[Fecha de embargo: diciembre de 2006]Público

Amnistía Internacional

ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS:

UN CAMINO A NINGUNA PARTE

ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS:

UN CAMINO A NINGUNA PARTE

Índice

1. Introducción 1

2. Escalada de violencia: población civil, la más afectada 5

3. "Lluvia de Verano" y "Nubes de Otoño": no hay lugares seguros en Gaza 7

4. Crisis humanitaria en Gaza 11

5. Sin distinción: ataques palestinos contra la población civil israelí 13

6. Apropiación de tierras: asentamientos israelíes en Cisjordania 15

7. Gaza: "desconexión" ilusoria 18

8. Creación de hechos consumados: la "valla/muro" 19

9. Bajo el asedio: negación de derechos sociales y económicos 21

10. Bajo los escombros: destrucción de casas y bienes 23

11. Impunidad: justicia negada 26

12. Detenciones de palestinos por parte de Israel 29

13. Aumento del desgobierno e impunidad en zonas administradas por la Autoridad Palestina 30

14. Familias divididas al impedirse su unificación 32

15. Las mujeres y el conflicto 33

16. Conclusiones y recomendaciones 35

Israel y los Territorios Ocupados:

Un camino a ninguna parte

1. Introducción

Seis años después del estallido de la última Intifada y de la ruptura efectiva de las negociaciones de paz palestino-israelíes, la situación de derechos humanos en los Territorios Ocupados –la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental– se ha deteriorado hasta alcanzar niveles sin precedentes. Las perspectivas de encontrar una solución justa y duradera al conflicto parecen lejanas.

La corriente de violencia, de abusos contra los derechos humanos fundamentales y de desprecio hacia el derecho internacional que ha marcado los 40 años de ocupación militar israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza se ha afianzado firme e implacablemente. La población civil tanto de Israel como de los Territorios Ocupados son las verdaderas víctimas de los enfrentamientos.

Alrededor de 4.000 palestinos, la mayoría de ellos civiles desarmados y entre los que se encontraban unos 800 menores, fueron víctimas mortales de los bombardeos desproporcionados e irresponsables lanzados por fuerzas israelíes, así como de la artillería y los disparos efectuados por éstas, en zonas residenciales densamente pobladas y en campos de refugiados distribuidos por todos los Territorios Ocupados durante los últimos seis años. En el mismo período, alrededor de 1.100 israelíes, de los cuales 700 eran civiles e incluían 120 menores, murieron a causa de los disparos efectuados durante ataques perpetrados por grupos armados palestinos, ataques suicida con bomba en zonas civiles y ataques indiscriminados con cohetes. Decenas de miles de ciudadanos palestinos y miles de ciudadanos israelíes han resultado heridos, muchos de ellos lisiados o mutilados para toda la vida.

Además de la pérdida de vidas en ambas partes, la población palestina de los Territorios Ocupados ha sufrido infinidad de abusos contra los derechos humanos. Las fuerzas israelíes han destruido miles de casas palestinas, vastas zonas de tierras cultivadas y una gran parte de infraestructuras civiles básicas como centrales eléctricas, carreteras, puentes y redes de agua, alcantarillado y teléfonos. Las crecientes restricciones a la circulación de ciudadanos y bienes palestinos dentro de los Territorios Ocupados, así como su entrada y salida a los mismos, hacen imposible llevar una vida normal.

Cientos de controles de seguridad y bloqueos militares, y la "valla/muro" que Israel está levantando en todo Cisjordania pese a haber sido declarada ilegal por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), dificultan o impiden cada vez más el acceso de la población palestina a sus tierras, lugares de trabajo, centros de estudio, hospitales y otros centros médicos. La presencia y ubicación de los asentamientos israelíes han sido los factores determinantes de la ruta que ha de seguir la "valla/muro", la ubicación de los controles de seguridad militares y las clausuras: todo ello está destinado a impedir la circulación de la población palestina. Los asentamientos fueron construidos para uso exclusivo de colonos israelíes en tierras palestinas confiscadas en toda Cisjordania y son ilegales en virtud del derecho internacional. En la Franja de Gaza, precisamente la zona que los colonos israelíes se han visto obligados a abandonar, la clausura impuesta por fuerzas israelíes mantiene a los 1,4 millones de habitantes aislados de otras regiones de los Territorios Ocupados y del resto del mundo casi de forma permanente.

Estas medidas y restricciones, que tal y como ha reconocido la comunidad internacional constituyen la principal causa de que la economía palestina se haya prácticamente derrumbado en los últimos años, han empeorado en 2006 tras la decisión del gobierno israelí de retener los impuestos aduaneros que cobra en nombre de la Autoridad Palestina y la decisión de la comunidad internacional de cesar las ayudas a ésta tras la constitución en marzo de 2006 de una administración encabezada por Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica). Como era de esperar, las consecuencias han sido un marcado aumento de la pobreza, del desempleo y de los problemas de salud de los palestinos, y un deterioro general de la situación humanitaria hasta alcanzar niveles sin precedentes.1 La desesperación y la ausencia de cualquier esperanza sobre un futuro previsible exacerban la violencia y la radicalización de una población palestina predominantemente joven cuyas perspectivas de empleo y de llevar una vida normal son cuasi inexistentes.

La respuesta internacional y el derecho

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha hecho reiterados llamamientos a Israel para que, como parte de un acuerdo de paz con sus vecinos, se retire de los territorios que ocupa desde 1967 y desmantele y frene la creación de asentamientos en dichos territorios. Cisjordania y la Franja de Gaza son territorios sujetos al Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV), que se aplica a la situación de ocupación. Esta posición está respaldada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y por numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El gobierno israelí sostiene que, a su entender, el Convenio IV de Ginebra no es de aplicación jurídica para Cisjordania y la Franja de Gaza aunque afirma que, en la práctica, Israel respetaría las "disposiciones en materia humanitaria" del Convenio –sin especificar claramente en ningún momento cuáles de dichas disposiciones considera ‘‘humanitarias’’–. El Convenio IV de Ginebra prescribe normas para una potencia ocupante en relación con los habitantes, a los que describe como "personas protegidas". Entre otras cosas, las normas prohíben a la potencia ocupante el homicidio intencional, los malos tratos o la deportación de personas protegidas. También prohíbe el traslado de su propia población civil al territorio, y la adopción de medidas de represalia o castigos colectivos.

La comunidad internacional ha expresado reiteradamente su preocupación pero casi no ha tomado medidas concretas que ayuden a poner fin a la escalada de violencia y desesperación. En líneas generales, los planes y acuerdos de paz anteriores no han dado la prioridad que corresponde a los derechos humanos fundamentales y a los requisitos del derecho internacional y, en consecuencia, han fracasado siempre. Demuestran de forma concluyente que subordinar los derechos humanos fundamentales y la justicia a consideraciones políticas a corto plazo no es la receta adecuada para conseguir la paz y la seguridad duraderas, e incluso pueden haber empeorado la situación. En cualquier caso, sólo un acuerdo justo que respete los derechos humanos de todas las partes perdurará.

Las partes israelí y palestina tienen el deber de respetar los derechos fundamentales, participen o no en un proceso de paz. Su obligación de acatar el derecho internacional, y la responsabilidad de la comunidad internacional de garantizar que ambas partes cumplan sus obligaciones, no deben basarse ni depender de otros procesos o consideraciones políticas. Eso también es una receta para el fracaso y más abusos.

La hoja de ruta

En 2003, un plan de paz conocido como la hoja de ruta fue acordado por los dirigentes israelí y palestino bajo el auspicio del "cuarteto" –las Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea y la Federación Rusa–. En virtud del acuerdo, que fue refrendado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en noviembre de 2003, los grupos armados palestinos debían cesar los ataques contra israelíes y las autoridades israelíes debían cesar los asesinatos de dirigentes y activistas palestinos, poner fin a la demolición de casas, congelar el desarrollo de asentamientos israelíes en los Territorios Ocupados, retirar los asentamientos construidos después de 2001, y relajar las restricciones a la circulación de la población palestina. Sin embargo, a pesar de sus compromisos, ambas partes continuaron cometiendo abusos contra los derechos humanos manifiestos y generalizados, algunos de ellos equivalentes a crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, y con total impunidad. La comunidad internacional no presionó a ninguna de las partes en grado suficiente como para garantizar que acatasen las normas del derecho internacional, y ello incluía investigar y procesar a los responsables de abusos tan graves. Por el contrario, ataques dirigidos contra la población civil y acciones equivalentes a castigo colectivo sólo recibieron el calificativo indirecto y cauteloso de "acciones que socavan la confianza". Desde el principio, la hoja de ruta no ha proporcionado un marco de derechos humanos para la paz. Contenía escasas referencias a las salvaguardias de derechos humanos y ningún mecanismo que garantizase su cumplimiento. Las negociaciones fracasaron rápidamente en medio de recriminaciones mutuas. La indiferencia demostrada por ambas partes a la hora de abordar los motivos de preocupación de derechos humanos y la falta de compromiso en cuanto a su aplicación debilitaron todavía más la confianza entre palestinos e israelíes. Las fuerzas israelíes continuaron con las ejecuciones extrajudiciales de activistas palestinos así como con otros homicidios ilegítimos. En lugar de desmantelar los puestos de avanzada, las autoridades israelíes permitieron la expansión continuada de los asentamientos y la confiscación de tierras palestinas. Por su parte, la Autoridad Palestina no tomó medidas eficaces destinadas a detener e impedir los ataques suicida con bomba, los atentados con cohetes y otros ataques perpetrados contra israelíes por grupos armados palestinos.

Los últimos seis años han puesto de relieve que los abusos contra los derechos humanos no conducen a nada. La comunidad internacional debe adoptar medidas urgentes para garantizar que ambas partes cesen los abusos que están cometiendo y cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Es necesario tomar medidas que pongan fin inmediato a los ataques perpetrados contra la población civil tanto por fuerzas israelíes como por grupos armados palestinos, y abordar las ya arraigadas violaciones del derecho internacional que se encuentran en la raíz del conflicto y continúan exacerbando la tensión y la violencia. La comunidad internacional debe presionar de verdad a ambas partes para que se aboquen con resolución a la tarea de introducir cambios fundamentales en los sistemas y mecanismos que han permitido la comisión de homicidios ilegítimos y otras violaciones graves de los derechos humanos con impunidad.

En particular, tanto el gobierno israelí como la Autoridad Palestina deben adoptar los siguientes compromisos:

§ Actuar sin demora para poner fin a los abusos graves y continuados. Deben garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción respeten los derechos humanos fundamentales, fundamentalmente poniendo fin a los ataques perpetrados contra la población civil por las fuerzas armadas y grupos armados que operan en Israel y los Territorios Ocupados. Las autoridades israelíes en particular también deben detener la destrucción de casas, las clausuras y otros castigos colectivos, la construcción de la "valla/muro" dentro de Cisjordania, y la construcción o expansión de los asentamientos. La Autoridad Palestina también debe poner fin a la violencia entre facciones que afecta a la población civil.

§ Garantizar la rendición de cuentas por los abusos. Ambas partes deben tomar medidas concretas que acaben con la impunidad dominante característica de este conflicto y llevar ante la justicia a los autores de violaciones de derechos humanos. La comunidad internacional también debe presionar para que se procese a los responsables de crímenes de guerra u otros delitos en virtud del derecho internacional, mediante el ejercicio de la jurisdicción universal.

§ Acordar el despliegue de observadores internacionales (de la situación) de los derechos humanos y cooperar con ellos. La comunidad internacional debe obtener de antemano el compromiso de ambas partes de respetar los derechos humanos y aceptar dicha asistencia internacional.

§ Colocar los derechos humanos en el centro de cualquier proceso de paz, como elemento esencial para conseguir la paz y la seguridad duraderas. Entre los temas clave que, de acuerdo con el derecho internacional, deben abordarse en este contexto se encuentra la retirada de asentamientos israelíes en los Territorios Ocupados, el desmantelamiento de las secciones de la "valla/muro" que se encuentren dentro de los Territorios Ocupados, la finalización de las clausuras y, a largo plazo, la búsqueda de una solución justa a la cuestión de los refugiados.

2. Escalada de violencia: población civil, la más afectada

El marcado recrudecimiento de la violencia y los abusos contra los derechos humanos que ha caracterizado a 2006 invirtió la tendencia a un cese de los ataques por ambas partes, acordado entre el primer ministro israelí Ariel Sharon y el presidente palestino Mahmoud Abbas en febrero de 2005. En virtud del acuerdo, Hamás y otros grupos armados palestinos prometieron cumplir un alto el fuego informal (tahadiyeh, es decir, "discreto"), promesa que mantuvieron en gran medida. Como consecuencia, por primera vez desde el estallido de la Intifada cinco años antes, en 2005 el número de muertes palestinas e israelíes se redujo considerablemente.2

En 2006, la tendencia hacia un menor número de israelíes muertos o heridos en ataques palestinos ha continuado, pero el número de víctimas palestinas de ataques israelíes ha aumentado notablemente. A finales de noviembre, las fuerzas israelíes habían dado muerte a alrededor de 600 ciudadanas y ciudadanos palestinos, de los cuales 100 eran menores, principalmente en la Franja de Gaza.

