AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: MDE 16/003/2006 (Público)

Servicio de noticias: 062/06

14 de marzo de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE160032006

Jordania: Es preciso detener las ejecuciones e investigar todas las denuncias de tortura efectuadas por los detenidos

Amnistía Internacional condena las ejecuciones de dos presos que tuvieron lugar el 11 de marzo de 2006 y hace un llamamiento a las autoridades jordanas para que otorguen el indulto a otros presos condenados a muerte.

Salem Sa’ad Bin Sweid y Yasser Fathi Ibrahim Freihat fueron ejecutados en la cárcel de Swaqa. Se les condenó a muerte en 2004 tras ser declarados culpables de participar en el homicidio de Laurence Foley, diplomático estadounidense que murió a causa de los disparos recibidos en Ammán en octubre de 2002. Fueron juzgados ante el Tribunal de Seguridad del Estado pero los informes apuntan a que no recibieron un juicio justo. Ambos acusados alegaron durante el juicio que se les torturó para que “confesaran”, además de mantenerlos recluidos en régimen de incomunicación durante más de un mes en el centro de detención del Departamento de Información General en Wadi Sir, Ammán. También según informes, cinco compañeros de cárcel aportaron pruebas que corroboraban las torturas sufridas por los dos acusados y por los otros tres hombres acusados conjuntamente con ellos a quienes se impusieron penas de cárcel, y testificaron haber visto marcas de torturas en sus cuerpos. Sin embargo, a pesar de las pruebas que confirmaban las torturas, el Tribunal de Seguridad del Estado declaró culpables a los acusados y con ello aparentemente vulneró el requisito del Código Penal Jordano según el cual los tribunales deben garantizar, siempre que sea la única prueba, que la confesión no fue obtenida por la fuerza ni bajo coacción. De manera similar, el Tribunal de Casación también parece haber fracasado a la hora de abordar adecuadamente las denuncias de tortura, al haber desestimado las apelaciones de los acusados después de examinarlas.

Amnistía Internacional teme que pueda condenarse a muerte a un tercer hombre en relación con el homicidio del diplomático estadounidense. Al parecer, el ejército estadounidense devolvió a Mu’amar Ahmed Yusuf al-Jaghbir a Jordania tras su detención en Irak que, según los medios de comunicación, tuvo lugar en 2004. Ahora está siendo juzgado por el Tribunal de Seguridad del Estado y alega haber sido obligado a firmar una “confesión” sin que se le permitiese leerla, mientras permaneció recluido en régimen de aislamiento e incomunicación en el centro de detención del Departamento de Información General durante al menos tres meses. Dijo que fue torturado y que una de las formas de tortura fueron las patadas y los golpes que le propinaron con porras en reiteradas ocasiones mientras se encontraba esposado.

Amnistía Internacional también insta al gobierno a que conmute las penas de muerte que pesan sobre Khader Abu Hosher y Usama Husni Kamel Sammar, detenidos desde finales de 1999. En enero de 2005 el Tribunal de Seguridad del Estado las ratificó por cuarta vez después de que el Tribunal de Casación le devolviese el caso; el Tribunal de Casación ordenó al de Seguridad del Estado que lo reconsiderase, basándose en que los hombres podrían acogerse a la Amnistía Real de 1999. Khader Abu Hosher y Usama Husni Kamel Sammar eran dos de los diez hombres que, en 2000, fueron declarados culpables de tramar los atentados de bomba y otros delitos violentos perpetrados en Jordania, entre ellos la fabricación de explosivos y la formación de personas para que perpetrasen ataques contra objetivos judíos y americanos. Afirman que fueron obligados a “confesar” bajo coacción durante el interrogatorio que tuvo lugar mientras permanecían recluidos en régimen de incomunicación en el centro de detención del Departamento de Información General. Según informes, cuando familiares y abogados tuvieron ocasión de verlos por primera vez, sus cuerpos presentaban marcas de torturas. Durante el juicio, Khader Abu Hosher declaró que había sido sometido a “métodos de interrogatorio muy duros”, y que los demás acusados habían sido “torturados y aterrorizados” para que testificaran en su contra. Otros acusados en la misma causa, entre ellos Sa’ed Hijazi, también declararon haber sido sometidos a tortura y malos tratos prolongados, y que las “confesiones” habían sido extraídas bajo coacción. Según informes, entre los métodos de tortura se encontraban las graves palizas propinadas a los detenidos cuando éstos tenían los pies sujetos por grilletes. Según información que obra en poder de Amnistía Internacional, nunca se ordenó que se efectuara un examen médico ni que se investigasen las denuncias de torturas.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, al ser la máxima forma de trato cruel, inhumano y degradante. Al mismo tiempo, la organización cree que los problemas inherentes a la pena de muerte se agravan en situaciones en las que los acusados pueden ser sometidos a torturas y, además, puede denegárseles el derecho a un juicio justo. Los procedimientos ante el Tribunal de Seguridad del Estado incumplen las normas internacionales. En 2005, decenas de acusados juzgados ante el tribunal declararon que sus "confesiones" habían sido extraídas bajo tortura. Dichas afirmaciones son ignoradas reiteradamente por el Tribunal de Seguridad del Estado y por el Tribunal de Casación. En su informe de 2002 a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias afirmaba que el “[i]nculpado amenazado por la posible imposición de la pena capital debe gozar plenamente del derecho a ser asistido por un defensor competente en todas las fases del proceso y del derecho a la presunción de inocencia hasta que se haya probado su culpabilidad con un grado de certeza suficiente. Estas garantías deben  aplicarse en todos los casos sin excepción ni discriminación” (documento de la ONU: E/CN.4/2002/74, de 9 de enero de 2002, párrafo 119).

En 2005 fueron ejecutadas 11 personas en Jordania y al menos 3 en lo que va de este año. Amnistía Internacional acoge con satisfacción la noticia de que el rey ‘Abdallah declaró a un periódico italiano en noviembre de 2005 que Jordania estaba próxima a abolir la pena de muerte. En otra medida positiva, el gobierno jordano declaró el 15 de diciembre de 2005 que examinaría las afirmaciones según las cuales los dos hombres fueron condenados a muerte por un mismo asesinato aunque en dos juicios completamente independientes (véase Jordania: Conmutar las condenas a muerte y poner fin a las ejecuciones, Índice AI: MDE 16/003/2005, 8 de julio de 2005). La organización espera que estas declaraciones positivas den lugar a la suspensión de todas las ejecuciones, con vistas a la abolición de la pena de muerte en Jordania.

Amnistía Internacional no condona bajo ninguna circunstancia la delincuencia violenta y reconoce el derecho de los gobiernos a asegurar que toda persona sospechosa de participar en actos delictivos, entre ellos el homicidio de Laurence Foley, sea llevada ante la justicia. Sin embargo, la pena de muerte jamás ha demostrado tener un efecto contra la delincuencia más disuasorio que otros castigos. Poco puede contribuir a aliviar el sufrimiento de las familias y amigos de las víctimas de asesinatos, para quienes la organización siente la máxima solidaridad y consideración. Lo que es peor, la pena de muerte es irreversible y puede infligirse en personas inocentes.