[No publicar antes del 22 de junio de 2004]

Público

Amnistía Internacional

El Golfo y la Península Arábiga:

Los derechos humanos, víctimas de la “guerra contra el terror”

Junio de 2004

Resumen

Índice AI: MDE 04/002/2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE040022004

La denominada “guerra contra el terror”, encabezada por Estados Unidos y librada con una preocupante falta de respeto por el Estado de derecho y las normas internacionales de derechos humanos, ha tenido profundas consecuencias para los ciudadanos y residentes del Golfo y la Península Arábiga. El resultado han sido detenciones arbitrarias en gran escala, detenciones en régimen de incomunicación y detenciones prolongadas sin cargos ni juicio, torturas y malos tratos, devolución de personas a países donde pueden sufrir graves violaciones de derechos humanos, un hermetismo extremo en torno a la suerte y el paradero de muchas personas, y aparentes ejecuciones extrajudiciales. De las aproximadamente 600 personas que el gobierno de los Estados Unidos mantiene detenidas sin cargos ni juicio en la bahía de Guantánamo, Cuba, más de una tercera parte, según informes, proceden de la región del Golfo y la Península Arábiga. Al parecer, miles más están recluidas en circunstancias similares en su propio país o en países vecinos del Golfo y la Península Arábiga.

El trato dispensado a las personas contra las que se ha actuado en el curso de “la guerra contra el terror”, ignorando por completo sus derechos y las garantías del Estado de derecho, ha afectado por asociación a sus familias. Las fuerzas de seguridad han detenido a algunos familiares para obligar a entregarse a los miembros sospechosos de sus familias. Los familiares se encuentran sumidos en una situación de desconcierto emocional, dificultad económica y vacío legal. Muchas familias han sido estigmatizadas al ser relacionadas con delitos por los que sus familiares no han sido acusados y mucho menos condenados. Los gobiernos de los Estados Unidos y de la región del Golfo y la Península Arábiga siguen actuando como si consideraran este tipo de sufrimiento como un “daño colateral” inevitable de las medidas tomadas en su “guerra contra el terror”. Este tipo de sufrimiento es una de las consecuencias indeseables que el espíritu de las normas internacionales de derechos humanos pretende evitar.

El modo en que se está librando la “guerra contra el terror” representa una amenaza real para las mejoras incipientes que en materia de derechos humanos se estaban produciendo en el Golfo y la Península Arábiga. En los últimos años, los gobiernos de la región estaban empezando a responder positivamente a las demandas de mejoras en el campo de los derechos humanos y a apartarse, aunque fuera lentamente, de las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que durante décadas proliferaron a gran escala. La “guerra contra el terror” ha revivido las antiguas prácticas. Los gobiernos de la región la están utilizando como pretexto para restringir la libertad de expresión y la disidencia política, provocando el temor entre periodistas, adversarios del gobierno y, en general, las personas que, presunta o realmente, mantienen puntos de vista religiosos integristas. La “guerra contra el terror” no debe utilizarse como justificación para cometer violaciones de derechos humanos.

El objetivo que Amnistía Internacional se ha propuesto con el presente informe es aumentar la presión sobre las autoridades estadounidenses y los gobiernos del Golfo y la Península Arábiga para que tomen medidas con carácter urgente que corrijan la situación y terminen con los abusos puestos de manifiesto. Amnistía Internacional, si bien pide a los gobiernos que ejerzan su derecho y su deber de llevar ante la justicia a las personas sospechosas de haber cometido delitos comunes reconocibles, se opone a que el ejercicio de este derecho y deber se ponga en práctica al margen de las garantías del Estado de derecho y de las normas internacionales de derechos humanos.

Este texto resume el documento titulado El Golfo y la Península Arábiga: Los derechos humanos, víctimas de la “guerra contra el terror” (Índice AI: MDE 04/002/2004), publicado por Amnistía Internacional el 22 de junio de 2004. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en <http://www.amnesty.org>.Para los documentos traducidos al español consulten: <http://web.amnesty.org/library/eslindex>.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

[NO PUBLICAR ANTES DEL 22 de junio de 2004]

Público

Amnistía Internacional

El Golfo y la Península Arábiga:

Los derechos humanos, víctimas de la “guerra contra el terror”

ÍNDICE

Un poema para mi madre

por

Jamil

Me preguntas cómo vive mi madre --

No esperes que te lo diga.

Me preguntas cómo vive mi madre --

Las palabras no pueden expresar sus lágrimas.

No sé ni por dónde empezar,

Qué puerta puede abrir

La oscuridad del corazón de mi madre

Ensombrecido por las cartas censuradas.

El corazón de mi madre permanece vacío

Aunque recubierto de dolor

El corazón de mi madre permanece vacío

Desde que Yassin partió.

Extracto de un poema de Jamil a cuyo hermano, Yassin Qassim Muhammad Isma’il, ciudadano yemení, mantienen recluido en Guantánamo, Cuba, las autoridades estadounidenses. El poema fue entregado a Amnistía Internacional durante la conferencia organizada por la organización en Saná, Yemen, en abril de 2004.

El Golfo y la Península Arábiga:

Los derechos humanos, víctimas de la “guerra contra el terror”

1. INTRODUCCIÓN

La denominada “guerra contra el terror” ha tenido repercusiones profundas y de largo alcance para los derechos humanos en el Golfo y la Península Arábiga. Los gobiernos de la región y el gobierno de los Estados Unidos han tratado a los ciudadanos y residentes de la zona con una preocupante falta de respeto por el Estado de derecho y las normas fundamentales de derechos humanos. El resultado han sido detenciones en gran escala, reclusiones prolongadas sin cargos ni juicio, detenciones en régimen de incomunicación, tortura y malos tratos, un hermetismo extremo en torno a la suerte y el paradero de algunos detenidos, y aparentes ejecuciones extrajudiciales. Estas violaciones de derechos humanos han tenido profundas consecuencias no sólo para las víctimas individuales sino también para sus familiares y para la situación general de los derechos humanos en la región.

En la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, se ha mantenido recluidas a centenares de personas de decenas de países. Todavía continúan detenidas unas 600, de las que más de un tercio proceden del Golfo y de la Península Arábiga. Llevan recluidas más de dos años y han visto negado su derecho a recurrir contra la legalidad de su detención ante un tribunal independiente o a hablar con sus familias. Sus familiares siguen afrontando un futuro incierto sin ninguna perspectiva inmediata de que vaya a hacerse justicia. Por su parte, los familiares de miles de personas detenidas sin cargos ni juicio en la región por sus propios países o por países vecinos padecen abusos similares. Las familias de los detenidos se encuentran sumidas en una situación de incesante desconcierto emocional, de dificultades económicas y de estigmatización al ser relacionadas con delitos por los que sus familiares no ha sido acusados y mucho menos condenados.

Estos hechos representan una amenaza real para los logros producidos en los últimos años en materia de derechos humanos en el Golfo y la Península Arábiga. Durante la última década, en toda la región ha habido una importante proliferación de instituciones dedicadas a los derechos humanos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, acompañada de demandas crecientes a favor de un mayor respeto por los derechos humanos. Estos éxitos corren un peligro creciente en el contexto de la “guerra contra el terror” dirigida por los Estados Unidos. Los activistas del Golfo y de la Península Arábiga se han referido a la “guerra contra el terror” como “la camisa de Uthman”, es decir una causa válida utilizada para legitimar una injusticia.¹En palabras de un activista de los derechos humanos, “la guerra contra el terror es el sueño de todo déspota hecho realidad”.

Las conclusiones del presente documento están basadas en la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional en enero y febrero de 2004 en Yemen y los Estados del Golfo. El investigador de proyecto se reunió con familias de detenidos, ex detenidos, activistas de derechos humanos, abogados y altos cargos públicos. El objetivo que Amnistía Internacional se ha propuesto con el presente informe es aumentar la presión sobre las autoridades estadounidenses y los gobiernos del Golfo y la Península Arábiga para que tomen medidas con carácter urgente que corrijan la situación y terminen con los abusos puestos de manifiesto.

Como primer paso en esta dirección, Amnistía Internacional y la Organización Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos y las Libertades de Yemen organizaron una conferencia en Saná el 10 y 11 de abril de 2004 denominada “Derechos humanos para todos”. A la conferencia asistieron activistas de derechos humanos del Golfo, Yemen, Australia, Canadá, Reino Unido y los Estados Unidos. Los participantes reconocieron los graves problemas que debían afrontar los gobiernos y su deber de poner en manos de la justicia a cualquier persona sospechosa de haber cometido un delito común reconocible. Sin embargo, advirtieron que la lucha por la seguridad y la justicia no debía llevarse a cabo a costa de los derechos humanos, e insistieron en que únicamente a través del respeto estricto de los principios internacionales de derechos humanos se conseguirá una auténtica seguridad.

2.0 LA ALARGADA SOMBRA DE GUANTÁNAMO

“Está vivo, y sin embargo no hay forma de llegar a él. Incluso han cesado sus cartas. No hay nadie que oiga mis quejas, excepto Dios.”

Suad al-‘Abd al-Jalil, madre de Fawzi al-Odah, detenido kuwaití en Guantánamo

En la base naval estadounidense de bahía de Guantánamo, Cuba, continúan recluidas casi 600 personas de aproximadamente 40 nacionalidades. Durante los dos años y medio transcurridos desde que a principios de enero de 2002 comenzó la transferencia de presos de Afganistán a Guantánamo ha salido a la luz la identidad y la nacionalidad de algunos de ellos. Sin embargo, incluso la lista más amplia recopilada hasta la fecha (publicada por el periódico estadounidense Washington Post en abril de 2004) únicamente afirma haber identificado aproximadamente a la mitad de las personas que han estado o que continúan recluidas allí. Mientras tanto, el silencio que ha mantenido el Departamento de Defensa de los Estados Unidos sobre las identidades de los detenidos ha aumentado la ansiedad de las familias y ha dificultado los intentos de las autoridades de los países de los detenidos por defender los derechos de sus ciudadanos.

Salvo tres detenidos, uno de ellos yemení, contra los que se formularon cargos en febrero y junio de 2004 como paso previo para ser juzgados por una comisión militar, los detenidos permanecen recluidos sin cargos ni juicio. Ninguno ha comparecido ante un tribunal para poder recurrir contra la legalidad de su detención. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es la única organización internacional que ha tenido acceso a los detenidos. Numerosas organizaciones, personas a título personal y gobiernos han planteado antes las autoridades estadounidenses la cuestión de la ausencia de un proceso legal. El CICR también ha hecho pública su preocupación por el deterioro que ha observado en la salud psicológica de muchos de los detenidos, provocado por el régimen de reclusión. Ente los detenidos ha habido numerosos intentos de suicidios.