En los últimos seis años, hombres y mujeres civiles han sido las principales víctimas mortales de ambas partes, con un gran porcentaje de menores: aproximadamente 800 palestinos y 120 israelíes. Durante los ataques también resultaron heridos decenas de miles de palestinos y miles de israelíes.

Del total de palestinos muertos a manos de fuerzas israelíes en los Territorios Ocupados, muchos se encontraban participando en enfrentamientos y ataques armados, pero en su mayoría se trataba de gente inocente que murió al ser alcanzada por disparos deliberados e irresponsables, bombardeos de artillería o ataques aéreos lanzados por fuerzas israelíes en zonas residenciales densamente pobladas.

Las autoridades israelíes sostienen que sus soldados sólo abren fuego cuando su vida está en peligro e incluso entonces sólo responden a la fuente del fuego palestino. Esta versión dista mucho de la verdad. En realidad, la constante de los últimos seis años ha sido el uso irresponsable, desproporcionado y excesivo de medios letales por parte de soldados israelíes. Prueba de ello son los miles de inocentes palestinos no armados que resultaron muertos o heridos por disparos, bombardeos y ataques aéreos israelíes.

Comienza la Intifada: la población civil en la línea de fuego

"En el empalme de Netzarim también se emplearon helicópteros para neutralizar a las fuentes de los disparos y dispersar a los alborotadores".

Fuerzas de defensa israelíes: resumen de los acontecimientos ocurridos en la mañana del 1 de octubre de 2000 (abarca el día anterior).

El 30 de septiembre de 2000, primer día de las manifestaciones relacionadas con la Intifada en la Franja de Gaza, tropas israelíes dispararon fuego real contra los manifestantes que se encontraban cerca de un búnker militar en el empalme de Netzarim/Shuhada’ en la Franja de Gaza. Cuatro personas resultaron muertas, entre ellas un niño de 12 años y un conductor de ambulancia que se encontraba realizando labores de rescate. Más de 190 personas, entre ellas transeúntes y curiosos, resultaron heridas.

Al día siguiente, el ejército israelí utilizó helicópteros de reconocimiento armados para disparar contra los manifestantes. Aunque dentro de la multitud de manifestantes civiles, o próximos a ella, se encontraban algunos palestinos armados con fusiles de combate AK-47, éstos no representaban un gran peligro para los soldados israelíes resguardados dentro de un búnker muy fortificado. La presencia de tiradores no justifica el uso desproporcionado de medios letales que emplearon las fuerzas israelíes contra los manifestantes.

Desde entonces, el ejército israelí utiliza con frecuencia la fuerza excesiva contra la población palestina y emplea métodos que violan las normas de derechos humanos según las cuales únicamente se recurrirá a la fuerza cuando ello sea absolutamente necesario y sólo en proporción a la amenaza.

3. "Lluvia de Verano" y "Nubes de Otoño": no hay lugares seguros en Gaza

El 27 de junio de 2006 el ejército israelí puso en marcha la operación "Lluvia de Verano" tras el ataque perpetrado dos días antes por miembros de grupos armados palestinos contra un puesto militar dentro de Israel. En el ataque murieron dos soldados israelíes y otro, el cabo Gilad Shalit de 19 años, fue capturado. Entre los agresores se encontraban miembros del brazo militar de Hamás, partido gobernante de la Autoridad Palestina. Los captores del cabo Shalit exigieron que se excarcelara a mujeres y menores palestinos detenidos en Israel a cambio de información sobre el soldado. Aunque según los informes las negociaciones continúan, a finales de noviembre el cabo Shalit permanecía recluido y no se le había concedido acceso al CICR.

El derecho internacional prohíbe expresamente la retención de rehenes –es decir, amenazar con infligir daño o seguir reteniendo a una persona detenida para forzar a un tercero a que haga o no haga algo como condición para su liberación–.

Sin embargo, el resurgimiento de homicidios de palestinos a manos de israelíes en la Franja de Gaza es anterior a la captura del cabo Shalit. Meses antes, bombardeos efectuados con artillería y tanques, y ataques aéreos lanzados por las fuerzas israelíes se cobraron la vida de más de 100 ciudadanas y ciudadanos palestinos, entre ellos un gran número de civiles no armados y menores. Las autoridades israelíes dijeron que el objetivo de dichos ataques era impedir que grupos armados palestinos dispararan cohetes Qassam (que toman su nombre del brazo militar de Hamás) de fabricación casera contra Israel, mientras que los grupos armados palestinos afirmaron que el objetivo del lanzamiento de cohetes era forzar a las fuerzas israelíes a que cesaran los ataques aéreos y de otro tipo contra la población palestina.

El 21 de junio de 2006 Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional que investigara el homicidio de decenas de hombres y mujeres civiles palestinos a manos de fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.3 En un incidente ocurrido el 9 de junio, el ataque perpetrado por artillería israelí acabó con la vida de siete miembros de la familia Ghalia, entre ellos cinco menores, cuando se encontraban en una playa en el norte de la Franja de Gaza disfrutando de un picnic.4

El creciente número de víctimas y el hecho de que las autoridades israelíes no garantizaran la investigación exhaustiva, independiente e imparcial de las presuntas violaciones cometidas por sus fuerzas armadas subrayaron la urgente necesidad de una investigación internacional.

Dos meses antes, en abril de 2006, Amnistía Internacional había exhortado a las fuerzas armadas israelíes a poner fin inmediato a todos los bombardeos aéreos y de artillería en zonas residenciales de la Franja de Gaza para impedir más muertes y heridos en la población civil. El 10 de abril, disparos efectuados por artillería israelí en la ciudad de Beit Lahia alcanzaron la casa de Hadeel Ghaban, de siete años, y se cobraron su vida e hirieron a su madre y a otros familiares, entre ellos varios menores.5

La operación "Lluvia de Verano" y otra operación militar israelí posterior iniciada en noviembre llamada "Nubes de Otoño" se caracterizaron por bombardeos y ataques aéreos todavía más irresponsables, el uso excesivo de fuerza, la destrucción sin sentido de propiedades e infraestructuras civiles y el desprecio generalizado hacia el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos.6

Ejecuciones extrajudiciales

Las autoridades israelíes siguen desde hace mucho tiempo una política de ejecutar extrajudicialmente a palestinos buscados por la policía en lugar de detenerlos y procesarlos.7 Estos ataques, que se describen con el eufemismo de "homicidios selectivos", han matado y herido a un número mucho mayor de personas inocentes que de objetivos. Siete menores y sus padres fueron víctimas mortales del bombardeo lanzado por un caza F16 israelí contra su casa a las 2.30 de la madrugada del 12 de julio de 2006.8 Según el ejército israelí, Muhammad Deif, alto dirigente del brazo militar de Hamás, se encontraba en la casa en el momento del ataque, pero sobrevivió.9 Sin embargo, el ataque acabó con la vida de toda la familia: Nabil Abu Salmiya, propietario de la casa, dirigente político de Hamás y profesor de la Universidad Islámica, su esposa Salwa y siete de sus hijos –dos varones, Nasser y Yahia, de 7 y 10 años, y cinco niñas de edades comprendidas entre 9 y 17 años: Aya, Eman, Houda, Basma y Soumaya–. Otros dos de sus hijos sobrevivieron al ataque, uno de ellos herido grave. Varias casas sufrieron daños durante el ataque, en el que también resultaron heridos varios vecinos.

A finales de noviembre, las dos operaciones y sus correspondientes ataques habían matado a más de 400 palestinos y herido a más de 1.500 en la Franja de Gaza, entre ellos muchos civiles no armados. Alrededor de 80 víctimas mortales eran menores, y el número de menores heridos fue superior a 300. En el mismo período murieron dos civiles israelíes y otros 20 resultaron heridos en el sur de Israel a consecuencia de cohetes disparados por grupos armados palestinos de Gaza.

La familia Hajjaj fue una de las devastadas. En la tarde del 8 de julio de 2006, miembros de la familia se encontraban comiendo una barbacoa cuando, poco antes de las 8, dos misiles disparados por fuerzas israelíes impactaron el patio de su casa situada en la zona de al-Muntar, al este de la ciudad de Gaza. Amna Hajjaj, de 46 años y madre de 13 hijos, su hija Rawan de 5 años y su hijo Mohamed de 23 años fueron víctimas mortales del ataque. Otros cuatro resultaron gravemente heridos: Khaled, de 13 años, sufrió heridas generalizadas de metralla en la cabeza y el cuerpo, Rani, de 11 años, sufrió quemaduras graves y fracturas en un brazo y una pierna, Ibrahim, de 9 años, sufrió fractura de rodilla y quemaduras y heridas de metralla, y Sha’aban, de 26 años, sufrió fractura de rodilla, quemaduras en las piernas y heridas de metralla. Cuando Amnistía Internacional visitó la casa, miembros de la familia preguntaron, conmocionados, por qué su casa había sido seleccionada como objetivo, qué motivo podía haber para que atacaran la casa familiar cuando se encontraban disfrutando tranquilamente de una barbacoa.

Más tarde ese mismo mes, Hanan al-’Arrouqi, de 38 años y madre de cinco hijos, y su hija Fadwa de 13 años resultaron muertas en un ataque aéreo israelí cuando se encontraban en el jardín de su casa situada en el extremo del campo de refugiados de al-Maghazi, al sur de la ciudad de Gaza. El ataque se produjo a final de la tarde del 19 de julio de 2006, fecha en que el ejército israelí hizo una incursión en al-Maghazi. Sin embargo, los hijos e hijas supervivientes de Hanan afirmaron a Amnistía Internacional que no había habido enfrentamientos armados ni otros disturbios cerca de su casa, y que su madre y su hermana estaban sentadas junto a un árbol del jardín cuando encontraron la muerte.

Escolares muertos

El 6 de noviembre de 2006 un minibús repleto de menores que se dirigía a un jardín de infancia cercano fue alcanzado por un bombardeo israelí en la intersección de Jabaliya-Beit Lahia, al norte de la ciudad de Gaza. Era poco antes de las 7 de la mañana, hora punta en la que era previsible que las calles se encontrasen a rebosar de adultos y niños de camino al trabajo y al colegio. Metralla de un proyectil cayó a escasos metros de distancia, atravesando la ventana de un vehículo y alcanzando en la cabeza a Najwa Khleif, maestra, que se encontraba en el interior con sus dos hijos pequeños sentados sobre el regazo. Fue trasladada urgentemente al Hospital Shifa de Gaza pero los médicos dijeron a Amnistía Internacional que había sufrido daño cerebral irreparable. Murió a las dos semanas. En el mismo incidente, dos jóvenes de 16 años, Ramzi al-Sharafi y Mahmoud Abu Hamada, también murieron cuando se dirigían al instituto y al menos otros siete resultaron heridos.

Crimen de guerra

La destrucción deliberada y sin sentido de infraestructuras y bienes civiles llevada a cabo por las autoridades israelíes en la Franja de Gaza constituye un crimen de guerra. La destrucción y las restricciones desproporcionadas y arbitrarias impuestas por el ejército israelí a la circulación de personas y bienes dentro y fuera de la Franja de Gaza también constituyen un castigo colectivo de toda la población y violan el Convenio IV de Ginebra, que prohíbe el castigo de personas protegidas por delitos que no han cometido.

Durante los meses siguientes las fuerzas israelíes lanzaron otros ataques en distintas zonas de la Franja de Gaza. El 1 de noviembre, el ejército israelí puso en marcha la operación "Nubes de Otoño" en la ciudad de Beit Hanoun, en el noreste de la Franja de Gaza. Durante una incursión de seis días, las fuerzas israelíes mataron a unos 70 palestinos de los que al menos un 50 por ciento eran hombres y mujeres civiles e incluían varios menores, y dos voluntarios del servicio de ambulancias de urgencias. Más de 200 personas, de las cuales 60 eran menores, resultaron heridas.

Debido a que los 40.000 residentes de Beit Hanoun se veían obligados a permanecer en sus casas, la mayoría sin luz ni agua, bajo toque de queda, tanques y topadoras del ejército israelí destruyeron decenas de edificios e inmuebles, arrancaron huertos y levantaron carreteras, tuberías de agua y redes de alcantarillado.

Las tropas israelíes a menudo se hacían con el control de las casas desde las que llevaban a cabo los ataques, poniendo en peligro la vida de los residentes de la casa a quienes se obligaba a permanecer en ellas. Las tropas de hecho utilizaron a los residentes como escudos humanos –aunque en octubre de 2005 el Tribunal Superior de Justicia de Israel declaró ilegal el uso de hombres y mujeres civiles palestinos por parte de las fuerzas israelíes durante las operaciones militares–. En años anteriores las fuerzas israelíes habían utilizado frecuentemente a civiles palestinos como escudos humanos.

