salud es en general precaria.

Amnistía Internacional insta al nuevo gobierno de Turkmenistán a que:

Ø levante sin dilación las restricciones a la libertad de movimiento de Sazak Begmedov;

Ø garantice que se lleva a cabo una investigación rigurosa e independiente de las denuncias de que sufrió malos tratos, a fin de llevar a los responsables ante la justicia.

Intimidación y acoso a las familias

A muchos miembros de las familias de disidentes o de políticos de la oposición se les ha obligado a abandonar su puesto de trabajo o se les ha prohibido salir de Turkmenistán. Las restricciones a la libertad de movimiento forman parte de la política gubernamental de acallar y disuadir cualquier disidencia.

Según los informes, se obligó al comandante Ruslan Tukhbatullin, un oficial del ejército, a que renunciase a su cargo militar debido a su parentesco con su hermano, Farid Tukhbatullin, conocido defensor de los derechos humanos y ex preso de conciencia, exilado desde 2003. Después de que en junio de 2003 se obligase a Farid Tukhbatullin a abandonar el país debido a las presiones de las autoridades, el Ministerio de Seguridad Nacional intentó en diversas ocasiones obtener de su hermano información acerca de sus actividades y su paradero.

Ruslan Tukhbatullin

© Particular

El 28 de marzo de 2005, un alto funcionario de la administración militar de la región de Dashoguz le pidió a Ruslan Tukhbatullin que renunciara de forma voluntaria a su puesto. Ya se le había advertido con anterioridad de que si su hermano no "mantenía la cabeza gacha", a él se le expulsaría de las fuerzas armadas. Según los informes, cuando trató de solicitar otro puesto en el ejército, un funcionario de la administración militar le dijo que, a pesar de sus buenas aptitudes profesionales, "si alguna vez lograba encontrar trabajo, sería fuera de esta región, en algún pueblo remoto".

Miles de ciudadanos se encuentran en una "lista negra" de personas que tienen prohibido salir de Turkmenistán. Esta lista incluye desde personas a las que se considera críticas con las autoridades, como disidentes y activistas de la sociedad civil y sus parientes, a familiares de personas encarceladas en relación con el presunto intento de asesinato del presidente Niyazov en 2002 y de funcionarios encarcelados.

A Maral Yklymova, de 28 años, hija de Saparmurat Yklymov, se le ha prohibido salir de Turkmenistán para reunirse con sus padres, que se encuentran en el exilio. Su padre fue juzgado inabsentiay condenado a cadena perpetua en diciembre de 2002 en relación con el presunto intento de asesinato del presidente Niyazov.

Otro caso característico es el de Ovez Annaev, a quien se impidió salir del país para recibir tratamiento médico. Annaev es cuñado de Khudayberdy Orazov, dirigente del movimiento de oposición en el exilio Patria (Watan). El 2 de mayo de 2006 subió a bordo de un avión con destino a Moscú desde Ashgabat siguiendo las recomendaciones de los médicos de que buscase tratamiento médico especializado para su úlcera gástrica. Poco antes de despegar, agentes del Ministerio de Seguridad Nacional le obligaron a salir del avión. Tanto a él como a su esposa, Svetlana Orazova, se les había prohibido con anterioridad salir del país y al menos en otra ocasión se les había sacado de un avión. Las autoridades han acusado a Khudayberdy Orazov de desempeñar un papel fundamental en el presunto intento de asesinato del presidente Niyazov.

Amnistía Internacional insta al nuevo gobierno de Turkmenistán a que:

Ø ponga fin a la intimidación y el hostigamiento que sufren los familiares de activistas de derechos humanos en el exilio;

Ø levante las restricciones a los viajes impuestas a los disidentes y a sus familias;

Ø proteja los derechos humanos de los familiares de los disidentes políticos, los creyentes religiosos, los periodistas y los activistas de la sociedad civil.

Si desean más información sobre la situación de los derechos humanos en Turkmenistán pueden encontrarla en www.amnesty.org

Amnistía Internacional, Secretariado Internacional , Peter Benenson House,1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Reino Unido www.amnesty.org

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