Las familias de los detenidos de Guantánamo se ven obligadas a padecer la incertidumbre de esta reclusión a largo plazo e indefinida de sus seres queridos, privados de libertad al margen de cualquier marco legal y en medio de un bloqueo informativo casi total. Las familias y las comunidades del Golfo y la Península Arábiga se ven afectadas de forma desproporcionada: al parecer, más de un tercio de los recluidos en Guantánamo son de Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait, Qatar y Yemen, y los dos grupos más numerosos proceden de estos dos últimos países. Dos de los seis primeros (y hasta ahora únicos) detenidos de Guantánamo elegidos por el presidente George W. Bush para ser sometidos a un posible juicio por una comisión militar —órgano ejecutivo con capacidad para dictar penas de muerte— son ciudadanos yemeníes. Ellos dos y los otros cuatro están recluidos desde hace meses en régimen de aislamiento en el Campo Eco, una parte separada de Guantánamo, alejados de los otros detenidos. Esto ha suscitado honda preocupación adicional por su salud psicológica y física, especialmente en el caso de los detenidos que no hablan inglés y que, por consiguiente, ni siquiera pueden comunicarse con los guardias apostados fuera de sus celdas.²

La única comunicación que se permite a los detenidos de Guantánamo con sus familias es la correspondencia que envían a través del CICR. Esta organización ha informado que, a marzo de 2004, había facilitado el intercambio de unos 8.500 mensajes entre los detenidos y sus familias (lo que como término medio resulta aproximadamente en 10 cartas por detenido a lo largo de más de dos años). Sin embargo, este sistema no alivia el sufrimiento provocado por la falta de contacto directo y de transparencia oficial. Las familias han denunciado largas demoras en la recepción de las cartas. Sólo una de las familias con las que hablaron los delegados de Amnistía Internacional durante la visita que llevaron a cabo a Yemen y a los Estados del Golfo en enero de 2004 había recibido una carta en los cinco meses previos. En abril de 2004, en Saná, el hermano menor de Suhail ‘Abdu Anam recordó que “en octubre de 2002 mis padres recibieron una llamada del Comité Internacional de la Cruz Roja en Yemen para informarles de que Suhail estaba en Guantánamo y que tenían un mensaje suyo. Desde entonces sólo hemos vuelto a tener noticias suyas una vez más”. Muchas familias creen que sus cartas no siempre llegan a los detenidos. En marzo de 2003, ‘Abd al-‘Aziz Sayir al-Shammari, ciudadano kuwaití, se quejó de que no recibía más que una carta cada seis meses. Su esposa estaba sorprendida: “Siempre pregunta que por qué no mandamos cartas. Siempre lo hacemos”.

Además, las autoridades estadounidenses censuran toda la correspondencia. Según las autoridades, los detenidos de Guantánamo “no tienen periódicos, radio o televisión. Reciben correspondencia, que se lee. Si contiene algo censurable, lo censuramos”.³Esto probablemente avivará el temor de las familias por lo que puede estar ocurriéndoles a sus seres queridos. En todo caso, no saben cuánto tiempo van a estar recluidos, por qué están privados de libertad o que va a suceder después. La familia de Sadiq Muhammad Isma’il, detenido de 19 años de Yemen, se quejó de que las “cartas que recibimos mandan saludos familiares del tipo: ‘decid a todo el mundo que envío mi salam y que estoy bien’. Pero lo que realmente queremos saber es cómo se encuentra, cómo le están tratando, si está recluido en régimen de aislamiento o en una celda comunal. ¿Tiene atados los pies y las manos? ¿Está recluido en una jaula como los que vemos en la televisión? No podemos averiguarlo”. En abril de 2004, en Saná, Yemen, el hermano de Adil Saeed el Haj Obaid dijo: “Nos enteramos de que estaba en Guantánamo a través de la prensa y después recibimos unas diez cartas suyas que habían sido censuradas. Esto incrementó nuestro temor de que le estuviera pasando algo malo y que lo estuvieran intentando ocultar”. El hermano de ‘Abdul al-Khaliq al-Baidhani dijo a Amnistía Internacional que “sus cartas siempre llegan con tres o cuatro meses de retraso, lo que nos hace temer que le estén haciendo algo que no debemos ver. Nos escribe que no quiere tanto derechos humanos como tener los mismos derechos que los animales. Dijo que estaba ‘cansado, cansado, cansado, cansado, cansado, cansado, cansado’ (seis veces) de lo que estaba pasando. La última carta nos dio mucho miedo, porque le dolía un ojo y no podía ver con él. Mi madre llora todos los días por él, y nuestras hermanas también están muy disgustadas. Cuando su madre se enteró de que había perdido vista en un ojo, salió de casa y se fue a la mezquita, y estuvo allí tres días antes de regresar a casa. Su esposa se encuentra muy enferma emocional y físicamente debido a la preocupación que siente por él”.

Para los delegados que asistieron a la conferencia celebrada en Saná en abril de 2004, “Derechos humanos para todos”, quedó claro que los familiares de los detenidos en Guantánamo estaban sufriendo. A la conferencia acudieron numerosos familiares que firmaron declaraciones. Seguidamente reproducimos extractos de algunas de ellas:

• “Soy hermano de Saeed Ahmed al-Sarim, que está recluido en Guantánamo […] Esto ha sido muy difícil para su esposa y sus hijos. Los niños preguntan constantemente si su padre va a volver mañana. La más pequeña le espera todos los días junto a la puerta diciendo que su padre va a llegar enseguida, pero él no llega. Han pasado tres años desde que utilizaron la palabra ‘padre’ para referirse a alguien, lo que les causa un gran dolor. Todos los días, su abuelo da dinero a la pequeña, que se va a comprar algo para su padre, pero al final se lo tiene que comer ella porque él no está.”

• “Soy […] tío de Farouk Ali Ahmed Saif […] La ‘desaparición’ y reclusión de Farouk en Guantánamo ha repercutido de forma sumamente negativa en nuestra familia. Durante un año y medio ni siquiera sabíamos dónde estaba. Enterarnos de que estaba recluido en Guantánamo supuso una gran conmoción para nosotros. Su madre y su padre son los que más han sufrido. A su madre le están tratando de depresión en el hospital de Taiz y a su padre también le han tratado de depresión. Su padre ha perdido toda esperanza de volver a verlo vivo. Su desaparición ha provocado un profundo sentimiento de pérdida y desesperanza a sus hermanos y a mí mismo.”

• “Soy el padre de Majid Mahmoud Ahmed […] Recibimos una carta de la Cruz Roja informándonos de que estaba en Guantánamo […] La salud de su madre se está deteriorando y la preocupación por su hijo le ha provocado un problema cardíaco. Todos lo echamos mucho de menos.”

• “Soy el hermano menor de Basheer Naser Ali al-Marwalh […] En mayo de 2002, siete meses después de la última vez que tuvimos noticias de Basheer, mi padre recibió una llamada del Comité Internacional de la Cruz Roja aquí en Yemen. Nos dijeron que tenían una carta de Basheer y que debíamos acudir a recogerla. La carta era un mensaje breve de Basheer diciendo que estaba preso en Guantánamo. Ninguno de nosotros podía creerlo. Tanto a mi madre como a mi padre tuvieron que hospitalizarlos poco después de ser informados sobre la reclusión de Basheer. Mi padre tuvo que ser tratado de una grave depresión durante 22 días en un hospital […]”

• “Soy el padre de ‘Abdel Malik ‘Abdel Wahhab al-Rahabi […] La familia ha sufrido debido a la reclusión de Abdel Malik en Guantánamo. Hemos recibido poca correspondencia de él, y no habíamos tenido noticias suyas durante nueve meses, hasta que hace poco recibimos dos cartas, ambas censuradas y con meses de antigüedad […]”

• “Soy el hermano de ‘Ali Ahmed Mohammed al-Razehi que está en la bahía de Guantánamo […] Nos enteramos de que estaba en Guantánamo a través de la prensa. Luego, unos seis meses después, recibimos una carta suya a través de la Cruz Roja […] Esto ha sido muy duro para la familia. No podíamos decirle a nuestra madre que estaba encarcelado, porque estaba enferma. Se murió sin saber dónde estaba su hijo. Mi padre está muy disgustado por la situación de su hijo, y reza por él constantemente”.

• “Soy el hermano de Jamal Mar’i […] En noviembre de 2003 dejamos de recibir mensajes de Jamal [desde Guantánamo]. No sabemos por qué. Le hemos enviado cartas preguntando por qué no escribe, pero hasta la fecha no hemos sabido nada […] Mi madre es la que peor lleva la desaparición de Jamal. Ha comenzado a padecer hipertensión y a menudo se hunde en profundas depresiones […] La esposa de Jamal está a su lado, presa de la preocupación. Sus hijos pequeños no entienden qué le ha ocurrido a su padre y preguntan constantemente dónde está, por qué no llama y cuándo va a volver a casa […]”

Las autoridades estadounidenses han mostrada poca o ninguna consideración por la situación de las familias de los detenidos. El secretario de Defensa Donald Rumsfeld, al preguntársele si se tomaría alguna medida en el futuro para que los familiares pudieran visitar a los detenidos de Guantánamo, contestó, “Lo dudo [...] No, me parece altamente improbable”.⁴Amnistía Internacional planteó esta situación en el memorándum dirigido al gobierno estadounidense en abril de 2002, señalando que “[n]egar el acceso y la información a familias que no saben nada de la condición legal y demás condiciones de la detención de su familiar [...] causa a las familias un sufrimiento innecesario”.⁵Al cabo de más de dos años, el gobierno de los Estados Unidos sigue actuando como si considerara este tipo de sufrimiento como un “daño colateral” inevitable de la política de detenciones de su “guerra contra el terror”.

El gobierno estadounidense ha reiterado que los detenidos en Guantánamo están recibiendo un trato humano. Sin embargo, estas afirmaciones no han disipado los temores de las familias. Cómo dice la madre del detenido kuwaití Fayz al-Kandari, “dicen que los tratan bien, qué disparate. Hemos visto sus fotografías, atados como animales a pesar de que no se ha formulado ningún cargo contra ellos”.

Las espantosas imágenes de tortura y trato cruel, inhumano o degradante infligido a los detenidos iraquíes por soldados estadounidenses habrán incrementado necesariamente la angustia de los familiares de las personas recluidas en el limbo legal de Guantánamo.⁶Hasta que aparecieron las pruebas fotográficas de los crímenes de guerra en la prisión de Abu Ghraib, las autoridades estadounidenses habían difundido el mensaje de que en Irak todos los presos estaban siendo tratados de forma humana y de acuerdo con los Convenios de Ginebra. El gobierno de los Estados Unidos ha realizado afirmaciones similares respecto a los detenidos de Guantánamo, con la excepción de que niega que estos detenidos estén amparados por los Convenios de Ginebra.⁷

Las denuncias realizadas por los detenidos de Guantánamo a los que se ha liberado y que afirman haber sido objeto de trato cruel y humillante, especialmente bajo custodia de los Estados Unidos en Afganistán antes de su traslado, probablemente habrán aumentado la ansiedad de los familiares de los que continúan recluidos en la base naval. En abril de 2004, en Saná, el hermano menor de ‘Ali Yahya Mahdi, uno de los detenidos de Guantánamo, dijo: “Al enterarnos de que Ali estaba preso nos embargó una infinita tristeza. Todos tenemos miedo de lo que pueda ocurrirle, especialmente ahora tras haber leído los informes sobre el trato recibido por los detenidos de Guantánamo en los periódicos y ver las entrevistas a los detenidos de la base puestos en libertad. Esos informes nos ofrecen un panorama muy sombrío sobre lo que podría estar ocurriéndole”.