Apenas un día después de que las fuerzas israelíes pusieran fin a los seis días de asedio de Beit Hanoun, 18 miembros de la familia Athamna fueron víctimas mortales y decenas de civiles resultaron heridos cuando, en la madrugada del 8 de noviembre, una salva de proyectiles de artillería alcanzó sus casas en un vecindario densamente poblado de la ciudad. Las víctimas, muchas de ellas menores, murieron mientras dormían o huían del bombardeo, que duró 30 minutos. Alrededor de una docena de proyectiles alcanzaron la zona. Las autoridades israelíes expresaron su consternación por la matanza y dijeron que las casas habían sido atacadas por error debido a un fallo técnico, y que el objetivo del bombardeo era otra zona más alejada.10 Sin embargo, en éste como en otros casos, las autoridades israelíes rechazaron cualquier planteamiento de investigación internacional y, según le consta a Amnistía Internacional, nadie ha comparecido ante la justicia por este incidente.

Además de matar y herir a muchos palestinos, los ataques israelíes a la Franja de Gaza también han producido daños generalizados a bienes públicos y privados, así como daños graves a la infraestructura de la zona que ya había sufrido intensos ataques en años anteriores.11

4. Crisis humanitaria en Gaza

Desde el principio de la operación "Lluvia de Verano", las fuerzas israelíes recurrieron cada vez más al uso de fuerza desproporcionada y a los ataques deliberados contra bienes civiles, con graves consecuencias para la vida y el trabajo de los habitantes palestinos de los Territorios Ocupados, en particular la Franja de Gaza.

Gaza es una bomba de tiempo. Alrededor de 1,4 millones de personas, en su mayoría menores, viven amontonadas en una de las regiones más densamente pobladas del mundo, sin libertad de circulación, sin ningún lugar a dónde huir y sin espacio para ocultarse. Gaza no tiene prácticamente acceso al exterior desde junio y está sufriendo un recrudecimiento de la pobreza, el desempleo, la miseria y la desesperación. Tristemente, lo que más necesita hoy Gaza es precisamente lo que más le falta: la esperanza.

Jan Egeland, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia, y Jan Eliasson, ex presidente de la Asamblea General de la ONU, septiembre de 200612

El 28 de junio de 2006, aviones israelíes dispararon ocho misiles contra la única central eléctrica de la Franja de Gaza y destruyeron sus seis transformadores, además de bombardear y destruir los principales puentes. Estos y otros ataques aéreos dañaron también las redes de conducción de agua, alcantarillado y electricidad. Simultáneamente, aviones de las fuerzas israelíes lanzaron panfletos en el norte de la Franja de Gaza en los que se advertía a los residentes de ataques militares inminentes en la zona, y con ello sembraron el miedo y la inseguridad en las decenas de miles de personas que viven allí y no tienen adónde ir.

La destrucción de la central eléctrica, que suministraba electricidad al 50 por ciento de los 1,4 millones de habitantes de Gaza, afectó gravemente el suministro de agua ya que las bombas de agua dependen de la electricidad para funcionar. Casi todos los habitantes de Gaza se quedaron sin electricidad y agua durante una gran parte de los meses más calurosos del año. Los hospitales se vieron obligados a usar generadores, pero Israel también limitó la entrada del combustible necesario para su funcionamiento. Los alimentos y las medicinas, de por sí escasos debido a las restricciones impuestas por Israel a la entrada de artículos en la Franja de Gaza, no pudieron refrigerarse y se pudrieron. En agosto la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (de las Naciones Unidas) (OCAH) atribuyó el aumento del 56 por ciento en la incidencia de diarrea en menores de corta edad a la mala calidad del agua y los alimentos. Las reparaciones de la central eléctrica y de otras infraestructuras dañadas se vieron obstaculizadas por las restricciones impuestas por Israel a la importación de equipos, maquinaria y otros bienes a Gaza.

Aunque las rigurosas restricciones a la circulación de personas y bienes en los Territorios Ocupados son, desde hace mucho tiempo, una característica predominante de la política de Israel, el alcance del bloqueo impuesto a la Franja de Gaza durante gran parte de 2006 no tiene precedentes. Sus consecuencias han sido devastadoras.

En el período superior a tres meses comprendido entre junio y octubre de 2006, el paso fronterizo de peatones de Rafah sólo estuvo abierto un total de 12 días. Las reiteradas y prolongadas clausuras del paso de mercancías de Karni dieron lugar a escasez de alimentos y otros artículos de primera necesidad, entre ellos el racionamiento sin precedentes de pan a principios de año.13

El prolongado bloqueo del paso también interrumpió la exportación de productos palestinos, dando lugar a que se perdieran exportaciones agrícolas perecederas y mercados para éstas y otras exportaciones. El bloqueo provocó la clausura de 920 pequeñas fábricas, que en diciembre de 2005 daban empleo a 25.500 trabajadores, al no poder seguir exportándose sus productos.14 Estas medidas privaron a los palestinos de una fuente de ingresos vital, y empeoraron el de por sí alto nivel de pobreza en la Franja de Gaza. Además, miles de pescadores y otros trabajadores de la industria pesquera perdieron su trabajo debido a la prohibición impuesta por Israel a los palestinos que salían a faenar las aguas de la costa de Gaza.16

Control israelí de Gaza

A pesar del nuevo y muy publicitado repliegue de las fuerzas israelíes desde la Franja de Gaza en septiembre de 2005, Israel ha conservado el control efectivo de la zona y de las vidas de sus habitantes. Las fuerzas israelíes controlan todos los puntos de acceso de entrada y salida de personas y mercancías a la Franja de Gaza: ello incluye el paso fronterizo peatonal de Rafah entre Gaza y Egipto –la única vía de conexión de Gaza con el mundo exterior– así como el espacio aéreo y las aguas territoriales de Gaza. Las autoridades israelíes sólo permiten la entrada o salida de mercancías en la Franja de Gaza a través de Israel, por el paso de Karni. No permiten que los palestinos reconstruyan el aeropuerto de Gaza, destruido en 2000 por fuerzas israelíes, ni el puerto marítimo que destruyeron en 2001 cuando estaba en construcción. Ambos proyectos estaban financiados por donantes internacionales. En 2006, los pasos de Rafah y Karni permanecieron cerrados la mayor parte del tiempo.15

Según estudios del Banco Mundial publicados en abril y mayo de 2006, la retención de Israel de los impuestos aduaneros que cobra en nombre de la Autoridad Palestina, el aumento de clausuras y restricciones a la circulación de personas y bienes dentro y fuera de los Territorios Ocupados, y el menor flujo de asistencia prestada a la Autoridad Palestina, podrían tener graves consecuencias para la economía de los Territorios Ocupados palestinos.17

En noviembre, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) informó sobre el aumento del 64 por ciento en el número de palestinos que viven en situación de pobreza extrema, una situación que es aún peor en la Franja de Gaza. Según un estudio realizado en junio de 2006 por la Oficina Central Palestina de Estadística, el 87 por ciento de la población vive sumida en la pobreza y las familias que la componen son incapaces de subsistir sin ayuda internacional.18 En noviembre de 2006, el CICR también informó de que "la situación en Gaza, donde se registra un alto nivel de pobreza, es particularmente grave".19

5. Sin distinción: ataques palestinos contra la población civil israelí

Desde el comienzo de la Intifada en 2000, grupos armados palestinos han dado muerte a alrededor de 700 civiles israelíes, entre ellos 120 menores, en ataques suicida con bomba y tiroteos tanto en Israel como en los Territorios Ocupados. La mayoría de estos ataques fueron perpetrados antes de que los principales grupos armados palestinos acordasen un alto el fuego informal (tahadiyeh) a principios de 2005, pero pese a éste, los ataques han continuado.

Casi todas las víctimas murieron en ataques suicida con bomba perpetrados en Israel entre 2001 y 2004 por miembros de las Brigadas Izz Al Din Al Qassam (el brazo militar de Hamás), de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa (una rama de Fatah) y del brazo militar de la Yihad Islámica. Otros grupos también perpetraron ataques.

El objetivo de los ataques suicida por lo general son siempre lugares de reunión de civiles como comercios, restaurantes y autobuses. El 12 de julio de 2005, por ejemplo, la Yihad Islámica llevó a cabo un ataque suicida con bomba fuera de un centro comercial de Hasharón, cerca de Natania, en el que murieron cinco civiles israelíes, entre ellos dos menores. El mismo centro comercial había sido escenario de un ataque suicida con bomba en 2001 en el que murieron cinco personas y más de 100 resultaron heridas.

Tras declararse el alto el fuego informal (tahadiyeh), los ataques suicida y homicidios de israelíes en general disminuyeron considerablemente. Si bien el brazo militar de Hamás cumplió en gran parte su compromiso de mantener el alto el fuego informal, otros grupos armados han seguido perpetrando ataques. En particular, la Yihad Islámica se hizo responsable de seis ataques suicida en 2005 y principios de 2006 en los que murieron 16 israelíes.

En el momento de publicarse este documento, el ataque suicida con bomba más reciente lo perpetró el brazo militar de la Yihad Islámica el 17 de abril de 2006 en la antigua estación central de autobuses de Tel Aviv. En el mismo fallecieron seis hombres y mujeres civiles israelíes –Lily Yunes, de 43 años, Viktor Erez, de 40, Ariel Darhi, de 31, Binyamin Haputa, de 47, David Shaulov, de 29 y Philip Balhasan, de 45– y una séptima persona, Lior Anidzar, de 26 años, resultó gravemente herida y murió un mes más tarde. Unos 68 civiles más resultaron heridos.

Desde 2004, grupos armados palestinos en la Franja de Gaza lanzan cada vez más cohetes Qassam de fabricación casera en el sur de Israel. Hasta la fecha, dichos ataques se han cobrado la vida de al menos ocho civiles israelíes, entre ellos cuatro menores, y decenas de personas han resultado heridas.

La primera víctima fue Afiq Zahavi-Ohayon, niño de cuatro años que murió el 28 de junio de 2004 cuando un cohete Qassam lanzado por grupos armados palestinos hizo impacto cerca del jardín de infancia al que asistía en el barrio Neve Eshkol de la ciudad de Sderot, en la región occidental de Negev al sur de Israel. Tres meses después, el 29 de septiembre de 2004 otros dos menores, Dorit Inso de dos años y su primo Yuval Abebeh de cuatro, resultaron muertos cuando un cohete Qassam hizo impacto cerca de su casa, en la que se encontraban jugando.

Desde finales de 2005, el número de ataques con cohetes Qassam perpetrados por grupos armados palestinos ha aumentado. En noviembre de 2006, estos ataques mataron a dos civiles israelíes en Sderot –Fatima Slotzker, de 57 años y madre de dos hijos, fue víctima mortal de un ataque el 15 de noviembre en el que también resultó gravemente herido un hombre de 24 años, y Yaakov Yaakobov murió el 21 de noviembre, cuando uno de los siete cohetes palestinos lanzados ese día contra Sderot alcanzó la fábrica en la que se encontraba trabajando–.

Casi todos estos cohetes cayeron en lugares abiertos pero decenas de ellos alcanzaron casas y edificios públicos dentro y en las afueras de Sderot, causando daños considerables. Desde mediados de 2004, todos los grupos armados palestinos se han declarado autores de lanzamientos de cohetes Qassam pero desde finales de 2005 los principales responsables de estos ataques han sido las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa y el brazo militar de la Yihad Islámica. Sin embargo, el brazo militar de Hamás se declaró responsable de lanzar el cohete que mató a Fatima Slotzker el 15 de noviembre. El grupo dijo que el ataque había sido en respuesta al reciente homicidio de palestinos en Beit Hanoun.

Los cohetes Qassam son tubos de metal, de uno o dos metros de largo, rellenos de explosivos. Son armas rudimentarias y de fabricación casera que no permiten escoger un objetivo con precisión. Como tales resultan indiscriminadas y, en consecuencia, está prohibido utilizarlas en zonas civiles o cerca de ellas.

Israel ha perpetrado ataques militares mortales y ha demolido casas como respuesta al lanzamiento de cohetes Qassam. En octubre de 2004, por ejemplo, tras la muerte de los dos niños israelíes producida por el impacto de un cohete Qassam lanzado contra Sderot, el ejército israelí puso en marcha los "Días de penitencia", que fueron 17 días durante los cuales asediaron el campo de refugiados de Jabaliya en la Franja de Gaza y dieron muerte a más de 100 palestinos, en su cuarta parte menores, y destruyeron alrededor de 100 casas.

El resultado de las operaciones y ataques militares israelíes a gran escala perpetrados en la Franja de Gaza en 2006 con el objetivo declarado de detener o reducir los ataques con cohetes Qassam fue el homicidio de un gran número de palestinos, tanto civiles como miembros de grupos armados, pero no la reducción pretendida del número de cohetes disparados. Por su parte, los grupos armados palestinos declararon sistemáticamente que el lanzamiento de cohetes contra Israel era su respuesta a los numerosos palestinos abatidos por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.

