AMNISTÍA INTERNACIONAL
Declaración Pública

Índice AI: IOR 53/006/2008
9 de diciembre de 2008

Amnistía Internacional pide una revisión urgente de las estrategias de conclusión de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda

Cuando el Consejo de Seguridad de la ONU se dispone a reunirse el 12 de diciembre de 2008 para estudiar varias cuestiones importantes relativas a las estrategias de conclusión del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), Amnistía Internacional pide una revisión urgente de la estrategia vigente, que ya no se corresponde a la situación actual.

En 2003, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 1503, en la que insta al TPIY y al TPIR a que: “tomen todas las medidas posibles para concluir […] todos los procesos en primera instancia para fines de 2008 y toda su labor en 2010.”

Sin embargo, al tiempo que recomendaba esos plazos en 2003, el Consejo de Seguridad pedía a los Estados, en la misma la Resolución 1503, que adoptasen una serie de medidas a fin de facilitar la conclusión de los mandatos de los Tribunales. Estas medidas no se han aplicado totalmente, por lo que ahora es imposible que los tribunales cumplan dichos plazos.

En primer lugar, pese a los reiterados llamamientos del Consejo de Seguridad, los Estados no han garantizado que las personas acusadas formalmente por los Tribunales sean detenidas y entregadas para ser juzgadas. Ratko Mladic y Goran Hadžic siguen en libertad y están acusados de crímenes cometidos en la ex Yugoslavia. Por su parte, hay trece personas acusadas formalmente por el TPIR que continúan en libertad.  

En segundo lugar, a pesar de que la comunidad internacional ha adoptado algunas medidas para mejorar las capacidades de las jurisdicciones nacionales con el fin de juzgar casos trasladados por los tribunales penales internacionales, sigue preocupando seriamente el hecho de que los tribunales de la mayoría de los Estados de la ex Yugoslavia y de Ruanda no pueden juzgar efectivamente estos casos —complejos y en muchas ocasiones políticamente delicados— con arreglo a las normas internacionales.

A tenor de las peticiones realizadas por el fiscal general ruandés, el fiscal del TPIR formuló cuatro solicitudes para trasladar sendos casos de este Tribunal a Ruanda. Todas ellas fueron rechazadas por el TPIR alegando que los acusados no serían juzgados en este país. En las cuatro resoluciones se señalaron defectos graves del sistema nacional de protección de testigos; los problemas identificados no pueden resolverse con rapidez.

Lamentablemente, los esfuerzos adicionales para que algunos de los casos del TPIR fueran juzgados por otros tribunales nacionales en el ejercicio de la jurisdicción universal, como los de Noruega y los Países Bajos, fracasaron debido a que las leyes nacionales eran inadecuadas.

A pesar del reciente aumento de los enjuiciamientos nacionales instados por las autoridades de los Estados surgidos a partir de la ex Yugoslavia, Amnistía Internacional considera que es necesario adoptar muchas más medidas para garantizar que las investigaciones y los enjuiciamientos de crímenes tipificados en el derecho internacional son realizados de forma efectiva por tribunales nacionales competentes, imparciales e independientes que garanticen los derechos de los acusados a un juicio imparcial, la seguridad de abogados y jueces y los derechos de víctimas y testigos.

Preocupa incluso si la Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina —mecanismo reconocido en la Resolución 1503 y al que ya se han trasladado casos del TPIY— podrá funcionar efectivamente de seguir adelante los planes de retirar su personal internacional en diciembre de 2009. Amnistía Internacional pide un programa completo de formación y fomento de la capacidad, así como mecanismos de supervisión y evaluación efectivos, antes de que se produzca el traspaso.

Los puntos débiles de los sistemas de justicia penal nacionales van mucho más allá del hecho de hacerse cargo de los casos de los tribunales internacionales. A menos que se aborden como parte de la estrategia de conclusión, estas debilidades podrían obstruir la justicia para los miles de crímenes que los Tribunales no han enjuiciado y que deben investigar y enjuiciar los tribunales nacionales. De hecho, el éxito de los Tribunales deberá medirse en función del legado que dejen a las autoridades nacionales.