Es indudable que los indicios sobre la relación entre las torturas infligidas en la prisión de Abu Ghraib y la visita a Irak del entonces comandante de Guantánamo para formular recomendaciones sobre cómo utilizar a los detenidos para obtener de ellos información que pueda servir para emprender acciones inmediatas habrá aumentado el temor de las familias de los detenidos en Guantánamo.⁸

Al estar bloqueadas las vías oficiales para obtener noticias sobre sus familiares, la familias se han visto obligadas a recurrir a las noticias de la prensa y a los rumores. En una carta enviada a Amnistía Internacional, Jamil, hermano de Yassin Qassim Muhammad Isma’il, ciudadano yemení detenido en Guantánamo, escribió: “A pesar de que mi madre es analfabeta y no sabe leer ni escribir, cuando oye noticias [sobre Guantánamo] las sigue con gran intensidad en la radio o en la prensa. Quizá les sorprenda saber que, cada vez que un periódico publica un artículo sobre Guantánamo, corre a uno de sus hijos para que se lo lea, y después agarra el periódico y se queda mirándolo un buen rato, como esperando que el periódico le hable”.

La mayoría de las familias se enteraron de la detención de sus seres queridos en los medios de comunicación o a través de amigos que habían oído en las noticias que los presos de Afganistán o Pakistán habían sido trasladados a Guantánamo. Safyia, esposa de Abdallah Kamel al-Kandari, recuerda: “El 3 de enero de 2002 leí su nombre en el periódico [...] Grité, ‘¡mi esposo está vivo, mi esposo está vivo!’. Desde entonces he recopilado documentación sobre todo lo relativo a Guantánamo, cada palabra que se ha escrito sobre Guantánamo”.

El padre de Salah ‘Abd al-Rasul ‘Ali al-Bulushi, ciudadano bahreiní detenido en Guantánamo, dijo a Amnistía Internacional: “La primera vez que supimos que estaba en Guantánamo fue cuando una delegación del Ministerio de Interior visitó Guantánamo en 2002. A su regreso a Bahrein nos llamaron, en mayo o en junio de 2002”. Hasta entonces, la familia creía que Salah ‘Abd al-Rasul ‘Ali al-Bulushi estaba recluido en Afganistán tras haber sido detenido en Pakistán.

La madre de ‘Adel ‘Abd al-Mohssin al-Zamil, otro kuwaití detenido en Guantánamo, tuvo una experiencia similar cuando el periódico kuwaití al-Watan “publicó que Adel había perdido las manos y las piernas en Afganistán […] vivíamos temiendo que esta información fuera cierta hasta que la delegación kuwaití […] regresó [de Guantánamo] y nos aseguró que no había sufrido daños [...] lo que nos inquieta es que no sabemos nada ”.

Hasta la fecha, los intentos de las familias por conocer las condiciones en que se encuentran sus familiares y la suerte que han corrido han fracasado. ‘Abd al-‘Aziz al-Rubaish, profesor saudí cuyo hermano, Ibrahim al-Rubaish, está detenido en Guantánamo, explicó que un grupo de familias saudíes habían acudido tres veces a la embajada de los Estados Unidos en Riad, pero que el embajador se había negado a recibirlos. “Nadie en la embajada de los Estados Unidos contesta a nuestras preguntas. Es la oscuridad total.” Un hermano de Jamal Mar’i, detenido en Guantánamo, manifestó a Amnistía Internacional: “Junto con mi padre y mis hermanos hemos intentado conseguir más información sobre las circunstancias que rodearon la detención de Jamal y su reclusión en Guantánamo por los Estados Unidos. Hemos intentado reunirnos con el embajador de los Estados Unidos en Yemen más de cinco veces, la última en marzo de 2004. Se ha negado siempre. Ya nos hemos reunido al menos 20 veces con altos cargos del Ministerio del Interior de Yemen para ver si nos podían informar de algo. También hemos escrito al ministro de Interior tres veces. La respuesta a todas nuestras gestiones ha sido siempre la misma: no saben nada de la detención de Jamal”.

Muhammad Saleh Kahlah al-Marri, ciudadano de Qatar, tiene dos hermanos recluidos por las autoridades estadounidenses en calidad de “combatientes enemigos”. El más joven, Jarallah al-Marri, está recluido en Guantánamo. Su otro hermano, ‘Ali Saleh Kahlah al-Marri, es hasta la fecha el único ciudadano extranjero considerado “combatiente enemigo” y recluido en el territorio continental de los Estados Unidos. Lo detuvieron en diciembre de 2001 tras entrar legalmente en los Estados Unidos con su esposa y sus hijos el 10 de septiembre de 2001, según informes con el fin de realizar un master. Inicialmente lo detuvieron como testigo esencial de la investigación sobre los atentados del 11 de septiembre contra el Pentágono y el World Trade Center. En enero y febrero de 2002 fue acusado de fraude con tarjeta de crédito y de realizar declaraciones falsas al FBI, cargos de los que se declaró inocente. El 23 de junio de 2003, menos de un mes antes del juicio previsto de ‘Ali al-Marri, el presidente Bush anunció en una orden de una página que había declarado a ‘Ali al-Marri “combatiente enemigo”, por lo que éste dejó de estar bajo el control del Departamento de Justicia para ser recluido en régimen de aislamiento en el centro de detención de Naval Consolidated Brig en Charleston, Carolina del Sur. Al parecer, el CICR ha tenido acceso a él, aunque a finales de abril de 2004 a ‘Ali al-Marri aún no se le había permitido el acceso a su abogado. Tampoco ha tenido acceso a su familia, que, en enero de 2004, dijo a Amnistía Internacional: “Todo lo que sabemos es que está en un campo militar en algún lugar de los Estados Unidos, posiblemente Carolina del Norte o del Sur”.

Cuando las autoridades estadounidenses detuvieron a ‘Ali al-Marri también le retiraron el pasaporte a su esposa, ciudadana saudí. Muhammad cuenta: “Estuvo sentada en un piso de alquiler en los Estados Unidos durante un año. No sabe inglés, pero sin el pasaporte no podía salir del país. Finalmente la Embajada Saudí le expidió otro pasaporte y ella regresó con su familia a Arabia Saudí”. La familia en Qatar no ha contado a la madre que sus dos hijos están detenidos: “no podíamos decirle a su madre que sus dos hijos están detenidos y que no sabíamos por qué.”

El hermetismo y la confusión están avivando el temor de las familias respecto a la salud y la suerte de los detenidos. El padre de ‘Abd al-‘Aziz Sayir al-Shammari, ciudadano kuwaití detenido en Guantánamo, se hizo eco de los sentimientos de impotencia de muchas de las familias cuando contó a Amnistía Internacional: “El futuro se ha convertido en un túnel oscuro. No sabemos qué está ocurriendo, toda la familia está paralizada”.

3.0 EL PAPEL DE LAS AUTORIDADES DEL PROPIO PAÍS Y LA INTERVENCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS

3.1 LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES DEL PROPIO PAÍS HACIA LOS DETENIDOS DE GUANTÁNAMO

Muchas de las familias de los detenidos de Guantánamo creen que las autoridades de sus países no están dispuestas a defender los derechos legales y humanos de esos detenidos.

En los dos últimos años, como reconocimiento de las relaciones especialmente estrechas que mantiene con las autoridades estadounidenses, se ha permitido al gobierno de Kuwait enviar dos delegaciones a Guantánamo. La primera se envió en 2002 y la formaron tres militares. La visita de la segunda delegación tuvo lugar en enero de 2004. Al parecer, las autoridades estadounidenses rechazaron la solicitud para que el abogado kuwaití ‘Abdul Rahman al-Haroun se uniera a la delegación de dos militares que visitaron Guantánamo.

En enero de 2004, Amat al-‘Aleem al-Suswa, ministra de Derechos Humanos de Yemen, explicó a los delegados de Amnistía Internacional que este tipo de restricciones impuestas por las autoridades estadounidenses dejaban a los gobiernos de los países de los detenidos en una situación difícil: “No podemos hacer nada por las familias de los detenidos [...] todo es confusión y nadie parece saber dónde empieza y dónde acaba”. La ministra reveló que, cuando la delegación del gobierno yemení se reunió con 27 de sus ciudadanos, descubrió que tres de ellos no eran yemeníes; además añadió que sólo se había permitido un acceso “muy breve” a los detenidos a la única delegación de Yemen que ha podido visitar Guantánamo. En enero de 2004, las autoridades estadounidenses aún no habían enviado a las autoridades yemeníes la lista de sus ciudadano detenidos.

El padre de ‘Issa ‘Ali ‘Abdallah al-Mirbati se quejó de que la delegación del gobierno de Bahrein que había visitado a los detenidos en Guantánamo “en lugar de volver con información sobre su situación, llegó sin nada nuevo”, a lo que añadió que “la primera vez que volvieron de allí, fueron a registrar la casa de mi hijo buscando una libreta con nombres y números de teléfono”. ⁹A una delegación parlamentaria bahreiní que estaba visitando el Congreso de los Estados Unidos y que solicitó permiso para visitar a sus conciudadanos detenidos en Guantánamo le negaron el permiso.¹⁰

Algunos familiares han sido interrogados o detenidos porque sus propias autoridades parecen considerarlos culpables por asociación. El hermano de ‘Adel Kamel ‘Abdallah Haji, detenido en Guantánamo, dijo que él y otro de sus hermanos habían sido interrogados por las autoridades de Bahrein tras la detención de ‘Adel en Pakistán. “El interrogatorio se centró en las circunstancias del viaje de ‘Adel a Pakistán. Mi hermano Maher fue interrogado por un agente de seguridad de Bahrein que seguidamente entregó las declaraciones a un extranjero, que podía ser inglés o estadounidense. El interrogatorio tuvo lugar en una oficina de seguridad del Estado del Ministerio de Interior.”

El padre de Salah ‘Abd al-Rasul ‘Ali al-Bulushi, detenido bahreiní, ha informado de que la familia “se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Bahrein. Nos dijo que los estadounidenses les habían sugerido que nuestros hijos podrían volver a casa con la condición de que permanecieran detenidos aquí indefinidamente. El gobierno de Bahrein preguntó por los cargos que podrían justificar ese tipo de detención, pero los estadounidenses no presentaron ninguno. En vista de ello, el gobierno se negó porque no quería problemas con las familias de los detenidos”.

En otros países se ha detenido a las personas recluidas en Guantánamo que habían sido devueltas a sus autoridades. Walid Muhammad Shahir al-Qadasi, ciudadano yemení de 24 años que llevaba detenido en Guantánamo desde 2002, fue devuelto a Yemen a comienzos de abril de 2004. A su llegada fue detenido por los servicios de Seguridad Política en Saná. Una delegación de Amnistía Internacional pudo visitarlo 11 días después de su llegada a la prisión de los servicios de Seguridad Política. Walid dijo a la delegación que su familia no había sido informada de su llegada a Yemen, y que mucho menos lo había visitado. La delegación de Amnistía Internacional preguntó al personal penitenciario por qué no se había informado a la familia sobre el paradero del detenido, pero la única respuesta que recibió fue que “la informaremos”. La delegación también preguntó por qué motivo continuaba Walid detenido, dado que éste le había asegurado que las autoridades estadounidenses de Guantánamo le habían dicho que no tenían nada contra él. El personal penitenciario respondió que estaban investigándolo. En el momento de la reunión de la delegación con Walid, éste no había tenido acceso a un abogado ni a un juez, y se cree que continúa recluido en las mismas condiciones.

Un tío de un detenido de Guantánamo dijo a Amnistía Internacional que la familia “nunca se había puesto en contacto con el gobierno de Yemen para presentar una queja o una solicitud. Ellos tampoco se han puesto en contacto con nosotros ni han manifestado ningún interés. Ni siquiera saben quién está en Guantánamo y quién no. Si realmente presionáramos al Estado para que respondiera en relación con Guantánamo, probablemente nos detendrían”.