El derecho internacional dispone la prohibición absoluta de lanzar ataques contra civiles. Es de aplicación en todo momento y para todas las personas, incluidas las que se encuentran en territorios ocupados, así como para la potencia ocupante. El hecho de que una de las partes no cumpla sus obligaciones no exime a la otra de cumplir con el derecho internacional humanitario. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a los dirigentes de todos los grupos armados palestinos que dejen de atacar a la población civil de forma inmediata e incondicional, y a la Autoridad Palestina que procese a los responsables de tales abusos.

6. Apropiación de tierras: asentamientos israelíes en Cisjordania

Los asentamientos israelíes en los Territorios Ocupados y la respuesta que provocan entre la población palestina se encuentran en la raíz de las generalizadas y continuas violaciones de derechos humanos.20 Entre ellas se encuentran las rigurosas restricciones que las fuerzas israelíes imponen a la circulación de palestinos y palestinas, la construcción y el mantenimiento de una red de carreteras de "circunvalación" para uso de colonos israelíes, la imposición de toque de queda, clausuras, bloqueos y controles de seguridad que limitan la libre circulación de la población palestina y muchos otros aspectos de la vida diaria, la destrucción de casas, tierras y otros bienes, la confiscación y apropiación ilegales de tierras palestinas, y la construcción en curso de la "valla/muro" que divide en dos a Cisjordania. Dichas medidas han conseguido asfixiar la economía palestina y han sido la causa de la pobreza y el desempleo generalizados en la población palestina.

Las declaraciones de las autoridades israelíes que reivindican la necesidad de los cientos de controles de seguridad militares y bloqueos instalados entre ciudades y pueblos de Cisjordania para proteger la seguridad de Israel son espurias.21 En realidad, las barreras han sido levantadas para impedir que los palestinos se acerquen a los asentamientos israelíes construidos ilegalmente en tierra palestina ocupada y accedan a las carreteras que conectan entre sí a los asentamientos y a éstos con el territorio de Israel.

Nablús: una ciudad sitiada

Nablús, ciudad en la que viven alrededor de 120.000 palestinos y palestinas, está rodeada de asentamientos israelíes. Las fuerzas israelíes controlan toda la circulación de palestinos dentro y fuera de Nablús y poblaciones vecinas mediante el uso de controles de seguridad y bloqueos militares. Estas medidas tienen un impacto negativo en todos los residentes palestinos, entre ellos estudiantes de la universidad de Nablús, pacientes que acuden al hospital de la ciudad, residentes que necesitan llegar a sus granjas situadas en poblaciones cercanas, y todos los que deseen entrar y salir de la ciudad. El acceso al trabajo, la educación, los centros de salud y muchos otros aspectos de la vida son, como poco, inciertos y a menudo imposibles. Como consecuencia, esta ciudad que, en su día fuera uno de los grandes centros de Cisjordania, sufre hoy un gran revés económico.

Desde su ocupación en 1967 de Cisjordania y la Franja de Gaza, y la posterior anexión de Jerusalén Oriental, Israel ha seguido una política de establecer asentamientos en todos los Territorios Ocupados. En la Cisjordania ocupada viven hoy alrededor de 450.000 colonos, de los cuales unos 200.000 en la región de Jerusalén Oriental, lo que viola el derecho internacional humanitario y las disposiciones fundamentales en materia de derechos humanos, como la prohibición de discriminar. La discriminación es una característica predominante de la política de asentamientos de Israel.

Los asentamientos israelíes y grandes zonas de tierras a su alrededor son para uso exclusivo de judíos israelíes. Palestinos y palestinas no pueden construir ni cultivar nada en estas tierras, ni utilizarlas para ningún otro fin. Los asentamientos utilizan una cantidad considerable de agua y con ello privan a la población palestina de este recurso natural tan escaso como básico. La confiscación y apropiación de tierras, agua y otros recursos para los asentamientos israelíes han tenido un impacto devastador en los derechos fundamentales de la población palestina local, entre ellos sus derechos a un nivel adecuado de vida, vivienda, salud, educación y trabajo, y la libertad de circulación.

Existen más de 120 asentamientos israelíes oficialmente reconocidos en la Cisjordania ocupada, así como más de 100 "puestos de avanzada" de asentamientos, establecidos sin aprobación oficial de las autoridades pero que de hecho cuentan con su conformidad. Una vez establecidos los "puestos de avanzada" no autorizados, el gobierno israelí frecuentemente los reconoce oficialmente como asentamientos. En efecto, aunque el gobierno se comprometió a congelar su expansión y a desmantelar los "puestos de avanzada" no autorizados como parte de la iniciativa de paz de 2003 conocida como la hoja de ruta, en la práctica la construcción y expansión de asentamientos y "puestos de avanzada" ha continuado. En septiembre de 2006 el gobierno israelí sacó a concurso público la construcción de 700 nuevas casas en los asentamientos de Cisjordania. Al mes siguiente se ponía en marcha la construcción de más de 3.500 viviendas en la zona. Por otro lado, en los últimos años se han establecido o expandido decenas de "puestos de avanzada".

Los asentamientos violan el derecho internacional

Los asentamientos violan el artículo 49 del Convenio IV de Ginebra, que estipula lo siguiente: "La Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado", y el artículo 55 del Reglamento de La Haya en virtud del cual el Estado ocupante no puede cambiar el carácter y la naturaleza de los bienes del Estado ocupado sino para atender las necesidades de seguridad y en beneficio de la población local. La construcción de asentamientos y carreteras y sus correspondientes infraestructuras por parte de Israel para los israelíes de la Cisjordania ocupada no cumple estos dos criterios excepcionales. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional incluye entre los crímenes de guerra dentro de la competencia de la corte el "traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa" (artículo 8.2.b.viii) "cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes" (artículo 8.1).

Hace mucho tiempo que la comunidad internacional ha reconocido la ilegitimidad de los asentamientos israelíes en los Territorios Ocupados y ha pedido reiteradamente su retirada. Sin embargo, debido a la oposición de Estados Unidos y otros países, hasta la fecha no ha podido adoptar medidas para que se apliquen las resoluciones adoptadas por la ONU sobre este asunto e Israel ha hecho caso omiso de las peticiones de congelar la construcción de asentamientos y desmantelar los existentes. En realidad, los asentamientos israelíes de los Territorios Ocupados se construyeron casi en su totalidad después de la resolución aprobada en 1980 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El mayor aumento de infraestructuras y población de colonos de los asentamientos se registró durante el proceso de paz de Oslo (1993-2000), antes del estallido de la Intifada de 2000.

En los últimos seis años, la expansión en Cisjordania ha continuado. Si bien la retirada de alrededor de 8.000 colonos israelíes de la Franja de Gaza en agosto 2005, conocida como el "plan de desconexión", atrajo amplia atención internacional y fue aplaudida como un paso en la dirección adecuada, la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania ha ido adquiriendo ritmo de forma prácticamente inadvertida.

La Resolución 465 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (del 1 de marzo de 1980) exhortaba a Israel a que "... desmantelen los asentamientos existentes y, en especial, a que pongan fin urgentemente al establecimiento, la construcción y la planificación de asentamientos en los territorios árabes ocupados desde 1967, incluso Jerusalén".

7. Gaza: "desconexión" ilusoria

En agosto y septiembre de 2005 el gobierno del primer ministro Ariel Sharon exigió a todos los colonos israelíes que se retiraran de la Franja de Gaza, y para ello desplegó tropas que garantizaran el cumplimiento de la orden y arrasaran las casas abandonadas por los colonos y las antiguas bases militares israelíes. Poco después, el mismo gobierno declaró el fin oficial del gobierno militar y describió a la Franja de Gaza como "territorio extranjero", al tiempo que afirmaba que con esta medida Israel quedaba desvinculada de sus obligaciones como potencia ocupante.

Sin embargo, la retirada de asentamientos israelíes no ha liberado a la Franja de Gaza del control de Israel: las fuerzas israelíes la siguen controlando, así como a todos los puntos de entrada y salida de personas y bienes, las aguas territoriales y el espacio aéreo de Gaza. Israel no permite que la Franja de Gaza tenga puerto y destruyó el aeropuerto de Gaza en 2001. Sólo permite la entrada o salida de bienes en Gaza a través de Israel. Las autoridades israelíes también declararon tener derecho a que su ejército entre en Gaza en cualquier momento; así lo hizo apenas seis meses después de retirarse los asentamientos. Recientemente, las fuerzas del ejército israelí han entrado y atacado la Franja de Gaza a diario, matando a centenares de palestinos, deteniendo a muchos otros y destruyendo cientos de casas y otros bienes.

Como potencia ocupante, Israel sigue comprometida con sus obligaciones en virtud del Convenio IV de Ginebra, que prohíbe los ataques como medida de represalia así como los homicidios, los malos tratos y el castigo colectivo de personas protegidas –es decir, los residentes palestinos de la Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza–. La gran operación militar que lanzaron las fuerzas israelíes en Gaza en junio de 2006 incluyó el bombardeo de infraestructuras civiles e incursiones en zonas densamente pobladas. Durante la operación, las fuerzas israelíes vulneraron sistemáticamente los principios fundamentales del derecho internacional, en particular los referidos a la proporcionalidad e inmunidad civil.

8. Creación de hechos consumados: la "valla/muro"

Según las autoridades israelíes, la "valla/muro" es una "medida de defensa, diseñada para bloquear el paso de terroristas, armas y explosivos al Estado de Israel". Si realmente hubiese sido éste su propósito, la "valla/muro" debería haberse construido en la "línea verde", frontera reconocida internacionalmente entre el Estado de Israel y la Cisjordania ocupada.

Por el contrario, un 80 por ciento de la "valla/muro" se está construyendo en tierra palestina dentro de Cisjordania, en algunos lugares hasta 20 km al este de la "línea verde". Su ruta viene determinada por la presencia y ubicación de asentamientos israelíes en Cisjordania. La mayoría de los asentamientos israelíes de Cisjordania, incluidos los de Jerusalén Oriental, y grandes zonas de tierra a su alrededor, están siendo escindidos del resto de Cisjordania por la "valla/muro", al parecer con vistas a anexarlas a Israel.

La "valla/muro" rodea las ciudades y poblaciones palestinas, aislando a comunidades y familias, separando a los agricultores de sus tierras y a los palestinos de su lugar de trabajo, los centros educativos y de salud y otros servicios esenciales. El recorrido total de la "valla/muro" se extiende unos 700 km –dos veces la longitud de la "línea verde"– con alambre de púas, zanjas, grandes senderos "detecta-huellas" y pistas para tanques de patrulla a cada lado, así como zonas temporales de seguridad y zonas de acceso prohibido de distintas dimensiones.

Puesto que una gran parte de la "valla/muro" se adentra varios kilómetros en Cisjordania, grandes áreas de tierras fértiles de labranza y poblaciones palestinas enteras se encuentran hoy encajonadas entre la "valla/muro" y la "línea verde", en enclaves a los que suele referirse como "zonas de costura". Los palestinos y palestinas que viven en estas "zonas de costura" requieren el permiso de las autoridades israelíes para seguir viviendo en sus propias casas.

j El paso a través de la "valla/muro" está restringido por una red de puertas y un sistema de permisos especiales que palestinos y palestinas deben obtener de las autoridades israelíes para llegar a sus casas y tierras que se encuentren entre la "valla/muro" y la "línea verde". Investigaciones sobre el terreno realizadas por Amnistía Internacional en la zona a lo largo de la "valla/muro" en 2006 y en años anteriores pusieron de manifiesto una constante de restricciones cada vez mayores, la denegación de permisos a agricultores cuya tierra se encuentra en una "zona de costura", la denegación del acceso por las puertas a personas con permiso por parte de los soldados, la no apertura de puertas en las horas señaladas y el funcionamiento normal de sólo la mitad o menos de las puertas existentes.

Los asentamientos situados dentro de los centros de población deben permanecer bajo control israelí y formar parte del Estado de Israel.

Del primer ministro de Israel Ehud Olmert, 23 de mayo de 200622

Datos sobre la "valla/muro"

En noviembre de 2006 un estudio realizado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas sobre 57 comunidades próximas a la "valla/muro" de Cisjordania en el norte de Cisjordania reveló lo siguiente:23

El 60 por ciento de las familias agricultoras con tierras al oeste de la "valla/muro" ya no pueden acceder a ellas;

30 de las 57 comunidades carecen de acceso directo o normal a sus tierras

Sólo 26 de las 61 puertas existentes están abiertas al uso de los palestinos durante todo el año;

Las puertas sólo están abiertas un 64 por ciento del tiempo declarado oficialmente.