El Consejo de Seguridad debe reconocer que no se va a poder llevar a cabo la estrategia de conclusión que recomendó en 2003. Hay que elaborar una nueva estrategia revisada en la que se reconozca la necesidad de asignar más tiempo y recursos para garantizar que las personas que siguen en libertad son detenidas y entregadas sin más dilación, que los Tribunales concluyen sus casos o que éstos son trasladados a tribunales nacionales competentes, imparciales e independientes, y que se refuerzan los sistemas de justicia nacionales de los países afectados a fin de garantizar que continúan la labor de acabar con la impunidad.

La estrategia revisada deberá garantizar asimismo que los esfuerzos para concluir sus casos con rapidez no afectan a los derechos de los procesados a un juicio imparcial. Además, el derecho de las víctimas a la justicia y a la verdad no deberá verse menoscabado por una reducción sustancial de las actas de acusación en la medida en que no reflejen toda la gama de cargos penales contra los acusados, concretamente por la retirada de cargos de violencia sexual.

Además, han de adoptarse medidas concretas para abordar el hecho de que el TPIR no ha enjuiciado las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas por el Ejército Patriótico Ruandés (RPA, por sus siglas en inglés) en 1994. Amnistía Internacional recibió con consternación la reciente decisión del fiscal del TPIR de entregar un expediente de crímenes cometidos por el RPA a las autoridades ruandesas para que fuera enjuiciado por los tribunales nacionales, en lugar de iniciar actuaciones ante el TPIR, ignorando así los graves defectos de que adolece el sistema de justicia ruandés y que han identificado las Salas en sus decisiones de no trasladar casos del TPIR a Ruanda. Se sigue denegando la justicia a las víctimas de crímenes terribles cometidos por el RPA y mientras no se juzguen estos crímenes el TPIR seguirá siendo acusado de parcialidad.

En su próxima reunión, el Consejo de Seguridad estudiará y actuará en relación con un informe de su grupo informal de trabajo sobre tribunales acerca del establecimiento de un mecanismo o mecanismos residuales que se ocupen de las cuestiones residuales y funciones esenciales de los Tribunales cuando éstos sean cerrados. A Amnistía Internacional le preocupa que los debates del grupo de trabajo se estén realizando en secreto y que no se hayan hecho públicos los informes que ha elaborado o recibido de los Tribunales y otros expertos.

Será esencial un mecanismo residual que desempeñe las funciones necesarias que deben continuar una vez que se cierren los Tribunales. Dichas funciones incluyen garantizar la protección de los testigos, las labores de divulgación y la supervisión de la aplicación de las penas impuestas a personas condenadas por los Tribunales. Aunque Amnistía Internacional respalda la labor preparatoria para definir al mecanismo residual, la organización quiere subrayar que los esfuerzos deben estar encaminados a establecer un mecanismo en el momento oportuno, cuando los Tribunales estén a punto de concluir su labor, y que dicho mecanismo no debe ser utilizado como herramienta para cerrar los Tribunales antes de tiempo.

Cuando considere esta cuestión, el Consejo de Seguridad deberá asimismo estudiar cómo gestionar los archivos de los Tribunales. Será vital que tanto el público como las autoridades de las fiscalías nacionales tengan acceso a ellos y que se impongan únicamente las restricciones necesarias para garantizar la protección de víctimas y testigos.

Por consiguiente, Amnistía Internacional pide al Consejo de Seguridad que no adopte ninguna decisión sobre el mecanismo residual en su próxima reunión. Antes bien, el Consejo deberá llevar a cabo, en un proceso transparente y posiblemente basándose en un informe del secretario general, una revisión detallada de la estrategia de conclusión vigente. Las organizaciones no gubernamentales independientes deberán tener la posibilidad de contribuir a determinar las vías de avance más efectivas, permitiendo que los Tribunales cumplan sus mandatos de garantizar la justicia por los crímenes cometidos en ambas situaciones y dejen un legado de rendición de cuentas y justicia que puedan desarrollar las autoridades nacionales.  



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