El hermano de ‘Ali y Jarallah al-Marri reconoció que las autoridades de Qatar habían contratado a un abogado estadounidense, “pero dado que parecía que la detención [de mis hermanos] era indefinida y que ni siquiera su abogado podía acceder a ellos, prescindieron de sus servicios. Nos dijeron que era inútil […] cuando nosotros intentamos contratar a un abogado estadounidense nos pidieron 10.000 dólares al mes. No podemos pagar eso”. Reflejando un sentimiento generalizado de decepción con todos los organismos estatales, añadió: “No intento ponerme en contacto con el gobierno de los Estados Unidos, es inútil. Si fuéramos a Estados Unido para reclamar nuestros derechos nos detendrían. ¿Quién va a defendernos entonces?” La credibilidad de las autoridades de los propios países se ve socavada por la propia “guerra contra el terror” que ellos mismos están librando con una preocupante falta de respeto por el Estado de derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

3.2 LA MARGINACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO EN NOMBRE DE LA SEGURIDAD

“El combate contra el terrorismo no puede ser una guerra salvaje e injustificada. El conflicto entre los intereses en materia de seguridad del poder ejecutivo y los derechos de defensa de los acusados no puede solventarse en perjuicio de estos últimos.”

Klaus Tolksdorf, juez alemán.¹¹

En los años noventa, los gobiernos del Golfo y de la Península Arábiga comenzaron a responder positivamente a la presión en favor de cambios en materia de derechos humanos, y se apartaron de la práctica habitual de graves violaciones de derechos humanos que durante décadas había asolado la región. La mayoría de los gobiernos de la zona habían abrazado el discurso de los derechos humanos, se habían convertido en Estados Partes en las convenciones internacionales de derechos humanos o habían creado comisiones o ministerios de derechos humanos. En algunos países se han derogado algunas leyes nacionales que no se atenían a las normas internacionales de derechos humanos, mientras que en otros se ha permitido o fomentado el crecimiento de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y se ha entablado un diálogo con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y con organizaciones internacionales no gubernamentales de derechos humanos. Este progreso ha sido un logro positivo que ha favorecido el respeto por el Estado de derecho y las normas internacionales de derechos humanos frente a las antiguas prácticas de detenciones arbitrarias, detenciones en régimen de incomunicación, detenciones indefinidas sin cargos ni juicio, juicios injustos, torturas y “desapariciones”. Sin embargo, la “guerra contra el terror” ha vuelto a inclinar la balanza a favor de las viejas prácticas. Cuando se pone en entredicho su historial en materia de derechos humanos, los gobiernos recurren como justificación a las prácticas de los Estados Unidos. Algunos defienden estas violaciones de los derechos humanos como un intento de proteger a sus ciudadanos frente al trato más duro de las autoridades estadounidenses.

Muchas personas en el Golfo y en la Península Arábiga se encuentran convertidas en víctimas de una “guerra” sin plazo definido y sin fronteras librada por las fuerzas de seguridad en nombre de la seguridad. Aunque es difícil dar una cifra exacta del número de personas a las que se ha detenido en el curso de la “guerra contra el terror” –debido al gran hermetismo y al temor que rodean el sistema judicial y los servicios de seguridad en varios de estos países–, se calcula que pueden ser millares.

Por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos los familiares de los detenidos más recientes no querían que se informara de sus casos debido a las posibles represalias de las fuerzas federales de Abu Dhabi. Mientras tanto, el clima de temor en el país se ve reforzado por las constantes detenciones de numerosas personas, incluidos militares y jueces. Tras el 11 de septiembre de 2001 se detuvo a más de 250 personas. Amnistía Internacional desconoce el número exacto de las que siguen detenidas. Sin embargo, la organización ha recibido informes que indican que estas personas están recluidas sin acceso a sus abogados y familiares y que su situación legal no está clara.

Las autoridades saudíes han declarado públicamente que habían detenido a miles de presuntos miembros y simpatizantes de Al Qaeda en la “guerra contra el terror” que estaban librando. Las tensiones han aumentado desde mayo de 2003 a raíz de los ataques violentos, tales como atentados con bombas y homicidios a manos de grupos e individuos armados.¹²Amnistía Internacional desconoce el número exacto de personas que siguen detenidas en este contexto y carece de información sobre las condiciones de su reclusión. El sistema de justicia penal saudí se caracteriza por el secretismo y por un historial de graves violaciones de derechos humanos, incluido el uso de torturas para obtener confesiones.¹³Las autoridades saudíes se han negado insistentemente a permitir que los observadores de los derechos humanos visiten los lugares de detención. Este secretismo y la falta de rendición de cuentas únicamente pueden aumentar el temor de que los detenidos corran peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos.¹⁴

Una de las personas detenidas fue ‘Abd al-Raheem al-Mirbati, ciudadano bahreiní de 42 años de edad residente en Arabia Saudí con su esposa y sus seis hijos. Su esposa dijo a Amnistía Internacional que en febrero de 2004 alguien llamó a su puerta hacia las once de la noche, y que ‘Abd al-Raheem abrió. Inmediatamente lo esposaron y unos 40 agentes, algunos uniformados, entraron en la casa y la registraron durante casi tres horas. La esposa dijo que “no explicaron el motivo del registro […] únicamente nos preguntaron si nos había visitado alguien durante los últimos días […] se llevaron a ‘Abd al-Raheem sin ninguna explicación y yo no sabía qué hacer […]”. Al parecer, ‘Abd al-Raheem continúa recluido sin cargos ni juicio y sin acceso a abogados.

En agosto de 2003, se pidió a Khaled al-‘Ibaidli, de 39 años de edad y padre de seis hijos, que se presentara ante las fuerzas de seguridad de Qatar. Su hermano ha contado a Amnistía Internacional que a Khaled lo condujeron a una prisión de seguridad del Estado en la zona industrial de Ibn Imran, en Doha, sin aducir ningún motivo. Le permitieron llamar a su hermano y su familia podía visitarlo con regularidad. Sin embargo, cuando la familia intentó averiguar el motivo de su detención, las autoridades se negaron a proporcionar una respuesta clara. Finalmente, el padre y el hermano de Khaled acudieron a la Fiscalía, donde les dijeron que éste estaba detenido “en el interés público”. Desde entonces ha sido puesto en libertad sin cargos ni juicio, pero al menos otras seis personas detenidas en circunstancias similares continúan recluidas.

Najib al-Hijri, de 18 años de edad y procedente de la provincia yemení de Ibb, fue capturado por las autoridades iraníes cuando intentaba huir a Pakistán en 2001 ó 2002, y estuvo recluido durante un mes antes de ser extraditado a Yemen. Su familia estuvo meses sin saber qué había sido de él. “Cuando llegó [a Yemen] estuvo detenido en régimen de aislamiento, sin poder establecer contacto con nadie”, explicó su hermano, que añadió: “Cuando fui a verlo a la sede de los servicios de seguridad del Estado de Ibb y les pedí que me dijeran donde estaba mi hermano, comenzaron a interrogarme”. La familia no se enteró hasta siete meses después que Najib estaba recluido en Ibb, y posteriormente pudo visitarlo.

3.3 INJERENCIAS EN EL PROCESO JUDICIAL

El 6 de junio de 2004, una decena de detenidos comparecieron ante un tribunal de Saná acusados en relación con el atentado que sufrió en octubre de 2000 el destructor estadounidense USS Cole en el puerto de Adén, que se saldó con la muerte de 17 soldados estadounidenses. Al día siguiente, 7 de junio, el juicio se aplazó durante un mes. Los acusados llevan en espera de juicio desde su detención en octubre de 2000, tras el atentado. Uno de los principales motivos de su prolongada detención es la injerencia de las autoridades estadounidenses.

En enero de 2004, el fiscal general de Yemen indicó a Amnistía Internacional que su oficina había solicitado que se transfiriera la custodia de los detenidos a las autoridades judiciales. Dijo que un comité parlamentario había formulado una recomendación similar y que el ministro de Interior había prometido transferir a las autoridades judiciales a los que continuaban detenidos. El subdirector de los servicios de Seguridad Política manifestó a Amnistía Internacional que “carecía de pruebas de que todos los detenidos en relación con el atentado contra el USS Cole estuvieran implicados en él”. Sin embargo, estos hombres continúan detenidos porque, según la ministra yemení de Derechos Humanos, “cada vez que decidimos iniciar los procesos judiciales […] Estados Unidos nos dice que si son juzgados se perderán pruebas”. No entró en mayores detalles sobre lo que quería decir. En enero de 2004, el responsable político de la embajada estadounidense en Saná reconoció a una delegación de Amnistía Internacional que las autoridades de su país habían pedido el aplazamiento de este juicio, pero que en septiembre de 2002 habían informado al gobierno de Yemen de que ya no tenía interés por los detenidos en relación con el caso y que el juicio podía proseguir.

Independientemente del valor de las afirmaciones de una y otra autoridad, el aplazamiento del juicio ha provocado una gran angustia a los familiares de los detenidos. Uno de los detenidos en esta causa es ‘Abdallah al-Hakem, taxista de 21 años. Su madre ha pedido que su hijo reciba un juicio público: “Que tomen una decisión, pero no puede seguir así [...] Mi hijo no cometió un delito, debe haber una solución, o es inocente o lo condenan […] pero lo que nos está matando es lo que no sabemos”. Aparte de esta causa, las fuerzas de seguridad yemeníes han detenido a centenares de personas, incluso niños, desde el 11 de septiembre de 2001. Muchos han sido puestos en libertad, pero más de 200 permanecen recluidos sin cargos ni juicio y sin acceso a abogados ni a jueces para poder recurrir contra la legalidad de su detención.

La detención prolongada sin cargos ni juicio se ha justificado como una forma de proteger a los ciudadanos de correr una suerte peor en manos de la justicia estadounidense –como ejemplifican Guantánamo y otros lugares–, en lugar de justificarse mediante argumentos penales. Un abogado de Qatar afirmó que las autoridades habían dicho a los familiares de seis ciudadanos detenidos en Qatar dentro de la “guerra contra el terror” que los detenían únicamente porque “nos preocupaba la suerte que podían correr a manos de los estadounidenses”. Un algo cargo de los servicios de Seguridad Política de Yemen dijo a Amnistía Internacional que “están optando por detener a las personas en Yemen, donde al menos pueden asegurarse de que reciben un nivel básico de buen trato en materia de visitas familiares, etc.”.

Noor, madre de Ahmed al-Khidr al-Baidhani, detenido yemení, contó a Amnistía Internacional que su hijo había sido detenido y declarado culpable del robo de un automóvil antes del 11 de septiembre de 2001. Lo condenaron a 12 años de cárcel. Ella dice que “entiendo que debe ser encarcelado por haber obrado mal […] Un jueves fui a visitarlo a la prisión central y pregunté por Ahmed al-Khidr. Cuando no apareció […] me imaginé que había sido indisciplinado, porque a veces cuando se portaba mal lo ataban y le negaban las visitas. Al viernes siguiente, pregunté por él y el funcionario me dijo ‘su hijo ha sido trasladado con dos de sus amigos a los servicios de Seguridad Política’. Entonces acudí a las dependencias de los servicios de Seguridad Política, pero ellos negaron que estuviera allí”.