Incluso las personas que obtienen permiso para acceder a sus tierras se enfrentan a obstáculos que les dificultan o les hacen imposible cultivarlas. Las puertas están a menudo muy alejadas y los agricultores tienen que desplazarse varios kilómetros para llegar o volver de sus tierras, una tarea difícil o imposible para cualquiera que tenga impedimentos físicos. En general no se permite el acceso a tractores y otros vehículos, lo que limita gravemente la circulación de productos agrícolas. Los permisos para acceder a tierras de cultivo frecuentemente se conceden a personas demasiado mayores para labrar la tierra, pero se deniegan a sus descendientes o a otros miembros más jóvenes de la familia que podrían realizar estas labores en su lugar.

En 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que exigía a Israel que interrumpiese la construcción de la "valla/muro". El caso fue remitido a la Corte Internacional de Justicia que, en su opinión consultiva de julio de 2004 determinó que la "valla/muro" violaba el derecho internacional. Las autoridades israelíes han hecho caso omiso de la conclusión y las recomendaciones de la CIJ y han continuado las tareas de construcción de la "valla/muro". Desde junio de 2004, varios fallos del Tribunal Superior de Justicia israelí han dispuesto que las autoridades israelíes deben introducir modificaciones menores a determinadas secciones de la ruta de la "valla/muro". Sin embargo, incluso estos cambios menores no han sido puestos en práctica.

9. Bajo el asedio: negación de derechos sociales y económicos

Israel […] tiene la obligación de cesar de inmediato los trabajos de construcciones de la ‘valla/muro’ que está llevando a cabo en el territorio palestino ocupado, incluido en y alrededor de Jerusalén Oriental. Asimismo, en vista de la conclusión del Tribunal […] según la cual las violaciones de Israel de sus obligaciones internacionales provienen de la construcción de la ‘valla/muro’ y de su régimen asociado, el cese de esas violaciones conlleva el desmantelamiento inmediato de aquellas partes de la estructura que se encuentren dentro del territorio palestino ocupado, incluido en y alrededor de Jerusalén Oriental…

Corte Internacional de Justicia, julio de 200424

Con su aplicación de medidas administrativas sumadas a las barreras físicas, que han aumentado considerablemente en efecto e intensidad en los últimos seis años, Israel prácticamente ha interrumpido la circulación de palestinas y palestinos en los Territorios Ocupados. Un régimen draconiano de permisos, clausuras, bloqueos, controles de seguridad militares, toques de queda y un aluvión de otras clases de restricciones a menudo impiden a la población palestina abandonar sus casas o zonas cercanas, y han provocado el derrumbamiento de la economía palestina. Estas restricciones contravienen las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos de proteger la libertad de circulación y de no discriminar contra la población de un territorio ocupado ni infligirle castigos colectivos. Privan a los palestinos de su derecho a un nivel de vida adecuado y de su derecho a trabajar y alimentar a sus familias, y de servicios esenciales de salud y educación.

Aunque actualmente se entienden como una respuesta a la Intifada, históricamente las restricciones a la circulación han aumentado de forma paralela a la expansión de asentamientos israelíes. Es más, la propia Intifada fue alimentada por las crecientes restricciones a la circulación en los años noventa. Si bien el gobierno de Israel sostiene que el sistema de clausuras es necesario para la seguridad de Israel, su propósito fundamental es el de proporcionar seguridad a los asentamientos israelíes ilegales de Cisjordania. Los controles de seguridad, bloqueos de carreteras y bloqueos en general se sitúan principalmente cerca de los asentamientos y de las carreteras de los colonos.

En los últimos años, Israel ha instituido un sistema paralelo de carreteras. Las principales carreteras de Cisjordania son para automóviles y vehículos militares israelíes, mientras que la población palestina se ve obligada a utilizar carreteras secundarias, a menudo en malas condiciones, y necesita permisos para desplazarse entre ciudades y poblaciones de Cisjordania. Las categorías de personas que pueden obtener los permisos y los procedimientos para solicitarlos son frecuentemente arbitrarios y cambian según se añaden nuevas capas de restricciones.

En agosto de 2003 había unos 300 controles de seguridad y bloqueos de carreteras. A mediados de 2005 el número era de 376. En octubre de 2006, la OCAH informó de la existencia de 528 controles de seguridad y barreras en Cisjordania, un aumento de alrededor del 40 por ciento con respecto al año anterior.

Desde principios de 2006, Israel ha impuesto restricciones adicionales a la circulación de palestinos y palestinas en el valle del Jordán, la franja oriental de Cisjordania, lo que somete el acceso y la circulación en la zona a un nuevo régimen de permisos que sólo está abierto a palestinos y palestinas que figuren como residentes de la zona. Los palestinos propietarios de tierras en el valle del Jordán que viven en otros lugares ya no tienen acceso a sus tierras.

La libertad de circulación de personas y bienes es un requisito fundamental para que una economía funcione. Incluso si todos los bloqueos se levantasen de inmediato y se pudiese circular libremente, pasaría mucho tiempo antes de que la población palestina pudiese reanudar su vida normal y reconstruir una economía que ha sido prácticamente destruida por años de asedio. Haría falta una inversión sostenida a largo plazo para invertir el aumento radical de pobreza y desempleo. Esto sólo será posible si Israel restaura la libertad de circulación en los Territorios Ocupados.

El Banco Mundial ya advirtió en 2004 que los palestinos estaban sufriendo "la peor depresión económica de la historia moderna". Esta situación la atribuyó al hecho de que una gran parte de las tierras de cultivo de los palestinos se destinó a los asentamientos israelíes y a la "valla/muro", a la menor capacidad de exportar su producción debido a las clausuras y restricciones a los desplazamientos, y a la imposibilidad de que muchas personas llegasen a su lugar de trabajo. El Banco Mundial advirtió de que a menos que se levantasen las restricciones impuestas por Israel a la libertad de circulación y los bienes, la "desconexión" tendría "escaso impacto" en la economía de Gaza y "crearía penurias peores de las que se ven actualmente".

Además de consumir más tiempo, esfuerzo y costes, los desplazamientos comportan riesgo. Para hacer cumplir las clausuras y los toques de queda, las fuerzas israelíes frecuentemente detienen, propinan palizas o malos tratos a los palestinos en los controles de seguridad, o confiscan sus vehículos y carnés de identidad, o incluso abren fuego contra ellos.

Las clausuras y los toques de queda también han dificultado que las familias se mantengan en contacto. La malnutrición y otras enfermedades relacionadas con la pobreza han aumentado. Menores palestinos no pueden asistir a clase durante períodos prolongados, y con ello se viola su derecho a la educación y se debilitan sus perspectivas de futuro. Al tener que recurrir las familias empobrecidas a cualquier medio que les permita aportar otra entrada económica, el trabajo infantil parece haber aumentado.

Amnistía Internacional ha exhortado al gobierno israelí a que levante el actual régimen de restricciones a la circulación de la población y bienes palestinos. Las restricciones sólo pueden imponerse en relación con una amenaza a la seguridad específica y han de ser no discriminatorias y proporcionadas en impacto y duración. No deben obstruir la libertad de circulación necesaria para mantener un nivel de vida adecuado ni repercutir negativamente en los derechos fundamentales de la población palestina, entre ellos el derecho al trabajo.25

10. Bajo los escombros: destrucción de casas y bienes

La demolición de casas palestinas, política que Israel aplica desde hace mucho tiempo, se ha venido produciendo a un nivel sin precedentes desde el comienzo de la Intifada.26 Las fuerzas de seguridad israelíes han destruido más de 5.000 casas palestinas y centenares de talleres, fábricas, edificios públicos y otras propiedades en todo Cisjordania y la Franja de Gaza. Han arrasado grandes zonas de tierras cultivadas, arrancando olivares y huertos, y aplastando invernaderos y campos de cultivos en proceso de crecimiento. Decenas de miles de palestinos, a menudo los más pobres y desfavorecidos, han perdido sus casas o medios de vida. La mayoría de las casas demolidas pertenecían a familias de refugiados que ya habían perdido su propia casa al verse obligados a huir en la guerra que siguió a la creación de Israel en 1948. Decenas de miles de casas corren peligro de ser demolidas y sus habitantes viven con el temor permanente a perderlas.

Las demoliciones de casas por lo general se llevan a cabo casi sin advertencias y las familias no suelen tener tiempo de rescatar sus pertenencias.

En la mayoría de los casos, la justificación ofrecida por las autoridades israelíes para la destrucción son "necesidades militares/de seguridad". Esta definición excesivamente amplia no cumple el requisito del derecho internacional humanitario que prohíbe la destrucción de bienes salvo en casos excepcionales en los que "tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas".

Demoras y desvíos

Viajes de escasos kilómetros –para acudir al trabajo, al centro de estudios o al médico– llevan horas, y ello cuando es posible hacerlos, y hay que realizar largos desvíos para evitar las zonas próximas a los asentamientos israelíes y las carreteras de los colonos (las llamadas "carreteras de circunvalación"), que conectan entre sí a los asentamientos y a éstos con Israel, y cuyo uso se prohíbe a los palestinos. El trayecto de Hebrón a Jerusalén, que antes llevaba de 20 a 30 minutos por la carretera principal, hoy se tarda de tres a cuatro horas, a veces más, en realizarlo y, por lo general, supone cambiar de vehículo cuatro o cinco veces debido a los bloqueos y desvíos forzados por las carreteras secundarias que deben utilizarse. Con la proliferación de asentamientos y carreteras de circunvalación en todos los Territorios Ocupados, las zonas prohibidas se han multiplicado. Cuando los asentamientos están cerca de poblaciones palestinas, la circulación de entrada y salida a las mismas está aún más restringida.

La mayor operación única de demolición realizada por el ejército israelí fue la del campo de refugiados de Yenín, al norte de Cisjordania, en abril de 2002. En tan sólo dos días, el ejército destruyó por completo el barrio de al-Hawashin y destruyó parcialmente otros dos barrios del campo, dejando sin casa a más de 800 familias, unas 4.000 personas. El ejército alegó que la presencia de miembros de grupos armados palestinos en los campos de refugiados justificaba la destrucción. Fotografías aéreas del lugar demostraron que las demoliciones se llevaron a cabo una vez concluidos los enfrentamientos armados entre el ejército y tiradores.27

En Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, fuerzas israelíes destruyeron más de 2.000 casas entre 2001 y 2005, dejando sin techo a más de 10.000 personas. Las autoridades israelíes afirmaron que sólo se eligieron como objetivo determinadas casas utilizadas por palestinos para disparar a soldados israelíes o como tapadera de los túneles utilizados para el contrabando de armas. Sin embargo, era frecuente que se destruyeran numerosas casas a la vez. En mayo de 2004 el ejército arrasó cerca de 300 viviendas en una sola operación. La escala y la constante de destrucción indicaba que el objetivo era ampliar la zona temporal de seguridad extendida a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto, como lo indicó Yom Tov Samiah, general de división del ejército israelí en una entrevista realizada para Israel Radio en enero de 2002: "Deben evacuarse trescientos metros de la Franja a lo largo de ambos lados de la frontera… Trescientos metros, la cantidad de casas no importa, punto".

Los oficiales del ejército israelí sistemáticamente describían las casas destruidas como "estructuras abandonadas" para restar importancia al alcance de la destrucción y su impacto en las personas que se quedaron sin casa por su culpa. A lo largo de los años Amnistía Internacional ha realizado visitas frecuentes a zonas con casas recién demolidas. Fuentes con comida, botellas de refrescos o de champú a medio terminar, periódicos del día anterior, frigoríficos y televisores destrozados, ropa, juguetes y libros de texto de niños tirados entre los escombros, todo ello contradice directamente las afirmaciones del ejército israelí según las cuales las casas estaban "deshabitadas" o "abandonadas" antes de su destrucción.

Grandes zonas de tierras de cultivo también han sido arrasadas por el ejército israelí, aparentemente obligado por necesidades "militares/de seguridad", entre otras la de abrir camino para la "valla/muro". La destrucción ha privado a decenas de miles de palestinos, de por sí empobrecidos, de un medio de subsistencia esencial. Los cientos de miles de olivos, cítricos y otros árboles arrancados y los comercios, talleres y fábricas arrasados repercutirán gravemente en la economía durante muchos años.

Desde mediados de 2006, las fuerzas israelíes han adoptado la política de telefonear a miembros de la población palestina en la Franja de Gaza para advertirles de que su casa va a ser bombardeada y que deben abandonarla. Cientos de familias han recibido estas llamadas. En muchos casos las casas fueron realmente bombardeadas por aviones israelíes, generalmente cazas F16, poco después de recibirse la llamada. Frecuentemente las casas vecinas se destruyeron parcialmente y, en algunos casos, sus habitantes resultaron muertos o heridos.

