AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: MDE 18/006/2009 (Público)

18 de agosto de 2009

Líbano: Juicio contra Mahmoud Qassem Rafeh

Amnistía Internacional ha instado al ministro de Defensa Nacional, Elias al-Murr, a que remita el juicio contra Mahmoud Qassem Rafeh a un tribunal civil ordinario y ha pedido que se efectúe sin demora una investigación completa e independiente de las denuncias según las cuales fue sometido a torturas y otros malos tratos cuando se encontraba detenido de manera preventiva.

En una carta fechada el 17 de agosto de 2009, Amnistía expresó su preocupación por el hecho de que el miembro retirado de las Fuerzas de Seguridad Interna Mahmoud Qassem Rafeh, de 62 años, deba comparecer ante un tribunal militar el 20 de agosto en Beirut, a pesar de su condición de civil, es decir, de no ser un miembro en activo de las fuerzas armadas. La organización considera que los civiles no deben ser juzgados por tribunales militares porque éstos, al estar integrados por jueces que son en su mayoría oficiales en activo, no son lo suficientemente independientes para garantizar el derecho de los acusados a un juicio justo. En este caso, la decisión de que el acusado sea juzgado por un tribunal militar resulta especialmente inapropiada, pues las autoridades no han investigado hasta la fecha las graves denuncias según las cuales Mahmoud Rafeh fue secuestrado y torturado por agentes del Servicio de Información Militar, que, al igual que los tribunales militares, dependen del ministro de Defensa Nacional.

En la carta remitida al ministro, Amnistía Internacional afirma que reconoce plenamente el deber de las autoridades libanesas de mantener la seguridad pública y castigar los actos delictivos, sobre todo si son de una magnitud y gravedad como las que se presumen en este caso. Sin embargo, al cumplir este deber, las autoridades libanesas deben observar la obligación de respetar los derechos humanos y el derecho internacional, sobre todo en un caso en el que la gravedad de las acusaciones podría comportar la pena de muerte. En estas circunstancias, es muy importante garantizar que el juicio cumpla plenamente las normas internacionales sobre justicia procesal y que el tribunal no acepte ninguna prueba obtenida bajo tortura.

Mahmoud Rafeh se encuentra bajo custodia desde junio de 2006, cuando agentes de seguridad vestidos de civil lo aprehendieron siguiendo unos procedimientos que en un primer momento hicieron pensar que se trataba de un secuestro. Luego permaneció recluido durante dos años y nueve meses en el centro de detención del Ministerio de Defensa en Beirut, bajo la vigilancia de agentes del Servicio de Información Militar (Al-Mukhabarat al-‘Askariyya), quienes, según él, lo torturaron y lo obligaron a firmar una “confesión” de la que ha intentado retractarse en repetidas ocasiones. Afirma que lo colgaron del techo por las muñecas, lo amenazaron y lo vejaron y que, cuando se quejó a un juez de instrucción militar por los tratos a los que estaba siendo sometido, lo castigaron privándole del sueño.

En marzo de 2009 fue trasladado a la Prisión Central de Roumieh y ahora se enfrenta a la acusación de haber colaborado con Israel durante siete años y de haber participado en el asesinato de miembros de grupos palestinos y de agentes de Hezbolá. Entre éstos figuran Mahmoud Majzoub, miembro de la Yihad Islámica, y su hermano Nidal; los agentes de Hezbolá Ali Hassan Dib y Ali Saleh; y Jihad Jibril, hijo de Ahmad Jibril, máximo dirigente del Frente Popular para la Liberación de Palestina –Comando General.

A Mahmoud Rafeh no le permitieron tener acceso a un abogado hasta que llevaba ya unos dos años detenido y sólo se le autorizó a hacerlo en presencia de agentes del Servicio de Información Militar. A pesar de que Líbano es Estado Parte en la Convención contra la Tortura, instrumento en el que se exige que se investiguen con prontitud y de manera exhaustiva todas las denuncias de tortura, no se tiene noticia de que las autoridades libanesas hayan investigado las denuncias formuladas en este sentido por Mahmoud Rafeh. En enero de 2008, el gobierno indicó a un experto de la ONU que no se había llevado a cabo ninguna investigación porque Mahmoud Rafeh no había presentado una denuncia formal, pero éste afirma que cuando intentó hacerlo no tenía permiso para ver a un abogado.

Amnistía Internacional ha pedido que Mahmoud Rafeh tenga un juicio justo ante un tribunal civil, acorde con las normas internacionales y en el que no pueda imponerse la pena capital.

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