Un abogado que trabajaba en la causa describió el trato dispensado a Ahmed al-Khidr al-Baidhani como “un escándalo tanto para el gobierno de Yemen como para el de los Estados Unidos. Los estadounidenses pusieron su nombre [...] en una lista de personas en libertad pero buscadas por planear el 11 de septiembre. A pesar de que sabían que [Ahmed] estaba encarcelado en ese momento, las autoridades yemeníes lo trasladaron a la prisión de los servicios de Seguridad Política sólo para aplacar a los Estados Unidos y demostrar que estaban cooperando en la guerra contra el terror”.

Noor describió su terrible experiencia: “Estuve 15 días buscándolo hasta que alguien me dijo que fuera a ver directamente a al-Sarmi (ex subdirector de los servicios de Seguridad Política) en persona. Permanecí junto a la puerta hasta que apareció y me dijo: ‘los tenemos recluidos para que no se los lleven los estadounidenses’”.

La madre de Ahmed al-Khidr al-Baidhani contó a Amnistía Internacional que, en la prisión de los servicios de Seguridad Política, a su hijo lo mantuvieron un mes en régimen de aislamiento y con grilletes en los pies antes de permitirle la visita de su familia. Poco después también detuvieron a su otro hijo, Salah al-Khidr al-Baidhani: “Lo detuvieron a medianoche y estuvo recluido un año completo en las dependencias de los servicios de Seguridad Política […] durante los interrogatorios le preguntaron: ‘¿Está tu hermano en contacto con alguien?’ Finalmente, se limitaron a dejarlo en libertad después de haberle hecho perder un año y medio de su vida […]”

La falta de respeto de las autoridades por el Estado de derecho está afectando profundamente a la vida de las personas a las que detienen y a las que obligan a esperar a que se celebre su juicio o a que llegue su libertad. Las familias siguen padeciendo una situación de incertidumbre y de injusticia sin posibilidad de reparación. La detención de sus dos hijos, los dos principales sostenes de la familia, por parte de los servicios de Seguridad Política ha destrozado la vida de Noor. “He vendido todo mi oro y el de mis hijas para pagar por lo que nos está pasando, después tuve que hipotecar nuestra casa [...] Ahora no me queda nada […] Obligué a mis tres hijas a dejar el colegio y ahora cosen en casa [...]”

3.4 ABUSOS EN OTROS PAÍSES

Un entramado de acuerdos de cooperación vincula a los gobiernos del Golfo y de la Península Arábiga entre sí y con otros gobiernos de fuera de la zona. Estos acuerdos no respetan las normas internacionales de derechos humanos. La “guerra contra el terror” ha ampliado esta cooperación y ha aportado un pretexto adecuado para una avalancha de operaciones de las fuerzas de seguridad en la región. Se han cometido violaciones graves de derechos humanos, entre ellas aparentes ejecuciones extrajudiciales, con el apoyo expreso o implícito de los gobiernos.

En noviembre de 2002, Amnistía Internacional pidió que se llevara a cabo una investigación urgente sobre la muerte de seis hombres que fallecieron al ser alcanzado su automóvil por un misil lanzado por un avión teledirigido Predator controlado por la CIA. Se alegó que los hombres pertenecían a Al Qaeda, y entre ellos estaba ‘Ali Qa’id Sinan al-Harithi, ciudadano de Yemen.¹⁵No se ha llevado a cabo ninguna investigación al respecto, y las autoridades yemeníes han declarado que estuvieron de acuerdo en cooperar en el homicidio.

El 9 de septiembre de 2002, ‘Abd al-Salam al-Hiyla, empresario yemení de 32 años de edad y ex alto cargo de los servicios de Seguridad Política de Yemen, viajó a Egipto en un viaje de negocios de 15 días, pero no ha regresado con su familia. Su suerte y su paradero están envueltos en un velo de secreto. Su familia cree que es posible que se sospechara que tenía relaciones con los voluntarios musulmanes que acudieron a Afganistán durante la década de los ochenta para combatir a las fuerzas soviéticas que ocupaban el país en aquel momento. Su hermano dijo a Amnistía Internacional que el día previsto de su regreso “el contacto con él se interrumpió repentinamente […] cuando lo llamamos su teléfono móvil sonaba, pero no había respuesta”.

Hasta la fecha, la búsqueda de ‘Abd al-Salam llevada a cabo por su familia ha sido infructuosa. Sus familiares dijeron a Amnistía Internacional que habían recibido información contradictoria sobre su paradero. Al parecer, algunas fuentes les han dicho que estaba recluido en Guantánamo, mientras que otras sugerían que estaba detenido en Egipto. Sin embargo, según su familia, en la embajada egipcia en Saná les dijeron que ‘Abd al-Salam había salido de Egipto “en un avión especial estadounidense que lo llevó a Baku, Azerbaiyán”. La familia continúa presa de la ansiedad de no tener noticias de él desde su viaje a Egipto e ignorar tanto la suerte que ha corrido como su paradero. Consideran que el gobierno yemení no parece haberse ocupado activamente del caso ni ante las autoridades egipcias ni ante las estadounidenses.

El sufrimiento provocado por los abusos sufridos en otros países no se limita únicamente a los familiares de los detenidos que viven en el Golfo y en la Península Arábiga. Ejemplo de ello es la familia Abu ‘Ali, de los Estados Unidos. Son ciudadanos estadounidenses de origen palestino. Su hijo Ahmed Abu ‘Ali, de 23 años, estudiaba en la Universidad al-Madina de Arabia Saudí. El 11 de junio de 2003, según informes, estaba realizando su examen final cuando unos agentes de seguridad de Arabia Saudí entraron en la sala donde se estaban haciendo los exámenes y lo detuvieron. La familia contó a Amnistía Internacional que, cinco días después de la detención de Ahmed, 15 agentes del FBI irrumpieron en su casa en Falls Church, Virginia, Estados Unidos. A tenor de la orden de registro, estaban buscando material relacionado con una causa judicial en Virginia en la que estaban implicadas 11 personas acusadas de delitos relacionados con terrorismo y que se conocía con el nombre de Estados Unidos contra Royer.

Según informes, unos agentes del FBI interrogaron a Ahmed o estuvieron presentes en el interrogatorio al que lo sometieron los agentes saudíes. Al parecer, lo han amenazado con declararlo “combatiente enemigo” y enviarlo a Guantánamo, o con juzgarlo en Arabia Saudí, donde no tendría asistencia letrada, ni una vista pública ni derecho a recurrir ante un tribunal de instancia superior. Ahmed no ha sido acusado en la causa de Estados Unidos contra Royer, pero se le ha relacionado con uno de los 11 acusados, Sabri Benkahla. Durante las vistas del juicio contra los 11 acusados, el fiscal aludió a que Sabri Benkahla tenía contactos con Ahmed Abu ‘Ali, al que describió como miembro de Al Qaeda. Según informes, el fiscal también dijo que Ahmed estaba detenido en Arabia Saudí en relación con el atentado con bombas que se llevó a cabo el 12 de mayo de 2003 en Riad. Sin embargo, Sabri Benkahla ha sido absuelto y no se tiene constancia de que ni las autoridades estadounidenses ni las saudíes hayan formulado cargos contra Ahmed.

Sin embargo, la situación judicial de Ahmed sigue siendo incierta y la angustia de su familia se ve agravada por el secretismo que rodea el sistema de justicia penal saudí, especialmente por la falta de acceso a asistencia letrada. Según la familia, el director de la prisión de Al-Hair en Riad, donde se cree que está recluido Ahmed, ha informado a la embajada de los Estados Unidos en Riad de que Arabia Saudí estaba dispuesto a entregar a Ahmed a las autoridades estadounidenses en cualquier momento en caso de que éstas lo solicitasen.

Amnistía Internacional solicitó a la embajada de los Estados Unidos en Riad que le aclarara la situación judicial de Ahmed, y recibió la siguiente respuesta: “Debido a las restricciones impuestas en esta causa por la Ley de Privacidad, no puedo entrar en detalles sobre la situación actual de la reclusión del señor Abu Ali”. Para que la embajada proporcionara información sobre la causa, Ahmed tendría que firmar un documento de renuncia a la Ley de Privacidad y entregarlo a la embajada. Al parecer, en julio de 2003 personal de la Embajada entregó uno de estos impresos a agentes de seguridad saudíes, pero no directamente a Ahmed. Según parece, esto ocurrió ante la insistencia de los agentes de seguridad saudíes. Amnistía Internacional ha recibido información que sugiere que Ahmed no ha recibido el documento de autorización. Durante casi un año, la familia de Ahmed ha trabajado incesantemente para solicitar que se hiciera justicia con él, consiguiendo incluso el apoyo de su congresista, pero el muro de secretismo del sistema penal saudí, unido a la participación del FBI, ha resultado insalvable. El 17 de mayo de 2003, la familia dirigió un llamamiento al presidente George W. Bush solicitando su ayuda. El último párrafo del llamamiento decía: “Señor presidente, la agonía, el dolor, el sufrimiento y la humillación que Ahmed y nosotros […] hemos sufrido durante el último año son insoportables e indescriptibles. Confiamos en su buen juicio y diligencia para que utilice todo el poder y prestigio de su cargo para lograr la excarcelación inmediata y el regreso en condiciones de seguridad de Ahmed a su domicilio familiar en Virginia, y para que se ponga fin a nuestro sufrimiento”. Al igual que en el caso de la familia de ‘Abd al-Salam al-Hiyla y de muchas otras víctimas de abusos cometidos en otros países, hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta.

Esta situación de violación reiterada de los derechos humanos no ha variado. Cinco ciudadanos saudíes devueltos a su país desde Guantánamo el año pasado fueron recluidos a su llegada, y su situación judicial se mantiene en secreto. En febrero de 2004, la prensa informó de que el embajador iraní en Arabia Saudí había dicho que “Irán ha extraditado a Arabia Saudí a personas sospechosas de pertenecer a Al Qaeda”.¹⁶En abril de 2004, las autoridades de Qatar entregaron al gobierno de Yemen a dos ciudadanos yemeníes que habían sido detenidos en Qatar el año anterior y que llevaban recluidos meses. Arabia Saudí, Omán y otros países también han devuelto a algunos ciudadanos yemeníes a su país. Por su parte, las autoridades yemeníes han devuelto a muchas personas a países como Arabia Saudí. No hay constancia de que ninguna de estas personas devueltas haya contado con asistencia letrada o con la posibilidad de recurrir contra su devolución a otros países basándose en que corrían peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura. Estos intercambios de sospechosos entre países de la región y de otras partes se han intensificado con la “guerra contra el terror” que se está librando sin las limitaciones del Estado de derecho y de las normas internacionales de derechos humanos. La Convención Árabe para la Represión del Terrorismo, que permite la transferencia de sospechosos sin garantías de que no serán objeto de graves abusos contra los derechos humanos, ha facilitado estas operaciones y ha erosionado la protección internacional de los derechos humanos.¹⁷

3.5 ‘GOLPEADOS REPETIDAS VECES’

Para algunas de las familias de los detenidos, la terrible experiencia sufrida a manos de las autoridades estadounidenses y de los gobiernos de la región sucede a años de sufrimientos prolongados. Nouf al-Shammari explicó cómo su primer esposo murió tras ser torturado por las fuerzas de seguridad iraquíes durante la ocupación de Kuwait en 1990. “Sólo llevaba casada dos años […] se produjo la ocupación y el golpe de la muerte de mi esposo […] fue insoportable”. Dos años después, Nouf volvió a contraer matrimonio. Su segundo esposo, ‘Abd al-‘Aziz Sayir al-Shammari, está recluido actualmente en Guantánamo. Nouf se ha descrito como una persona que “ha sido golpeada repetidas veces por las injusticias” y a la que resulta especialmente difícil soportar no saber qué suerte va a correr su esposo.