En otros casos, se ha justificado la destrucción de casas palestinas alegando que sus ocupantes carecían de licencia de obra –en los últimos seis años se han demolido unas 1.300 casas palestinas en los Territorios Ocupados por carecer de licencia de obra, y entre ellas hay unas 400 en Jerusalén Oriental–. Lo que verdaderamente se esconde detrás de estas demoliciones son políticas agrarias y de planificación que discriminan contra los palestinos. En Jerusalén Oriental es casi imposible que una persona palestina obtenga permiso para levantar una casa en su propia tierra. Entretanto, se han seguido construyendo nuevos asentamientos judíos, que se han expandido a tierras palestinas en todos los Territorios Ocupados, violando con ello el derecho internacional. Incluso en casos en los que asentamientos israelíes enteros –no sólo edificaciones– se han construido en los Territorios Ocupados sin licencia de obra ni permiso del gobierno, en general las autoridades israelíes han otorgado la licencia de obra a posteriori, en marcado contraste con el trato ofrecido a los palestinos.

Destrucción de Tana

En julio de 2005 el ejército israelí demolió unas 35 estructuras de piedra y metal, o chozas, en Tana, población próxima a Nablús. Catorce de esas estructuras servían de vivienda a algunos de los habitantes de la población y el resto se utilizaba para guardar piensos o como establo de ovejas y cabras, que constituyen su principal medio de vida. Una escuela construida en 2001 también fue demolida, así como dos embalses de agua. El ejército aprovechó la ausencia de los habitantes de la población, que llevan una vida seminómada y pasan los meses más calurosos –julio y agosto– en Beit Furik, cerca de Tana, para destruir una gran parte del entorno. El motivo de la destrucción, según dijeron, fue que las estructuras habían sido construidas sin licencia.

El 17 de febrero de 2005, el entonces ministro de Defensa anunció el cese de las demoliciones de casas como castigo, que las autoridades llamaban demoliciones "disuasorias" –es decir, la demolición de casas pertenecientes a familias de palestinos conocidos o sospechosos por participar en ataques perpetrados contra israelíes–. Entre 2001 y 2005 el ejército israelí voló más de 650 casas de acuerdo con esta política que finalmente fue abandonada porque se estimó que, en lugar de resultar disuasoria, probablemente exacerbaba el odio. También constituía una forma de castigo colectivo, expresamente prohibido por el derecho internacional humanitario.

11. Impunidad: justicia negada

Antes de la actual Intifada, las autoridades israelíes al menos realizaban una mínima investigación de las muertes y lesiones infligidas a civiles en los Territorios Ocupados. Sin embargo, desde el año 2000 las autoridades israelíes han dejado de investigar las denuncias de homicidios ilegítimos y otros abusos cometidos contra la población palestina por fuerzas y colonos israelíes. El hecho de que no se investigue ni se adopten medidas correctivas ha debilitado el Estado de derecho y negado la justicia a las víctimas. Asimismo, el hecho de que se proporcione impunidad a los autores fomenta los abusos. También puede haber obstaculizado las perspectivas de encontrar una solución pacífica al conflicto, ya que las víctimas de abusos a las que se niega justicia pueden optar por tomarse la justicia por su propia mano y buscar represalias.

Las fuerzas israelíes han matado a miles de palestinos, muchos de ellos de forma ilegítima, y sin embargo casi ninguno de estos incidentes se ha investigado debidamente, y menos aún ha dado lugar a que se procese al agresor. Simultáneamente, las autoridades israelíes han tomado las medidas más extremas, como asesinatos, castigos colectivos, detenciones arbitrarias y otras acciones que violan el derecho internacional, para castigar a palestinos y palestinas que planean o ejecutan ataques contra israelíes o que presuntamente han participado en dichos ataques.

Decenas de miles de palestinos han sido detenidos, y miles han sido procesados y recibido condenas incluso de cadena perpetua, acusados de participar en dichos ataques o de apoyar grupos armados. Unos 10.000 palestinos sobre los que pesan dichos cargos se encuentran actualmente detenidos en cárceles israelíes.

En los raros casos en que las autoridades israelíes han investigado rigurosamente el homicidio de palestinos, los procesamientos resultantes de dichas investigaciones o bien no han prosperado o han dado lugar a la imposición de condenas que no guardan relación con la gravedad del delito. En noviembre de 2005, por ejemplo, un oficial del ejército israelí fue absuelto de todos los cargos que pesaban sobre él en relación con el homicidio de la niña Iman al-Hams, de 13 años, que murió a causa de los disparos efectuados por soldados israelíes en octubre 2004 cuando pasaba por delante de una torre fortificada del ejército israelí enfrente de su colegio en Rafah, en la Franja de Gaza. Según una comunicación grabada sobre el incidente, el comandante declaró que "había que matar a cualquier cosa móvil o que se moviese en la zona, aunque se tratase de una criatura de tres años". Ni el comandante ni los soldados fueron acusados del asesinato de la niña porque el tribunal aceptó que el comandante no había incumplido el reglamento que dispone cuándo es necesario abrir fuego. El tribunal se centró en si había actuado correctamente al disparar reiteradamente contra la niña cuando ésta yacía en el suelo herida o muerta. Según la grabación, lo hizo para "confirmar la muerte". El caso sólo se investigó porque un soldado denunció el asesinato de la niña a manos del comandante.

Amnistía Internacional no conoce ni un sólo caso de soldados israelíes o miembros de otras fuerzas de seguridad que hayan sido condenados de asesinar a un palestino en los Territorios Ocupados. En raras ocasiones, se ha condenado a soldados de homicidio sin premeditación o de delitos menores como "uso ilegal de arma" o "conducta indebida".

En uno de estos casos, la víctima era una persona británica y la investigación y posterior procesamiento al parecer se debieron en gran medida a los esfuerzos continuos de la familia de la víctima de conseguir la suficiente presión internacional para que el homicidio se investigase debidamente. La víctima, el estudiante y activista por la paz Tom Hurndall, se encontraba acompañando a un grupo de menores cuando recibió un disparo en la cabeza realizado por un francotirador israelí en abril de 2003 en Gaza. Murió en enero de 2004.

El informe inicial del ejército israelí declaraba que no existían motivos para una investigación porque Tom Hurndall vestía indumentaria de camuflaje y portaba un arma cuando recibió los disparos. Declaraciones de testigos oculares y grabaciones en vídeo demostraban claramente que vestía una chaqueta de color naranja brillante que lo identificaba como activista por la paz, y pusieron de manifiesto la falsedad de las alegaciones del ejército que, en consecuencia, fueron retiradas. Finalmente, en 2005 se juzgó y condenó al sargento Taysir Hayb por los cargos de homicidio sin premeditación, obstrucción de la justicia, suministro de información falsa y conducta indebida. Su afirmación de que tenía órdenes de disparar contra civiles no armados no fue investigada, como tampoco se ha acusado a ninguno de los oficiales superiores del sargento Hayb, quien por su parte fue condenado a ocho años de cárcel.­

Asma y Ahmad al-Mughayr

Asma al-Mughayr, de dieciséis años, y su hermano Ahmad de 13 murieron a escasos minutos la una del otro, a causa de los disparos que recibieron cuando se encontraban en la azotea de su casa en Rafah la mañana del 18 de mayo de 2004. Cada uno murió por el impacto de una sola bala en la cabeza: Asma, cuando se encontraba retirando la ropa seca de la cuerda, y Ahmad cuando acudió en su ayuda. Toda la información disponible indica que las balas que acabaron con su vida fueron disparadas desde la última planta de una casa cercana, la más alta de la zona, que se encontraba bajo el control de soldados israelíes desde poco antes de que los disparos alcanzaran a los hermanos. Según sus familiares, sólo se oyeron disparos aislados. Ahmad corrió escaleras abajo para pedir ayuda cuando Asma recibió los disparos, y cuando salió nuevamente a la azotea las balas le alcanzaron a él. En una casa próxima se encontraron una caja vacía de munición del ejército israelí, casquillos de bala y restos de raciones de comida del ejército israelí, junto a los orificios que los soldados habían perforado en los muros de la casa para utilizarlos como puestos de francotirador. Estos orificios ofrecían una vista perfecta de la azotea de la familia al-Mughayr. Aunque dicha información se remitió al ejército israelí, al parecer éste no ha hecho ninguna investigación y ni siquiera se ha puesto en contacto con la familia para obtener su testimonio.

Los colonos israelíes casi nunca se ven obligados a rendir cuentas por los frecuentes ataques perpetrados contra los palestinos y sus propiedades, y contra los activistas de derechos humanos extranjeros e israelíes que intentan ayudarlos. Estos ataques han aumentado en los últimos años. Los soldados israelíes y la policía prácticamente no toman medidas para defender de los ataques de los colonos a la población palestina o incluso a los ciudadanas y ciudadanos israelíes y extranjeros que luchan por sus derechos. Con los años, esta impunidad ha fomentado la proliferación de este tipo de abusos. Incluso en las raras ocasiones en que se han abierto investigaciones y se han recogido pruebas, la tendencia de las fuerzas de seguridad es la de no continuar investigando los casos.

En un caso poco habitual que, de hecho, llegó a los tribunales, el colono israelí Yehoshua Elitzur fue condenado en agosto de 2005 por el homicidio, en septiembre de 2004, de Sayel Jabara, ciudadano palestino de 46 años. Aunque los testigos coincidieron en que Yehoshua Elitzur iba armado con un fusil de asalto M16 con el que mató deliberadamente al hombre no armado sin motivo aparente, el tribunal alegó que no existían pruebas de que tuviera la intención de acabar con la vida de Sayel Jabara, y lo condenó de homicidio sin premeditación en lugar de asesinato. Yehoshua Elitzur, que se encontraba en libertad bajo fianza desde el día siguiente a su detención, no compareció ante el tribunal para conocer el veredicto. No hay indicios de que se le haya detenido nuevamente ni de que haya cumplido condena.

Negación de resarcimiento

La impunidad en la práctica se ve reforzada por la impunidad en la ley. Israel no sólo no pone en marcha investigaciones criminales de las violaciones de derechos humanos perpetradas contra la población palestina: también se protege legalmente contra la posibilidad de que se emprendan actuaciones judiciales en su contra por infracciones del Código Civil. La Ley de Ilícitos Civiles (Responsabilidad del Estado), aprobada en julio de 2005, sostiene que los miembros de la población palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza son "residentes de una zona de conflicto". Como tales, se les niega el derecho a reclamar indemnización por muerte, lesiones o daños a la propiedad causados por las fuerzas israelíes. La ley es de aplicación retroactiva a septiembre de 2000 y sólo rige para palestinos y palestinas, no para israelíes residentes en los Territorios Ocupados. Las disposiciones contenidas en esta ley violan los compromisos de Israel en virtud del derecho internacional de derechos humanos de proporcionar un recurso efectivo a las víctimas de abusos contra los derechos humanos.

12. Detenciones de palestinos por parte de Israel

Decenas de miles de palestinos y palestinas han sido detenidos por fuerzas israelíes en los últimos seis años. Unos 10.000 continúan en la cárcel, entre ellos presos condenados en décadas anteriores. La mayoría fue condenada por delitos contra la seguridad –desde arrojar piedras hasta perpetrar ataques armados– y cumplen condenas impuestas por tribunales militares israelíes cuyos juicios no son conformes a las normas internacionales. La abrumadora mayoría de los casos llevados ante los tribunales militares israelíes se deciden por medio de sentencias acordadas, lo cual indica que tanto los acusados como la defensa no albergan demasiadas esperanzas de obtener un juicio justo.

A octubre de 2006, unos 700 palestinos y palestinas permanecían recluidos en régimen de "detención administrativa", procedimiento en virtud del cual los detenidos permanecen recluidos sin cargos y sin intención de procesarlos. Las órdenes de detención administrativa las dictan comandantes del ejército israelí y su duración puede llegar a los seis meses, renovables indefinidamente. Miles de palestinos y palestinas permanecen recluidos en régimen de detención administrativa desde 2000, y algunos de ellos cuales fueron nuevamente detenidos bajo este régimen inmediatamente después de haber cumplido otras condenas de cárcel.

Las visitas de familiares a los detenidos palestinos están muy restringidas y en muchos casos prohibidas, ya que los familiares a menudo no obtienen permiso para entrar en Israel y visitar a los detenidos.

Israel ha justificado el uso de detención administrativa acogiéndose al artículo 78 del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV), que permite el internamiento de las personas protegidas "por razones imperiosas" [de seguridad]. El trato que ofrece Israel a las personas recluidas en régimen de detención administrativa, lo que incluye el lugar y las condiciones de su detención, contraviene no sólo las normas internacionales de derechos humanos sino también las disposiciones del Convenio IV de Ginebra. Durante años, Israel viene abusando del sistema de detención administrativa y lo utiliza para castigar sin cargos ni juicio a personas presuntamente sospechosas de haber cometido actos contrarios a sus intereses, y no como medida de prevención utilizada de forma extraordinaria y selectiva.

