Declaración pública

Índice AI: MDE 18/005/2002/s (Público)

Servicio de Noticias 80/02

3 de mayo de 2002

Líbano: Amnistía Internacional reitera sus preocupaciones sobre la situación de refugiados y solicitantes de asilo

A Amnistía Internacional le preocupan los recientes informes sobre la expulsión de 300 iraquíes de Líbano, entre los cuales había solicitantes de asilo y refugiados, a países donde no estarían protegidos frente a su devolución, así como las muertes bajo custodia de dos refugiados iraquíes. En muchas ocasiones la organización ha expuesto a las autoridades libanesas pertinentes sus preocupaciones sobre la situación de los refugiados y los solicitantes de asilo en Líbano. En febrero de 2002, Amnistía Internacional presentó un memorando a las autoridades libanesas en el que expresaba su preocupación por los numerosos informes sobre la detención sistemática y la devolución de solicitantes de asilo y refugiados, así como las denuncias, al parecer nunca investigadas adecuadamente, según las cuales estas personas fueron víctimas de torturas y malos tratos mientras estuvieron bajo la custodia de la autoridades libanesas.

Amnistía Internacional no pone en duda el derecho de las autoridades a controlar la permanencia o la condición de inmigrantes de los extranjeros, a sacar a los residentes ilegales de su territorio o a controlar sus fronteras. Pero la organización sí se opone a la detención de personas a quienes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha reconocido como refugiados, o de solicitantes de asilo cuyos casos están pendientes de decisión en la oficina del ACNUR en Beirut, salvo que las autoridades puedan demostrar que es por una razón que las normas internacionales reconocen como legítimas. Los solicitantes de asilo no deben ser detenidos y deben gozar de libertad de circulación mientras el ACNUR estudia sus solicitudes. A Amnistía Internacional también le preocupa la expulsión sistemática de solicitantes de asilo y refugiados a países donde no estarían protegidos frente a su devolución a otros en los que pueden estar en peligro de sufrir abusos contra los derechos humanos.

En su memorando a las autoridades libanesas, Amnistía Internacional ofreció ejemplos concretos de solicitantes de asilo, reconocidos como refugiados por el ACNUR, que fueron detenidos por entrar ilegalmente en el país y posteriormente expulsados, casos de refugiados mantenidos en detención más allá de la fecha de cumplimiento de su condena, denuncias de tortura y otros malos tratos y casos de muerte bajo custodia. Desde el envío del memorando, Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales dos solicitantes de asilo iraquíes, Khaled Salem Azzaoui y ‘Ali Alkout, murieron bajo custodia en la cárcel de Rumieh en marzo de 2002, y sus muertes pueden haberse debido a atención médica inadecuada.

El memorando de Amnistía Internacional también presentó casos de menores, como el de Muhammad Hassan Majid al-Khafaji, reconocido como refugiado y nacido en 1986 de padre iraquí y madre iraní, que fue detenido el 29 de septiembre de 2001 por entrar ilegalmente en Líbano, retenido bajo custodia más allá del vencimiento de su condena de dos semanas y después devuelto al norte de Irak, mientras su familia permanece en Líbano.

Si bien Amnistía Internacional considera un gesto positivo la respuesta del fiscal general Adnan Adoum a este memorando, a la organización le preocupa que al parecer las autoridades libanesas no han realizado ninguna investigación adecuada sobre el trato de solicitantes de asilo y refugiados. Parece que las autoridades insisten en no hacer ninguna distinción entre la condición de refugiados y solicitantes de asilo, por un lado, y la situación de los residentes ilegales por el otro. Por ejemplo, a Amnistía Internacional le preocupan los informes según los cuales durante abril de 2002 al menos un iraquí reconocido como refugiado por el ACNUR fue trasladado al norte de Irak, donde corre peligro de devolución (refoulement; expulsión de una persona a un país donde puede sufrir abusos contra los derechos humanos). Según los informes, este hombre fue obligado bajo tortura a firmar documentos autorizando a que lo sacaran de Líbano.

Aunque Líbano no es Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y por tanto sus disposiciones sobre la protección a los refugiados no son vinculantes, sí tiene la obligación de respetar las normas del derecho internacional consuetudinario, como el principio de no devolución. El artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que figura en el preámbulo de la Constitución libanesa, dispone que todo el mundo tiene derecho a pedir asilo en otro país. Las leyes libanesas también reconocen el derecho de los extranjeros a pedir asilo en el país. El artículo 26 de la Ley de Entrada y Residencia de Extranjeros del 10 de julio de 1962, establece el derecho de todo extranjero «cuya vida o libertad corra peligro por motivos políticos» a pedir asilo en Líbano. Además, como Amnistía Internacional señala en el memorando, la devolución de una persona a un país donde corre peligro de ser torturada está prohibida por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de las Naciones Unidas, en la que Líbano es Estado Parte.

Líbano también es Estado Parte en el Comité Ejecutivo del ACNUR (EXCOM), único organismo intergubernamental en el que se abordan las cuestiones de refugio de forma exhaustiva y cuyas conclusiones tienen valor persuasivo en el campo de la protección a los refugiados. La Conclusión número 44 del EXCOM (1986) expresa «la opinión de que en vista de los sufrimientos que entraña, la detención debe normalmente evitarse» y «la importancia, en lo tocante a la legislación y/o a las prácticas administrativas nacionales, de establecer la distinción necesaria entre la situación de los refugiados y solicitantes de asilo y la de otros extranjeros».En esta misma Conclusión se recomienda «que los refugiados y solicitantes de asilo que estén detenidos tengan la posibilidad de ponerse en contacto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados».

A Amnistía Internacional le preocupa que la forma de actuar de las autoridades libanesas con frecuencia es de total desprecio hacia las normas internacionales y hacia sus propias leyes en lo que se refiere al trato de solicitantes de asilo y refugiados.

Documento público

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