‘Aisha Hodic, original de Bosnia y que actualmente reside en Kuwait, dijo a Amnistía Internacional: “Sólo viví con mi primer esposo cuatro meses […] antes de que falleciera víctima de un proyectil croata durante un bombardeo contra nuestro pueblo”. El segundo esposo de ‘Aisha, Umar Rajab Muhammad Amin, ingeniero kuwaití de 36 años, se encuentra recluido actualmente en Guantánamo. Sus cinco hijos sufren debido a su ausencia, pero la familia siente especial preocupación por Talha, el hijo de nueve años que Aisha tuvo con su primer esposo. Talha no es ciudadano kuwaití y no tiene derecho a acudir a la escuela pública. La familia está preocupada debido a que no van a poder pagar su educación, ahora que Umar no puede costeársela.

Buena parte de la responsabilidad del cuidado de los niños ha recaído en la madre de Umar, dado que Aisha tiene un conocimiento limitado del árabe y padece problemas de salud a causa del estrés. Ante sus nuevas responsabilidades, la madre de Umar dijo a Amnistía Internacional: “No hay una noche en la que no lloremos. ¿Quién cuidará ahora de sus hijos pequeños?”

Incluso en las sociedades más opulentas, muchas familias de los detenidos sufren dificultades económicas. Por ejemplo, la Ley Laboral de Kuwait establece que se despedirá automáticamente a los empleados que se ausenten más de 15 días sin justificación. El gobierno de Kuwait se niega a reconocer formalmente la detención de sus ciudadanos en Guantánamo. El resultado es que muchas familias de detenidos kuwaitíes en Guantánamo han perdido su principal fuente de ingresos, dado que se considera que éstos se han ausentado del trabajo sin motivo justificado. Por ejemplo, el gobierno ya no está pagando el sueldo de Umar Rajab Muhammad Amin porque su ausencia del trabajo consta como “ausencia injustificada”.

Aiygul, la esposa azerí de Sami Muhi al-Din al-Haj, operario de cámara sudanés de Al Jazira, cadena de televisión de información con sede en Qatar, no tiene parientes directos en Qatar, salvo su hijo de tres años. “No sabía que había tanto dolor e injusticia en el mundo”, dijo. Sin embargo, Aigul está agradecida porque hasta la fecha Al Jazira ha abonado el sueldo de Sami y el alquiler.

Guantánamo proyecta una sombra alargada especialmente sobre las mujeres de las familias de los detenidos. La esposa de Abdallah Kamel al-Kandri explicó que, debido a que la legislación de Kuwait exige la aprobación de su esposo en numerosas situaciones, la ausencia forzada de éste ha tenido consecuencias de largo alcance para ella: “Incluso cuando di a luz a Fatima el 3 de febrero de 2002, no me daban el alta en el hospital hasta que mi esposo firmara. Mansur, el tío de Fatima, tuvo que firmar en nombre de su hermano para que nos dejaran salir”.

El hermano de Yassin Qassim Isma’il’ escribió a Amnistía Internacional para contar el sufrimiento de su madre en Yemen: “Con cada celebración familiar, la herida de esta madre vuelve a sangrar. Lo que se supone que son ocasiones gozosas se convierten en momentos de pena porque ve a sus otros hijos a su alrededor y se pregunta lo mal que lo estará pasando su hijo encarcelado.”

4.0 GENERAR MIEDO

Los gobiernos también están usando la “guerra contra el terror” de forma más insidiosa para seguir con las viejas prácticas de restringir la libertad de expresión, credo y asociación.

Por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, las personas sospechosas de tener tendencias islamistas, incluidos abogados, jueces, maestros y profesores universitarios, sufren limitaciones en lo que se refiere a sus posibilidades laborales y su participación en la vida pública. Destacadas personalidades de la vida pública consideradas críticas con los poderes públicos extreman sus precauciones al escribir en la prensa o participar en programas de radio o de televisión para evitar las represalias de las fuerzas de seguridad. Al parecer, a algunos se les ha advertido de que no participen en seminarios y actos públicos.

Organizaciones como asociaciones de profesores, abogados y periodista han sido objeto de un hostigamiento creciente debido a que algunos de los miembros de sus órganos de dirección tienen “opiniones islamistas”. Según informes recibido por Amnistía Internacional, en junio de 2002 57 personas fueron obligadas a dejar sus trabajos en el Ministerio de Educación: 33 fueron jubiladas a la fuerza y 24 fueron trasladadas a otros ministerios. Una fuente dijo a Amnistía Internacional que “la edad media de los jubilados forzosos es de entre 35 y 37 años y la mayoría de ellos son educadores excepcionales que nunca han expresado opiniones extremistas o intolerantes”. Otra fuente dijo a Amnistía Internacional que en los Emiratos Árabes Unidos, desde 2002, el nombramiento de los directores de colegio exige la aprobación de los servicios de seguridad del Estado.

El 16 de marzo de 2004, las fuerzas de seguridad saudíes detuvieron a 13 profesores universitarios y activistas por expresar sus opiniones sobre las reformas educativas del gobierno. Entre ellos estaban los profesores universitarios ‘Abdullah al-Hamid, el doctor Tawfiq Qussayer, el doctor Matrouk Faleh y Mohammed Said Tayyib, que había sido editor. El doctor Tawfiq Qussayer y Mohammed Said Tayyib fueron excarcelados en abril de 2004 tras firmar un documento por el que se comprometían a no llevar a cabo “actividades políticas” y a coordinarse con las autoridades antes de llevar a cabo actividades públicas. ‘Abdullah al-Hamid, el doctor Matrouk Faleh y al menos otras dos personas continúan detenidas sin cargos ni juicio al negarse a firmar el documento.¹⁸

En Yemen, las autoridades han adoptado un planteamiento más sutil. Centenares de personas de las que las fuerzas de seguridad consideran que mantienen “puntos de vista islamistas extremistas” han sido recluidas sin cargos ni juicio y han sido sometidas a un diálogo religioso con personalidades islámicas en un intento de hacerlas renunciar a sus puntos de vista. Los que renuncian deben firmar un documento manifestando que han cambiado de puntos de vista, y cuando lo hacen quedan en libertad. Sin embargo, esta puesta en libertad está acompañada de restricciones que incluyen la presentación habitual ante la policía, la prohibición de viajar fuera de la zona donde viven o mantener contactos con otras personas, especialmente periodistas, sin el permiso de las fuerzas de seguridad.

Muchas personas de la región han advertido el coste y las consecuencias de largo alcance que ha tenido en el pasado la intromisión del gobiernos en asuntos de religión. Un miembro de la junta directiva de la asociación de profesores yemeníes dijo a Amnistía Internacional: “Fueron la Universidad Rey Saud de Riada y los gobiernos de los Estados Unidos y de Arabia Saudí los que convencieron a los jóvenes para que fueran a Afganistán […] les proporcionaban ayuda económica y les decían que su deber era luchar […] Muchos de los que viajaron [a Afganistán] no fueron porque pertenecieran a una escuela de pensamiento o porque pensaran convertirse en terroristas; fueron porque los convencieron de que estaban luchando por la libertad de los musulmanes”.

Durante la visita que Amnistía Internacional realizó a Yemen a principios de enero de 2004 se detuvo a más de 250 miembros de la comunidad chií zaidí en la capital, Saná. Se los recluyó en las prisiones de los servicios de Seguridad Política por gritar consignas en contra de los Estados Unidos tras las oraciones del viernes en la Gran Mezquita de Saná. El 16 de enero se produjo otra oleada de detenciones.¹⁹Según informes, las detenciones de la mezquita comenzaron en mayo de 2003 y estaban relacionadas con las protestas contra los bombardeos encabezados por los Estados Unidos contra Irak. Algunos de los detenidos permanecieron recluidos durante meses, mientras que otros fueron puestos en libertad a los pocos días. No se presentaron cargos contra ninguno de ellas, y tampoco se les juzgó ni se les permitió el acceso a un abogado. Muchos informaron de que habían sido interrogados por agentes de los servicios de la Seguridad Política.

Cuando Amnistía Internacional planteó la cuestión de las detenciones de la mezquita ante el fiscal general de Yemen, éste expresó su sorpresa de que alguien hubiera sido encarcelado por gritar consignas. Subrayó que su oficina trabajaba estrechamente con el Ministerio del Interior pero que los servicios de Seguridad Política eran una organización independiente ajena a su jurisdicción. Sheikh Murtadha bin Zaid al-Muhatwari, renombrado imán chií zaidí, tuvo acceso a los detenidos y dijo que había visto “aproximadamente a un centenar de los encarcelados”. También confirmó que entre los detenidos había “un chico de 11 años que fue detenido cuatro veces”.

‘Ali Sharaf al-Din, detenido tres veces por gritar consignas en la Gran Mezquita, dijo a Amnistía Internacional que las autoridades no habían informado de las detenciones a ninguno de los familiares de los detenidos.

Muchas de las familias de los detenidos menores de edad firmaron un documento por el que se comprometían a que los niños no volvieran a gritar esas consignas. Mut’i Hassan Nasser Munif, de 16 años, estuvo recluido en las dependencias de los servicios de Seguridad Política de Saná durante seis semanas y después fue trasladado a la prisión de Umran, donde permaneció otros siete meses. Dijo a Amnistía Internacional: “No nos torturaron, pero a veces no podíamos rezar el fajr (la primera oración de la mañana) durante unos 15 días, ya que nos restringían el uso del baño²⁰como forma de presión para que prometiéramos no gritar las consignas”. Al final su familia firmó el documento.

En Arabia Saudí están estrictamente prohibidas todas las formas de protesta. Las fuerzas de seguridad reprimieron rápidamente a los activistas que, para reclamar reformas aceleradas, organizaron una marcha prevista para coincidir con una conferencia sobre derechos humanos patrocinada por el gobierno en octubre de 2003. Se detuvo a unas 270 personas y, si bien la mayoría quedaron en libertad tras ser interrogadas, al menos 83 continuaron detenidas. Tres era mujeres, incluida una madre, Um Sa’ud, que llevaba una pancarta alusiva a su hijo, Sa’ud, muerto durante el incendio producido un mes antes en la prisión de Al-Hair. Posteriormente, el gobierno anunció que había condenado a los detenidos a 55 días de reclusión. Se creía que todos ellos habían sido puestos en libertad en diciembre de 2003, si bien el modo en que fueron condenados continúa envuelto en el secretismo del sistema de justicia penal. Amnistía Internacional teme que puedan haber sido presos de conciencia.