Detención de ‘Etaf ‘Alyan: no hay fin a la vista

‘Etaf ‘Alyan, de 42 años, cumple su tercera orden consecutiva de detención administrativa. Fue detenida el 22 de diciembre de 2005 por el ejército israelí en su casa de Ramallah, en Cisjordania, y desde entonces permanece recluida sin cargos ni juicio. Su orden de detención administrativa fue prorrogada por otros tres meses a finales de octubre de 2006. Su hija ‘Aisha, que se unió a su madre en la cárcel en marzo de 2006, cumplió dos años en septiembre. Según las normas del Servicio de Instituciones Penitenciarias israelí, los menores de edad no pueden permanecer con su madre en la cárcel una vez alcanzada esta edad, y en consecuencia ‘Aisha fue trasladada de la cárcel de Hasharon a Ramallah, donde vive con su abuela. Walid, marido de ‘Etaf, sigue sin poder visitarla. ‘Etaf Alyan lleva detenida más de 11 años en total.

13. Aumento del desgobierno e impunidad en zonas administradas por la Autoridad Palestina

La población palestina sufre las consecuencias del clima de impunidad fomentado por la potencia ocupante y la Autoridad Palestina. El Estado de derecho está fracasando en la Franja de Gaza y en zonas de Cisjordania bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina, dando lugar a que se produzcan homicidios de palestinos con una frecuencia cada vez mayor en enfrentamientos entre facciones y en el contexto de familias enemistadas, a la proliferación y el uso irresponsable de armas de fuego, que supone un peligro cada vez mayor para la población, al secuestro de ciudadanas y ciudadanos palestinos y extranjeros a manos de grupos armados, y a abusos continuados contra mujeres palestinas en el contexto de violencia doméstica.

La violencia entre facciones dentro de la Autoridad Palestina y sus fuerzas de seguridad, y entre facciones políticas y grupos armados, aumentó en 2005 durante el período previo a las elecciones parlamentarias, y continuó en 2006 después de que Hamás ganase las elecciones en enero. Con frecuencia, personas inocentes resultaron heridas o fueron víctimas mortales de los enfrentamientos armados entre miembros de las fuerzas de seguridad y grupos armados leales a la nueva administración de Hamás y aquellos leales al derrotado partido Fatah del presidente Mahmoud Abbas.

Los secuestros tanto de palestinos como de extranjeros han aumentado marcadamente desde finales de 2004, en medio de un creciente desgobierno. Todas las personas extranjeras y la mayoría de las palestinas quedan en libertad sin sufrir daños personales al cabo de escasas horas o días, en algunos casos a cambio de concesiones políticas de poco peso. Los responsables de dichos abusos casi nunca tienen que comparecer ante la justicia.

Estos abusos se han visto acrecentados con la inacción por parte de las fuerzas de seguridad y del poder judicial palestinos, que de forma sistemática no emprenden acciones contra los autores de abusos contra los derechos humanos graves y generalizados.

La capacidad de la Autoridad Palestina de cumplir sus deberes, tanto en el plano socioeconómico como en el relativo a la seguridad, se ha visto gravemente limitada por factores derivados de la ocupación israelí. Sin embargo, ello es sólo una parte del problema. En la práctica, las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina no sólo no han detenido e impedido los homicidios, los secuestros y otros abusos cometidos por grupos armados, sino que además han sido autores directos de violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias y tortura y malos tratos de detenidos. El poder judicial, por su parte, ha sido incapaz o no ha tenido la voluntad de hacer rendir cuentas a los responsables de los abusos, permitiendo que la impunidad se arraigue cada vez más, y con mayor profundidad.

Desde el comienzo de la Intifada, más de 100 civiles palestinos han muerto por ser considerados sospechosos de colaborar con fuerzas israelíes en el asesinato de otros palestinos. La mayoría de estos homicidios fueron perpetrados por grupos armados. Algunas de las víctimas fueron linchadas públicamente, otras murieron mientras se encontraban bajo la custodia de la Autoridad Palestina, al parecer como consecuencia de la tortura sufrida, o se les dio muerte cuando "intentaban escapar". Tildar a las víctimas de "colaboradores" por lo general es garantía de que los homicidios no se castigarán. El estigma que supone la colaboración significa que las familias de las víctimas rara vez se atreven a quejarse abiertamente, y aquellas que lo han hecho por lo general se encuentran con que las autoridades de la Autoridad Palestina no están dispuestas a investigar.

El hecho de que algunos de estos homicidios se cometieran a plena luz del día, en público, por personas que ni siquiera intentaban ocultar su identidad, da la pauta de que los asesinos confiaban en que no tendrían que rendir cuentas de nada.

14. Familias divididas al impedirse su unificación

En 2006 el Tribunal Supremo israelí ratificó la Ley sobre Ciudadanía y Entrada en Israel, que impide la convivencia en Israel a las parejas formadas por una persona israelí y otra palestina. En efecto, la ley obliga a las personas israelíes casadas con personas palestinas a abandonar su país o a vivir apartadas de sus cónyuges e hijos.28

En virtud de esta ley, las personas palestinas casadas con personas israelíes no pueden obtener la ciudadanía ni tampoco la residencia permanente o temporal en Israel; en la práctica, por lo general esto significa que tienen absolutamente prohibida la entrada a Israel, incluso temporalmente. La ley también impide a los menores nacidos en Cisjordania y la Franja de Gaza vivir con un progenitor israelí en Israel.

La ley constituye un paso más en la arraigada política de Israel cuyo fin es restringir el número de palestinos que pueden vivir en Israel y en Jerusalén Oriental. Los gobiernos israelíes siempre han buscado políticas que prácticamente hacen imposible que ciudadanas y ciudadanos palestinos, y residentes en Israel, obtengan la unificación familiar y vivan en su propio país con sus cónyuges e hijos e hijas. Así, decenas de miles de palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza se han visto obligados a vivir ilegalmente con sus cónyuges en Israel y Jerusalén Oriental durante años o incluso décadas, sin seguro médico ni otros derechos sociales, temiendo cada día que les detengan, expulsen y separen de sus seres queridos.

El gobierno israelí ha justificado la ley por motivos de "seguridad", alegando que su objeto es reducir la amenaza potencial de ataques en Israel perpetrados por palestinos. Sin embargo, ministros y representantes del gobierno israelí han dicho en reiteradas ocasiones que el porcentaje de ciudadanas y ciudadanos palestinos de Israel constituye una "amenaza demográfica" y una amenaza para el carácter judío del Estado de Israel. En algunos casos, incluso han llegado a pedir la expulsión de palestinos. Al parecer, tales afirmaciones desempeñaron un papel clave en la decisión de promulgar esta ley discriminatoria, una más en un cuerpo de leyes y prácticas que discriminan contra ciudadanas y ciudadanos palestinos de Israel y de los Territorios Ocupado y que, de hecho, institucionaliza la discriminación racial basada en la etnia o nacionalidad.

En virtud de distintas disposiciones, las autoridades israelíes niegan a los palestinos de los Territorios Ocupados la unificación familiar con cónyuges extranjeros. Desde el comienzo de la Intifada, Israel se ha negado a conceder visados como turistas o de residencia a los cónyuges extranjeros de palestinos en los Territorios Ocupados. Hay más de 120.000 peticiones de unificación familiar sin procesar. Esta política de "congelación" ha separado a muchos miles de familias. Los cónyuges que no pueden obtener la unificación familiar viven "ilegalmente" en Cisjordania, sin situación legal y bajo el riesgo constante de ser expulsados, y no se atreven a salir ni siquiera para recibir tratamiento médico por temor a que no les permitan volver. Algunos que se marcharon para visitar a familiares en el extranjero no han podido entrar nuevamente y han quedado apartados de sus cónyuges y sus hijos durante años.

15. Las mujeres y el conflicto

Este es el punto en el que convergen dos sistemas de subordinación –ocupación y patriarcado– en los Territorios Ocupados palestinos: las mujeres que se enfrentan al primero, se someten al segundo.

Relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, febrero de 2005

Las mujeres palestinas de Cisjordania y la Franja de Gaza se enfrentan a un triple desafío para hacer valer sus derechos: como palestinas que viven bajo una ocupación militar que controla cada aspecto de sus vidas; como mujeres que viven en una sociedad gobernada por costumbres patriarcales, y como miembros desiguales de una sociedad sujeta a leyes discriminatorias. Décadas de ocupación israelí han restringido drásticamente las oportunidades de desarrollo de la población palestina en general y han contribuido a un aumento de la violencia y discriminación contra las mujeres palestinas en particular.

Desde el comienzo de la Intifada, las clausuras y las restricciones a la circulación impuestas por Israel han tenido consecuencias especialmente duras para las mujeres y niñas. Bajo el asedio y la tensión, con familias numerosas a menudo confinadas al espacio de una casa pequeña durante varios días, el potencial de violencia en el ámbito familiar, incluido el abuso sexual, es aún mayor. Niveles de pobreza y desempleo sin precedentes, así como la mayor militarización del conflicto, han agravado los problemas de desigualdad de género ya existentes en la sociedad palestina. Los mecanismos institucionales de protección han sido debilitados por la destrucción llevada a cabo por Israel de una gran parte de la infraestructura e instituciones de seguridad de la Autoridad Palestina. Sumado a ello, los bloqueos y las restricciones a la circulación han dificultado, y a menudo impedido, que mujeres y niñas en peligro de perder la vida o de sufrir daños a manos de familiares puedan escapar en busca de la seguridad. En la mayoría de los casos, las personas que cometen delitos en nombre del "honor" disfrutan de impunidad, ya que la Autoridad Palestina no ha podido o no ha querido abordar estos motivos de preocupación.

Las mujeres palestinas también han de soportar casi toda la carga que supone tener que cuidar a decenas de miles de heridos, tarea a su vez dificultada por los crecientes niveles de pobreza, las malas instalaciones médicas y los bloqueos del ejército israelí que obstaculizan el acceso a hospitales y médicos. Ante la ausencia de un sistema de seguridad social, miles de mujeres cuyos maridos han perdido la vida o están encarcelados se ven obligadas a depender de familiares e instituciones benéficas para sobrevivir. En las condiciones reinantes, estos niveles de dependencia dejan a estas mujeres especialmente vulnerables a la presión y el control ejercidos por los hombres de la familia de quienes ellas y sus hijos e hijas dependen para sobrevivir. Ni las autoridades israelíes ni las palestinas han tomado medidas que frenen o suavicen el impacto del conflicto en las mujeres.

Las demoras y los bloqueos producidos en los controles de seguridad del ejército israelí han dado lugar a complicaciones de todo tipo para las mujeres que necesitan cuidados médicos. En los cuatro primeros años de la Intifada, decenas de mujeres palestinas se vieron obligadas a dar a luz en los controles de seguridad israelíes tras haberles sido denegado el paso. Muchos bebés, y varias mujeres, murieron por falta de asistencia o tratamiento médico. El temor de no poder llegar al hospital a tiempo para alumbrar se ha convertido en un gran motivo de angustia para las mujeres palestinas embarazadas de los Territorios Ocupados y sus familias.

Las leyes existentes discriminan contra las mujeres y ofrecen escasa o nula protección a las víctimas de violencia doméstica. Las instituciones palestinas judiciales y encargadas de hacer cumplir la ley a menudo no quieren o no pueden brindar protección a las mujeres ni garantizarles sus derechos. Aunque no hay datos comparativos completos disponibles, se estima que en los últimos seis años han aumentado los homicidios en nombre del "honor" en los Territorios Ocupados. Las denuncias, investigaciones y procesamientos en esos casos son casi inexistentes.

A las mujeres palestinas que viven bajo la ocupación israelí también les resulta difícil abordar o denunciar determinadas cuestiones relativas a la violencia doméstica y el "honor", ya que temen ser criticadas por atraer la atención a sus problemas personales en un momento en que a la gente le preocupan otros temas de interés nacional.

Para las mujeres y niñas que corren peligro de morir a manos de miembros de su familia, abandonar el entorno inmediato, incluso durante un período breve, es a menudo la única solución efectiva. Sin embargo, como señaló un miembro de una ONG a Amnistía Internacional: "en los últimos años, llegar a las víctimas y sacarlas de la zona de peligro ha sido muy difícil y en ocasiones totalmente imposible. Los bloqueos, los toques de queda y los controles de seguridad militares han sido la causa de la muerte de algunas mujeres que, en otras circunstancias, habrían salvado la vida fácilmente".

16. Conclusiones y recomendaciones

Los últimos seis años han sido testigos de una escalada de violencia, pobreza y desesperación en los Territorios Ocupados. Ambas partes han demostrado su desprecio por los derechos humanos. Las perspectivas de llegar a una solución justa y duradera del conflicto parecen lejanas.

Las raíces de la crisis política en parte residen en la constante indiferencia por los derechos humanos que ha caracterizado a las distintas iniciativas de paz, así como en la conducta diaria de las partes en conflicto. Amnistía Internacional insta a todas las partes implicadas –sobre todo dirigentes políticos de Israel y de los Territorios Ocupados, así como la comunidad internacional en general– a que tomen medidas urgentes que pongan fin a las políticas y prácticas que han dado lugar a violaciones de derechos humanos. En particular, hace un llamamiento a aquellos que ostenten una posición de poder y autoridad para que demuestren su verdadero liderazgo proponiendo un plan de paz basado en el respeto de los derechos humanos y que, en consecuencia, permita albergar la esperanza de encontrar una solución justa y duradera al conflicto –y que trabajen sin descanso para garantizar que el plan se convierta en realidad–.