La incipiente libertad de prensa está amenazada. Los periodistas del Golfo y de la Península Arábiga han denunciado un hostigamiento creciente y temen ser detenidos con el pretexto de que “apoyan el terrorismo”.²¹

Un periodista yemení, que se hizo pasar por familiar de un detenido privado de libertad dentro de la “guerra contra el terror”, publicó una serie de artículos en los que ofrecía testimonio directo de las prisiones de los servicios de Seguridad Política, y en ellos sacó a la luz pública graves violaciones de los derechos de los detenidos. Otro periodista yemení que trabajaba para Al-Shura siguió minuciosamente la suerte corrida por los detenidos de la mezquita de Saná, revelando cada semana nuevas detenciones que había descubierto. Un parlamentario yemení dijo a Amnistía Internacional que “actualmente, la prensa es la que en la práctica defiende los derechos humanos e influye en ellos”. Los peligros que corren los periodistas quedan patentes con el caso de Muhammed al-Qiri, periodista del diario en lengua inglesa The Yemen Observer. El 26 de marzo de 2004, Muhammed al-Qiri fue a la Gran Mezquita para presenciar las detenciones que estaban practicando miembros de los servicio de Seguridad Política. Éstos lo vieron tomándoles fotografías y lo agredieron físicamente, dejándolo con la cara ensangrentada y con hematomas. Después se lo llevaron detenido, lo interrogaron y volvieron a golpearlo antes de dejarlo en libertad, al día siguiente, tras firmar un documento por el que se comprometía a no fotografiar detenciones en el futuro.

Los canales informativos por satélite que están surgiendo como auténticos foros de debate e importantes fuentes de información se ven amenazados tanto por los gobiernos del Golfo como por el gobierno de los Estados Unidos. Según un redactor de la cadena de televisión de Qatar Al Yazira, algunas autoridades estadounidenses se han pronunciado de forma amenazadora contra los canales informativos Al Yazira y Al Arabiya. Youssef al-Shuli dijo a Amnistía Internacional: “Un alto cargo estadounidense dijo a uno de nuestros periodistas en Irak que Al Yazira era un objetivo legítimo”.²²Misiles estadounidenses alcanzaron las oficinas de Al Yazira en Afganistán e Irak; Tariq Ayoub, periodista, murió el 8 de abril de 2003 en el curso del ataque contra las oficinas en Irak. Sami al-Haj, operario de cámara de Al Yazira en Afganistán, fue detenido y trasladado posteriormente a Guantánamo, donde continúa (véase el apartado 3.5 “Golpeados repetidas veces”).

Taiseer ‘Alouni, corresponsal de Al Yazira en España, fue detenido en ese país acusado de “terrorismo”. Dijo a Amnistía Internacional que creía que los cargos contra él estaban basados en “mi trabajo para Al Yazira”. Taiseer ‘Alouni cree que se actuó contra Al Yazira porque “éramos la única emisora de televisión que transmitía desde Afganistán durante los bombardeos que llevaron a cabo los estadounidenses, y mostramos el coste humano que tuvieron”.

Los gobiernos del Golfo y de la Península Arábiga también han intentado restringir la labor informativa de Al Yazira. Por ejemplo, en mayo de 2002 Bahrein declaró que la información de Al Yazira sobre Israel y Bahrein era tendenciosa, y prohibió a la emisora informar desde dentro del país.²³Los ciudadanos saudíes contrarios a su gobierno que han usado Al Yazira como medio para la expresión pacífica de sus opiniones han tenido que pagar un precio. En septiembre de 2003, ‘Abd al-‘Aziz al-Tayyar, de 44 años de edad y ex director de relaciones públicas de la Cámara de Comercio de Riad, encontró su casa rodeada de agentes de seguridad armados mientras participaba por teléfono en un boletín informativo en directo de Al Yazira. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en su casa y se lo llevaron, junto con otras personas que se encontraban con él. Según informes, lo detuvieron por criticar al gobierno. Lo dejaron en libertad en marzo de 2004, según informes, tras comprometerse a no criticar al gobierno.

La “guerra contra el terror” también está afectando a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de la región, incluidas las organizaciones benéficas islámicas legales. La práctica de las detenciones en gran escala y las reclusiones sin cargos ni juicio de personas por haber viajado a Afganistán o Pakistán o por haber tenido relaciones con personas que habían viajado a esos países, o simplemente por considerarse que mantienen “opiniones islamistas extremistas”, ha hecho surgir el temor a que si se realizan aportaciones a las organizaciones benéficas islámicas los donantes podrían ser acusados de “terrorismo”. En Yemen, una fuente próxima a varios proyectos benéficos se quejó de que “ahora la gente tiene miedo de realizar donaciones a los proyectos benéficos por temor a ser tildados de terroristas”.

Muchas de las familias de los detenidos recluidos en la región y en Guantánamo con las que Amnistía Internacional se ha entrevistado creen que el principal motivo por el que han sido detenidos sus familiares ha sido su labor benéfica, pero se han visto privadas de la oportunidad de contar con un proceso debido en el que someter este argumento en defensa de sus familiares a examen judicial. La esposa de Sami Muhi al-Din al-Haj’s y los jefes de éste en Al Yazira sostienen que Sami fue detenido en el desempeño de su trabajo. Consideran que las acusaciones contra él son insostenibles y que su detención se debe únicamente al trabajo benéfico que había llevado a cabo en Afganistán unos años antes y a una discrepancia burocrática en su pasaporte, que el gobierno sudanés ha aclarado. “Si mi esposo está entre los detenidos, me parece que simplemente detienen a cualquiera y se lo llevan a Guantánamo”, protestó la esposa de Sami.

El hijo de Khaled al-Odah, Fawzi, es un detenido de Guantánamo. Su padre ha explicado la relación de su hijo con Afganistán y con Pakistán: “En el instituto comenzó a recaudar dinero para los necesitados, y su interés aumentó con el tiempo. Junto con sus amigos empezó a patrocinar proyectos anuales con los que ayudaban a construir un colegio, un aula, una mezquita o un pozo en los países islámicos más pobres. No había nada especial en su actividad, fue un fenómeno generalizado en Kuwait. Comenzaron a pequeña escala, recaudando dinero de la familia y de los vecinos, y después empezaron a disponer de presupuestos y de planes. Cuando Fawzi fue detenido estaba inmerso en su noveno proyecto”.

Además de estos temores de las familias, algunas medidas extrajudiciales tomadas por los gobiernos tras el 11 de septiembre de 2001 para cortar las vías económicas de los “terroristas” parecen ir más allá de garantizar la transparencia de las transacciones económicas de las organizaciones benéficas. A raíz del 11 de septiembre, las fuerzas de seguridad yemeníes cerraron muchas escuelas islámicas voluntarias y detuvieron a centenares de estudiantes, incluso niños de tan sólo 12 años. Asimismo, las fuerzas de seguridad actuaron indiscriminadamente contra los vendedores de miel, una actividad comercial tradicionalmente importante en Yemen, al sospechar que mantenían relaciones con Osama bin Laden. Las tiendas de miel fueron cerradas durante días o semanas y sus propietarios fueron interrogados por las fuerzas de seguridad. Posteriormente se permitió a los vendedores de miel reanudar sus actividades. En otros países se confiscaron o congelaron los activos de las organizaciones benéficas islámicas y de los presuntos donantes. Badryia al-Awadhi, abogada kuwaití y miembro del Grupo Especial para la Definición del Terrorismo Internacional de la Asociación Internacional de Abogados, manifestó a Amnistía Internacional su preocupación porque las medidas tomadas “en el nombre de la lucha contra el terrorismo y la seguridad establecen restricciones inaceptables a las iniciativas de los musulmanes para ayudarse a sí mismos”.

Las opiniones y temores expresados en el presente documento son variados, pero todos ellos son resultado de dejar de lado las garantías del Estado de derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad están actuando impunemente y a los afectados se les niega cualquier posibilidad de recurrir a la justicia.

5.0 LA CONFERENCIA DE SANÁ: LOS SERES HUMANOS NACEN LIBRES E IGUALES EN DIGNIDAD Y DERECHOS

Invitados por Amnistía Internacional y la Organización Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos y las Libertades, la conferencia “Derechos humanos para todos” reunió a más de 150 participantes de diferentes países. La mayoría de los participantes eran abogados, jueces, expertos legales y altos cargos públicos de Oriente Medio, Australia, Estados Unidos y Reino Unido. A la mayoría les preocupaba el que los detenidos permanecieran recluidos al margen de la supervisión judicial habitual en aplicación de diferentes formas de legislación “antiterrorista” en Guantánamo y en varios lugares del Golfo y la Península Arábiga. Además, a la conferencia asistieron representantes de las familias de decenas de estos detenidos para presentar declaraciones juradas y solicitar ayuda y asesoramiento.

Después de la inauguración, la conferencia se centró en dos cuestiones fundamentales: la universalidad de los derechos humanos y los obstáculos legales y judiciales a los que se enfrentan los abogados y familiares en su lucha para que se haga justicia con los detenidos.

Si bien eran conscientes del temor y las emociones que había generado la grave violación de derechos humanos que constituyeron los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, los participantes rechazaron por unanimidad que se socavara el principio de universalidad de los derechos humanos en el empeño por la “guerra contra el terror”. Derek Evans, ex secretario general adjunto de Amnistía Internacional, afirmó ante la conferencia: “El miedo es enemigo de la libertad; a causa del miedo muchas personas pueden estar dispuestas en un principio a ceder libertad, incluso derechos fundamentales, a cambio de lo que puede constituir una falsa sensación de seguridad. En muchas partes del mundo, las respuestas de algunos Estados a las amenazas previstas han incrementado la inseguridad: la inseguridad derivada de prácticas judiciales discriminatorias y del uso de la detención prolongada en régimen de incomunicación. Este tipo de medidas ponen en peligro los derechos humanos. Atentan contra la estructura del marco internacional de derechos humanos y suponen una amenaza para los importantes logros conseguidos en los últimos 50 años”.

La profunda preocupación de los participantes fue expuesta sucintamente por el doctor Terry Waite, que planteó dos cuestiones clave. Refiriéndose a su propia experiencia tras haber permanecido recluido en régimen de incomunicación y haber sido sometido a torturas físicas y psicológicas durante los cuatro años que pasó como rehén de un grupo armado en Líbano, el doctor Waite preguntó: “¿Cómo puede ser que ahora debamos defender y negociar con los gobiernos para que respeten normas que han sido reconocidas como básicas y fundamentales desde hace más de 50 años, derechos que deberían darse por supuestos y garantizados? ¿Qué diferencia fundamental hay entre lo que yo experimenté y padecí y lo que se les está haciendo a estos detenidos?”

El debate sobre la universalidad de los derechos humanos permitió a los participantes hacer hincapié en que las condiciones en que están recluidas las personas sospechosas de mantener vínculos con los “terroristas” constituye uno de los mayores escándalos en materia de derechos humanos de nuestra época. Asimismo se admitió que la situación de Guantánamo representa un reto fundamental para el Estado de derecho y está propiciando una crisis de derechos humanos con implicaciones en todo el mundo. Además se reconoció que el principal factor que está provocando las restricciones a la protección de los derechos humanos de estos detenidos recluidos en otros países es la naturaleza de la relación entre los Estados Unidos y las autoridades del propio país.

Con la ayuda de varios expertos legales, la conferencia examinó pormenorizadamente el contexto legal de los detenidos recluidos en aplicación de la legislación promulgada en relación con la “guerra contra el terror” en Guantánamo, el Golfo y la Península Arábiga y otros lugares. Detenciones arbitrarias e indefinidas sin cargos, la ausencia de hábeas corpus y otras garantías fundamentales, o la negación del derecho a asistencia letrada independiente o incluso a la presunción de inocencia. Los reiterados informes sobre la práctica de torturas se describieron como una grave violación de derechos humanos.