Amnistía Internacional formula las siguientes recomendaciones:

A Israel:

§ Poner fin al uso de todo tipo de fuerza irresponsable y desproporcionada. En particular, detener de inmediato todos los bombardeos aéreos y de cualquier otro tipo sobre las zonas civiles.

§ Poner fin a la política de homicidios deliberados de palestinos sospechosos de participación en ataques contra israelíes, en lugar de detenerlos y procesarlos.

§ Poner fin a la política de destrucción de casas y otros bienes e infraestructuras civiles, ya sea por ataques aéreos u otros medios, y a todas las formas de castigo colectivo.

§ Poner fin al régimen de clausuras en su forma actual, así como a otras formas de restricciones a la libre circulación de personas y bienes que equivalen a castigo colectivo. Dichas restricciones sólo deben imponerse si resultan absolutamente necesarias para responder a las amenazas contra la seguridad, si no son discriminatorias y resultan proporcionadas en cuanto a impacto y duración.

§ Cesar la construcción de la "valla/muro" dentro de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, que supone restricciones permanentes al derecho a la libre circulación de palestinos y la destrucción arbitraria o la confiscación de sus propiedades. De ser necesaria, esta barrera debería construirse entre Israel y Cisjordania.

§ Cesar de inmediato la construcción o expansión de asentamientos israelíes e infraestructuras relacionadas en los Territorios Ocupados como primer paso al traslado de hombres y mujeres civiles israelíes que viven en dichos asentamientos en los Territorios Ocupados, y proporcionarles una indemnización.

§ Garantizar la debida investigación de las presuntas violaciones cometidas por fuerzas israelíes, y procesar a los responsables en juicios con las debidas garantías.

A la Autoridad Palestina:

fs22 § Adoptar medidas eficaces que impidan los ataques perpetrados por grupos armados contra la población civil israelí, principalmente el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza a Israel y los ataques suicida con bomba.

§ Adoptar medidas eficaces que pongan fin a la violencia entre facciones de grupos palestinos, que se ha cobrado la vida y herido a civiles, entre ellos niños y personas inocentes.

§ Garantizar que las denuncias de abusos cometidos en las zonas bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina se investiguen adecuadamente y que los responsables sean procesados en juicios con las debidas garantías y sin pena de muerte.

A la comunidad internacional:

§ Instaurar un mecanismo eficaz de vigilancia internacional de derechos humanos en Israel y los Territorios Ocupados que controle el cumplimiento de cada parte de sus respectivas obligaciones en virtud del derecho internacional, informe de ello públicamente y recomiende las medidas de corrección que han de adoptar las partes, otros países u organizaciones internacionales.

§ Garantizar la rendición de cuentas de ambas partes, en cumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Investigar y, cuando sea viable, procesar mediante el ejercicio de la jurisdicción universal a los responsables de crímenes de guerra u otros actos tipificados como delitos por el derecho internacional.

§ Garantizar que la potencia ocupante cumpla su obligación de velar por la protección y el bienestar de la población palestina, y se abstenga de imponer sanciones que afecten negativamente al suministro de asistencia humanitaria a la población palestina. La comunidad internacional y los Estados donantes que proporcionan asistencia humanitaria a la Autoridad Palestina, sobre todo Estados Unidos y países de la Unión Europea, deben tomar medidas inmediatas que reduzcan al mínimo el impacto adverso en los derechos humanos de la suspensión de financiación. Deben garantizar que no se utilice nunca la asistencia de emergencia esencial para cumplir los derechos humanos fundamentales como herramienta de negociación que les permita conseguir sus objetivos políticos.

§ Detener de inmediato la venta o transferencia de armas a todas las partes hasta tanto no se ofrezcan las garantías necesarias de que dichos equipos no se utilizarán para violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

§ Garantizar que los procesos de paz contengan disposiciones concretas que aborden los motivos de preocupación de derechos humanos fundamentales que se encuentran en la raíz del conflicto, entre ellos la retirada de asentamientos israelíes de los Territorios Ocupados, el desmantelamiento de la "valla/muro" dentro de Cisjordania, el fin de las clausuras y, a largo plazo, una solución justa para la cuestión de los refugiados.

PIES DE PÁGINA

1 Israel y los Territorios Ocupados: Amnistía Internacional pide que se emprendan acciones internacionales para impedir el deterioro de los derechos humanos en Cisjordania y la Franja de Gaza (Índice AI: MDE 15/035/2006).

2 En 2005 las fuerzas israelíes dieron muerte a 190 palestinos, entre ellos 50 menores, y grupos armados palestinos mataron a 50 israelíes, seis de ellos menores de edad.

3 Israel/Territorios Ocupados: Petición de investigación internacional sobre los ataques contra Gaza (Índice AI: MDE 15/054/2006).

4 Israel y los Territorios Ocupados: Israel tiene que poner fin a los bombardeos irresponsables y los homicidios ilegítimos de palestinos (Índice AI: MDE 15/049/2006).

5 Israel y los Territorios Ocupados: Israel debe cesar los ataques contra zonas residenciales de Gaza. Han muerto menores (Índice AI: MDE 15/031/2006).

6 Israel y Territorios Ocupados: Gaza: la población civil en peligro (Índice AI: MDE 15/065/2006).

7 Israel y los Territorios Ocupados: Israel debe poner fin a su política de asesinatos (Índice AI: MDE 15/056/2003).

8 Israel y Territorios Ocupados: Gaza: la población civil en peligro (MDE 15/065/2006).

9 Muhammad Deif wounded in IAF strike (en inglés), The Jerusalem Post, 11 de julio de 2006.

10 Inquiry results regarding the incident in Beit Hanoun on November 8th 2006 (en inglés), sitio web oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (Israel Defense Force), 9 de noviembre de 2006; e Initial reaction to Palestinian claims of civilian casualties in Beit Hanoun (en inglés), Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, 8 de noviembre de 2006.

11 Israel y los Territorios Ocupados: Crece la preocupación por la seguridad de la población civil (Índice AI: MDE 15/060/2006), e Israel y los Territorios Ocupados: Bajo los escombros: demolición de viviendas y destrucción de tierras y bienes (Índice AI: MDE 15/033/2004)

12 La catastrophe humaine de Gaza est une bombe à retardement (en francés), Le Figaro, 28 de septiembre de 2006.

13 Israel y los Territorios Ocupados: Se deben tomar de inmediato medidas para evitar la crisis humanitaria en Gaza (Índice AI: MDE 15/025/2006).

14 Declaración de Karen Koning AbuZayd, Comisionada general del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNWRA, por sus siglas en inglés) ante la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión), Nueva York, 31 de octubre de 2006.

15 Gaza Strip Situation Report (en inglés), Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (de las Naciones Unidas), 10 de octubre de 2006.

16 Véase también Gaza fishermen risk Israeli fire (en inglés), BBC News, 13 de octubre de 2006.

17 West Bank and Gaza: Economic Update and Potential Outlook, Banco Mundial, 15 de marzo de 2006, y The Impending Palestinian Fiscal Crisis, Potential Remedies(ambos en inglés), Banco Mundial, 7 de mayo de 2006.

18 UNRWA releases new study: Recent socio-economic impact of prolonged crisis in the oPt, comunicado de prensa de la UNRWA, 22 de noviembre de 2006; y Palestine Refugees: a Challenge for the international community,, discurso a cargo de Karen Koning AbuZayd, Comisionada general de la UNWRA, 10 de octubre de 2006 (ambos en inglés).

19 Cisjordania y Gaza: evaluación de la economía de los hogares, CICR, 21 de noviembre de 2006.

20 Israel y los Territorios Ocupados: La cuestión de los asentamientos debe abordarse de acuerdo con el derecho internacional (Índice AI: MDE 15/085/2003).

21 West Bank: Closure count analysis(en inglés), Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (de las Naciones Unidas), septiembre de 2006.

22 President Bush and Prime Minister Ehud Olmert of Israel Participate in Joint Press Availability (en inglés), comunicado de prensa de la Casa Blanca, 23 de mayo de 2006.

23 OCHA Special Focus: occupied Palestinian territory(en inglés), Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (de las Naciones Unidas), noviembre de 2006.

24 Legal consequences of the construction of a wall in the occupied Palestinian territory (en inglés), Corte Internacional de Justicia, 9 de julio de 2004.

25 Israel y los Territorios Ocupados Sobrevivir asediados: Los efectos de las restricciones a la libertad de circulación sobre el derecho a trabajar (Índice AI: MDE 15/001/2003).

26 Israel y los Territorios Ocupados: Bajo los escombros: demolición de viviendas y destrucción de tierras y bienes (MDE 15/033/2004).

27 Israel and the Occupied Territories: Shielded from scrutiny: IDF violations in Jenin and Nablus (Índice AI: MDE 15/143/2002, en inglés).

28 Israel y los Territorios Ocupados: Familias desgarradas por políticas discriminatorias (Índice AI: MDE 15/063/2004)

PIES DE FOTO

Portada: Una de las casas de la familia Athamna en Beit Hanoun, en la Franja de Gaza, que fue destruida por proyectiles disparados por artillería israelí el 8 de noviembre de 2006, dando muerte a 18 miembros de la familia.

Hombres y niños palestinos corren para evitar el ataque israelí durante una incursión del ejército israelí en Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, 7 de julio de 2006.

Fadi al-‘Arrouqi, de 12 años, junto a su padre, con un juguete que perteneció a su hermana Fadwa, de 13 años, muerta con su madre durante un ataque aéreo israelí el 19 de julio de 2006 en al-Maghazi, Franja de Gaza.

Casa en la ciudad de Sderot, sur de Israel, que resultó dañada por un cohete palestino Qassam de fabricación casera disparado desde la Franja de Gaza, 26 de noviembre de 2006.

Restos de un vehículo alcanzado por un misil israelí en el norte de la Franja de Gaza, 23 de noviembre de 2006.

Dima Athamna, de dos años, yace herida en la cama de un hospital y llora por su madre, víctima mortal, junto con 17 miembros más de su familia, del bombardeo efectuado por artillería israelí en Beit Hanoun el 8 de noviembre de 2006.

Palestinos inspeccionan un puente destruido durante el ataque aéreo israelí lanzado sobre una carretera principal próxima a la ciudad de Gaza, 28 de junio de 2006.

Un cadáver es trasladado de la escena de un ataque suicida con bomba perpetrado en una discoteca de Tel Aviv el 25 de febrero de 2005. En el ataque, cuyo responsable fue un miembro del grupo armado palestino Yihad Islámica, murieron cinco civiles israelíes y alrededor de 50 resultaron heridos.

Colonos judíos enmascarados arrojan piedras a palestinos en la ciudad de Hebrón, Cisjordania, enero de 2006.

agentes de la guardia de fronteras israelí se llevan a un agricultor palestino durante una manifestación en la población de Deir Samit, Cisjordania, contra la construcción de la "valla/muro" israelí, septiembre de 2004. Los equipos de construcción israelíes, que se ven al fondo, habían arrancado varios olivares pertenecientes a palestinos para abrir camino para la "valla/muro".

Una mujer palestina camina junto a la "valla/muro" que divide el barrio de Abu Dis, Jerusalén, febrero de 2004.

Un soldado israelí cierra el paso a un hombre palestino en el control de seguridad de Beit Iba junto a la ciudad de Nablús, Cisjordania, 31 de mayo de 2006.

Un trabajador de una ambulancia palestina es detenido y sometido a un registro en un control de seguridad israelí en las afueras de la ciudad de Yenín, Cisjordania, diciembre de 2005.

Mujeres y hombres palestinos buscan entre los escombros de un edificio destruido por un bombardeo israelí en la ciudad de Rafah, Franja de Gaza, 21 de septiembre de 2006.

Soldado israelí de pie encima de un vehículo blindado para transporte de personal, cerca del kibbutz de Mefalsim, en el borde de la Franja de Gaza, 25 de noviembre de 2006.

Un hombre palestino con los ojos vendados, detenido en un control de seguridad en la ciudad de Hebrón, Cisjordania, 26 de septiembre de 2006.

Mujeres palestinas con fotos de sus familiares encarcelados en Israel, durante una manifestación en las oficinas del CICR en la ciudad de Gaza, 24 de julio de 2006.

Activistas palestinos de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, armados y enmascarados, con sus armas durante una conferencia de prensa en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, 30 de noviembre de 2006.

Este niño palestino que había estado arrojando piedras huye al tiempo que un tanque israelí abre fuego en las afueras del campo de refugiados de Balata en Nablús, Cisjordania, 2003.

Manifestación de mujeres palestinas delante de la oficina de las Naciones Unidas en la ciudad de Gaza, septiembre de 2004.********