Los participantes describieron el abandono de principios y normas arraigados de derechos humanos como un escándalo y un motivo de honda preocupación. Un experto señaló: “Es evidente que la detención y el procesamiento de estos detenidos no pretenden servir al interés de la verdad y la justicia, sino que han sido concebidos como un medio de venganza y castigo”. Otro hizo hincapié en la urgencia del desafío: “No puede haber mayor amenaza para todos nosotros que cuando los que están en el poder deciden de forma sumaria que los derechos humanos fundamentales no son aplicables a algunos de nosotros”. Un experto en derechos humanos comentó consternado: “Lo último que necesitamos es que el líder del mundo siente un mal ejemplo”, aludiendo a los Estados Unidos.

Los participantes señalaron varias necesidades cada vez más urgentes: iniciativas para fomentar la presión de los medios de comunicación y de las ONG tanto sobre las autoridades del propio país como sobre las estadounidenses; mecanismos para que los abogados y juristas de la región compartan información y coordinen sus iniciativas; un sistema que garantice el acceso a las familias de los detenidos y el contacto con ellas; y un programa para instar a los legisladores y parlamentarios de la región a que expresen su preocupación por los ciudadanos de sus países recluidos en Guantánamo y en otros lugares y a que pidan que se respeten las normas de derechos humanos en relación con sus ciudadanos. Estas necesidades se tomaron en cuenta mientras los participantes en la conferencia exploraban vías para seguir trabajando juntos, unas vías que se detallan en el comunicado final de la conferencia, el Llamamiento de Saná.²⁴

La honda preocupación de los participantes por la situación de los derechos humanos en el mundo actual se refleja en el primer párrafo del Llamamiento de Saná, emitido al final de la conferencia, en el que se dice: “La prolongada detención arbitraria e ilegal de miles de personas en Guantánamo —y en varias otras partes del mundo— representa un desafío fundamental para el Estado de derecho y constituye una traición a los principios fundamentales de derechos humanos. Este abuso propiciado por las medidas, a menudo demasiado amplias, de seguridad aprobadas por numerosos gobiernos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos (unos atentados que Amnistía Internacional condenó sin reservas), constituye una crisis de derechos humanos que supone una amenaza para los habitantes del mundo”.

Como defensores de los derechos humanos, nuestra creencia principal es que todos los hombres, mujeres y niños poseen derechos inherentes que les pertenecen como seres humanos. De hecho, ésta es la noción consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos: que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos fundamentales no son una prolongación de los derechos de ciudadanía ni son una concesión de los gobiernos. Se derivan de nuestra condición humana, y nuestro deber como miembros de la sociedad civil es reclamarlos, reivindicarlos y protegerlos tanto para nosotros como para los demás. En el Llamamiento de Saná, los participantes pidieron que se aplicaran las garantías del Estado de derecho y las normas internacionales de derechos humanos a todas las personas contra las que se actúa en la “guerra contra el terror”.

6.0 CONCLUSIÓN

La “guerra contra el terror” que se está librando haciendo caso omiso de las garantías del Estado de derecho y de las normas internacionales de derechos humanos ha tenido consecuencias profundas y de largo alcance en el Golfo y en la Península Arábiga, como detenciones arbitrarias en gran escala, detenciones en régimen de incomunicación y detenciones indefinidas sin cargos ni juicio y sin acceso al poder judicial para poder impugnar la legalidad de la detención. También ha facilitado la aplicación, con un desprecio absoluto por las normas internacionales, de acuerdos de seguridad bilaterales y multilaterales que han dado lugar a la devolución de personas a países donde corren un elevado peligro de ser objeto de graves violaciones de derechos humanos. Asimismo, ha habido casos de personas cuyo destino y suerte se desconoce y casos de aparentes ejecuciones extrajudiciales.

El trato dispensado a las personas contra las que se ha actuado en virtud de “la guerra contra el terror”, con un desprecio absoluto por sus derechos y por las garantías del Estado de derecho, ha afectado por asociación a sus familias. Las fuerzas de seguridad han detenido a algunos familiares para obligar a entregarse a los miembros sospechosos de sus familias. Se ha castigado a las familias. Los familiares se encuentran sumidos en una situación de desconcierto emocional, dificultades económicas y vacío legal.

El modo en que se está librando la “guerra contra el terror” representa una amenaza real para las mejoras incipientes en materia de derechos humanos que se estaban produciendo en el Golfo y en la Península Arábiga. En los últimos años, los gobiernos de la región empezaban a dar respuestas positivas a las demandas de mejoras respecto a los derechos humanos y a apartarse, aunque fuera lentamente, de las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que durante décadas proliferaron a gran escala. La “guerra contra el terror” ha revivido las antiguas prácticas. Los gobiernos de la región la están utilizando como pretexto para restringir la libertad de expresión y la disidencia política en el Golfo y la Península Arábiga, provocando el temor entre los periodistas, los adversarios del gobierno y, en general, las personas de las que consta o se considera que tienen puntos de vista religiosos integristas. Entre las formas de represalia contra este tipo de personas están la privación de libertad, la retirada forzosa de sus trabajos o el negarles el trabajo sin ninguna oportunidad real de impugnar las decisiones de las fuerzas de seguridad a este respecto.

Como demuestra este informe, el sufrimiento humano padecido por las personas contra las que se ha actuado en el contexto de la “guerra contra el terror” y, por asociación, por sus familiares son algunas de las consecuencias mismas que pretende evitar el espíritu de las normas internacionales de derechos humanos. Si bien Amnistía Internacional pide a los gobiernos que ejerzan su derecho y su deber de llevar ante la justicia a las personas sospechosas de haber cometido delitos comunes reconocibles, la organización se opone a que el ejercicio de este derecho y deber se ponga en práctica al margen de las garantías del Estado de derecho y de las normas internacionales de derechos humanos.

Para resarcir y evitar los sufrimientos expuestos en este informe, la “guerra contra el terror” debe regularse conforme al Estado de derecho y a las normas internacionales de derechos humanos.

• La “guerra contra el terror” no debe utilizarse para aplastar el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión consagrado en los artículos 19, 21 y 22.1 y 22.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

El artículo 19.2 del citado Pacto afirma que “[t]oda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

El artículo 19.3 del PIDCP señala que “[e]l ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”

El artículo 21 del PIDCP afirma que “[s]e reconoce el derecho de reunión pacífica”.

El artículo 22.1 afirma que “[t]oda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses”. Las restricciones al derecho a la libertad de asociación y de reunión sólo se permiten conforme a condiciones específicas como las que impone el artículo 22.2, que afirma que “[e]l ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

• La “guerra contra el terror” no debe utilizarse para detener a personas de forma arbitraria o negarles la comunicación con el mundo exterior, conforme disponen el artículo 9 del PIDCP –que establece garantías contra las detenciones arbitrarias–, el principio 19 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y la regla 92 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.

El artículo 9.1 del PIDCP afirma que “ [t]odo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”.

El artículo 9.3 señala que “[t]oda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”.

El artículo 9.4 del PIDCP afirma que “[t]oda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal”.

El principio 19 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión afirma: “Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho”.

La regla 92 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos garantiza que “[u]n acusado deberá poder informar inmediatamente a su familia de su detención y se le concederán todas las facilidades razonables para comunicarse con ésta y sus amigos y para recibir la visita de estas personas, con la única reserva de las restricciones y de la vigilancia necesarias en interés de la administración de justicia, de la seguridad y del buen orden del establecimiento”.

El artículo 7 del PIDCP señala que “[n]adie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

El artículo 10.1 afirma que “[t]oda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

El artículo 15 de la Convención contra la Tortura establece la obligación de que “[…] ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración”.

• La “guerra contra el terror” no debe utilizarse para negar a las personas contra las que se ha actuado el derecho a buscar justicia, conforme establece el artículo 14 del PIDCP.

El artículo 14.1 del PIDCP afirma que “[t]odas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”.

El artículo 14.2 afirma que “[t]oda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.

• La “guerra contra el terror” no debe utilizarse para devolver a personas a países donde puedan sufrir graves violaciones de derechos humanos como la tortura o la ejecución, y deben garantizarse los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y el artículo 3 de la Convención contra la Tortura.

El artículo 3.1 de la Convención contra la Tortura afirma que “[n]ingún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”.

• La “guerra contra el terror” no debe utilizarse para causar la “desaparición” o ejecución extrajudicial de sospechosos, según establecen el artículo 6 del PIDCP y el Principio 1 de los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.

El artículo 6.1 del PIDCP afirma que “[e]l derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.

El Principio 1 de los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumariasestablece que “[l]os gobiernos prohibirán por ley todas las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias y velarán por que todas esas ejecuciones se tipifiquen como delitos en su derecho penal y sean sancionables con penas adecuadas que tengan en cuenta la gravedad de tales delitos. No podrán invocarse para justificar esas ejecuciones circunstancias excepcionales, como por ejemplo, el estado de guerra o de riesgo de guerra, la inestabilidad política interna ni ninguna otra emergencia pública”.

• Finalmente, la “guerra contra el terror” no debe utilizarse para detener a los niños, conforme estable la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente su artículo 37.

El artículo 37.b de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que “[n]ingún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”.

El artículo 37.c establece la obligación de que “[t]odo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales”.

7.0 RECOMENDACIONES

Para reparar las violaciones de derechos humanos expuestas en el presente informe y garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas, Amnistía Internacional pide urgentemente:

Al gobierno de los Estados Unidos y a los gobiernos del Golfo y de la Península Arábiga:

• que liberen a todas las personas detenidas exclusivamente por la expresión y el ejercicio no violento de sus creencias o por su origen étnico;

• que pongan fin al limbo legal en que se encuentran todos los detenidos, incluidos los que están recluidos en lugares que no se han revelado, y que les concedan acceso completo a abogados, médicos y familiares y acceso inmediato al Comité Internacional de la Cruz Roja;

• que garanticen que todas las personas detenidas son acusadas y juzgadas con las debidas garantías o puestas en libertad;

• que garanticen que todos los detenidos reciben un trato humano y que no son objeto de tortura;

• que investiguen todas las denuncias de tortura y lleven ante la justicia a todos aquellos sobre los que pese una sospecha razonable de que pueden ser responsables;

• que pongan fin a la devolución de ciudadanos extranjeros a países donde puedan sufrir graves violaciones de los derechos humanos;

• que garanticen el estricto cumplimiento de las normas de derechos humanos en cualquier cooperación en materia de seguridad entre Estados y en todos los programas de adiestramiento de las fuerzas de seguridad;

• que proporcionen apoyo y ayuda adecuados a los familiares de los detenidos, incluida la prestación de asistencia jurídica;

• que permitan a Amnistía Internacional y a otras organizaciones de derechos humanos acceder a las personas detenidas en Guantánamo y en el Golfo y la Península Arábiga, y también a sus guardias.

A la Liga Árabe:

• que tome medidas para modificar la Convención Árabe para la Represión del Terrorismo, de 1998, de modo que incluya disposiciones que salvaguarden los derechos humanos, también en relación con el proceso de extradición.

A la comunidad internacional:

• que presione a los gobiernos de los Estados Unidos, el Golfo y la Península Arábiga para que apliquen las garantías del Estado de derecho y las normas internacionales de derechos humanos a todos los detenidos en relación con la “guerra contra el terror”.